Flor Alejandra Varela García
Expediente 229/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 229/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Flor Alejandra Varela García
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que, mediante auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Ahora, vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído referido en el párrafo que antecede, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En atención a la certificación, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: cinco de abril de dos mil veintiuno.Registro de la demanda Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, signado por la quejosa *******, con el que solicita el juicio de amparo en contra de actos atribuidos al Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado como juicio de amparo 229/2021-III. Desechamiento de la demanda de amparo Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinarla para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, ya que no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atendiendo a ello, la suscrita considerada que, respecto de los actos reclamados consistentes en la sentencia emitida dentro de la tercería excluyente de dominio 781/2019, la notificación de dicha resolución, así como la notificación del auto que la declaró ejecutoriada, se actualiza la causal de improcedencia del presente juicio de amparo prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Como puede advertirse claramente, la causa de improcedencia contenida en la fracción transcrita se encuentra motivada por el hecho de que el directamente agraviado no agotó, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, el proveído reclamado, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio ordinario "sui géneris", como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. En relación con dicho principio, conviene citar el contenido de los artículos 90, 92, 93, 94, 95, 604, 624, 626, 635, fracción III, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, que establecen lo siguiente: 90. Las actuaciones y las notificaciones serán nulas, cuando a las primeras les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que la omisión deje sin defensa a alguna de las partes, y cuando la ley expresamente lo disponga; las segundas cuando se hagan en forma distinta a la prevenida en este código. 92. La nulidad deberá ser reclamada en la subsecuente audiencia o actuación y resolverse dentro del plazo de tres días a partir de que la persona interesada tenga conocimiento del vicio o nulidad. Se entienden consentidas las notificaciones hechas en forma irregular cuando la parte agraviada reciba una notificación personal con posterioridad, haga alguna promoción en el procedimiento o asista a cualquier acto o diligencia del mismo, y no impugne la notificación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento, cuando el juicio se haya seguido en rebeldía. 93. Las cuestiones que se susciten con motivo de la nulidad de actuaciones o notificaciones, se substanciarán dando vista a la parte contraria. Si se ofrecieren pruebas y fuesen admitidas, se señalará una audiencia especial en la que se desahogarán las mismas, se oirán alegatos y, de ser posible, se dictará la resolución. Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, sin más trámite se dictará resolución, si fuera posible; en caso contrario, se dictará dentro del término de tres días. 94. La nulidad declarada por defecto en el emplazamiento, implica la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al mismo. La nulidad por defecto en el requerimiento para que una persona lleve a cabo un acto determinado de ejecución inmediata, sólo implicará la nulidad de la diligencia de requerimiento y la de las correcciones disciplinarias o medios de apremio que se hayan decretado para hacer cumplir la orden judicial respectiva. Las demás nulidades de las actuaciones o notificaciones, por regla general, sólo implican la nulidad de la propia actuación o notificación defectuosa. 95. En todos los casos de nulidad de actuaciones o notificaciones sólo se repetirán las declaradas nulas cuando así lo solicitare la parte interesada, salvo que se trate de alguna diligencia decretada de oficio pues, en este caso, el tribunal obrará discrecionalmente. Si al pronunciarse la sentencia hubiere de declararse la nulidad de alguna actuación o notificación de influencia notoria para la correcta resolución del juicio, el tribunal que conozca de este se abstendrá de declarar sobre la acción o excepción deducidas, y ordenará la reposición del procedimiento hasta antes de correrse traslado a las partes para que alegaren de su derecho, a fin de que, con arreglo a lo dispuesto en la parte final del párrafo anterior, se repitan las actuaciones o notificaciones declaradas nulas, concediéndose para ello un término prudente. Concluido el término, seguirá su curso el juicio. Cuando en la sentencia se declaren válidas las actuaciones o notificaciones impugnadas de nulidad, la interesada podrá reclamarlo como agravio en la segunda instancia. 604. Toda tercería deberá oponerse ante el mismo tribunal que conoce del juicio principal y se tramitará en juicio ordinario. 624. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia examine si en la resolución apelada se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la prueba, o si se alteraron los hechos; y en vista de ello, confirme, revoque o modifique la resolución apelada. 626. Cuando el negocio sea estimable pecuniariamente, las resoluciones judiciales solo serán apelables si el importe de aquel excede de 500 Unidades de Medida y Actualización. Para los efectos de este artículo el importe del negocio se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 de este código. Las sentencias que fueren recurribles conforme al primer párrafo de este artículo, serán apelables en efecto suspensivo. Sólo serán apelables los autos e interlocutorias si la sentencia fuere susceptible de apelación o lo disponga la ley. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables. 635. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra: [.] III. Las resoluciones que pongan fin al juicio; [.] De los primero cinco preceptos transcritos se tiene que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, establece un mecanismo que el gobernado puede aplicar cuando considere que alguna notificación no fue hecha conforme a derecho, ya que señala que las notificaciones serán nulas cuando se hagan en forma distinta a la prevenida en ese código; asimismo, que dicha nulidad deberá ser reclamada en la subsecuente audiencia o actuación, misma que se resolverá dentro del plazo de tres días a partir de que la persona interesada tenga conocimiento del vicio o nulidad; de igual forma, que las cuestiones que se susciten con motivo de la nulidad de actuaciones o notificaciones, se substanciarán dando vista a la parte contraria, si se ofrecieren pruebas y fuesen admitidas, se señalará una audiencia especial en la que se desahogarán las mismas, se oirán alegatos y, de ser posible, se dictará la resolución, así como que cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, sin más trámite se dictará resolución, si fuera posible, en caso contrario, se dictará dentro del término de tres días; en el mismo sentido establece que la nulidad de las notificaciones, por regla general, sólo implican la nulidad de la propia actuación o notificación defectuosa; en la misma tesitura, señala que en todos los casos de nulidad de notificaciones sólo se repetirán las declaradas nulas cuando así lo solicitare la parte interesada, salvo que se trate de alguna diligencia decretada de oficio pues, en este caso, el tribunal obrará discrecionalmente; finalmente, establece que cuando en la sentencia se declaren válidas las actuaciones o notificaciones impugnadas de nulidad, la interesada podrá reclamarlo como agravio en la segunda instancia. De igual forma, de los restantes ordinales transcritos se desprende, que toda tercería deberá oponerse ante el mismo tribunal que conoce del juicio principal y se tramitará en juicio ordinario. Asimismo, que el referido código adjetivo contempla un sistema de impugnación que permite la defensa de los gobernados y con la interposición del recurso de apelación la posibilidad de que el tribunal de segunda instancia examine si en la resolución apelada se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la prueba, o si se alteraron los hechos; y en vista de ello, confirme, revoque o modifique la resolución apelada; de igual forma, que dicho recurso únicamente procede cuando las resoluciones judiciales, cuyo negocio sea estimable pecuniariamente, excede de quinientas (500) Unidades de Medida y Actualización; de igual forma que, el recurso en cita, será procedente contra de la resolución que pongan fin al juicio. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama, en lo que interesa en este apartado, lo siguiente: ACTOS RECLAMADOS.- [.] todos los acuerdos que haya pronunciado ante la Tercería Excluyente de Dominio seguida ante el expediente ******* y así como el Juicio Oral Ordinario Civil expediente número *******, tendientes a afectar un Bien Inmueble de mi propiedad ubicado en ******* en esta Ciudad Juárez, Chihuahua, y del cual el C. Juez Civil no se percata de que quien suscribe en ningún momento fui notificada de manera personal de la suspensión, reactivación de plazos y términos procesales, resultando que a la fecha se dictaron acuerdos, se emitió sentencia y causó ejecutoria [.] Bajo esa premisa, es inconcuso que los actos reclamados son impugnables a través del incidente de nulidad notificaciones y el recurso de apelación a que aluden los artículos 92 y 635, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, respectivamente, pues éstos proceden en contra de las notificaciones realizadas en forma diversa a las reglas previstas en la citada codificación, así como en contra de las resoluciones que ponen fin al juicio. En efecto, previamente a la promoción del presente amparo, se debieron interponer los citados medios de defensa, que posibilitaran examinar las notificaciones de los acuerdos dictados en el juicio natural, incluida la sentencia emitida dentro de la tercería excluyente de dominio *******, así como el auto que la declaró ejecutoriada, y en caso de resultar procedente la incidencia planteada, declararlas nulas, a efecto de que se practicaran personalmente a la parte quejosa y estar así en posibilidad de impugnar las resoluciones en comento, a través del recurso de apelación, en caso de encontrarse inconforme con ellas; pues lo cierto es que, la propia quejosa era parte del juicio de origen, al haber promovido la tercería excluyente de dominio y al estar integrada a la relación jurídico procesal estaba facultada para hacer valer los medios de defensa establecidos en la legislación civil procesal. Por tanto, tomando en consideración que los actos que se reclaman en esta instancia, consisten en resoluciones definitivas y notificaciones emitidas dentro de un juicio en el cual formó parte al haber sido la propia peticionaria quien instó su apertura, se colige que los mismos no se encuentran contemplados dentro de los casos de excepción, citados en el numeral y fracción, relativos a la causal de improcedencia en comento. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda promovida por *******, respecto de los actos reclamados transcritos. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Medidas relativas a la etapa de contingencia El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Dado lo anotado, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). En esa medida, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción I, y 35 de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las notificaciones que este juzgado realice a las partes quejosa y/o autoridad, en las que se precise tengan pleno conocimiento, se efectuaran por cualquier medio electrónico que resulte eficaz. Así, primeramente, se privilegiará la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico; mientras que, a las autoridades se les hará la notificación por intercomunicación o interconexión, siempre que exista el convenio que así lo establezca. De no ser posible esa comunicación electrónica que genera acuses automáticos de la recepción de las determinaciones que este juzgado envía, entonces, la notificación se realizará por medio del correo y/o teléfono de las partes, para lo cual, se requiere a las partes en este juicio para que en la primera promoción que dirijan a este juzgado manifiesten tanto el correo en el cual recibirán las notificaciones que este juzgado les dirija, así como el número telefónico, incluyendo en su caso la extensión en el que se les podrá contactar, ello de conformidad con la fracción XIX del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Dado que este tipo de notificación no genera acuses en automático, las partes deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese términos este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento, por analogía, en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilios Por así haberlo solicitado el quejoso y toda vez que el licenciado ******* está registrado en el Registro Nacional de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública, con la cédula profesional *******, y el licenciado *******, se encuentra inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, se les tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Lo anterior, atendiendo la tesis VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes siete de agosto de dos mil veinte, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2021840, del tenor siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Además, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el ubicado en *******. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 15 del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, únicamente mediante la publicación en internet, consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pa geName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal.Además, los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que este resolutor, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve.Para tal efecto, las partes o sus autorizados deberán agendar una cita en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en la liga https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas, a fin de contar con autorización para ingresar a las instalaciones de este Juzgado Federal, en el entendido que el servicio de fotocopiado no lo proporciona este Juzgado y está supeditado a que, en el día correspondiente, exista habilitado ese servicio en las instalaciones del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en esta ciudad. Modalidad de acceso para la consulta del expediente Por otra parte, infórmese a las partes que el numeral 3 del referido Acuerdo General 21/2020, indica que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, el micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los siguientes enlaces https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de cinco horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las siete horas con cuarenta y cinco minutos hasta las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario matutino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asuntoCon fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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