Flor de María Tamayo Clemente

Expediente 252/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
252/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • Flor de María Tamayo Clemente

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de tres de abril de dos mil veintitrés, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de destrucción. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  2. Principal

    En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las diez horas con treinta minutos del tres de abril de dos mil veintitrés, la Jueza del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, licenciada **********, quien actúa con el licenciado **********, Secretario que autoriza y da fe, declaró abierta la audiencia. Así, el Secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente electrónico en que se actúa, entre las que se encuentran la demanda de amparo; el auto de uno de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se admitió la demanda de amparo a trámite; el emplazamiento a la agente del Ministerio Público de la adscripción; así como los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Comandante de la Guardia Nacional Destacamento Ciudad Juárez, por conducto del Inspector Jefe de la Coordinación Policial Trigésimo Primer Batallón de la Guardia Nacional, en su ausencia temporal; Secretario de Seguridad Pública Municipal, a través de la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en su representación, y Fiscal de Distrito Zona Norte, mediante la agente del Ministerio Público, en Funciones de Coordinadora del Área de Amparo y Derechos Humanos de dicha Fiscalía, residentes en esta ciudad. Luego, certifica que hasta esta hora no se ha presentado promoción de las partes dirigida a este juicio y que, por tanto, se encuentre pendiente de acordar. A lo que la Jueza, acuerda: De conformidad con los numerales 117 y 119 de la Ley de Amparo, se tienen por relacionadas las constancias de cuenta. Acto continuo, de conformidad con los artículos 119, 123 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la Jueza abre el periodo probatorio, donde se hizo constar que ninguna de la partes ofreció alguna. Con ello, se cierra esta etapa. Enseguida, de conformidad con el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la Jueza abre la etapa de alegatos, donde el Secretario dio cuenta con el alegato ministerial presentado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; asimismo, hizo constar que las demás partes no los formularon, por lo que se declara concluida esta etapa. Con lo precedente, se da por terminada la presente audiencia y la Jueza ordenó dictar la correspondiente sentencia: Por último, se certifica que la audiencia concluyó posterior a la hora fijada para su celebración, a fin de dar tiempo a que las partes estuvieran en posibilidad de presentar algún escrito, así como a las cargas de trabajo que tiene el juzgado; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, entre ellos el artículo 26 Bis, primer párrafo, mismo que fue reformado por el Acuerdo General 12/2020, para una mejor compresión, el citado numeral establece lo siguiente: "Artículo 26 Bis. Cuando se integre al expediente electrónico el acta donde conste la celebración de alguna audiencia, al calce de ésta se asentará si, por alguna circunstancia, la hora de la evidencia criptográfica no coincide con la hora del cierre de la audiencia. En el mismo sentido, cuando se integre al expediente electrónico alguna resolución que deba emitirse en continuidad al calce de la resolución". Doy Fe. Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de abril de dos mil veintitrés. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo ********************/2023-VII, promovida por ********************. Resultando Primero. Presentación de la demanda. El uno de marzo de dos mil veintitrés, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, de quienes reclamó lo siguiente: ". IV.- De las autoridades mencionadas reclamo la detención arbitraria de que pretenden hacer objeto a la suscrita, ya que, desde hace una semana, se han presenta (sic) por la calle de mi domicilio agentes de la policía ministerial del Estado, en busca de la suscrita, argumentando que tienen una orden de aprehensión por cumplimentar en mi contra." 4.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: 1.- De las autoridades señaladas en los incisos a), b) c) d) y e), se reclama la orden verbal o escrita de aprehensión girada ilegalmente en mi contra, sin ser oído ni vencido en juicio, y de las autoridades señaladas en los incisos f) y g), se reclama la inminente ejecución de dicha orden. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La quejosa señaló como derechos fundamentales violentados, los previstos en los artículos 1, 5, 16, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. El uno de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite y se registró bajo el consecutivo ********************/2023-VII, se pidió a las autoridades responsables su respectivo informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, se señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud que la conducta se atribuye a autoridad residente en esta ciudad, lugar sobre el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. Segundo. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis de las constancias que integran este juicio, se colige que la parte quejosa reclamó a las autoridades responsables, lo siguiente: - La orden de aprehensión y/o detención, y; - La correspondiente ejecución. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Es inexistente el acto reclamado por la quejosa, pues las responsables Comandante de la Guardia Nacional Destacamento Ciudad Juárez, por conducto del Inspector Jefe de la Coordinación Policial Trigésimo Primer Batallón de la Guardia Nacional, en su ausencia temporal; Secretario de Seguridad Pública Municipal, a través de la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en su representación, y Fiscal de Distrito Zona Norte, mediante la agente del Ministerio Público, en Funciones de Coordinadora del Área de Amparo y Derechos Humanos de dicha Fiscalía, residentes en esta ciudad, al rendir sus informes justificados, negaron categóricamente el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa haya aportado medio de convicción alguno a fin de desvirtuarlos. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovida por ********************, con relación a los actos reclamados y autoridades responsables precisados en los respectivos considerandos segundo y tercero de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a las responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el pedimento signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, mediante el cual formula alegatos y solicita copia de la sentencia que se dicte en el presente juicio. Al respecto se provee lo siguiente; En torno a los alegatos que formula, serán tomados en consideración en la audiencia constitucional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, **********, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, **********. Doy fe.

  4. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta secretarial, suscrito por la quejosa ********************, a través del cual promueve incidente de modificación de la resolución que negó la suspensión definitiva de ocho de marzo del año en curso; agréguese a los autos en que se actúa y acuérdese lo que en derecho proceda. En las relatadas circunstancias, se desecha de plano la incidencia planteada, toda vez que es notorio y evidente que la situación fáctica alegada no actualiza una causa superviniente para su modificación, al tenor de las siguientes consideraciones. Ahora bien, es acertado citar el acto materia de la suspensión definitiva que nos ocupa, el cual consiste en: ".IV.- De las autoridades mencionadas reclamo la detención arbitraria de que pretenden hacer objeto a la suscrita, ya que, desde hace una semana, se han presenta (sic) por la calle de mi domicilio agentes de la policía ministerial del Estado, en busca de la suscrita, argumentando que tienen una orden de aprehensión por cumplimentar en mi contra." Lo resaltado es de este juzgado federal Asimismo, el contenido del artículo 154 de la Ley de Amparo, mismo que es del texto siguiente: "Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión." Por su parte, la quejosa de mérito, señaló en su escrito de cuenta como hecho superviniente que motiva la modificación de la suspensión definitiva en comento, el sucesivo: "7. Esto es así debido a que, fue MEDAZ, el informe que rindió la autoridad ordenadora, ya que HOY, 14 DE MARZO DE 2023, APROXIMADAMENTE A LAS 13:37 horas se constituyeron agentes investigadoras adscritos a la autoridad ordenadora multicitada, PRETENDIENDO DETERNERME, SIN ORDEN QUE LO JUSTIFICARA, e inclusive, pretendieron VIOLAR MI DOMICILIO, SIN ORDEN DE CATEO." En tal virtud, de la interpretación del precepto legal transcrito con antelación (154 de la Ley de Amparo), se colige que, el concepto hecho superveniente se refiere a las circunstancias posteriores a la negación de la medida cautelar, distintas a las tomadas en cuenta para asumir la decisión. En ese supuesto, la parte quejosa señala como superviniente el hecho de que el catorce de marzo del año en curso, supuestos agentes investigadores adscritos a la autoridad señalada como responsable ordenadora Fiscalía de Distrito, Zona Norte, pretendieron detenerla sin orden que lo justificara, así como violentar su domicilio sin orden de cateo, anexando para acreditar tales circunstancias, impresiones y/o copias a color, de cuatro fotografías de las que se advierte: Anexo uno: Citatorio, aparentemente pegado con cinta adhesiva color canela, dirigido a la aquí quejosa ********************, a fin de que se presente en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, el presente día dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, para realizar diversas diligencias como la posible declaración o entrevista, al parecer firmado por la Oficial de la Agencia Estatal de Investigaciones adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, con motivo de la investigación de hechos relacionados con una carpeta de investigación; Anexo dos: un vehículo color blanco con vidrios polarizados, sin que se advierta alguna otra característica distintiva, el cual se encuentra frente a un domicilio aparentemente color amarillo con dos ventanas y una puerta color azul-verde, y dos personas vestidas con pantalón color café y playera color azul marino con las siglas en la espalda AEI; Anexo tres: el vehículo descrito en el punto anterior, en la misma ubicación, con una de las personas que igualmente fue descrita con antelación, en la caja del mismo, aparentemente observando al interior del domicilio; y, Anexo cuatro: en una sola impresión y/o copia a color, las imágenes descritas en los puntos dos y tres. De lo anterior, se advierte que no se trata de un hecho superveniente que tenga como efecto modificar la resolución que negó la suspensión definitiva, pues las actuaciones que se advierten de las fotográficas y/o impresiones a color, no forman parte de la litis constitucional ya que aparentemente -suponiendo sin conceder de que se trata del domicilio de la parte quejosa- se trata de una citación para que se presente en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, el día de hoy dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, a fin de realizar diversas diligencias como la posible declaración o entrevista, con motivo de esclarecer hechos relacionados con una carpeta de investigación, lo cual no implica una variación de los motivos que originaron y/o se tomaron en cuenta, para la negativa de la suspensión de marras, ya que la misma versó sobre una orden de detención emitida en su contra. Inclusive, si dichos medios de convicción se hubieran valorados al momento de resolver la suspensión definitiva, en nada cambiaran la forma en que se resolvió tal medida, atendiendo a que solamente lo que acreditara con tales constancias, es que a la quejosa se le está citando para que comparezca en la hora y fecha especificada en el citatorio, con motivo del esclarecimiento de unos hechos contenidos en una carpeta de investigación; sin embargo, se reitera el acto reclamado es la orden de detención, que como se evidenció la fiscalía al rendir el informe previo negó dicho acto; de ahí que resulte desechar de plano la incidencia planteada, toda vez que es notorio y evidente que la situación fáctica alegada no actualiza una causa superviniente para su modificación. Lo anterior cobra sustento, en la jurisprudencia 1a./J. 109/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 354, registro digital 2005043, cuyo rubro y texto indican: "MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. DEBE DARSE TRÁMITE AL INCIDENTE RELATIVO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA NOTORIA Y EVIDENTE LA INEXISTENCIA DEL HECHO SUPERVENIENTE QUE LO FUNDAMENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El artículo 140 de la Ley de Amparo, vigente hasta la fecha recién señalada, establece la facultad del juez de distrito para revocar o modificar su decisión sobre la concesión o negativa de la suspensión en el juicio de amparo indirecto, cuando aún no exista sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo y concurra un acontecimiento fáctico que impacte sobre la situación jurídica valorada por aquél al dictar la resolución sobre la suspensión. Sin embargo, de una interpretación textual y finalista del citado precepto legal se desprende que al ser una condición material para la modificación o revocación de la suspensión la existencia de un hecho superveniente, la determinación del juez al respecto deberá tomarse una vez que escuche a las partes del juicio de amparo y les haya permitido presentar pruebas y alegatos, tal como ocurre en el procedimiento ordinario de un incidente de suspensión de conformidad con el artículo 131 de la referida legislación. Por ende, el hecho superveniente no constituye un requisito de procedencia del incidente de modificación o revocación de la suspensión al que da lugar el artículo 140 de la Ley de Amparo abrogada; por el contrario, su calificativa como superveniente implica en sí misma un pronunciamiento sobre la viabilidad de tal situación fáctica para afectar el estatus jurídico que motivó la concesión o negativa de la suspensión. Por tales razones, se concluye que con la excepcionalidad de que sea notoria y evidente la inexistencia del hecho superveniente, el juzgador deberá tramitar el incidente relativo de acuerdo con las reglas previstas en los artículos 358 a 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley citada en términos de su artículo 2o., con el fin de permitir a las partes del juicio presentar pruebas y alegatos. Dicha notoria y evidente inexistencia no se origina por una simple deficiencia en la carga probatoria por el promovente, pues ello es materia de fondo del propio incidente; más bien, se dará cuando desde la solicitud interpuesta para modificar o revocar la suspensión, el juez advierta de forma clara e indubitable que no se satisfacen los requisitos primarios de un hecho superveniente; por ejemplo, podrá desecharse la solicitud del incidente cuando los acontecimientos o las pruebas aducidas como una causa superveniente ya fueron valoradas en la resolución de la suspensión, no guarden indiciariamente una relación con las partes o el acto reclamado, o ya hayan sido señalados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación como causas no supervenientes, como la emisión y publicación de la jurisprudencia." Notifíquese por lista electrónica a las partes y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

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