Fernando Urbano Castillo Pacheco
Expediente 502/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 31/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Fernando Urbano Castillo Pacheco
- FERNANDO URBANO CASTILLO PACHECO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de de junio de dos mil dieciocho, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió (en parte) la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden), con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 502/2018-D, promovido por Fernando Urbano Castillo Pacheco, a través de su apoderado legal Alejandro Castillo Pacheco, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando tercero, en términos de los diversos tercero punto I y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Incidental
En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con veinticinco minutos del doce de junio de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 502/2018-D (foja 20 vuelta), María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistida de la Secretaria María del Carmen Ortega Reguera, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo presentada por Fernando Urbano Castillo, a través de su apoderado legal Alejandro Castillo Pacheco (fojas 2 a 8), escrito aclaratorio (foja 16), y auto de cuatro de junio de dos mil dieciocho (suspensión provisional, fojas 18 a 22). A lo anterior, la jueza acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que la secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y la jueza de Distrito acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no exhibió pedimento. A lo anterior, la jueza acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 502/2018-D, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Fernando Urbano Castillo, a través de su apoderado legal Alejandro Castillo Pacheco; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de cuatro de junio de dos mil dieciocho, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Fernando Urbano Castillo, a través de su apoderado legal Alejandro Castillo Pacheco, se requirieron los informes previos a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional . SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: a) La omisión por parte de la responsable de dictar sentencia en el toca de apelación 1017/2016. b) La prolongación de la prisión preventiva del quejoso, derivada del proceso penal 142/2012. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridades responsables. Sentido del informe. Foja 1 TERCERA SALA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. ACEPTA 31 2 JUZGADO QUINTO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA NIEGA 33 CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Respecto de omisión por parte de la Sala responsable de dictar sentencia de apelación en el toca 1017/2016, se niega la suspensión definitiva solicitada, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se exponen: Para efectos de la suspensión dentro del juicio de garantías se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Por tanto, si tomamos en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante la abstención de la autoridad a actuar de determinada manera, como ocurre con el acto reclamado, pues si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que se solicite la suspensión; y, 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravenga disposiciones de orden público; también lo es que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, lo que no ocurre en el caso, pues los actos reclamados por la parte quejosa son actos negativos, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que, como se dijo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender". QUINTO. Procedencia de la medida cautelar. Ahora bien, el 2. Juez Quinto de lo Penal de la Ciudad de Puebla, negó el acto que se le imputa consistente en la prolongación de la prisión preventiva del quejoso, derivada del proceso penal 142/2012, de su estadística, sin embargo dicha negativa se desvirtúa, pues del informe previo rendido por dicha autoridad se advierte que el veintiuno de agosto de dos mil quince, dentro de la causa penal 142/2012, de su índice, dictó sentencia condenatoria en contra del aquí quejoso Fernando Urbano Castillo, como responsable de la comisión del delito de fraude especifico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV y 404, fracción I, del Codigo Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Jorge Arcos Salazar y otros. En tales condiciones, procede desvirtuar la negativa del 2. Juez Quinto de lo Penal de la Ciudad de Puebla, y se tiene por cierto el acto atribuido al mismo, consistente en la prolongación de la prisión preventiva del aquí quejoso, derivada del proceso penal 142/2012, de su estadística. Por tanto, toda vez que el quejoso se encuentra recluido, con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este Juzgado de Distrito únicamente por lo que respecta a su libertad personal (en el lugar en que se encuentra recluido), y a disposición del Juez de la causa por lo que hace a la continuación del procedimiento, esto hasta que se resuelva en definitiva el juicio principal del que deriva la presente incidencia. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Fernando Urbano Castillo, a través de su apoderado legal Alejandro Castillo Pacheco, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por la autoridad responsable ahí indicada. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Fernando Urbano Castillo, a través de su apoderado legal Alejandro Castillo Pacheco, en términos del considerando quinto de esta interlocutoria y por la autoridad responsable ahí indicada.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de junio de dos mil dieciocho. Agréguense a los presentes autos los INFORMES JUSTIFICADOS rendidos por las autoridades responsables 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, y 2. Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional. En ese orden, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119, ambos de la Ley de Amparo, téngase a la 2. Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que acompaña al oficio de cuenta, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, téngase con el carácter de autoridades terceras interesadas a los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y Juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la citada Ley, se ordena su emplazamiento al presente juicio constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándoles copia autorizada de la demanda de amparo, y del auto admisorio.
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