Florencio Posada Gil

Expediente 1495/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1495/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Florencio Posada Gil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    I) Toluca, Estado de México; dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no recurrieron el auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del diverso 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE y en el Libro de Gobierno. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    I) Toluca, Estado de México; cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, a través del cual hace diversas manifestaciones a manera de alegatos y solicita se le expida copia de la sentencia que se dicte en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, toda vez que mediante proveído de veinticinco de noviembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En otro orden, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase al representante social copia del auto de veinticinco de noviembre de año que transcurre por el que se sobreseyó fuera de audiencia, previa toma de razón que obre en autos por su recibo. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Representante Legal del Secretario General de Gobierno del Estado de México, mediante el cual realiza lo siguiente: Se apersona al presente juicio de amparo. Señala domicilio para oír y recibir notificaciones. Designa a diversas personas como delegados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior y de conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y por cuestión de orden y método se provee en los siguientes términos Con fundamento en lo previsto en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la ley normativa del juicio de amparo, téngase por apersonado al presente juicio de amparo al Secretario General de Gobierno del Estado de México, por conducto de su representante legal. En otro orden, con fundamento en los artículos 9 y 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas indicadas por la oficiante para tales efectos y como domicilio el señalado en el oficio de cuenta. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, mediante el cual rinde informe justificado; asimismo, remite copia certificada del auto de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el expediente laboral 901/2007. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la quejosa lo hace consistir en la omisión por parte del tribunal responsable de emitir el acuerdo correspondiente a la promoción de la parte quejosa de treinta de julio de dos mil diecinueve, en el expediente laboral de referencia. Sin embargo, de las constancias certificadas remitidas por el tribunal responsable en su informe justificado, se advierte que el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, se emitió el auto respectivo en relación a la promoción de treinta de julio de dos mil diecinueve; constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. La parte quejosa adujo en su demanda que la autoridad había sido omisa en dictar el auto respectivo a la promoción presentada el treinta de julio de dos mil diecinueve; sin embargo, de las constancias que el tribunal responsable adjunta como complemento a su informe justificado, se advierte que el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, acordó lo relativo a lo solicitado en la promoción de referencia. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, al momento de la presentación de la demanda (catorce de noviembre de dos mil diecinueve), existía violación al derecho fundamental previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, ésta ha cesado. Lo anterior, en razón de que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, se pronunciara respecto de la solicitud, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y Protección de la Justicia Federal. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la diversa jurisprudencia 415, publicada en la página 356, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Cabe destacar que el quejoso es parte actora en el juicio laboral 901/2007, por ende, no es procedente requerirlo para que manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado la respuesta dada a la petición formulada, ya que al ser parte en dicho procedimiento, puede intervenir directamente en él, de conformidad con el artículo 17 constitucional. Tal como lo establece la Jurisprudencia 7/2015 de la Décima Época, con el número de registro 2008884, de la Primera Sala, que a la letra dice: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." No se soslaya que en la jurisprudencia 1ª./J 136/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que cuando se advierta la existencia de un nuevo acto vinculado a la omisión reclamada por violación al derecho de petición, el juez de distrito debe notificar personalmente al quejoso su contenido, así como prevenirlo para que si lo estima conveniente amplíe la demanda. Sin embargo, como se precisó, dicha jurisprudencia no es aplicable al caso en concreto porque abordó el tema específico del derecho de petición, previsto en el artículo 8 constitucional, que no constituyó la litis en este juicio de amparo. En efecto, el mencionado criterio establece que cuando en una demanda de amparo se alegan violaciones al artículo 8 constitucional (derecho de petición) y durante la tramitación de ese juicio, la autoridad responsable emite un acto con el que le dé respuesta al quejoso, el juzgado de amparo está obligado a darle vista a fin que amplíe su demanda de derechos, respecto del acuerdo con el que se le dio respuesta. No obstante, como quedó asentado en párrafos anteriores, en la especie, el derecho en todo caso afectado no es el de petición previsto en el artículo 8, sino que el contenido en el diverso artículo 17 constitucional (administración de justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes); máxime que el impetrante tiene el carácter de sentenciado en el procedimiento de donde emana el acto reclamado. Por tanto, en el caso, la litis constitucional no se centraría en función de una violación al artículo 8 constitucional (derecho de petición), sino de una violación al artículo 17 (administración de justicia pronta), por lo que se reitera, este órgano constitucional estima que la aludida jurisprudencia no tiene aplicación y, por tanto, no resulta necesario requerir al quejoso para que amplíe su demanda respecto de la respuesta dada a la petición formulada ante el Juez responsable. Así las cosas, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con veinte minutos del trece de diciembre de dos mil diecinueve, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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