Flaviano Jeronimo Reyes

Expediente 300/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
300/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
13/07/2018

Partes del expediente

  • Flaviano Jeronimo Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintiséis de junio del año en curso, en la cual se negó el amparo y la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ********. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA. Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 330/2018-II, promovido por **. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el siete de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno el mismo día, ** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos y otras autoridades, que hizo consistir en la orden de aprehensión dictada en su contra por los hechos constitutivos del delito de violación agravada y su ejecución. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de ocho de mayo del año actual, se previno a la parte quejosa y por auto de once del mismo mes y año, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada como 300/2018-II; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete y se ordenó emplazar a la representación social que intervino en la causa penal de origen. En el mismo auto de radicación, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue diferida y, finalmente, se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución.Considerando PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto en materia penal, que fue dictado por una autoridad que realiza sus funciones en el territorio en el que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados. Así, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el juicio, se desprende que el acto que reclama la parte quejosa lo constituye, únicamente: La orden de aprehensión librada en su contra por la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, el dos de mayo de dos mil dieciocho, por el hecho que la ley señala como delito de VIOLACIÓN CON PENALIDAD AGRAVADA, previsto y sancionado por el artículo 172, fracción I del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de la menor de iniciales ** y su respectiva ejecución. No así la orden de detención que refirió el quejoso, en su demanda, debido a que de las constancias que integran el presente juicio de amparo, armonizadas en su conjunto, se infiere que de lo que realmente se duele el promovente es de una orden de aprehensión y no la diversa de detención. Para la fijación del acto, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos aceptó la existencia del acto reclamado y para acreditar lo anterior, remitió copia certificada de la orden de aprehensión librada el dos de mayo de dos mil dieciocho (lo cual constituye el acto reclamado), documental a la que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo; por ende, se tienen por cierto el acto que se le imputó. Cobra aplicación la jurisprudencia 278, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Por otra parte, al rendir sus informes con justificación: 1) la Coordinadora Regional Zona Norte de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, en representación del Fiscal y del Agente del Ministerio Público adscritos a esa área, 2) el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, adscrito a la Fiscalía General del Estado del Distrito, Zona Norte, 3) el Coordinador Especial "B" adscrito a la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, 4) la Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional, en ausencia del Fiscal de Distrito en la Zona Norte, 5) el Encargado de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad, Zona Norte y, 6) la Directora de Asuntos Jurídicos en representación de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Juárez, todos con sede en esta ciudad, negaron la existencia del acto reclamado. No obstante, del informe que rindió la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, se advierte que en el proceso penal 1099/2018 se libró orden de aprehensión en contra de **; por tanto, atendiendo a que el numeral 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, faculta a los agentes policiales a ejecutar una orden de aprehensión, es posible señalar que éstos pueden dar cumplimiento a dicho mandato judicial, aún y cuando hasta el momento en que rindieron su informe con justificación no tuvieran conocimiento del acto que se les endilga, en consecuencia, se desvirtúa dicha negativa y se tiene por cierto el acto reclamado a las autoridades mencionadas. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 97-102, Primera Parte, materia civil, página 11, del siguiente tenor: ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA. Si la autoridad ejecutora responsable, niega los actos que se le reclaman y consta en autos el oficio de que el Juez de la causa, autoridad ordenadora señalada como responsable en el amparo, lo envió a la ejecutora y mediante él le ordena lleve a cabo aquellos autos, así como la diligencia actuarial de la que se advierte que sí fueron realizados, la circunstancia de que no se haya cumplimentado el acuerdo judicial en la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de referencia, en modo alguno significa la inexistencia de los actos que se le atribuyen, si los mismos son una consecuencia legal inmediata de los que previene el mandamiento judicial cuestionado y el efecto de los mismos depende tan sólo de que surjan o se llenen determinadas condiciones. Por lo tanto, cabe estimar que si con dichas constancias queda demostrada la existencia cierta y necesaria de los actos reclamados, queda también desvirtuada la negativa expresada por la autoridad ejecutora al rendir su informe justificado y que, por tales motivos, no es correcto sobreseer en el juicio de garantías. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegaron la actualización de alguna causa de improcedencia que deba ser analizada, en términos del numeral 61 de la Ley de Amparo y su interpretación, ni este juzgador advierte que se actualicen, por lo que se procederá al estudio de fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Determinación que adopta este Juzgado de Distrito. Los conceptos de violación expresados son infundados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto en materia penal, promovido por el inculpado, quien formuló la demanda de amparo. A efecto de explicar las razones que llevan a concluir lo anterior, conviene establecer que el quejoso reclamó de la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, la orden de aprehensión que emitió en su contra, en la causa penal 1099/2018, que se le instruye con motivo de los hechos constitutivos del delito de violación agravada y su respectiva ejecución. Ello, derivado de los siguientes antecedentes: El dos de mayo de dos mil dieciocho, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y la Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, solicitó a la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, la emisión de la orden de aprehensión en contra del ahora quejoso, por hechos constitutivos del delito de violación con penalidad agravada. En la misma data, la Jueza de Control dictó la orden de aprehensión de que se trata, en la que determinó que obraban datos de investigación que permitían establecer la existencia de hechos constitutivos del delito de violación agravada, prevista y sancionada en el artículo 171, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua y que existía la probabilidad de que el ahora quejoso había participado en su comisión. Contra esa determinación, el quejoso formuló la demanda de amparo que dio origen a este expediente y argumentó, en esencia, que al dictar la orden de aprehensión, la responsable violó el contenido del artículo 16 Constitucional, al ordenar su aprehensión, sin colmar los requisitos establecidos en dicho numeral. En ese aspecto, no le asiste razón al quejoso. Para evidenciar el anterior aserto, es pertinente señalar que el párrafo primero, del artículo 16 de la Constitución General de la República establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Como se aprecia, dicho precepto prevé la obligación para toda autoridad, de fundar y motivar sus determinaciones, esto es, expresar detalladamente los motivos que produjeron la emisión de la misma y el fundamento legal en que la apoye, los cuales deben ser coherentes entre sí. En el caso, de los antecedentes narrados en líneas precedentes, así como de las constancias que se recibieron, relativas a la causa penal 1099/2018, de su índice, se advierte que la responsable ordenó la aprehensión del quejoso en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a petición del Agente del Ministerio Público de referencia, por la comisión de los hechos constitutivos del ilícito de violación con penalidad agravada. El artículo 141 del Código procesal de la materia, en que el Juez de Control apoyó su determinación, es del contenido siguiente: 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. A partir de esta disposición, se colige que para que un Juez de Control pueda librar orden de aprehensión, en contra del acusado deben reunirse los requisitos previstos en el primer párrafo del citado numeral, es decir: 1) Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. 2) Que el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión; y, 3) Que exista la necesidad de cautela. Además de las referidas exigencias, deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe algún derecho constitucional contenida en diverso precepto; habida cuenta que la circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, dado que podrían darse los casos siguientes: a) Que en la orden de aprehensión se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso. b) Que la orden fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. c) Que las autoridades jurisdiccionales, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense. d) Que la orden de captura no estuviere fundada y motivada. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan los derechos de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Constitución General de la República. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 225, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 166, Tomo II, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación 2000, registro 904206, que estatuye: ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la emisión de una orden de aprehensión. Dicho lo anterior, contra lo sostenido por el quejoso, la orden de aprehensión librada en su contra, sí reúne los requisitos establecidos para su libramiento, como enseguida se pone de relieve: 1) Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. El primero de los requisitos se encuentra plenamente satisfecho, dado que, como se señaló, la orden de aprehensión motivo del presente juicio de amparo, fue librada por una autoridad judicial, es decir, por la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, según se desprende de las constancias que integran la causa penal 1099/2018, de su índice, con motivo de la denuncia presentada por ** (padre de la menor víctima de iniciales **. 2) Que el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. Como aspecto previo, es conveniente señalar que las bases primarias para la emisión de la orden de aprehensión están contenidas en los artículos 16, 19 y 21 de la Constitución Federal. Las cuales es importante tener presentes conforme al sistema procesal penal acusatorio y oral a que se refiere la Constitución. El texto de las disposiciones constitucionales referidas, en lo conducente, es el siguiente: 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la robabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a los policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Del contenido de los preceptos transcritos se desprenden las premisas siguientes: a) el Ministerio Público tiene la facultad constitucional de investigar y perseguir los delitos; b) en la solicitud de la orden de aprehensión de una persona, la autoridad judicial deberá tener conocimiento de que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, para resolver sobre la solicitud de la orden de aprehensión, los artículos 141, quinto párrafo, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estatuyen lo siguiente: 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia. El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. De la reproducción anterior, se colige que en la secuencia del procedimiento, que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público podrá, previo cumplimiento de diversos requisitos legales, solicitar al Juez de Control el libramiento de la orden de aprehensión. Para tal efecto, el Ministerio Público debe realizar una clasificación jurídica de los hechos, en la que se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. En tal solicitud el Representante social debe realizar una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes, así como exponer las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo 141 precitado. Al resolver sobre esa solicitud, el Juez de control se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud y en caso de que la solicitud de orden de aprehensión no reúna alguno de los requisitos exigibles, prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. Las anteriores premisas permiten establecer que, en el caso, se encuentra satisfecho el segundo requisito para la emisión de la orden de aprehensión, esto es, que el Ministerio Público haya expuesto las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo 141 precitado, es decir, que obran en la carpeta de investigación datos que establecen que se ha cometido el hecho que se configura como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. Esto es así, porque en la especie, el Representante social consideró que en la carpeta de investigación existían datos que permitían establecer la existencia de hechos que se encuadraban en el delito previsto y sancionado en el artículo 172, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua y que existía la probabilidad de que el ahora quejoso había participado en su comisión. A partir de esa narrativa, la Juez responsable se pronunció sobre los elementos planteados en la solicitud y determinó que con los datos que le fueron puestos bajo su conocimiento era posible establecer la existencia de hechos configurativos del delito de violación agravada, en la hipótesis respectiva (a quien realice cópula con persona menor de catorce años de edad o con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo), pues determinó que probablemente el activo, en el mes de diciembre de dos mil diecisiete, en el interior del domicilio ubicado en calle ***, en esta ciudad, introdujo su pene en la vagina y ano de la menor víctima de iniciales **, quien no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho, ya que padece síndrome de down, en razón de que ésta dio a conocer al agente del Ministerio Público que en el mes referido, el activo de mérito le mandó mensajes por Messenger de la red social Facebook, para decirle que fuera a su casa, amenazándola que en caso de no ir, le iba a contar a su padre lo que estaba pasando entre Pablo y ella, motivo por el cual acudió a dicha vivienda y una vez estando ahí la metió a su cuarto, le cerró la puerta, le dijo que se quitara la ropa, se acostara y posteriormente la empezó a tocar, le introdujo su pene por ambas vías (vagina y ano), momentos después le dijo que no le dijera a nadie, lo cual ejecutó en muchas ocasiones. Asimismo, consideró que se encontraba indiciariamente probada la intervención del ahora quejoso, **, en esos hechos, en su calidad de autor material, conforme con el artículo 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, ya que en su contra obraba el señalamiento claro y preciso de la víctima ** quien lo identificó como **, hermano de la expareja de su padre y narró, en su comparecencia ante la Representación Social, que éste le mandó mensajes por Messenger y le pidió que fuera a su casa para hacerle el amor, a sabiendas de que la víctima tiene Síndrome de Down; lo que sustentó la Juzgadora, esencialmente, en el señalamiento que realizó en su contra el padre de la víctima de nombre **, quien levantó la denuncia y manifestó en esencia que la madre de su hija de nombre ** le dijo que la víctima ** estaba embarazada y que la propia pasivo señaló al quejoso como uno de sus agresores sexuales, describiendo los detalles que fueron narrados con antelación y que no se transcriben por obviedad de repeticiones. De igual manera, la responsable se apoyó en el informe pericial en materia de agresión sexual, realizado por la perito Médico Legista, adscrita a la Fiscalía General del Estado, **, el treinta de marzo de dos mil dieciocho, quien al examinar a la menor víctima ** determinó que presentaba datos positivos a la penetración vía ginecológica y proctológica, con edad cronológica de aspecto infantil y rasgos faciales de síndrome de down; mientras que la experta en psicología, **, en su dictamen de la misma data, concluyó que la pasivo presentaba alteración emocional leve como consecuencia de los hechos de índole sexual. Sobre estas bases, a juicio de quien resuelve, se encuentra justificado el segundo de los elementos que la legislación procesal exige para la emisión de la orden de aprehensión, esto es, que el Ministerio Público haya anunciado que obran en la carpeta de investigación datos que establecen que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el acusado lo haya cometido o participado en su comisión. 3) Que exista la necesidad de cautela. Finalmente, es necesario establecer que otro de los requisitos para la emisión de la orden de aprehensión, en el caso, lo constituye la necesidad de cautela. Cabe precisar que, si bien la redacción de la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que podrá librarse orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela, lo cual parece indicar que quien debe advertir dicho elemento es el Ministerio Público, lo cierto es que debemos entender que el mandato va dirigido a la autoridad jurisdiccional penal, debido a que: a) La autoridad que resolverá y, en su caso, emitirá la orden de aprehensión es el juez penal y no el Ministerio Público, b) Bajo la lógica del sistema penal acusatorio, cuando el Ministerio Público dirige peticiones a la autoridad jurisdiccional lo hace en calidad de parte procesal y no de autoridad. Conjuntamente con lo anterior, el Juez de Control debe atender lo estipulado en el numeral 168 del citado Código Nacional, que establece: 168. Peligro de sustracción del imputado. Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. En el caso a estudio, al analizar la necesidad de la medida de cautela, la Juez de Control consideró que el delito por el cual se solicitó la orden de captura, es de aquellos que el artículo 19 constitucional y el diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, considera como de prisión preventiva oficiosa, por lo que el indiciado no tendría derecho a enfrentar el juicio en libertad, lo que consideró que podría influir en el ánimo del inculpado para evadir la acción de la justicia y no someterse al proceso de forma voluntaria, de tal manera que su comparecencia podría verse demorada, aunado al máximo de la pena que el artículo 172, fracción I, contempla, consistente en veinte años de prisión, razón por la cual, determinó que la manera de garantizar la presencia del quejoso, sería mediante una orden de aprehensión. La consideración plasmada por la autoridad responsable en su mandato de captura se estima esencialmente correcta, en la medida que el delito de violación agravada es de aquellos que el legislador estableció que ameritan prisión preventiva oficiosa, en cuyo caso el inculpado no tiene derecho a enfrentar el proceso en libertad. Por ende, tratándose de hechos configurativos de ese tipo de delitos (que ameritan prisión preventiva oficiosa), la necesidad de cautela se encuentra implícita, al así haberlo dispuesto el legislador (necesidad de la medida cautelar de prisión preventiva por la naturaleza del delito), dado que con posterioridad al cumplimiento de la orden de aprehensión ya no podría obtener su libertad durante el proceso, ante una eventual vinculación a proceso, porque en estos casos, la única medida que se puede imponer es la de prisión preventiva; de ahí que, en este aspecto, la orden de aprehensión reclamada no lesione los derechos del quejoso. En las relacionadas condiciones, desestimados los conceptos de violación expresados, sin que se advierta deficiencia de la queja que deba ser suplida, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. La anterior negativa de amparo debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados a las autoridades señaladas como ejecutoras, pues los actos que se le atribuyen no se impugnan por vicios propios, sino como consecuencia de lo directamente ordenado por la Juez responsable. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **, contra la orden de aprehensión de dos de mayo de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 1099/2018, así como su ejecución, atribuidos a las responsables que se precisan en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que no ha transcurrido el término de ocho días que deben mediar entre el emplazamiento del tercero interesado y la fecha de celebración de la audiencia constitucional; lo anterior, es así porque el treinta y uno de mayo del año actual, se emplazó mediante oficio al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a quien se le consideró el carácter de tercero interesado en el presente asunto; por tanto, a la fecha sólo ha transcurrido un día hábil. Ahora, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, del que se advierte que al rendir su informe justificado la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, remitió copia certificada de la solicitud de la orden de aprehensión efectuada por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y la Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona Norte; a quien este Juzgador considera que le reviste el carácter de tercero interesada, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, que establece: 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: (.) e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. En razón de lo anterior, con el propósito de integrar debidamente el presente juicio, con copia de la demanda de amparo y con el escrito de aclaración recibido el diez de los actuales, gírese oficio a la Representación Social de referencia, a efecto de emplazarlo al presente juicio de amparo, informándole que la audiencia constitucional se encuentra fijada para las diez horas con treinta minutos del cinco de junio del actual. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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