FERNANDO URBANO CASTILLO PACHECO y Otros.
Expediente 268/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 268/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- FERNANDO URBANO CASTILLO PACHECO y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos se advierte que ha fenecido el término de cinco días que mediante auto de prevención de trece de marzo de dos mil diecisiete se concedió a la parte quejosa para desahogar el requerimiento formulado en dicho acuerdo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en la citada determinación y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de derechos fundamentales con la que se formó este expediente, al no haber dado cumplimiento el requerimiento realizado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, la razón asentada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, de cuyo contenido se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el acuerdo de trece de marzo de dos mil diecisiete, en el domicilio que señaló como la casa marcada con el setecientos nueve de la calle Trece Oriente, en la ciudad de Puebla, pues al constituirse en la mencionada calle pudo advertir que la numeración no coincide, esto es, inicia con números pares, ya que las calles entre las que se encuentra son Dos Sur, Cuatro Sur, Seis Sur, Ocho Sur y así sucesivamente; por tanto, en la multicitada avenida no existe la numeración setecientos nueve ni subsecuentes. En consecuencia, al encontrarse ante una imposibilidad de carácter permanente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele el referido auto de trece de marzo del año que transcurre por lista de acuerdos y, en lo sucesivo, háganse a dicha parte todas las notificaciones, incluso las personales, por ese medio. EL AUTO DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, EN LO CONDUCENTE DICE: "San Andrés Cholula, Puebla, trece de marzo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 268/2017-D. Ahora bien, antes de proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 y 114, fracción II, en relación con el diverso 108, fracción V, todos de la Ley de Amparo vigente, se requiere al promovente Adrián Rivera Montes para que dentro del término de cinco días, computado legalmente, dé cumplimiento a lo siguiente: a) Manifieste la causa penal o averiguación previa en la que tiene el carácter de defensor particular del directo quejoso Fernando Urbano Castillo Pacheco. Lo anterior, en virtud de que el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone que en la demanda de amparo deben narrarse los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Por su parte, el diverso 114, fracción II de la Ley de Amparo vigente, establece que la demanda será motivo de prevención cuando no se cumplan con los requisitos del artículo 108 de dicha legislación. Entonces, toda vez que Adrián Rivera Montes se ostenta como defensor particular de Fernando Urbano Castillo Pacheco para reclamar a las autoridades responsables 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, 2. Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, 3. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, 4. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, 5. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, 6. Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, 7. Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, 8. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, 9. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, 10. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, 11. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, 12. Director de Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 13. Fiscal General del Estado de Puebla, las órdenes de búsqueda, aprehensión, detención o reaprehensión librada en contra de Fernando Urbano Castillo Pacheco, y su ejecución, se presume que el directo quejoso lo designó con tal carácter en un proceso penal o averiguación previa. Consecuentemente, se requiere a la parte promovente para que en el término indicado (cinco días), proporcione los datos de identificación del procedimiento penal del que se desprenda la personalidad de Adrián Rivera Montes como defensor particular de Fernando Urbano Castillo Pacheco; asimismo, bajo protesta de decir verdad, manifieste si de dicho procedimiento emanan los actos aquí reclamados. Sin que sea obstáculo lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Amparo vigente, que establece: Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribunal que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión. Pues, no obstante que de la interpretación del citado numeral se obtiene que para dar trámite a la demanda de amparo indirecto en materia penal, bastará con el hecho de que el defensor, bajo protesta de decir verdad, manifieste que tiene tal carácter, lo cierto es que del análisis realizado a la demanda de amparo se puede advertir que son diversas las autoridades que el promovente señala como responsables y que les imputa la orden de búsqueda, aprehensión, detención o reaprehensión librada en contra de Fernando Urbano Castillo Pacheco, sin especificar el procedimiento penal en el que tiene reconocido el carácter de defensor particular a efecto de que esta autoridad dé seguimiento al trámite previsto en el aludido artículo 14 de la ley de la materia, esto es, requiera al juez o tribunal que conozca del asunto para que remita la certificación en la que conste la personalidad con la que se ostenta el promovente. Aunado a lo anterior, resulta un hecho notorio para la suscrita Jueza Federal, el cual se invoca con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en el diverso juicio de amparo 64/2017-D del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Miguel Ángel López Díaz, quien también se ostentó como defensor particular de Fernando Urbano Castillo Pacheco, se tuvo como autoridad responsable al Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, a quien se le reclamó la orden de búsqueda, aprehensión, detención o reaprehensión librada en contra de Fernando Urbano Castillo Pacheco. Autoridad que, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la orden de reaprehensión dictada en contra de Fernando Urbano Castillo Pacheco dentro del proceso 494/2005 de su índice, informando además que el citado profesionista no era su defensor particular en esa causa de origen; por lo que, en el referido juicio constitucional se requirió al directo quejoso para que manifestara si era su deseo o no ratificar la demanda de garantías promovida en su nombre, a lo que manifestó que no ratificaba dicha demanda de amparo y, por ende, la misma se tuvo por no interpuesta, dejando sin efectos las providencias dictadas en ese sumario. En mérito de lo expuesto y, al ser omisa la demanda de amparo en los aspectos precisados, procede realizar la presente prevención a fin de que el promovente cumpla con los requisitos omitidos en su demanda de derechos fundamentales. En la inteligencia de que, la parte promovente deberá presentar el escrito aclaratorio en el que dé cumplimiento a esta prevención en original y con las copias suficientes en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, para ser distribuidas de la manera siguiente: una para la autoridad señalada como responsable y una más para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido se indican a continuación: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento íntegro a la presente prevención en el término indicado (cinco días), se proveerá de conformidad con lo dispuesto en el citado numeral 114 de la Ley de Amparo; esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Igualmente, signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, el escrito aclaratorio que al efecto presente deberá ser signado por él mismo, y no por autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su demanda de amparo, y por autorizadas con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial."
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