Fidel Alfaro Sanchez
Expediente 265/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 265/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 18/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Fidel Alfaro Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintiséis de julio al quince de agosto de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele los anexos I, II y IV y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibidas que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por otro lado, hágase saber a la parte quejosa que con fundamento en el punto décimo primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, deberá comparecer en el término de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído (por conducto de su defensor particular o autorizados), a recoger los documentos que exhibió como prueba en el presente juicio de amparo (anexo III), con el apercibimiento que de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado, sobre su cuidado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de seis de julio de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, realizándolo únicamente la parte quejosa como se advierte con el escrito con el que se da cuenta; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete (fojas 112 a 125), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo a la parte quejosa para el efecto de que Juez Primero de lo Penal de la ciudad ed Puebla, realizara lo siguiente: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal en favor del quejoso Fidel Alfaro Sánchez, para el efecto que la autoridad responsable 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera su cumplimiento: 1.- Deje insubsistente la resolución interlocutoria dictada el nueve de diciembre de dos mil quince, en la causa penal 183/2007, de su índice y, 2.- Con libertad de jurisdicción, tomando en consideración lo aquí expuesto, congruentemente, resuelva fundada y motivadamente el incidente de adecuación de la pena por traslación del tipo penal promovido por el quejoso Fidel Alfaro Sánchez. En el entendido que tendrá que tomar en consideración todos y cada uno de los puntos expuestos por el quejoso en su escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil catorce y, realizar un análisis exhaustivo y congruente de la Litis planteada. Concesión de amparo, que se hace extensiva respecto del acto de ejecución, por no haberse impugnado por vicios propios, sino como consecuencia indirecta de la interlocutoria reclamada. Precisando que la concesión del amparo no implica que se deje en libertad al quejoso, en su caso, sino únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución." Resolución que en auto de veinte de junio de dos mil diecisiete causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 144 a 146). Ahora bien, mediante oficio sin número de cuatro de julio de dos mil diecisiete (fojas 175 a 188), el Juez responsable remitió a esta autoridad copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en la causa penal 183/2007 de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la resolución reclamada de nueve de diciembre de dos mil quince. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió el incidente de adecuación de la pena por traslación del tipo penal promovido por el quejoso Fidel Alfaro Sánchez, mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil catorce, por el cual argumentó en esencia que de conformidad con los artículos 14 y 22 Constitucionales en relación con los numerales 5 y 9 del Código Penal para el Estado de Puebla, debía aplicársele retroactivamente la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, pues a su juicio le beneficia. Lo anterior bajo los siguientes argumentos: "Ahora bien de acuerdo a lo antes transcrito y expuesto por Fidel Alrafo Sánchez; en los anteriores párrafos, resulta necesario precisar si la conducta estimada como delictiva, conforme a la legislación punitiva vigente en la fecha de su comisión, continúa siéndolo en términos del nuevo ordenamiento, esto es, deberá analizarse si los elementos que se tomaron en cuenta para la configuración del ilícito conforme a su tipificación abrogada frente a la nueva legislación, para concluir si se mantienen los elementos de la descripción típica del delito y, en su caso, aplicar la sanción más favorable al sentenciado. Es por ello que se procede a la transcripción de los numerales que fueron aplicados al momento de procesar y sentenciar a Fidel Alfaro Sánchez; y los artículos correspondientes de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro: TRANSCRIPCIÓN: Artículo 302, fracciones I, II, III y IV del Código de Defensa Social, vigente en la época en que sucedieron los hechos (año 2007) que a la letra dispone. Artículo 302.- Se impondrán de dieciocho a cincuenta años de prisión y multa de cien a mil días de salario, cuando la privación arbitraria de la libertad, por cualquier lapso, tenga el carácter de plagio o secuestro, en alguna de las formas siguientes: I.- Cuando se trate de obtener beneficio económico o en especie, bajo amenaza de causar daños y perjuicios al plagiado o a otras personas relacionadas con éste; II.- Cuando al perpetrarse el plagio o secuestro o mientras dura la privación arbitraria de la libertad, se haga uso de amenaza (sic) graves, de maltrato y de tormento; III.- Cuando la detención se haga en camino público o en paraje solitario; y IV.- Cuando los plagiarios obren en grupo o banda; y Por otra parte tenemos que la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Artículos 9, 10 y 12 que establecen lo siguiente: Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera; c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; o d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a esta Ley le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten. Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario; b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; c) Que se realice con violencia; d) Que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que ésta se encuentra; e) Que la víctima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo; f) Que la víctima sea una mujer en estado de gravidez; II. De cincuenta a cien años de prisión y de ocho mil a dieciséis mil días multa, si en la privación de la libertad concurren cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Que el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo; b) Que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta; c) Que durante su cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal; d) Que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual; e) Que durante o después de su cautiverio, la víctima muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la libertad, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito. Las sanciones señaladas en el presente artículo se impondrán, sin perjuicio o con independencia de las que correspondan por otros delitos que de las conductas a las que se aplican resulten. Artículo 12. Si espontáneamente se libera a la víctima del secuestro dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere el artículo 9 de esta Ley y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, la pena será de cuatro a doce años de prisión y de cien a trescientos días multa. La misma pena se aplicará a aquél que habiendo participado en la planeación de alguna de las conductas a que hace referencia el presente Capítulo, dé noticia de ese hecho a la autoridad y la víctima sea rescatada con vida. La pena señalada en el párrafo primero de este artículo se aplicará a aquél que habiendo participado en la comisión de alguna de las conductas a que hace referencia el presente Capítulo, dé noticia de ese hecho a la autoridad para evitar que se cometa el delito y proporcione datos fehacientes o suficientes elementos de convicción contra los demás participantes del hecho o, ya cometido, antes de que se libere a la víctima, proporcione, los datos o elementos referidos, además dé información eficaz para liberar o localizar a la víctima. No obstante lo anterior, si a la víctima se le hubiere causado alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal, la pena será de dieciocho a treinta y dos años de prisión y de seiscientos a mil días multa, así como la colocación de los dispositivos de localización y vigilancia por la autoridad policial hasta por los cinco años posteriores a su liberación." Una vez hecho el análisis comparativo de ambas legislaciones, se advierte que en efecto, en las dos se considera una misma conducta, como delito (secuestro), consistente ésta, en que se prive de la libertad a una persona. Se sostiene lo anterior ya que en esencia y en lo que aquí interesa el artículo 302 del Código de Defensa Social, vigente al 2007, y en cuanto a la tipificación del delito prescribe: Artículo 302.Cuando la detención arbitraria tenga el carácter de plagio o secuestro. Por su parte la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro en su artículo 9, establece: Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán Pero de donde concurren en más similitudes ambos numerales de las leyes en comento, es en las circunstancias de las cuales debe verse rodeada esa privación de la libertad. Ya que en ambas se pretende obtener un beneficio. O que la privación de esa libertad se realice en un lugar despoblado o público, que se amenace a la víctima con causarle un daño, o privarlo de la vida a él o a alguno de sus familiares. Que se realice por un grupo de sujetos activos, usando amenazas graves. En consecuencia los elementos del delito de secuestro, establecido en el Código de Defensa Social para el Estado de Puebla vigente en la época de los hechos y en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; son los mismos, asimismo se aprecia que las sanciones de igual manera contemplan sanción corporal y pecuniaria. Se sostiene lo anterior en virtud de que la sanción impuesta en el artículo 302 del Código de Defensa Social, para el ilícito de referencia es la siguiente: ".Se impondrán de dieciocho a cincuenta años de prisión y multa de cien a mil días de salario." Y en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro: Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicará: De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días de multa. Del comparativo que precede, se obtiene que la ley que resulta más a beneficio del incidentista, es la ley que le aplicaron al ser procesado y sentenciado, pues de lo contrario la sanción que se le pudo aplicar es mayor en caso dado de aplicar la ley vigente y que actualmente contempla Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Derivado de lo anterior que contrario a lo que solicita el incidentista el atender a la aplicación de la nueva ley devendría en su perjuicio. Cabe destacar que el incidentista menciona entre otros dispositivos legales el artículo 12 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que por su contenido precisa; que de liberar a la víctima espontáneamente, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere el artículo nueve de este ley, sin embargo, este dispositivo legal, también requiere que no se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, lo cual llevaría a aplicarle una sanción menor; sin embargo de acuerdo a la sentencia de primera instancia ejecutoriada, en contra del incidentista, se establece entre otras circunstancias, la cualidad numérica de los activos, y la violencia ejercida en contra de la víctima y que es camino público, esto es se comete conforme a hipótesis que agravan la conducta delictiva, motivo por el cual no es posible concederle el beneficio que el artículo 12 antes citado prevé. Aunado a que esta autoridad en estricto acatamiento a lo ordenado por la autoridad federal, precisa que el análisis a que se debe contraer este órgano jurisdiccional, no implica volver a valorar los hechos, ni modificarlos, sino exclusivamente, constatar las hipótesis normativas previstas en ambos ordenamientos jurídicos, que como ya se vio subsisten en ambas leyes y coinciden en cuanto a los elementos tomado en cuenta para condenar al incidentista. SEXTO. Además de lo anterior, también es el tomarse en consideración lo expuesto en los artículos segundo y quinto transitorios del decreto por el que se expidió, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil diez, mismos que a la letra establecen:... Ahora bien, resulta claro y evidente que nos encontramos ante las hipótesis previstas en dichos numerales, esto es, en un procedimiento penal que se inició antes de la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, luego entonces de conformidad al contenido del artículo segundo transitorio el mismo se seguirá tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que le dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes. (.) Por lo que resulta legalmente improcedente acceder a la petición de Fidel Alfaro Sánchez, en el sentido de que se realice el traslado del tipo y adecuación de la pena que le fue impuesta en sentencia." Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de José Carlos Camacho Nolasco, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto de seis de julio de dos mil diecisiete, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no está cumplida, ya que la nueva resolución de la autoridad responsable no está debidamente fundada y motivada, pues no se advierte ninguna variante con relación a la anterior que había emitido y que fue materia del juicio de amparo, además de que la autoridad responsable no anexa ningún documento o periódico oficial para demostrar que no hubo reformas a la ley en la materia referida, por lo que dice sigue en espera de la adecuación de la pena que le sea más favorable. Argumentos que resultan infundados, en virtud de que, como quedó establecido la autoridad responsable sí da cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, en la cual se concedió la protección constitucional por vicios formales, y sin que se haya establecido que el juez de la causa tuviera que anexar alguna documental (periódico oficial) para justificar su nueva determinación como lo refiere el quejoso. Además de que, el juez del proceso establece que resulta improcedente la adecuación de la pena por traslación del tipo penal promovido por el quejoso, pues le perjudica al ser más severa la penalidad que contempla la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en su artículo 9, respecto del delito de secuestro por el cual fue sentenciado; es decir, hace referencia a cuestiones de fondo de lo solicitado por el amparista, lo cual en su caso no es materia de verificar en el cumplimiento del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla por ausencia del Titular y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de veintiocho de junio pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de veinte de junio pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Sin embargo, no ha lugar a dar vista con el cumplimiento a las partes, en atención a que el Juez responsable no cumple con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Lo anterior en virtud de que debió resolver, en congruencia con lo promovido por el quejoso, es decir, si los elementos del delito por el que se condenó a Fidel Alfaro Sánchez conforme a la tipificación del Código de Defensa Social del Estado de Puebla (secuestro, previsto y sancionado por los artículo 302, fracciones I, II, III y IV, en relación con los diversos 13 y 21, fracción primera, todos de dicho código), continúan siendo los mismos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, para así verificar si la pena impuesta debió ajustarse o no; análisis que no implica volver a valorar los hechos, ni modificarlos, sino exclusivamente constatar las hipótesis normativas, previstas en ambos ordenamientos jurídicos. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto las notificación del presente proveído, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no hacerlo así, esta Juzgadora continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo el apercibimiento de multa por separado por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en auto de veinte de junio de dos mil diecisiete. De igual forma, (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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