Fidel Martinez Lezama

Expediente 248/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
248/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
21/05/2021

Partes del expediente

  • Fidel Martinez Lezama
  • Emmanuel Hernandez Rojas
  • Fiscal General del Estado de Puebla
  • FIDEL MARTINEZ LEZAMA y Otros.
  • EMMANUEL HERNANDEZ ROJAS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Causa Estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas para ello hayan recurrido la sentencia dictada el treinta de abril de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Lo anterior, en virtud de que la referida sentencia se notificó electrónicamente y por última vez a la parte quejosa el seis de mayo de dos mil veintiuno, surtiendo efectos el mismo día y, por ende, el aludido plazo transcurrió del siete al veinte de mayo de dos mil veintiuno, descontándose los siguientes días: i) ocho -sábado-, nueve -domingo-, quince -sábado- y dieciséis -domingo- de mayo del año en curso, por ser inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo. Por lo tanto háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Archivo. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita, sería susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído; sin embargo, al haberse concedido la medida cautelar consistente en la suspensión de oficio y de plano en contra de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Devolución de constancias. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las documentales que remitió la autoridad responsable 3. María Luisa del Pilar Aparicio Solano, Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos de Alta Incidencia -en su denominación correcta- en apoyo a su informe, se ordena devolverle: ( Copia certificada de diversas constancias derivadas de la carpeta de investigación con número de terminación 004305/2021, con la cual se formó el tomo de pruebas I del presente juicio de amparo. ( Dos discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el veintiuno y veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 828/2021/PUEBLA. De igual forma, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla -autoridad no responsable-, se ordena devolverle lo siguiente: ( Dos discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el veintiuno y veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 828/2021/PUEBLA. No ha lugar a requerir a dichas autoridades el acuse de recibo respecto de las documentales antes referidas, toda vez que se encuentran en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar los oficios respectivos y cerciorarse que lo acusen de dichas misivas, haga constar la entrega de esas documentales. Finalmente, se ordena agregar la certificación de desglose correspondiente en las fojas en donde obran los sobres que contienen los discos antes aludidos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese electrónicamente al quejoso Emmanuel Hernández Rojas, por conducto de Fidel Martínez Lezama -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-; por oficio a las autoridades responsables, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por cualquier medio de comunicación interna al Actuario de la adscripción que le corresponda notificar los oficios que se ordenan librar en esta determinación.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 248/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Fidel Martínez Lezama, en nombre y en favor del directo quejoso Emmanuel Hernández Rojas; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado de forma electrónica ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla a las cero horas con treinta y nueve minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno -por razón de turno de guardia-, Fidel Martínez Lezama, en nombre y en favor del directo quejoso Emmanuel Hernández Rojas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. El promovente narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto de radicación y suspensión de plano. Por acuerdo dictado a las dos horas del diecinueve de marzo del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla realizó lo siguiente: ( Registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 248/2021. ( Luego, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, concedió al quejoso la suspensión de plano para el efecto de que cesaran de manera inmediata la incomunicación, tortura o cualquier acto de los previstos en el artículo 22, primer párrafo, Constitucional, para evitar la consumación de los mismos; asimismo, se concedió dicha medida cautelar por la detención reclamada; para ello se requirió a las autoridades responsables acatar dicha medida y rendir su informe respectivo. ( Enseguida, ordenó al Actuario Judicial de la adscripción la localización del directo quejoso en el lugar de su detención, la ratificación de la demanda promovida a su nombre -en el momento de la diligencia respectiva o dentro de los tres días siguientes- y el cercioramiento de su condiciones físicas, del permiso de comunicarse con su defensor, familiares o personas de confianza, del hecho de que haya sufrido alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y de las condiciones del lugar de su detención, entre otras cuestiones. Tercero. Ratificación de la demanda. A las cuatro horas con trece minutos del mismo día, Hugo Mercado Bautista, Actuario Judicial adscrito a este órgano de control constitucional, acudió a las instalaciones del Hospital de Traumatología y Ortopedia "Doctor Rafael Moreno Valle", a fin de localizar al directo quejoso, dando fe de lo siguiente: ( Que el quejoso directo sí ratifico la demanda de amparo promovida a su favor; ( Que el quejoso directo no había tenido comunicación alguna con sus familiares ni con su abogado, al no acordarse de algún número telefónico para realizar alguna llamada; ( Que sí sabía el motivo de su detención; ( Que el quejoso directo no presentó golpes, moretones ni muestras de maltrato, sólo una herida que -el quejoso refirió- fue ocasionada por un impacto de bala (pie izquierdo) al momento de su detención; ( Que el quejoso directo se encontraba en buenas condiciones, pues se le estaba suministrando medicamento y lo revisaban constantemente; ( Que las instalaciones en donde se ubicaba se encontraban en buen estado y limpias, con área ventilada y, además, se le proporcionaba asistencia médica; y, ( Que el quejoso señaló al promovente Fidel Martínez Lezama como su abogado para representarlo en el presente controvertido constitucional. Cuarto. Auto admisorio. Por acuerdo dictado el veintidós de marzo de la presente anualidad, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto de los actos reclamados -sin incidente de suspensión-, se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables, se tuvo al promovente como autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y se ordenó el emplazamiento del Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Quinto. Cita para audiencia. En proveído diecinueve de abril del actual, se fijaron las doce horas con dos minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos en materia penal atribuidos a autoridades que tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Emmanuel Hernández Rojas reclama: 1. Actos de tortura. 2. Incomunicación. 3. Su detención en flagrancia y retención dentro de la carpeta de investigación con número de terminación 004305/2021. Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 1. Fiscal General del Estado de Puebla -por conducto de su representante-. Niega. 96. 2 2. Titular de la Unidad de Flagrancia C5 -en su denominación correcta-. Niega. 82. 3 3. María Luisa del Pilar Aparicio Solano, Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos de Alta Incidencia -en su denominación correcta-. Niega la existencia de actos de tortura e incomunicación y acepta tácitamente la detención efectuada al quejoso. 113 y 114. 4 4. Subdelegado Sustantivo en Funciones de Fiscal de Averiguaciones Previas, Procesos y Coordinador de Juicios de Amparo de la Fiscalía General de la República, Delegación Estatal Puebla -en su denominación correcta-. Niega. 108. 5 5. Jefe de Estado Mayor de la 25/a Zona Militar -en su denominación correcta-. Niega. 86 y 87. 6 6. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla -por conducto de su representante-. Niega. 118. Tabla única. Apartado A. Inexistencia de los actos de tortura e incomunicación. Las autoridades responsables negaron la existencia de los actos de tortura e incomunicación que se les atribuye, sin que desvirtúen dichas negativas las constancias derivadas de la carpeta de investigación con número de terminación 004305/2021 -tomo de pruebas I-, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles -aplicado supletoriamente-, por tratarse de una documental pública. Se explica. 1. Sobre los actos de tortura. Primero, es menester indicar que en autos obra la diligencia practicada por Hugo Mercado Bautista, Actuario Judicial adscrito a este órgano de control constitucional, de la que se advierte que a las cuatro horas con trece minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, acudió a las instalaciones del Hospital de Traumatología y Ortopedia "Doctor Rafael Moreno Valle", a fin de localizar al directo quejoso, dando fe de lo siguiente: ( Que el quejoso directo sí ratifico la demanda de amparo promovida a su favor; ( Que el quejoso directo no había tenido comunicación alguna con sus familiares ni con su abogado, al no acordarse de algún número telefónico para realizar alguna llamada; ( Que sí sabía el motivo de su detención; ( Que el quejoso directo no presentó golpes, moretones ni muestras de maltrato, sólo una herida que -el quejoso refirió- fue ocasionada por un impacto de bala (pie izquierdo) al momento de su detención; ( Que el quejoso directo se encontraba en buenas condiciones, pues se le estaba suministrando medicamento y lo revisaban constantemente; ( Que las instalaciones en donde se ubicaba se encontraban en buen estado y limpias, con área ventilada y, además, se le proporcionaba asistencia médica; y, ( Que el quejoso señaló al promovente Fidel Martínez Lezama como su abogado para representarlo en el presente controvertido constitucional. Asimismo, en autos de la carpeta de investigación de origen, se encuentran agregadas diversas constancias que avalan que la herida causada al quejoso fue por proyectil de arma de fuego (pie izquierdo) -ver receta médica de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, expedida por el médico Guillermo Ramón Gutiérrez Grajales del Hospital de Traumatología y Ortopedia "Doctor Rafael Moreno Valle" -; la cual, según el acta de aviso al ministerio público y puesta a disposición, se provocó para repeler la agresión con arma de fuego que dicho quejoso efectuó en contra de los agentes aprehensores. En ese tenor, se colige que el quejoso no presentó lesiones o huellas de maltrato provocadas por actos de tortura y que la lesión por proyectil disparado con arma de fuego le fue ocasionada por los elementos aprehensores para repeler la agresión de la que eran objeto al momento de detenerlo materialmente, tal como se desprende del acta de aviso al ministerio público antes mencionada y del dicho del propio quejoso. Por tanto, se estima que la lesión que, en su caso, le fue provocada por los agentes policiacos, derivó del uso de la fuerza pública empleada por éstos al momento de su detención; lo cual, no puede considerarse como un acto de tortura propiamente, pues dicha fuerza -al momento de los hechos- se pudo justificar por parte de los elementos de seguridad para lograr la detención del citado quejoso y para asegurar su integridad física, considerando que eran atacados por el quejoso con un arma de fuego, de lo contrario se estaría hablando de un delito de abuso de autoridad, que se puede denunciar ante las autoridades ministeriales correspondientes. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en directo en revisión 3153/2014, sostuvo las siguientes consideraciones de interés respecto al uso de la fuerza pública: ( Que el artículo 19, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula el derecho fundamental de toda persona a no recibir mal trato durante las aprehensiones o detenciones. ( Que también el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho de toda persona a la libertad y seguridad personales y protege el derecho a no ser privado de la libertad de manera ilegal o arbitraria. ( Que en un contexto donde las fuerzas policiales realizan una detención, el uso de la fuerza pública debía ser limitado y ceñirse al cumplimiento estricto de los siguientes parámetros esenciales: 1) Legitimidad, que se refiere tanto a la facultad de quien la realiza como a la finalidad de la medida, es decir, que la misma sea inherente a las actividades de ciertos funcionarios para preservar el orden y la seguridad pública, pero únicamente puede ser utilizada en casos muy específicos y cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen el logro del resultado. 2) Necesidad, que supone el que la fuerza pública debe ser utilizada solamente cuando sea absolutamente necesaria, pero deben agotarse previamente los medios no violentos que existan para lograr el objetivo que se busca, de manera que sólo opere cuando las alternativas menos restrictivas ya fueron agotadas y no dieron resultados, en función de las respuestas que el agente o corporación deba ir dando a los estímulos que reciba, por lo que es preciso verificar si la persona que se pretende detener representa una amenaza o un peligro real o inminente para los agentes o terceros. 3) Idoneidad, que implica su uso como el medio adecuado para lograr la detención. 4) Proporcionalidad, que exige la existencia de una correlación entre la usada y el motivo que la detona, pues el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido; así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza según corresponda. ( Que las detenciones en que las autoridades emplean la fuerza pública, los funcionarios encargados de aplicarla deben respetar determinados derechos y garantías para considerar que actúan dentro de un marco de legalidad, de modo que aquélla no implique una violación del derecho a la integridad personal del detenido. ( Que las limitaciones a ese derecho deben ser fundamentadas de manera adecuada y absolutamente excepcionales, en las que en todo momento deben respetarse los siguientes deberes: a) El empleo de la fuerza estrictamente necesaria para el fin buscado debe realizarse con pleno respeto a los derechos humanos del detenido; b) Los funcionarios facultados para llevar a cabo la detención deben estar debidamente identificados; c) Deben exponerse las razones de la detención, lo cual incluye no sólo el fundamento legal general del aseguramiento sino también la información de los suficientes elementos de hecho que sirvan de base a la denuncia, como el acto ilícito comentado y la identidad de la presunta víctima; en ese sentido, por razones se entiende la causa oficial de la detención y no las motivaciones subjetivas del agente que la realiza; d) Debe establecerse claramente bajo la responsabilidad de cuáles agentes es privado de la libertad el detenido, lo cual impone una clara cadena de custodia; e) Debe verificarse la integridad personal o las lesiones de la persona detenida; y, f) Debe constar en un documento la información completa e inmediata de la puesta a disposición del sujeto detenido ante la autoridad que debe calificar su detención. En ese sentido, el uso de la fuerza empleado no puede considerarse como un acto de tortura propiamente sino -en su caso- como un medio para lograr la detención de las personas que intervinieron en hechos con apariencia de delito y para salvaguardar la vida y la salud de los agentes aprehensores y de las personas que se encuentren en ese momento, por lo que de estimar que esa fuerza no cumplió con los elementos de legitimidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad, se puede denunciar el delito de abuso de autoridad y los que deriven ante la autoridad correspondiente y se puede hacer valer el alegato correspondiente al momento del control de la detención ante la autoridad judicial; de modo que si ésta aprecia que se violaron derechos humanos de los detenidos, por un uso desmedido de la fuerza pública, podrá ordenarse su libertad siempre que con ello se desvirtúen los datos de prueba que pesen en contra del imputado. No se desatiende que el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, señala que la tortura es todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin y que también será tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No obstante ello, -se insiste- si la lesión infligida al quejoso se dio con motivo de la fuerza pública que aplicaron los agentes policiacos para detenerlo, no se puede calificar como un acto de tortura sino en todo caso como un uso de fuerza desmedida que podrá o pudo repercutir en la legalidad de su detención; estimar lo contrario, implicaría sostener que cualquier detención en los que se aplique la fuerza pública equivaldría a un acto de tortura. En tales condiciones, se considera que no se acreditó la existencia del acto de tortura reclamado. 2. Sobre la incomunicación. Respecto de la incomunicación combatida por el quejoso, debe señalarse que si bien éste hizo saber al actuario de la adscripción que no había tenido comunicación alguna con sus familiares ni con su abogado, lo cierto es que ello derivó de que, en ese momento, no se acordaba de algún número telefónico para realizar alguna llamada y no en razón de que estuviera incomunicado; aunado a ello, en el nosocomio en el cual fue localizado, tuvo atención médica por parte de los médicos de la institución -tal como se asentó en la diligencia-, lo cual significa que no estuvo en un estado de incomunicación. Además, dentro de la indagatoria obra una diligencia de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en donde Luis Genaro Guzmán Granados, defensor público, acudió al nosocomio en donde el quejoso se encontraba internado a fin de entrevistarse con él; ello, en cumplimiento a una solicitud formulada por el ministerio público. Entonces, de las probanzas que obran en autos no se aprecia que se le negara comunicación alguna; de ahí que no se encuentre probada la existencia de ese acto reclamado. 3. Conclusión final. En tales condiciones, al no haberse demostrado que existieron la incomunicación y la tortura, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio respecto de tales actos. Apartado B. Existencia de la detención y retención del quejoso. La autoridad responsable 3. María Luisa del Pilar Aparicio Solano, Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos de Alta Incidencia -en su denominación correcta- negó la existencia de la detención y retención del quejoso; sin embargo, en su propio informe realizó manifestaciones que evidencian la certeza de tales actos, por lo que se desvirtúa la negativa asentada. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de la carpeta de investigación con número de terminación 004305/2021 -valorada en líneas precedentes- se desprende lo siguiente: ( Que el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, el quejoso Emmanuel Hernández Rojas fue detenido en flagrancia por su probable participación en hechos con apariencia de los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con fines de suministro de cristal y marihuana, ataques peligrosos, delitos cometidos contra funcionarios públicos y daño en propiedad ajena doloso. ( Que a la primera hora con veinte minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la fiscal responsable ratificó la detención y ordenó la retención del referido quejoso. En ese sentido, se tiene por desvirtuada la negativa asentada. De ahí que, para efectos del presente juicio, se tengan por ciertos los actos apuntados en este apartado. Cuarto. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La carpeta de investigación de la que derivan los actos reclamados que se tuvieron por ciertos, se tramitan conforme al nuevo sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que les son aplicables las disposiciones que regulan a este nuevo sistema. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad de los actos reclamados se debe atender al texto reformado el 18 de junio de 2008, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código Nacional del Procedimientos Penales. Quinto. Procedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. A mayor abundamiento, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Por ende, este juzgado procede al estudio de la causal de improcedencia que se advierte de oficio por cuanto a la detención y retención del quejoso, dentro de la carpeta de investigación con número de terminación 004305/2021. * Cesación de efectos. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional. En ese sentido, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) por revocación y b) por sustitución, las cuales no son excluyentes entre sí, es decir, ambas se pueden materializar en un mismo caso fáctico. El primer supuesto, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. En ese tenor, de las constancias relativas a la carpeta de investigación de origen -valoradas anteriormente- y de las inherentes a la causa penal 828/2021/PUEBLA, las cuales también tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, por tratarse de documentales públicas, se advierten los siguientes datos: 1. El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, el quejoso Emmanuel Hernández Rojas fue detenido en flagrancia por su probable participación en hechos con apariencia de los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con fines de suministro de cristal y marihuana, ataques peligrosos, delitos cometidos contra funcionarios públicos y daño en propiedad ajena doloso. 2. A la primera hora con veinte minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la fiscal responsable ratificó la detención y ordenó la retención del referido quejoso. 3. Mediante oficio sin número/2021 de veinte de marzo de dos mil veintiuno, la representación social solicitó al Juez de Control en Turno de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, fijar hora y fecha para la celebración de la audiencia de control de detención y formulación de la imputación de los hechos investigados en la carpeta de investigación con número de terminación con número de terminación 004305/2021. 4. En audiencia de veintiuno de marzo de dos mil veintiuno, celebrada dentro de la causa penal 828/2021/PUEBLA, Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla -autoridad no responsable-, calificó de legal la detención del quejoso, por su probable participación en los hechos con apariencia de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, previsto y sancionado por los artículos 11, inciso d), y 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con los diversos 7, 9 y 13, fracción II, del Código Penal Federal; portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado por los artículos 162 del Código Penal Federal, 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con los diversos 7, 9 y 13, fracción II, del Código Penal Federal; contra la salud en su modalidad de menudeo con fines de suministro de cristal y marihuana, previsto y sancionado por los artículos 473, fracciones I, V, VI, VII y VIII, 474, 476 y 479 de la Ley General de Salud, en relación con los diverso 9 y 13, fracción I, del Código Penal Federal; y, delitos contra funcionarios públicos y ataques peligrosos, previstos y sancionados por los artículos 207 y 344, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código penal del Estado de Puebla. De lo narrado, primero es dable concluir que los efectos de la detención y retención reclamadas han cesado, ya que fueron sustituidas por la determinación de la jueza en calificar de legal la detención del quejoso Emmanuel Hernández Rojas en la audiencia de control. Al respecto, el artículo 131, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, faculta al agente del ministerio público para ordenar la detención y la retención del imputado cuando resulte procedente en los términos que establece el propio código. Por su parte, el diverso numeral 308 del referido ordenamiento legal, establece que inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. En dicha audiencia, el fiscal deberá justificar las razones de la detención y el Juez procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en el código. De modo que la detención y retención efectuadas en la carpeta de investigación ya no tienen eficacia jurídica, tomando en consideración que el nuevo procedimiento penal contempla una resolución en la que el juez de control deberá convalidar o no tales actos, sustituyéndolos procesalmente sin importar el sentido de tal determinación. Ciertamente, la improcedencia que se comenta se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es precisamente el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte inconforme en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. De ahí que si tales actos, así como sus efectos jurídicos, han sido sustituidos o destruidos, se patentiza la imposibilidad de cristalizar una posible concesión de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo indirecto, por cuanto a la detención y retención del quejoso, dentro de la carpeta de investigación con número de terminación 004305/2021. Atento a lo anterior, el suscrito juzgador Federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación formulados en contra de los citados actos en la presente contienda constitucional, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide el pronunciamiento sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Séptimo. Notificación a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar electrónicamente al quejoso la presente sentencia, por conducto de Fidel Martínez Lezama -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-, quien tiene autorizado el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se le realicen de forma electrónica. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 61, 63 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Emmanuel Hernández Rojas, contra los actos, autoridades y por los motivos precisados en los considerandos segundo, tercero, Apartado A, y quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando penúltimo de este fallo. Notifíquese electrónicamente al quejoso Emmanuel Hernández Rojas, por conducto de Fidel Martínez Lezama -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla -autoridad no responsable- y, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado por acuerdo dictado el doce de abril pasado, pues para tal efecto remite copia certificada de la carpeta judicial administrativa 828/2021/PUEBLA y los registros de audio y video de la audiencia inicial celebrada el veintiuno de marzo de dos mil veintiuno y su continuación desahogada el veinticinco de marzo siguiente, en la referida carpeta judicial administrativa. En consecuencia, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas las documentales remitidas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno. Respecto a los discos versátiles digitales que remite, no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica de prueba documental pública, la cual se tiene por desahogada por su especial naturaleza. Guárdense en sobre cerrado los discos ópticos que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora bien, autos se aprecia que no transcurrirán los ocho días que deben mediar entre la vista otorgada a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables 3. María Luisa del Pilar Aparicio Solano, Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos de Alta Incidencia -en su denominación correcta-, 4. Subdelegado Sustantivo en Funciones de Fiscal de Averiguaciones Previas, Procesos y Coordinador de Juicios de Amparo de la Fiscalía General de la República, Delegación Estatal Puebla -en su denominación correcta- y 6. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, a través de su representante -en su denominación correcta- (acordados en autos de nueve y doce de abril del actual), y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, la audiencia constitucional que debería tener verificativo para las nueve horas con treinta minutos del veintidós de abril del actual se difiere anticipadamente, y se señala como nueva fecha para su celebración las doce horas con dos minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Notifíquese electrónicamente al quejoso Emmanuel Hernández Rojas, por conducto de Fidel Martínez Lezama -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-; y, por lista a las demás partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de abril de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos, únicamente para que obren como correspondan, los informes justificados rendidos por la autoridad responsable 1. Fiscal General del Estado de Puebla -por conducto de su representante- recibidos vía correo institucional; sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno, toda vez que mediante proveído de siete de abril pasado, se tuvo por recibido el mismo -al cual correspondió el registro 5952- y se acordó lo conducente. Cúmplase.

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