Fernando Valdez Angulo
Expediente 1652/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1652/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- JULIO CESAR VALDEZ ANGULO y Otros.
- Fernando Valdez Angulo
- ALFREDO GUILLERMO MARTINEZ TELLEZ ( APODERADO GENERAL) y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. No es obstáculo para lo anterior, que a la fecha no obre en autos el acuse de recibo del oficio 1369.1-I-D, mediante el cual se ordenó notificar el referido acuerdo a la autoridad responsable, toda vez que el sentido de aquél no le causa algún agravio y, por lo mismo, no se encuentra legitimada para interponer recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE.- Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo, misma que se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de acuerdo al artículo primero transitorio; por tanto, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1652/2016-I-A. Ahora bien, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionado con el 107, fracción I, de la Constitución Federal y con el diverso 6 de la ley reglamentaria, procede desechar de plano la demanda que dio inicio a este juicio únicamente por cuanto hace a los promoventes Julio César Valdez Angulo y Fernando Valdez Angulo, por las razones que enseguida se exponen. Del análisis realizado al escrito de demanda se advierte que éste carece de firmas autógrafas de los promoventes Julio César Valdez Angulo y Fernando Valdez Angulo, por lo que resulta inconcuso que no expresaron su voluntad para ejercitar la acción constitucional y por ello no se colma el requisito de iniciativa o instancia de parte agraviada, exigido para entablar el juicio de amparo de conformidad con el 107, fracción I, de la Constitución Federal. No se soslaya que, en el proemio de la demanda se haya señalado que quien firmó dicho escrito fungiría como representante común de los quejosos; sin embargo, tal circunstancia no releva a los quejosos de su obligación de estampar sus firmas en el escrito inicial, pues sólo así se puede tener la certeza de la existencia de su voluntad de instar esta vía. En consecuencia, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, únicamente por cuanto hace a los promoventes Julio César Valdez Angulo y Fernando Valdez Angulo, por ser notoria e idubitable su improcedencia, ya que la voluntad de las partes se exterioriza a través de la firma y en el presente caso dicha hipótesis no se actualiza, pues como ya se dijo, el referido escrito carece de las firmas autógrafas de los indicados promoventes. Tienen aplicación a lo anterior, las tesis cuyos rubro y texto, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia." "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata." Sentado lo anterior, se reconoce la personalidad del promovente Alfredo Guillermo Martínez Téllez, en términos de los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, en relación con la copia certificada del instrumento notarial veinticinco mil doscientos trece, pasado ante la fe del Notario Público Titular Número Uno del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, pues del mismo se advierte que Alfredo Guillermo Martínez Téllez fue nombrado apoderado general para pleitos y cobranzas de Celina Margarita Valdez Guerrero, por su propio derecho y en su calidad de albacea definitivo a bienes de José Valdez García y María Guadalupe Guerrero Camacho o Guadalupe Guerrero Camacho. De dicha documental se advierte que el promovente cuenta, entre otras, con la facultad de promover toda clase de juicios y desistirse de los mismos, incluyendo el de amparo; a la cual se le otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al efecto, debe indicarse que la suscrita jueza se pronuncia respecto a la personalidad con la que comparece el promovente, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso y que se debe hacer constar en el acuerdo admisorio. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos rubro y texto a continuación se citan: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." En consecuencia, téngase por reconocida la personalidad de Alfredo Guillermo Martínez Téllez, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Celina Margarita Valdez Guerrero, en su calidad de albacea definitivo a bienes de José Valdez García y María Guadalupe Guerrero Camacho o Guadalupe Guerrero Camacho, en términos de los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo. Satisfecho dicho requisito se provee la demanda de amparo en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII, X y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 37, 107, 112, 115, 117 y 128 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de garantías presentada por Alfredo Guillermo Martínez Téllez, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Celina Margarita Valdez Guerrero, en su calidad de albacea definitivo a bienes de José Valdez García y María Guadalupe Guerrero Camacho o Guadalupe Guerrero Camacho, contra actos del 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Procesos del Ministerio Público en lo Civil Agencia Investigadora del Ministerio Público 74 (setenta y cuatro) Unidad de Investigación número 3 (tres) Sin Detenido, Segundo Turno. No ha lugar a tramitar el incidente de suspensión del acto reclamado por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa; sin que a criterio de la suscrita jueza Federal resulte procedente tramitar de oficio dicha medida cautelar, pues el acto reclamado en el presente juicio no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 127 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una orden de extradición y no es un acto respecto del cual sea físicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho reclamado; por lo que, de llegarse a conceder el amparo, el efecto sería obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trata y a cumplir lo que el mismo exija. Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante este juzgado de Distrito ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla. Apercibida que de no hacerlo o no anexar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Esto es así, ya que la no rendición del informe justificado implica que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo Vigente; y, por lo que respecta a los informes rendidos fuera de los plazos establecidos, podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos, con fundamento en la primera parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe de ley a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx y, a efecto de confirmar su envío, se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Por otra parte, se requiere a la autoridad que, en su caso, convenga en la existencia el acto reclamado, precise si las constancias que remita como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 26/2015 siguiente sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. En otro sentido, se solicita a la autoridad señalada como responsable informe a este juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos. Así mismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, hágase saber a la autoridad responsable que si tiene conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberá comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a treinta días veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 251 del citado cuerpo de leyes. Se señalan las nueve horas con diez minutos del veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que le corresponde. Se reserva proveer lo conducente respecto la parte tercero interesada, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad señalada como responsable. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de garantías; y por autorizados con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a Herminio Cano Benítez, Saraí Hernández Campos, Víctor Ricardo Chincoya Morales, María Luisa Rodríguez Bravo y Bernardino Antona Bretón, para que actúen en el presente juicio con todas las facultades que confiere el citado numeral, toda vez que acreditan ser Licenciados en Derecho, al tener registradas sus respectivas cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por aparecer en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Ténganse por autorizadas con las facultades restringidas previstas en el citado numera, al resto de las personas que se mencionan, por así haberlo solicitado expresamente. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 21 DE DICIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Agréguese a los autos el acta que contiene la diligencia celebrada dentro de las instalaciones de este juzgado el veinte de los corrientes, en la que intervino el promovente Alfredo Guillermo Martínez Téllez, apoderado general para pleitos y cobranzas de Celina Margarita Valdez Guerrero, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Celina Margarita Valdez Guerrero, en su calidad de albacea definitivo a bienes de José Valdez García y María Guadalupe Guerrero Camacho o Guadalupe Guerrero Camacho, de la que se advierte que ratificó ante la presencia judicial el escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis (foja 37), por el que se desistió del presente sumario de garantías. En ese sentido, tomando en consideración que en la copia certificada del instrumento notarial veinticinco mil doscientos trece, pasado ante la fe del Notario Público Titular Número Uno del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, lo faculta para desistirse del presente procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia; consecuentemente, se deja sin efectos el día y hora que se tiene señalados para la celebración de la misma. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones que la informan, las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, se citan a continuación: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y la captura electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 19 DE DICIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Alfredo Guillermo Martínez Téllez, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la quejosa Celina Margarita Valdez Guerrero, en su calidad de albacea definitivo a bienes de José Valdez García y María Guadalupe Guerrero Camacho o Guadalupe Guerrero Camacho, por medio del cual desiste del presente juicio de amparo, en consecuencia, se provee: Dada la naturaleza del desistimiento en cuestión, de las consecuencias que el mismo acarrea, y en razón de que éste contraviene los intereses que pueda tener el impetrante de garantías, con fundamento en la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo, requiérase al mencionado promovente para que, dentro del plazo de tres días siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente auto, comparezca en forma personal ante este órgano federal con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), a fin de que ratifique el escrito de cuenta. Se apercibe al demandante constitucional que, de no dar cumplimiento a lo anterior en el término indicado, se le tendrá por no desistido y se continuará con el trámite de este asunto. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto, enseguida se citan: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio
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