Fernando Urbano Castillo Pacheco
Expediente 407/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 407/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Fernando Urbano Castillo Pacheco
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto veintidós de mayo de dos mil diecinueve (foja 30), en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo de referencia (1/2009).
- Principal
(publicación aviso) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 22 DE MAYO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido al quejoso Fernando Urbano Castillo Pacheco, a través de su apoderado legal Alejandro Castillo Pacheco, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le formuló el siete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 15 a 21), sin que lo haya hecho, a pesar de encontrarse debidamente notificado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haberse dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, siete de mayo de dos mil diecinueve. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 407/2019-B, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. Sin que pase desapercibido para este Juez de Distrito, que la demanda de garantías no cuenta con firma autógrafa del promovente; sin embargo al contar con la Firme Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la cual es equiparable a un documento de identidad y en consecuencia, cuenta con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE Cabe precisar que el promovente Alejandro Castillo Pacheco, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, acredita la personalidad con la que se ostenta, con la copia digitalizada del instrumento notarial número cincuenta y dos mil quinientos treinta y siete, volumen seiscientos diecisiete, pasado ante la fe de la Notaría Pública número cuatro, de la ciudad de Puebla, del que se advierte que Fernando Urbano Castillo otorgó mandato general y especial para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de riguroso dominio limitado a favor de Alejandro Castillo Pacheco; razón por la cual, se tiene por reconocida la personalidad con la que se ostenta. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se citan: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido en los artículos 108, fracción V y 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: PRIMERO. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, la totalidad de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto que reclama. Lo anterior es así, ya que del apartado correspondiente únicamente se aprecia la siguiente manifestación: "Primero. Que se siguió en contra de mi poderdante el proceso penal 142/2012, de la estadística del Juzgado Quinto Penal de Puebla, en el que se le consideró plenamente responsable de la comisión del delito de Fraude Específico, dictándose sentencia condenatoria en su contra. Segundo. Que inconforme con dicha sentencia, mi poderdante interpuso Recurso de Apelación en contra de la misma, el cual se radicó en el toca 1017/2016 del índice de la responsable y por auto de doce de abril de esta anualidad se concedió un término de tres días para que la parte apelante ofreciera pruebas. Tercero. Que a pesar de que ha transcurrido el término mencionado en el punto que antecede, la respónsale ha incumplido con su obligación de señalar fecha para la celebración de la audiencia de vista de la apelación y notificarlo a las partes. " De la anterior transcripción se advierte que el promovente de amparo omitió realizar una narración clara de los sucesos que dieron origen a la omisión que por esta vía reclama, pues no manifestó la fecha en que interpuso el recurso de apelación respectivo, si alguna de las partes ofreció pruebas dentro del término concedido para tal efecto, o si se mandaron a reparar violaciones al procedimiento, tal y como lo establece el artículo 294 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla; y, si bien refiere que se le dio un término de tres días para ofrecer pruebas, no manifestó si las ofreció. Luego, para dar cumplimiento al anterior requerimiento el promovente deberá narrar bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo SEGUNDO. Bajo protesta de decir verdad indique la fecha en la que se le notificó (tanto a él, como a su contraparte dentro del toca de apelación 1017/2016, del índice de la Tercera Sala en Materia Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla) el auto de doce de abril de dos mil diecinueve, o como tuvo conocimiento del mismo y de la fecha de notificación a su contraparte. Ello es así, pues en el capítulo en el que señala los hechos, indicó que se concedió el doce de abril de esta anualidad un término de tres días para que la parte apelante ofreciera pruebas; pero no manifestó la fecha de su notificación o cuando tuvo conocimiento de la misma, circunstancia que resulta necesaria para analizar sobre la procedencia o no de la demanda de cuenta. En tales condiciones, el quejoso deberá manifestar bajo protesta de decir verdad la fecha en la que se le notificó (tanto a él, como a su contraparte dentro del toca de apelación 1017/2016, del índice de la Tercera Sala en Materia Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla) el auto de doce de abril de dos mil diecinueve, pues de esa manera esta autoridad podrá considerar si se trata efectivamente de una dilación procesal por parte de la autoridad responsable para señalar la fecha para la celebración de la audiencia de vista correspondiente. En tales condiciones, deberá aclarar tal tópico, pues como ya se dijo, es obligación de la parte inconforme manifestar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo cual debe hacer con sujeción a la verdad sin afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con la demanda de amparo que se estudia. Hágase del conocimiento del quejoso que la presente prevención es con el fin de que subsane las irregularidades ya precisadas, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente que, de no dar cumplimiento integral a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, el indicado en su escrito de demanda, donde se realizarán las notificaciones a que se refiere el artículo 26 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Así mismo, con base en lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, así como en lo preceptuado en los numerales 79, 80, 81, 82, 96, 97, 98, 99 y100 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, realícense las notificaciones a la parte promovente de manera electrónica. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 57 del acuerdo en conjunto aludido, o bien, tendrán que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado, Hugo Mercado Bautista, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. AUTORIZADOS. Se hace constar que el promovente no designó autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de mayo de dos mil diecinueve. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 407/2019-B, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. Sin que pase desapercibido para este Juez de Distrito, que la demanda de garantías no cuenta con firma autógrafa del promovente; sin embargo al contar con la Firme Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la cual es equiparable a un documento de identidad y en consecuencia, cuenta con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE Cabe precisar que el promovente Alejandro Castillo Pacheco, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, acredita la personalidad con la que se ostenta, con la copia digitalizada del instrumento notarial número cincuenta y dos mil quinientos treinta y siete, volumen seiscientos diecisiete, pasado ante la fe de la Notaría Pública número cuatro, de la ciudad de Puebla, del que se advierte que Fernando Urbano Castillo otorgó mandato general y especial para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de riguroso dominio limitado a favor de Alejandro Castillo Pacheco; razón por la cual, se tiene por reconocida la personalidad con la que se ostenta. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se citan: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido en los artículos 108, fracción V y 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: PRIMERO. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, la totalidad de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto que reclama. Lo anterior es así, ya que del apartado correspondiente únicamente se aprecia la siguiente manifestación: "Primero. Que se siguió en contra de mi poderdante el proceso penal 142/2012, de la estadística del Juzgado Quinto Penal de Puebla, en el que se le consideró plenamente responsable de la comisión del delito de Fraude Específico, dictándose sentencia condenatoria en su contra. Segundo. Que inconforme con dicha sentencia, mi poderdante interpuso Recurso de Apelación en contra de la misma, el cual se radicó en el toca 1017/2016 del índice de la responsable y por auto de doce de abril de esta anualidad se concedió un término de tres días para que la parte apelante ofreciera pruebas. Tercero. Que a pesar de que ha transcurrido el término mencionado en el punto que antecede, la respónsale ha incumplido con su obligación de señalar fecha para la celebración de la audiencia de vista de la apelación y notificarlo a las partes. " De la anterior transcripción se advierte que el promovente de amparo omitió realizar una narración clara de los sucesos que dieron origen a la omisión que por esta vía reclama, pues no manifestó la fecha en que interpuso el recurso de apelación respectivo, si alguna de las partes ofreció pruebas dentro del término concedido para tal efecto, o si se mandaron a reparar violaciones al procedimiento, tal y como lo establece el artículo 294 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla; y, si bien refiere que se le dio un término de tres días para ofrecer pruebas, no manifestó si las ofreció. Luego, para dar cumplimiento al anterior requerimiento el promovente deberá narrar bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo SEGUNDO. Bajo protesta de decir verdad indique la fecha en la que se le notificó (tanto a él, como a su contraparte dentro del toca de apelación 1017/2016, del índice de la Tercera Sala en Materia Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla) el auto de doce de abril de dos mil diecinueve, o como tuvo conocimiento del mismo y de la fecha de notificación a su contraparte. Ello es así, pues en el capítulo en el que señala los hechos, indicó que se concedió el doce de abril de esta anualidad un término de tres días para que la parte apelante ofreciera pruebas; pero no manifestó la fecha de su notificación o cuando tuvo conocimiento de la misma, circunstancia que resulta necesaria para analizar sobre la procedencia o no de la demanda de cuenta. En tales condiciones, el quejoso deberá manifestar bajo protesta de decir verdad la fecha en la que se le notificó (tanto a él, como a su contraparte dentro del toca de apelación 1017/2016, del índice de la Tercera Sala en Materia Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla) el auto de doce de abril de dos mil diecinueve, pues de esa manera esta autoridad podrá considerar si se trata efectivamente de una dilación procesal por parte de la autoridad responsable para señalar la fecha para la celebración de la audiencia de vista correspondiente. En tales condiciones, deberá aclarar tal tópico, pues como ya se dijo, es obligación de la parte inconforme manifestar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo cual debe hacer con sujeción a la verdad sin afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con la demanda de amparo que se estudia. Hágase del conocimiento del quejoso que la presente prevención es con el fin de que subsane las irregularidades ya precisadas, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente que, de no dar cumplimiento integral a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, el indicado en su escrito de demanda, donde se realizarán las notificaciones a que se refiere el artículo 26 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Así mismo, con base en lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, así como en lo preceptuado en los numerales 79, 80, 81, 82, 96, 97, 98, 99 y100 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, realícense las notificaciones a la parte promovente de manera electrónica. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 57 del acuerdo en conjunto aludido, o bien, tendrán que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado, Hugo Mercado Bautista, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. AUTORIZADOS. Se hace constar que el promovente no designó autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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