Florencio Posada Gil
Expediente 516/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 516/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/05/2019
Partes del expediente
- Florencio Posada Gil
Actuaciones
- Principal
i) Toluca, Estado de México; veinte de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió el auto dictado el treinta de abril de dos mil diecinueve, por el que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal; por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicación que el presente cuaderno principal es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
I. Toluca, Estado de México; treinta de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta, donde el Presidente Estatal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, rinde informe justificado y remite copia certificada de diversas actuaciones del expediente laboral 901/2007, en específico el auto de veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por el quejoso lo hace consistir en la omisión por parte de la autoridad responsable de acordar la promoción presentada el trece de diciembre de dos mil dieciocho. Sin embargo, las autoridad responsable al rendir su informe justificado negó parcialmente la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el trece de diciembre de dos mil dieciocho, en el que el quejoso en su carácter de parte actora, solicitó al tribunal responsable, entre otras cosas, el despacho del auto de requerimiento de pago y embargo en el expediente laboral 901/2007; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, dado que al momento de la presentación de la demanda (veinticuatro de abril de dos mil diecinueve), si bien es cierto no se había emitido una respuesta, sino hasta el auto dictado veintinueve de abril pasado; es decir con posterioridad a la presentación de la demanda. Atento a lo anterior y del contenido del informe justificado de la autoridad responsable, así como de las constancias remitidas, a las cuales al ser documentales públicas tienen valor probatorio pleno, procede sobreseer el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia, se analizaran de oficio, el suscrito advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos de la falta de contestación reclamada. En efecto, el quejoso reclama la falta de contestación a al escrito de trece de diciembre de dos mil dieciocho, en el que solicitó al tribunal responsable, entre otras cosas, el despacho del auto de requerimiento de pago y embargo en el expediente laboral 901/2007, no obstante de las constancias remitida por la autoridad responsable se advierte que en proveído de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se emitió un acuerdo en respuesta a la solicitud del quejoso; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. De esta forma se destaca, que la autoridad responsable dio respuesta a lo solicitado por el quejoso mediante proveído de veintinueve de abril pasado, también lo es que, de las constancias remitidas, se desprende que dicha determinación fue notificada a las partes mediante boletín el treinta de abril del año en curso. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, al haberse emitido la contestación a la promoción que fue elevada a la responsable el trece de diciembre de dos mil dieciocho, razón por la cual el acto combatido dejó de afectar la esfera jurídica del peticionario del amparo, por lo que resulta ocioso examinar su constitucionalidad, ya que no está surtiendo efectos y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser eliminada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Sin que en el caso haya lugar a analizar el contenido de dicha respuesta pues no fue materia del presente juicio de amparo. Asimismo, en el caso no ha lugar a dar vista al quejoso para que manifesté si es su deseo o no señalar como acto reclamado la contestación que emitió la responsable. Esto es así, ya que el impetrante en su calidad de actor es parte en el proceso del que deriva la omisión reclamada, que le permite intervenir directamente para conocer las determinaciones que ahí se dictan. Asimismo, porque la solicitud que realizó el quejoso, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8 constitucional, cuando el justiciable eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un procedimiento, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. Ahora, no se soslaya que en la jurisprudencia 1ª./J 136/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que cuando se advierta la existencia de un nuevo acto vinculado a la omisión reclamada por violación al derecho de petición, el juez de distrito debe notificar personalmente al quejoso su contenido, así como prevenirlo para que si lo estima conveniente amplíe la demanda. Sin embargo, esa jurisprudencia no es aplicable al caso en concreto porque ésta abordó el tema específico del derecho de petición, previsto en el artículo 8 constitucional, que no constituye la litis en este juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la misma legislación, se sobresee en el juicio. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cuarenta minutos del veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. La certificación de cuenta patentiza que, dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no se inconformó contra el proveído de veintisiete de marzo pasado, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia; en tal virtud, se tiene por consentida dicha determinación para los efectos legales procedentes; en el libro de gobierno háganse las anotaciones respectivas. Por otro lado, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; por tanto, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues en el presente asunto se negó el amparo de la Justicia Federal, pero el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito determinó revocar la sentencia revisada y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, fracción III, párrafos segundo y tercero). 4. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero). 5. El cuaderno de antecedentes derivado del cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues encuadra en la hipótesis prevista en el Punto Vigésimo, fracción I, párrafos primero y segundo del acuerdo general conjunto de mérito. Sin que resulte necesario glosar los cuadernos incidentales, toda vez que de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es conveniente su transferencia desglosado del cuaderno principal; razón por lo cual deberá continuar su tramitación por cuerda separada al presente cuaderno principal. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Rojas Moreno, que autoriza, firma y da fe.
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