Fidencio Soto Rosales
Expediente 559/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 559/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Fidencio Soto Rosales
- Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el expediente de amparo indirecto 559/2018-I-1, promovido ******* el que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente, los datos aportados por las autoridades responsables. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El seis de septiembre de dos mil dieciocho, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por ******* la que se turnó el mismo día a este juzgado. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a quien le reclamó la omisión de emitir la resolución en el incidente de liquidación promovido por la parte actora en el juicio de origen *******, dentro de los términos que para ello señala la Ley Federal del Trabajo. SEGUNDO. Concesión del amparo. Por proveído de siete de septiembre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional se dictó sentencia el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, en la cual se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, a ******* para los siguientes efectos: [.] lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, ajustándose a lo establecido en el artículo 852 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, de inmediato, emita la resolución que corresponda respecto al incidente de liquidación de laudo, promovido por la parte actora ******* en el juicio de origen, *******, de su índice.[.] TERCERO. Requerimiento de cumplimiento. Por auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio y no se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento en virtud de que el siete de noviembre del año en curso, se recibió en la oficialía de partes de este Juzgado el oficio ******* y anexo de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual remitió copia certificada con sellos originales y firmas autógrafas de la resolución interlocutoria de treinta de octubre de dos mil dieciocho, en la que resolvió el incidente de liquidación de laudo. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°. CUARTO. Vista a las partes. En proveído de doce del mes y año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa personalmente, con el oficio y anexo remitido por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento. QUINTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. La que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, se colige que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, emitió la resolución del incidente de liquidación de laudo en el juicio de origen *******, de su índice, es por ello que, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó al impetrante el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Además, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgador advierte que con dicho proceder la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 195, 107 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 559/2018-I-1 ha quedado cumplida. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la ley en cita; y por oficio a la autoridad responsable. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Visto para resolver el juicio de amparo 559/2018-I, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el seis de septiembre de dos mil dieciocho, turnado a este Juzgado el mismo día, *******, por conducto de su representante legal solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, a quien le reclamó lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de la resolución del INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LAUDO, promovido por el quejoso, en el juicio laboral, radicado ante la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, y que fue substanciado con fecha 29 de noviembre de 2017, en el cual fueron oídas ambas partes, se recibieron las pruebas ofertadas y alegaron lo que a su interés convino, por lo que la autoridad responsable se reservó para emitir la resolución interlocutoria correspondiente, sin que hasta la fecha, la autoridad responsable se haya pronunciado al respecto, vulnerando con ello, lo establecido por el artículo 838, de la Ley Federal del Trabajo. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos fundamentales vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. En proveído de siete de septiembre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo de referencia, se registró bajo el expediente 559/2018-I, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que este asunto se refiere a una omisión cuyos efectos tienen lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la totalidad de constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de emitir la resolución en el incidente de liquidación promovido por la parte actora en el juicio de origen, *******, dentro de los términos que para ello señala la Ley Federal del Trabajo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, aceptó la existencia del acto que se le endilga, consistente en la omisión de emitir la resolución en el incidente de liquidación promovido por la parte actora en el juicio de origen, *******, lo que se acredita con las documentales debidamente certificadas que adjuntó a su informe con justificación. Las constancias remitidas por la Junta responsable, cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por un servidor público en ejercicio de sus funciones, dotado de fe pública, como lo es la Secretaria de Acuerdos adscrita a la Junta responsable. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia por lo que se procede a estudiar los actos reclamados de oficio y conforme a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. Este juzgador considera que con la omisión reclamada a la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta localidad, se vulnera en perjuicio del quejoso el derecho a la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 Constitucional. Dicho numeral establece que: 17. (.). Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del texto trascrito, se desprende que el derecho humano de administración de justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo, a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: 1. Justicia Pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, tal derecho de administración de justicia, está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, de manera que, es claro que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que interesa. Sirve de sustento, a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 299, del rubro y texto siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Bajo ese contexto, la autoridad responsable transgredió en perjuicio de la parte quejosa el derecho previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no acatar lo dispuesto por los numerales 685, 686, 939, 940, 946 y 852, todos de la Ley Federal del Trabajo, mismos que en la parte que interesa, disponen: 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (.). 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos para procesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. (.). Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas. Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. Artículo 946.- La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida (.). Artículo 852.- En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: (.) III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. (.) Del análisis de los dispositivos antes transcritos, queda de manifiesto que los Tribunales del Trabajo están regidos estrictamente por la ley de la materia, la cual los constriñe a actuar y pronunciarse dentro de los términos y plazos que establece y su desacato indudablemente conlleva a una violación constitucional al derecho fundamental de pronta impartición de justicia prevista por el referido artículo 17 de nuestra Ley Suprema; así pues, se desprende además, lo siguiente: 1. Que la ejecución de los laudos debe ser pronta y expedita; 2. Que la ejecución del laudo deberá despacharse, en el caso, por una cantidad líquida correspondiente a las prestaciones a que se hizo acreedor el trabajador; 3. Que a efecto de resolver el recurso de revisión, se citará a las partes dentro del término de diez días a partir de la presentación de la promoción respectiva, a una audiencia para la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y, 4. Que en el acto se emitirá la resolución correspondiente. Ahora bien, en el caso, desde el doce de septiembre de dos mil diecisiete, parte actora en el juicio de origen *******, promovió incidente de liquidación de laudo y/o recurso de revisión en contra del auto de requerimiento de pago y embargo, de doce de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 441 a 443) y en auto de quince de septiembre de dos mil diecisiete la Junta responsable señaló las nueve horas con diez minutos del veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete para que tuviera verificativo la audiencia incidental de liquidación, para que las partes ofrezcan pruebas y aleguen lo que a su derecho corresponda (foja 444). Una vez llegada la fecha de la audiencia (foja 210), a la que comparecieron las partes, la Junta responsable tuvo a éstas ratificando su escrito de incidente de liquidación y/o revisión, así como ofreciendo las pruebas que mencionaron, mismas que calificó de legales y reservó la emisión de la resolución correspondiente y señaló las nueve horas del nueve de enero para la reinstalación de ******* aquí quejoso, por lo que después de varios diferimientos el veintiocho de mayo del año en curso se llevó acabo la reinstalación del aquí quejoso en su fuente de trabajo. Por ende, de ello se advierte que, la Junta responsable demoró en reinstalar a Fidencio Soto Rosales en su fuente de trabajo, y desde la celebración de la audiencia relativa, en que se reservó a resolver al respecto, hasta que fuera reinstalado, al día de hoy, ha pasado casi un año, a pesar de que, como la Ley Federal del Trabajo señala, debe resolver en el acto. Sirve de apoyo a lo anterior, por analodía, la Jurisprudencia IV.3o.T. J/57, Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, visible a página 1283, del texto siguiente: JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional. En las relatadas circunstancias, no cabe duda que la autoridad responsable, ha incurrido en la omisión que les atribuye la parte quejosa, vulnerando con tal proceder lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los citados numerales 685, 686, 939, 940, 946 y 852 de la Ley Federal del Trabajo, ya que no ha actuado con el debido imperio que tiene en su encargo y es manifiesta la omisión de dictar la resolución en el correspondiente al incidente de liquidación de laudo, que reclama el promovente de amparo, la cual es imputable, en principio, a la autoridad responsable, en atención a lo previsto por la ley laboral. Apoya lo anterior, por identidad de razones y por contener el principio jurídico apuntado, la Jurisprudencia 2a./J. 8/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de dos mil cuatro, visible a foja 226, cuyo rubro y texto establecen: LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, ajustándose a lo establecido en el artículo 852 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, de inmediato, emita la resolución que corresponda respecto al incidente de liquidación de laudo, promovido por la parte actora ******* en el juicio de origen, *******, de su índice. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, contra la omisión que atribuyó a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje y Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro, para el efecto precisado en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el uno de octubre pasado se dio vista a las partes con el informe de Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, por lo que se advierte que se encuentran transcurriendo los ocho días estipulados en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impongan de su contenido. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veintidós de octubre de dos mil dieciocho para su desahogo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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