Florencio Gonzalez Arias

Expediente 962/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
962/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
04/07/2017

Partes del expediente

  • Florencio Gonzalez Arias

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de julio de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta, evidencia que la parte quejosa no recurrió el auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, en sentido contrario, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito, en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, pues como quedó asentado anteriormente, en esta fecha causó estado el auto de veintiuno de junio del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en alguno de los supuestos a que hace referencia el párrafo último del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretarip Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    vi.- Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Florencio González Arias, contra actos del Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 962/2017-III. Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza que en el caso se actualiza la causal contenida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo la cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. (.)" Del precepto transcrito derivan dos hipótesis de improcedencia de la acción de amparo, la primera en torno a las resoluciones emitidas en los propios juicios y otra, concerniente a las determinaciones que se dicten en ejecución de aquellas. En efecto, en dicho precepto se establece la improcedencia del juicio de amparo cuando la acción constitucional que se plantea en una nueva demanda, fue objeto de una decisión definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior, o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata; en virtud de que tales cuestiones ya fueron objeto de controversia y decisión; así, lo examinado y resuelto se considera cosa juzgada, y tiene como consecuencia la irrevocabilidad de los efectos de la sentencia, ya que contra ella no procede ningún recurso que permita modificarla, dado que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio. De modo que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. Ahora bien, la prohibición de ejercitar la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de la misma naturaleza, no se limita a la resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también a cualquier determinación inmersa en él, puesto que las resoluciones principales, como las de trámite, no pueden ser reclamadas mediante otro juicio de amparo, porque ello provocaría juicios interminables. En ese tenor, las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente, son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal. En el entendido que dentro del término de resoluciones quedan comprendidas las de trámite, así como a los autos, decretos o proveídos; ya que el término resoluciones es el género y los decretos, autos, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas, constituyen especies, en términos de lo dispuesto en el artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, bajo el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE REFIERE A QUE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE TRÁMITE O DEFINITIVA, DICTADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, ES INATACABLE MEDIANTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Si en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias emanadas de un juicio de garantías, la instancia resulta improcedente a la luz del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que dicha causa no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de garantías, inmersa en él, ya sea el auto admisorio de demanda o cualquier otro auto de tramitación, dado que no dejan de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional." Además, norma el criterio expuesto la tesis número II.2º.C.48 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que establece: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito". Con base en dicha fracción se debe incluir aquellas omisiones que se originen durante la substanciación o tramitación del juicio de amparo, ya que la razón legal que dio origen a la causa de improcedencia que se analiza, tiene por objeto evitar el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad jurídica que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se erige el juicio de amparo. Lo anterior se robustece además con el hecho de que la propia Ley de Amparo establece los medios de defensa que pueden interponer las partes con la finalidad de subsanar las omisiones o resoluciones que ocurran durante la substanciación del juicio; además, por disposición expresa del legislador, se halla vedada la posibilidad jurídica de promover un juicio de amparo contra las resoluciones pronunciadas en otro de la misma naturaleza, sin que exista excepción alguna, pues la idea de suprimir el ejercicio del control constitucional sobre el juicio de amparo, tiene su explicación lógica en el principio de que está prohibido generalmente promover un medio de impugnación extraordinario contra actos u omisiones acontecidos en un juicio del mismo orden. En el caso, el quejoso reclama el auto de doce de junio de dos mil diecisiete, dictado en el toca 66/2017, por la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal superior de Justicia del Estado de México, en la cual determinó el monto de la caución que debería exhibir el quejoso a virtud de la suspensión del acto reclamado, solicitada con motivo del juicio de amparo directo 304/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. En este sentido, por disposición expresa del legislador, se halla vedada la posibilidad jurídica de promover un juicio de amparo contra las resoluciones pronunciadas en otro de la misma naturaleza, como ocurre en el caso, pues de la lectura integra de la demanda se advierte que la determinación reclamada se dictó durante la tramitación del juicio de amparo directo 304/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, pues de conformidad con el artículo 190 de la Ley de Amparo, corresponde a la autoridad responsable decidir sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad; por tanto, dicha resolución no puede ser analizada por este Juzgador, pues es evidente que encuadra en la hipótesis prevista en la referida fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo (explicado con antelación), la cual no prevé excepción alguna, dado que dicha resolución se emitió en la tramitación del juicio de amparo directo promovido por el aquí quejoso y en aplicación de la ley reglamentaria del juicio constitucional. Además no se deja en estado de indefensión al promovente, ya que la Ley de Amparo establece el sistema de recursos a través del cual se pueden impugnar los actos que se hayan emitido durante la tramitación del juicio de amparo. Por lo que con las consideraciones señaladas en párrafos que preceden y al actualizarse la causal contenida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado anteriormente precisado, procede desechar de plano la demanda de cuenta con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. Domicilio. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, y por no encontrase registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito se tiene por autorizada únicamente en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo a Beatriz Martínez Rico, limitación que se establece hasta en tanto tenga registrada la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Habilitación de días y horas. Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente al quejoso.

  3. Principal

    II. Se tiene por recibido el escrito signado por Enrique Monteagudo Gutiérrez apoderado legal de Daniel Liberman Sourasky, Aby Saadia Hassouni y Abrahim Zaki Saadia Mussali a través del cual autoriza en el presente juicio a Guadalupe Montserrat Galván Martínez. Con fundamento en el ordinal 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el escrito de cuenta para los efectos legales procedentes. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizada a Guadalupe Montserrat Galván Martínez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo.

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