Fernando Urbano Castillo Pacheco

Expediente 954/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
954/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Fernando Urbano Castillo Pacheco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 954/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Fernando Urbano Castillo Pacheco; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado electrónicamente el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Fernando Urbano Castillo Pacheco solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla (Francisco Marroquín Arredondo), y otras autoridades. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que estimó pertinente y señaló como derechos fundamentales y garantías, violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, se registró la demanda promovida por Fernando Urbano Castillo Pacheco, con el número de juicio de amparo indirecto 954/2021; y, se previno al referido quejoso para que precisara lo siguiente: "ÚNICO. Manifieste con exactitud cuáles son los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Jueces de Control, adscritos al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla; así como los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial, de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, en su carácter de Jueces de Control, que señala como autoridades responsables, toda vez que únicamente se limitó a asentar lo siguiente: -Ciudadano Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla. -Ciudadano Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial, de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, en su carácter de Juez de Control." El once de octubre del año en curso, el peticionario de amparo desahogó el requerimiento preventivo; por lo que, en auto de trece de octubre siguiente, se admitió la demanda; se ordenó formar, por separado y duplicado, el incidente de suspensión relativo; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. Por auto de cinco de noviembre del presente año, se señalaron las nueve horas con veintiséis minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades penales judiciales y penales administrativas, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio y de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que, en el caso particular, Fernando Urbano Castillo Pacheco, reclama lo siguiente: - Las órdenes de búsqueda, aprehensión, detención, reaprehensión y presentación dictadas en su contra; y, su ejecución. Lo anterior, con excepción de la orden de reaprehensión librada el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, por el entonces Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en el proceso 494/2005-6, actualmente de la estadística del Juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla; pues en el punto cuarto del capítulo de hechos del escrito inicial de demanda, el quejoso expresamente manifestó que no combate dicha orden de captura, por ser materia de la litis en el diverso juicio de amparo 1756/2016, de la estadística de este órgano jurisdiccional; por lo que, el presente sumario constitucional no se ocupa de dicha orden privativa de libertad. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla (Francisco Marroquín Arredondo). Niega 2 Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Jueza de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla (Marcela Elizabhet García Cante). Niega 3 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla (Marco Antonio Meneses Aguilar). Niega 4 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla (Luis Eduardo Jiménez Martínez). Niega 5 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla (Milton Moctezuma Vega). Niega 6 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla (Francisco Rubén Martínez Íñiguez). Niega 7 a 19 Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales (Daniel Iván Cruz Luna), en representación de las autoridades responsables: Jueces 7. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, 8. Enrique López Criollo, 9. Aarón Hernández Chino, 10. Rosalva Elena Zárate Herrera 11. Javier Vázquez Fernández, 12. Idalia Arciniega Arias, 13. Rosa Aurora Espejel Prado, 14. María Guadalupe Muñoz Pérez, 15. Mirian Huerta Lechuga, 16. Magally Escamilla Rodríguez, 17. Ana Alicia Ponce Frías, 18. José Alvarado Sarmiento Márquez y 19. Karla Ivonne Munguía Olmos, todos de Control de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla. Niega 20 Magistrado Presidente de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Arturo Madrid Fernández). Niega 21 Magistrada Presidenta de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Marcela Martínez Morales). Niega 22 Magistrado Presidente de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (José Octavio Pérez Nava). Niega 23 Magistrado de la Primera Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Joel Daniel Baltazar Cruz). Niega 24 Magistrado de la Segunda Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Arturo Madrid Fernández). Niega 25 Magistrado de la Tercera Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Amador Coutiño Chavarría). Niega 26 Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Amador Coutiño Chavarría). Niega 27 Magistrado de la Quinta Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Alberto Miranda Guerra). Niega 28 Magistrada de la Sexta Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Marcela Martínez Morales). Niega 29 Magistrado de la Séptima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Raymundo Israel Mancilla Amaro). Niega 30 Magistrado de la Octava Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Gabriel Marcos Moreno Gavaldón). Niega 31 Magistrado de la Novena Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (José Octavio Pérez Nava). Niega 32 Juez Primero de lo Penal de Puebla (Luis Fernando Cornejo Huesca). Niega 33 Juez Segundo de lo Penal de Puebla, por conducto de la Secretaria de Acuerdos adscrita ha dicho Juzgado Penal. Niega 34 Juez Tercero de lo Penal de Puebla (Alberto Zenteno Reyes). Niega 35 Juez Cuarto de lo Penal de Puebla (Juan Marcelino Romero de Jesús). Niega 36 Encargado del despacho del Juzgado Quinto de lo Penal de Puebla (Jorge López Sánchez). Reconoce 37 Director General de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla (Fernando Fierro Aldana). Niega 38 Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla (Adán López Cruz). Reconoce 39 Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla (Carlos Hernández Rioja). Niega 40 Encargado del despacho del Centro de Penitenciario de Puebla (Jaime Mendoza Bon). Niega 41 Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Puebla (Bet Nimra Pérez Hernández). Niega Como se advierte de la tabla que antecede, las autoridades responsables 1 a 35, 37 y 39 a 41, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí, que no existan los actos reclamados. Ahora bien, las autoridades responsables: 36. Encargado del despacho del Juzgado Quinto de lo Penal de Puebla (Jorge López Sánchez) y 38. Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (Adán López Cruz), al aclarar sus respectivos informes justificados, reconocieron que el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, en el proceso 494/2005-6, de la estadística del entonces Juzgado Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, actualmente Juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, se libró orden de reaprehensión en contra del quejoso Fernando Urbano Castillo Pacheco, por su probable participación en la comisión del delito de fraude genérico; sin embargo, como se precisó en el considerando segundo de la presente resolución, el citado amparista en el punto cuarto del capítulo de hechos del escrito inicial de demanda manifestó que no es su deseo combatir dicha orden de captura, por materia de diverso juicio de amparo. Por tanto, también son inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables: 36. Encargado del despacho del Juzgado Quinto de lo Penal de Puebla (Jorge López Sánchez) y 38. Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (Adán López Cruz). En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuyen. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Finalmente, no pasan inadvertidas para el suscrito juzgador, las manifestaciones que las siguientes autoridades responsables realizaron al rendir sus informes de ley: 21. Magistrada Presidenta de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Marcela Martínez Morales). - Que en su índice, se encuentra registrado el toca 813/2012, mismo que se formó con motivo del recurso de apelación interpuesto por el aquí amparista en contra del auto de formal prisión de fecha veintinueve de agosto de dos mil doce, pronunciado por el Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, dentro de la causa penal 142/2012, por el delito de fraude específico, cometido en agravio de Jorge Arcos Salazar, Rosa María Eugenia Murguía Pérez y Jorge Arcos Castro; toca en el que, por ejecutoria de veintinueve de noviembre de dos mil doce, dicha Sala confirmó el auto apelado. 22. Magistrados de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. -Que en el toca 1017/2016, de su índice, el aquí quejoso promovió recurso de apelación en contra la sentencia condenatoria de veintiuno de agosto de dos mil quince, dictada por el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en el proceso 142/2012, por el delito de fraude especifico cometido en agravio de Jorge Arcos Salazar y otro, en el cual, mediante resolución de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, dicha Sala modificó la sentencia dictada por el citado juez; y, contra la cual, el aquí peticionario de amparo promovió juicio de amparo directo, conociendo por razón de turno el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, radicándolo bajo el número D-107/2019, el cual se encuentra en trámite. -Que en el toca 1312/2008, de su estadística, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación en contra del auto que concede la caución dictado por el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, dentro del proceso 216/2008, a favor del aquí quejoso; y, que dicha Sala resolvió confirmar aquel proveído mediante resolución de siete de enero de dos mil diecinueve. -Que en el toca 134/2019, de su índice, el demandante constitucional interpuso recurso apelación en contra de la sentencia condenatoria de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en el proceso 193/2011 por el delito de fraude especifico cometido en agravio de Marco Antonio Izcoa Gazal y otro, la cual fue confirmada por dicha Sala mediante resolución de diez de marzo de dos mil veintiuno. 41. Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Puebla (Bet Nimra Pérez Hernández). - Que con el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio número 1812 de cinco de abril de ese mismo año, el Juez Quinto de lo Penal de Puebla, remitió la causa penal 142/2012 instruida en contra del sentenciado -aquí quejoso- como penalmente responsable de la comisión del delito de fraude específico, por haber causado ejecutoria; ordenándose formar y registrar en el libro de gobierno bajo el número de carpeta de ejecución 447/2017/JES/E. - Que en el auto de radicación requirió al aquí quejoso el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada, requiriéndole el pago de la multa equivalente a seiscientos veinticinco días de salario mínimo vigente en la época de comisión del evento; el pago de la reparación del daño material por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 MN) a favor de Jorge Arcos Salazar; el pago de la reparación del daño material por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 MN) a favor de Jorge Arcos Castro; y, la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 MN) a favor de Rosa María Eugenia Murguía Pérez. - Que el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, recibió el oficio número 2801 de la Secretaria de la Tercera Sala Penal, mediante el cual solicitó se remitiera al Tribunal Colegiado en Materia Penal el proceso original 142/2012, en virtud que el aquí amparista promovió juicio de amparo directo, por lo que, se ordenó suspender desde esa fecha el procedimiento de ejecución. En ese contexto, las referidas manifestaciones no desvirtúan en forma alguna las negativas de los actos reclamados, pues a pesar de instruirse diversos procedimientos penales en contra del hoy quejoso, en ninguno de ellos existe orden de captura pendiente de ejecutarse en su contra; por tanto, el sobreseimiento debe prevalecer por los motivos expuestos. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Fernando Urbano Castillo Pacheco, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia; por las autoridades y los motivos expuestos en el diverso tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante la Secretaria Romina Ortiz Avila, quien autoriza y da fe.En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con veintiséis minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas en autos, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de amparo 954/2021, promovido por Fernando Urbano Castillo Pacheco; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, asistido por la Secretaria Romina Ortiz Avila, quien autoriza y da fe, la declaró abierta y procede a su celebración sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan la demanda de amparo y escrito aclaratorio presentados electrónicamente por Fernando Urbano Castillo Pacheco; auto preventivo; acuerdo admisorio; e, informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, la secretaria certifica que transcurrió el plazo de ocho días concedido a las partes para que se impusieran del contenido de los informes justificados, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Ténganse por realizadas la relación de constancias y la certificación que anteceden, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que la secretaria da cuenta con las documentales remitidas por las autoridades responsables, en apoyo a sus correspondientes informes justificados, a saber: a) La ofrecida por la 21. Magistrada Presidenta de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Marcela Martínez Morales), consistente en copia certificada del toca penal 813/2012, de su índice; y, b) La ofertada por la 41. Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Puebla (Bet Nimra Pérez Hernández), consistente en copia certificada de la carpeta de ejecución 447/2017/JES/E, de su índice. El juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relatadas por la secretaria, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; con lo anterior, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no ejercieron ese derecho y que el agente del Ministerio Público Federal adscrito no formuló pedimento. A lo anterior, el juez de Distrito acuerda: se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos y, con fundamento en el artículo 124 de la Ley que rige al juicio de amparo, se da por concluido el periodo de referencia; por lo que, al no existir más promociones que acordar ni pruebas por desahogar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional y, se procede a dictar: S E N T E N C I AV I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 954/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Fernando Urbano Castillo Pacheco; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado electrónicamente el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Fernando Urbano Castillo Pacheco solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla (Francisco Marroquín Arredondo), y otras autoridades. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que estimó pertinente y señaló como derechos fundamentales y garantías, violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, se registró la demanda promovida por Fernando Urbano Castillo Pacheco, con el número de juicio de amparo indirecto 954/2021; y, se previno al referido quejoso para que precisara lo siguiente: "ÚNICO. Manifieste con exactitud cuáles son los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Jueces de Control, adscritos al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla; así como los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial, de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, en su carácter de Jueces de Control, que señala como autoridades responsables, toda vez que únicamente se limitó a asentar lo siguiente: -Ciudadano Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla. -Ciudadano Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial, de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, en su carácter de Juez de Control." El once de octubre del año en curso, el peticionario de amparo desahogó el requerimiento preventivo; por lo que, en auto de trece de octubre siguiente, se admitió la demanda; se ordenó formar, por separado y duplicado, el incidente de suspensión relativo; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. Por auto de cinco de noviembre del presente año, se señalaron las nueve horas con veintiséis minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades penales judiciales y penales administrativas, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio y de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que, en el caso particular, Fernando Urbano Castillo Pacheco, reclama lo siguiente: - Las órdenes de búsqueda, aprehensión, detención, reaprehensión y presentación dictadas en su contra; y, su ejecución. Lo anterior, con excepción de la orden de reaprehensión librada el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, por el entonces Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en el proceso 494/2005-6, actualmente de la estadística del Juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla; pues en el punto cuarto del capítulo de hechos del escrito inicial de demanda, el quejoso expresamente manifestó que no combate dicha orden de captura, por ser materia de la litis en el diverso juicio de amparo 1756/2016, de la estadística de este órgano jurisdiccional; por lo que, el presente sumario constitucional no se ocupa de dicha orden privativa de libertad. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla (Francisco Marroquín Arredondo). Niega 2 Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Jueza de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla (Marcela Elizabhet García Cante). Niega 3 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla (Marco Antonio Meneses Aguilar). Niega 4 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla (Luis Eduardo Jiménez Martínez). Niega 5 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla (Milton Moctezuma Vega). Niega 6 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla (Francisco Rubén Martínez Íñiguez). Niega 7 a 19 Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales (Daniel Iván Cruz Luna), en representación de las autoridades responsables: Jueces 7. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, 8. Enrique López Criollo, 9. Aarón Hernández Chino, 10. Rosalva Elena Zárate Herrera 11. Javier Vázquez Fernández, 12. Idalia Arciniega Arias, 13. Rosa Aurora Espejel Prado, 14. María Guadalupe Muñoz Pérez, 15. Mirian Huerta Lechuga, 16. Magally Escamilla Rodríguez, 17. Ana Alicia Ponce Frías, 18. José Alvarado Sarmiento Márquez y 19. Karla Ivonne Munguía Olmos, todos de Control de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla. Niega 20 Magistrado Presidente de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Arturo Madrid Fernández). Niega 21 Magistrada Presidenta de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Marcela Martínez Morales). Niega 22 Magistrado Presidente de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (José Octavio Pérez Nava). Niega 23 Magistrado de la Primera Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Joel Daniel Baltazar Cruz). Niega 24 Magistrado de la Segunda Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Arturo Madrid Fernández). Niega 25 Magistrado de la Tercera Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Amador Coutiño Chavarría). Niega 26 Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Amador Coutiño Chavarría). Niega 27 Magistrado de la Quinta Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Alberto Miranda Guerra). Niega 28 Magistrada de la Sexta Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Marcela Martínez Morales). Niega 29 Magistrado de la Séptima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Raymundo Israel Mancilla Amaro). Niega 30 Magistrado de la Octava Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Gabriel Marcos Moreno Gavaldón). Niega 31 Magistrado de la Novena Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (José Octavio Pérez Nava). Niega 32 Juez Primero de lo Penal de Puebla (Luis Fernando Cornejo Huesca). Niega 33 Juez Segundo de lo Penal de Puebla, por conducto de la Secretaria de Acuerdos adscrita ha dicho Juzgado Penal. Niega 34 Juez Tercero de lo Penal de Puebla (Alberto Zenteno Reyes). Niega 35 Juez Cuarto de lo Penal de Puebla (Juan Marcelino Romero de Jesús). Niega 36 Encargado del despacho del Juzgado Quinto de lo Penal de Puebla (Jorge López Sánchez). Reconoce 37 Director General de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla (Fernando Fierro Aldana). Niega 38 Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla (Adán López Cruz). Reconoce 39 Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla (Carlos Hernández Rioja). Niega 40 Encargado del despacho del Centro de Penitenciario de Puebla (Jaime Mendoza Bon). Niega 41 Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Puebla (Bet Nimra Pérez Hernández). Niega Como se advierte de la tabla que antecede, las autoridades responsables 1 a 35, 37 y 39 a 41, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí, que no existan los actos reclamados. Ahora bien, las autoridades responsables: 36. Encargado del despacho del Juzgado Quinto de lo Penal de Puebla (Jorge López Sánchez) y 38. Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (Adán López Cruz), al aclarar sus respectivos informes justificados, reconocieron que el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, en el proceso 494/2005-6, de la estadística del entonces Juzgado Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, actualmente Juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, se libró orden de reaprehensión en contra del quejoso Fernando Urbano Castillo Pacheco, por su probable participación en la comisión del delito de fraude genérico; sin embargo, como se precisó en el considerando segundo de la presente resolución, el citado amparista en el punto cuarto del capítulo de hechos del escrito inicial de demanda manifestó que no es su deseo combatir dicha orden de captura, por materia de diverso juicio de amparo. Por tanto, también son inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables: 36. Encargado del despacho del Juzgado Quinto de lo Penal de Puebla (Jorge López Sánchez) y 38. Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (Adán López Cruz). En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuyen. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Finalmente, no pasan inadvertidas para el suscrito juzgador, las manifestaciones que las siguientes autoridades responsables realizaron al rendir sus informes de ley: 21. Magistrada Presidenta de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Marcela Martínez Morales). - Que en su índice, se encuentra registrado el toca 813/2012, mismo que se formó con motivo del recurso de apelación interpuesto por el aquí amparista en contra del auto de formal prisión de fecha veintinueve de agosto de dos mil doce, pronunciado por el Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, dentro de la causa penal 142/2012, por el delito de fraude específico, cometido en agravio de Jorge Arcos Salazar, Rosa María Eugenia Murguía Pérez y Jorge Arcos Castro; toca en el que, por ejecutoria de veintinueve de noviembre de dos mil doce, dicha Sala confirmó el auto apelado. 22. Magistrados de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. -Que en el toca 1017/2016, de su índice, el aquí quejoso promovió recurso de apelación en contra la sentencia condenatoria de veintiuno de agosto de dos mil quince, dictada por el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en el proceso 142/2012, por el delito de fraude especifico cometido en agravio de Jorge Arcos Salazar y otro, en el cual, mediante resolución de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, dicha Sala modificó la sentencia dictada por el citado juez; y, contra la cual, el aquí peticionario de amparo promovió juicio de amparo directo, conociendo por razón de turno el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, radicándolo bajo el número D-107/2019, el cual se encuentra en trámite. -Que en el toca 1312/2008, de su estadística, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación en contra del auto que concede la caución dictado por el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, dentro del proceso 216/2008, a favor del aquí quejoso; y, que dicha Sala resolvió confirmar aquel proveído mediante resolución de siete de enero de dos mil diecinueve. -Que en el toca 134/2019, de su índice, el demandante constitucional interpuso recurso apelación en contra de la sentencia condenatoria de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en el proceso 193/2011 por el delito de fraude especifico cometido en agravio de Marco Antonio Izcoa Gazal y otro, la cual fue confirmada por dicha Sala mediante resolución de diez de marzo de dos mil veintiuno. 41. Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Puebla (Bet Nimra Pérez Hernández). - Que con el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio número 1812 de cinco de abril de ese mismo año, el Juez Quinto de lo Penal de Puebla, remitió la causa penal 142/2012 instruida en contra del sentenciado -aquí quejoso- como penalmente responsable de la comisión del delito de fraude específico, por haber causado ejecutoria; ordenándose formar y registrar en el libro de gobierno bajo el número de carpeta de ejecución 447/2017/JES/E. - Que en el auto de radicación requirió al aquí quejoso el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada, requiriéndole el pago de la multa equivalente a seiscientos veinticinco días de salario mínimo vigente en la época de comisión del evento; el pago de la reparación del daño material por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 MN) a favor de Jorge Arcos Salazar; el pago de la reparación del daño material por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 MN) a favor de Jorge Arcos Castro; y, la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 MN) a favor de Rosa María Eugenia Murguía Pérez. - Que el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, recibió el oficio número 2801 de la Secretaria de la Tercera Sala Penal, mediante el cual solicitó se remitiera al Tribunal Colegiado en Materia Penal el proceso original 142/2012, en virtud que el aquí amparista promovió juicio de amparo directo, por lo que, se ordenó suspender desde esa fecha el procedimiento de ejecución. En ese contexto, las referidas manifestaciones no desvirtúan en forma alguna las negativas de los actos reclamados, pues a pesar de instruirse diversos procedimientos penales en contra del hoy quejoso, en ninguno de ellos existe orden de captura pendiente de ejecutarse en su contra; por tanto, el sobreseimiento debe prevalecer por los motivos expuestos. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Fernando Urbano Castillo Pacheco, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia; por las autoridades y los motivos expuestos en el diverso tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, intégrese a sus autos el INFORME JUSTIFICADO complementario rendido por la autoridad responsable 32. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla (Luis Fernando Cornejo Huesca); por tanto, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. En diverso aspecto, del estado procesal que guardan los autos, concretamente del proveído dictado el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se aprecia que se señalaron las nueve horas con treinta y dos minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que, a efecto de dar oportunidad a que las partes se impongan del informe justificado complementario de cuenta, conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, procede diferirla anticipadamente; y, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese por lista a las partes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio signado por la autoridad responsable 36. Secretario encargado del despacho del Juzgado Quinto de lo Penal de Puebla, a través del cual rinde su informe justificado aclaratorio; sin embargo, no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno al respecto, en virtud que dicho informe se tuvo por rendido el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. CÚMPLASE.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. e.I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 954/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Fernando Urbano Castillo Pacheco, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Fernando Urbano Castillo Pacheco, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional solicitada, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual después de reservarse, sus dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: -Las órdenes de busca, aprehensión, detención, reaprehensión y presentación, giradas en contra de la parte quejosa; así como su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión del acto reclamado, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Previo 1 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla (Francisco Marroquín Arredondo) Negó 2 2. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla (Marcela Elizabhet García Cante) Negó 3 3. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla (Marco Antonio Meneses Aguilar) Negó 4 4. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla (Luis Eduardo Jiménez Martínez) Negó 5 5. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla (Milton Moctezuma Vega) Negó 6 6. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla (Francisco Rubén Martínez Iñiguez) Negó 7 Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado (Daniel Iván Cruz Luna), en contestación a los informes requeridos a los diversos jueces de control 7. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, 8. Enrique López Criollo, 9. Aarón Hernández Chino, 10. Rosalba Elena Zarate Herrera, 11. Javier Vázquez Fernández, 12. Idalia Arciniega Arias, 13. Rosa Aurora Espejel Prado, 14. María Guadalupe Muñoz Pérez, 15. Mirian Huerta Lechuga, 16. Magally Escamilla Rodríguez, 17. Ana Alicia Ponce Frías, 18. José Alvarado Sarmiento Márquez, y 19. Karla Ivonne Munguía Olmos Negó 8 20. Magistrado Presidente de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla Negó 9 21. Magistrada Presidenta de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla Negó 10 22. Magistrados de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla Negó 11 23. Magistrado de la Primera Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla Negó 12 24. Magistrado de la Segunda Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla Negó 13 25. Magistrado de la Tercera Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla Negó 14 26. Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla Negó 15 27. Magistrado de la Quinta Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla Negó 16 28. Magistrada de la Sexta Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla Negó 17 29. Magistrado de la Séptima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Negó 18 30. Magistrado de la Octava Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla Negó 19 31. Magistrado de la Novena Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla Negó 20 32. Juez Primero de lo Penal de Puebla Negó 21 33. Juez Segundo de lo Penal de Puebla Negó 22 34. Juez Tercero de lo Penal de Puebla Negó 23 35. Juez Cuarto de lo Penal de Puebla Negó 24 36. Juez Quinto de lo Penal de Puebla Negó 25 37. Titular de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla Negó 26 38. Titular de la Dirección de Atención a Mandamientos Judiciales Negó 27 39. Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla Negó 28 40. Director del Centro de Penitenciario de Puebla, por conducto de su representante Negó 29 41. Jueza de Ejecución de Sentencias de Puebla Negó CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Las citadas autoridades responsables, al rendir su respectivo informe previo, negaron la existencia de los actos que se les reclaman; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. No pasa inadvertido para el suscrito juzgador, que al rendir su informe previo la autoridad responsable ejecutora 38. Titular de la Dirección de Atención a Mandamientos Judiciales, refirió que es cierto el acto que se le atribuye, ya que tiene conocimiento que el quejoso cuenta con una orden de reaprehensión, dictada dentro de la causa penal 494/2005-6, del índice del por el 36. Juzgado Quinto de lo Penal de Puebla, por el hecho que la ley señala como fraude específico; sin embargo, en el capítulo de hechos de la demanda de amparo, en el punto cuarto refiere el quejoso que dicha orden no es combatida en el presente juicio de amparo, toda vez que se encuentra en trámite el amparo 1756/2016, del índice de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en el que le fue concedida la suspensión definitiva contra la indicada orden de reaprehensión. En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados a las mencionadas autoridades responsables, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución del acto reclamado. De lo anterior se sigue, que al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Fernando Urbano Castillo Pacheco, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades citadas en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.

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