Fidel Alfaro Sanchez
Expediente 152/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 152/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Fidel Alfaro Sanchez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio III-1114/2017 signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el que acusa recibo del diverso D-79, mediante el cual se le remitió el juicio de amparo 152/2017-D del índice de este juzgado; asimismo, comunica que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del referido juicio constitucional, pero desechó por improcedente la demanda promovida por el quejoso Fidel Alfaro Sánchez; de lo que la suscrita toma conocimiento para los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones de ley y archívese el presente asunto como concluido. Finalmente, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita.
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 16 DE FEBRERO DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:Agréguese a los autos el escrito del quejoso Fidel Alfaro Sánchez, registrado con el folio 3826, por medio del cual desahoga el requerimiento que se le formuló en auto de prevención de ocho de febrero del año en curso y manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el acto reclamado a la autoridad responsable 1. Juez Primero de lo Penal en la ciudad de Puebla, consistente en: ".la sentencia definitiva dictada dentro del proceso 183/2007 del Juzgado Primero de lo Penal de los de esta capital, ya que la misma no se encuentra bien fundada y mucho menos apegada a la realidad de las cosas, como es de apreciarse, la sentencia condenatoria que se dicta en mi contra no toman en cuenta toda la serie de violaciones a mis garantías de seguridad jurídica, las violaciones al procedimiento, así como al artículo 20 constitucional y a los diversos 1 y 8 del tratado de San José, ya que al haberse obtenido mi declaración bajo tortura y sin que existiera un abogado titulado que me representara, violaron con ello, tanto los derechos humanos como el procedimiento, por lo que solicito se me conceda el amparo y protección de la justicia federal que solicito. Es de aclarar que dentro de la causa 183/2007 radicado en el Juzgado Primero de lo Penal de los de esta capital no se encuentra pendiente por resolver ninguna apelación o amparo que haya promovido el suscrito. b) De la autoridad ejecutora reclamo la privación ilegal de mi libertad, en base de la sentencia definitiva dictada por la autoridad ordenadora, aun a pesar de que como ya lo manifesté con antelación el suscrito nunca cometió el delito que injusta e indebidamente se me imputa. ." Además, refiere como antecedentes de dicho acto reclamado, los siguientes: ". Son todas y cada una de las actuaciones practicadas dentro del proceso 183/2007 radicado en el Juzgado Primero de lo Penal de esta ciudad, mismo que se sigue en mi contra por el delito de secuestro, tomando en cuenta que el suscrito nunca cometió el delito que injustamente se me imputa, por consiguiente nunca se debió tomar en cuenta las declaraciones que bajo tortura me hicieron firmar ante la Policía Ministerial y el Agente del Ministerio Público que tuvo conocimiento de la causa, y a pesar de que manifesté la tortura a la que fui objeto y que quedó demostrado tanto en los dictámenes emitidos por el médico legista y el perito en psicología, nunca se realizó el protocolo de Estambul en mi favor para que quedara debidamente demostradas las lesiones que me infringieron al momento de ser detenido y torturado para obligarme a firmar la declaración que yo nunca rendí, igualmente se desprende que me nombraron como defensor, a una persona que no era abogado titulado, y por consiguiente se viola en mi perjuicio el principio de una defensa adecuada, de todo lo anteriormente manifestado, se desprende que todo lo actuado, debió ser declarado nulo en base de la teoría de fruto envenenado, para que no se violaran mis garantías de seguridad jurídica ni el tratado de san José en sus artículos 1 y 8." En principio, cabe precisar que el acto que se pretende combatir en la presente instancia lo constituye la sentencia definitiva dictada en contra del aquí quejoso, por el 1. Juez Primero de lo Penal en la ciudad de Puebla, dentro del proceso 183/2007; además de que, según lo manifestado por el ocursante, no se encuentra pendiente por resolver ninguna apelación o amparo que hubiera promovido. De ahí que, se estima que la competencia para conocer del presente juicio, se surte a favor de los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con los artículos 107, fracción V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 34, 47, párrafo primero, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; específicamente, su conocimiento corresponde al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno residente en esta ciudad. Dichos numerales disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" Establecido lo anterior, es de indicarse que los artículos transcritos clarifican que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados; por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento. Así mismo, definen sentencia definitiva como aquélla que decide el juicio en lo principal y disponen que cuando ante el Juez de Distrito se presente una demanda de amparo contra una sentencia definitiva o laudo, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, dicho Juzgado se declarará legalmente incompetente de plano y la remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. En ese tenor, ya que el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, en virtud de que en el presente caso, el promovente reclama la sentencia condenatoria de primera instancia dictada por el 1. Juez Primero de lo Penal en la ciudad de Puebla dentro de la causa penal 183/2007, lo que claramente se traduce en aquélla que puso fin al proceso de origen. Sobre la base expuesta, es evidente que la resolución que se pretende combatir en esta instancia constitucional es impugnable en amparo directo al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, por lo que, al ser una sentencia definitiva, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, debe conocer de la demanda de amparo el Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito a quien le resulta competencia para conocer de la misma, de conformidad con el artículo 37 fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el punto Uno fracción VI del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Consecuentemente, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, se ordena remitir los autos que integran el presente expediente de amparo 152/2017-D, así como cinco copias del escrito de inicial de demanda y de su escrito aclaratorio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito; y, una vez turnado al órgano jurisdiccional respectivo (Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito) que competa recibir la demanda de amparo, se le solicita atentamente, se sirva informar la determinación que adopte respecto de si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado federal. Finalmente, téngase como autorizado de la parte quejosa, en los términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Carlos Camacho Nolasco, pues se constató que cuenta con su cédula de licenciado en derecho, inscrita ante la Secretaría de Educación Pública.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Fidel Alfaro Sánchez, registrado con el folio 3826, por medio del cual desahoga el requerimiento que se le formuló en auto de prevención de ocho de febrero del año en curso y manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el acto reclamado a la autoridad responsable 1. Juez Primero de lo Penal en la ciudad de Puebla, consistente en: ".la sentencia definitiva dictada dentro del proceso 183/2007 del Juzgado Primero de lo Penal de los de esta capital, ya que la misma no se encuentra bien fundada y mucho menos apegada a la realidad de las cosas, como es de apreciarse, la sentencia condenatoria que se dicta en mi contra no toman en cuenta toda la serie de violaciones a mis garantías de seguridad jurídica, las violaciones al procedimiento, así como al artículo 20 constitucional y a los diversos 1 y 8 del tratado de San José, ya que al haberse obtenido mi declaración bajo tortura y sin que existiera un abogado titulado que me representara, violaron con ello, tanto los derechos humanos como el procedimiento, por lo que solicito se me conceda el amparo y protección de la justicia federal que solicito. Es de aclarar que dentro de la causa 183/2007 radicado en el Juzgado Primero de lo Penal de los de esta capital no se encuentra pendiente por resolver ninguna apelación o amparo que haya promovido el suscrito. b) De la autoridad ejecutora reclamo la privación ilegal de mi libertad, en base de la sentencia definitiva dictada por la autoridad ordenadora, aun a pesar de que como ya lo manifesté con antelación el suscrito nunca cometió el delito que injusta e indebidamente se me imputa. ." Además, refiere como antecedentes de dicho acto reclamado, los siguientes: ". Son todas y cada una de las actuaciones practicadas dentro del proceso 183/2007 radicado en el Juzgado Primero de lo Penal de esta ciudad, mismo que se sigue en mi contra por el delito de secuestro, tomando en cuenta que el suscrito nunca cometió el delito que injustamente se me imputa, por consiguiente nunca se debió tomar en cuenta las declaraciones que bajo tortura me hicieron firmar ante la Policía Ministerial y el Agente del Ministerio Público que tuvo conocimiento de la causa, y a pesar de que manifesté la tortura a la que fui objeto y que quedó demostrado tanto en los dictámenes emitidos por el médico legista y el perito en psicología, nunca se realizó el protocolo de Estambul en mi favor para que quedara debidamente demostradas las lesiones que me infringieron al momento de ser detenido y torturado para obligarme a firmar la declaración que yo nunca rendí, igualmente se desprende que me nombraron como defensor, a una persona que no era abogado titulado, y por consiguiente se viola en mi perjuicio el principio de una defensa adecuada, de todo lo anteriormente manifestado, se desprende que todo lo actuado, debió ser declarado nulo en base de la teoría de fruto envenenado, para que no se violaran mis garantías de seguridad jurídica ni el tratado de san José en sus artículos 1 y 8." En principio, cabe precisar que el acto que se pretende combatir en la presente instancia lo constituye la sentencia definitiva dictada en contra del aquí quejoso, por el 1. Juez Primero de lo Penal en la ciudad de Puebla, dentro del proceso 183/2007; además de que, según lo manifestado por el ocursante, no se encuentra pendiente por resolver ninguna apelación o amparo que hubiera promovido. De ahí que, se estima que la competencia para conocer del presente juicio, se surte a favor de los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con los artículos 107, fracción V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 34, 47, párrafo primero, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; específicamente, su conocimiento corresponde al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno residente en esta ciudad. Dichos numerales disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" Establecido lo anterior, es de indicarse que los artículos transcritos clarifican que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados; por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento. Así mismo, definen sentencia definitiva como aquélla que decide el juicio en lo principal y disponen que cuando ante el Juez de Distrito se presente una demanda de amparo contra una sentencia definitiva o laudo, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, dicho Juzgado se declarará legalmente incompetente de plano y la remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. En ese tenor, ya que el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, en virtud de que en el presente caso, el promovente reclama la sentencia condenatoria de primera instancia dictada por el 1. Juez Primero de lo Penal en la ciudad de Puebla dentro de la causa penal 183/2007, lo que claramente se traduce en aquélla que puso fin al proceso de origen. Sobre la base expuesta, es evidente que la resolución que se pretende combatir en esta instancia constitucional es impugnable en amparo directo al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, por lo que, al ser una sentencia definitiva, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, debe conocer de la demanda de amparo el Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito a quien le resulta competencia para conocer de la misma, de conformidad con el artículo 37 fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el punto Uno fracción VI del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Consecuentemente, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, se ordena remitir los autos que integran el presente expediente de amparo 152/2017-D, así como cinco copias del escrito de inicial de demanda y de su escrito aclaratorio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito; y, una vez turnado al órgano jurisdiccional respectivo (Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito) que competa recibir la demanda de amparo, se le solicita atentamente, se sirva informar la determinación que adopte respecto de si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado federal. Finalmente, téngase como autorizado de la parte quejosa, en los términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Carlos Camacho Nolasco, pues se constató que cuenta con su cédula de licenciado en derecho, inscrita ante la Secretaría de Educación Pública.
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