Florencio Posada Gil
Expediente 1514/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1514/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/10/2017
Partes del expediente
- Florencio Posada Gil
Actuaciones
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- Principal
III. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió el auto dictada el tres de octubre de dos mil diecisiete, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes y las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. Este expediente es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido), pues se sobreseyó en este asunto. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
I. Toluca, Estado de México; cinco de octubre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual el Agente del Ministerio Publico de la Federación Titular de la Agencia Tercera Investigadora Toluca, Estado de México, solicita se le informe el estado procesal del presente asunto, así como copias certificadas del mismo. Atento a lo anterior, como lo solicita el oficiante, infórmesele que el juicio en que se actúa se encuentra en trámite y pendiente el desahogo de la prueba pericial ofrecida por la parte quejosa. En otro orden, con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse las copias certificadas solicitadas, en el entendido, que quien se presente a recogerlas deberá exhibir una copia simple de su identificación oficial vigente, para ser certificada y glosada a los autos para debida constancia legal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III) Toluca, Estado de México; tres de octubre de dos mil diecisiete. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio a través del cual el Presidente en representación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, rinde su informe justificado y remite copias certificadas de diversas constancias llevadas a cabo dentro del expediente laboral 901/2007. Ahora, en el presente juicio Jazmín Jiménez Cortés, en su carácter de apoderada legal de Florencio Posada Gil reclamó la omisión de emitir la resolución interlocutoria en el incidente de liquidación promovido en el expediente laboral 901/2007. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable en su oficio de cuenta, se advierte que el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, resolvió en definitiva el incidente de liquidación planteado en los autos del expediente laboral 901/2007; constancias a las que se les otorga valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario en su caso tendría por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. El quejoso adujo en su demanda que la autoridad había sido omisa en emitir la resolución interlocutoria del incidente de liquidación promovido en el expediente laboral 901/2007; sin embargo, de las constancias de referencia se advierte que el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, emitió la resolución interlocutoria del incidente de liquidación en dicho expediente. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues como se dijo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dictó la resolución interlocutoria del incidente de liquidación en el expediente laboral 901/2007; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía violación al derecho fundamental previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, ésta ha cesado. Lo anterior, en razón de que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, se pronunciara respecto de la solicitud, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y Protección de la Justicia Federal. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la diversa jurisprudencia 415, publicada en la página 356, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así las cosas, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en1 los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con quince minutos del diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VI) Toluca, Estado de México; veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de El Oro, Estado de México; a través del cual manifiesta su imposibilidad para llevar a cabo la diligencia ordenada en auto de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, por las razones que expone. En consecuencia, toda vez que el tercero interesado Armando López Paez, tiene su domicilio en la Avenida Independencia, colonia centro, despacho jurídico número 52, interior 3, planta baja en El Oro, Estado de México; es decir, fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, a fin de ponderar por una pronta y expedita administración de justicia, gírese exhorto al Juzgado Civil de Primera Instancia de El Oro, Estado de México, en turno, para que realice las gestiones necesarias a fin de emplazar al sumario en que se actúa a la citada parte procesal, en el domicilio citado, y le corra traslado con copia del escrito de demanda y auto admisiorio, haciéndole de su conocimiento el derecho que tiene para apersonarse, ofrecer pruebas, para formular alegatos de su parte; haciéndole del conocimiento que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las diez horas con treinta minutos del diecinueve de octubre del año en curso; de igual manera, lo requiera para que dentro del término de tres días computados legalmente, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibiéndola que de no hacerlo así, las subsecuentes y aún las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el emplazamiento encomendado habrá de realizarse de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Amparo. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad a lo dispuesto por su artículo 2°, se faculta a la autoridad requerida para que habilite horas y días inhábiles a quienes habrán de llevar lo encomendado; y hecho que se lo anterior, remita a la brevedad posible las constancias respectivas. Se hace la aclaración que aún y cuando el exhorto de referencia llegue con posterioridad a la fecha en que tendrá verificativo la audiencia constitucional, deberá diligenciarlo en sus términos, pues al ser el emplazamiento de orden público y de estudio oficioso, y además indispensable para la debida integración de este sumario, aún llegada dicha fecha no sería posible llevar a cabo la audiencia de Ley, pues se estaría en espera de las constancias de llamamiento a juicio del citado tercero interesado. Finalmente, en caso de que el tercero interesado se presente en las instalaciones del juzgado, se comisiona al actuario judicial para emplazarlo y hacerle el requerimiento señalado; en el entendido de que se tomara en consideración la primera diligencia realizada. Notifíquese; y emplácese al tercero interesado por medio de exhorto. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa que autoriza, firma y da fe.
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