Fernando Rojo Izunza

Expediente 334/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
334/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Fernando Rojo Izunza

Actuaciones

  1. Principal

    PJUICIO DE AMPARO 334/2023-IX. Puebla, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos irreemplazables) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. Se ordena devolver a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, las siguientes constancias: Copias certificadas del toca de apelación XXXXXX, de su índice. Sin que sea necesario solicitar acuse de recibo de las referidas documentales por tratarse de copias. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese por oficio a la autoridad que se devuelve el anexo y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe el oficio con firmas electrónicas del magistrado presidente y del secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, a través del cual informan un acuerdo en el que se declaró firme el proveído de incompetencia legal que había emitido aquél, para conocer de la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por el quejoso XXXXXXXXXX por derecho propio, contra un acto de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Además, remiten el original del juicio de amparo directo D31/2023, y un anexo con copias certificadas del toca de apelación 35/2011, de la sala responsable, de todo lo cual se solicita el acuse de estilo. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. También se instruye librar el oficio de acuse para el citado tribunal colegiado. Se asume la competencia declinada. Conforme a la decisión emitida por el magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, esta juzgadora de tutela se avoca al conocimiento de la demanda presentada por el quejoso Fernando Rojo Izunza por derecho propio, contra un acto de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Ello atiende a que la demanda del quejoso en mención, debe ser tramitada en la vía de amparo indirecto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber al quejoso que de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al quejoso a que cuando le sea posible, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrá consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral de la demanda, permitió detectar como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (única autoridad responsable). Acto reclamado: La ejecutoria de dos de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 35/2011, que ordenó la reposición del procedimiento en la causa penal 30/2004, instruida contra el quejoso por los delitos de secuestro y asociación delictuosa. Esa resolución fue conocida a decir de éste, el diez de febrero de dos mil veintitrés, según lo manifestó en la demanda -fuera de los antecedentes que relató bajo protesta de decir verdad-. Sin embargo, las copias certificadas del toca de apelación 35/2011, revelan que la ejecutoria de dos de septiembre de dos mil veintidós (el único acto combatido en la demanda), fue notificada al quejoso el trece de enero de dos mil veintitrés. En tanto que a su defensora le fue notificada hasta el veinte de enero de dos mil veintitrés, como se desprende de las razones de notificación asentadas por el diligenciario non, adscrito a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (foja 233 vuelta del anexo de copias del referido toca). Tales copias certificadas, que remitió la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla -como apoyo de su informe justificado porque la demanda de amparo fue presentada en la vía directa-, tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la Ley de amparo, al tratarse de documentales públicas, en las que obran las notificaciones mencionadas. Más aun, la secretaria de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, al realizar la certificación sobre la fecha cuando recibió la demanda de amparo, corrobora que la ejecutoria de dos de septiembre de dos mil veintidós (el único acto combatido), fue notificada al quejoso el trece de enero de dos mil veintitrés. No obstante, esta juzgadora de tutela considera que la notificación que debe regir el cómputo del plazo de quince días para instaurar el juicio de amparo, es la realizada a la defensora pública el veinte de enero de dos mil veintitrés. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 48/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en la Décima Época, que se encuentra con el registro digital 2009860, y el rubro: "FORMAL PRISIÓN. SI LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LA DECRETA SE LLEVÓ A CABO EN DIVERSAS FECHAS AL INCULPADO Y A SU DEFENSOR, RESPECTIVAMENTE, EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE PRACTICÓ LA ÚLTIMA". A la luz de la invocada tesis jurisprudencial, se considera la notificación realizada a la defensora, el veinte de enero de dos mil veintitrés. Sin embargo, el contraste que se realiza entre la mencionada fecha de notificación y el día cuando fue presentada la demanda, el tres de marzo de dos mil veintitrés, lleva a detectar que es improcedente la acción de derechos fundamentales, contra la ejecutoria dictada el dos de septiembre de dos mil veintidós, que ordenó la reposición del procedimiento en la causa penal instruida al quejoso. Sobre todo porque la demanda de este juicio fue presentada fuera del plazo relativo al escenario de oportunidad, motivo por el cual debe imponerse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo (citada con posterioridad con las palabras "la legislación"). Para demostrarlo, se hace notar que la invocada fracción determina la improcedencia del juicio de tutela constitucional, respecto de los actos consentidos en forma tácita que se definen de la forma siguiente: aquellos contra los cuales se omite solicitar la protección federal, dentro de los plazos legales establecidos. Esos plazos están previstos en el numeral 17 de la legislación, porque la primera parte de este dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual se debe computar bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento de los actos o de su ejecución; o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la legislación: a). Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal o la incorporación forzosa al ejército o armada nacionales -para estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De lo anterior se obtiene que el juicio de protección de derechos, será improcedente cuando se presente la demanda luego de terminado el plazo de quince días, previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo que se actualice una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al grado de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos a los que tengan prevista una excepción. Establecidas las premisas anteriores, debe indicarse que las copias autorizadas del toca de apelación 35/2011, reflejan que la ejecutoria dictada el dos de septiembre de dos mil veintidós, donde la sala responsable dejó sin efectos la sentencia recurrida, y ordenó reponer el procedimiento en la causa penal 30/2004, fue notificada a la defensora del quejoso el veinte de enero de dos mil veintitrés. Esa fecha debe utilizarse conforme a la primera hipótesis prevista en el artículo 18 de la legislación, y a la luz de la tesis jurisprudencial antes invocada. Máxime que esa notificación tiene plena vigencia en el terreno procesal, dado que el quejoso no manifestó en su demanda que existiera alguna resolución donde se hubiera declarado la nulidad de la notificación efectuada a su defensora, el veinte de enero de dos mil veintitrés. Así que para realizar el cómputo del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la legislación, se considera la fecha cuando fue notificada la defensora del quejoso de la mencionada resolución. Ello, de la forma siguiente: la ejecutoria dictada el dos de septiembre de dos mil veintidós, en el toca de apelación 35/2011, donde la sala responsable dejó sin efectos la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento en la causa penal 30/2004, le fue notificada a la defensora del quejoso el veinte de enero de dos mil veintitrés, y surtió efectos el mismo día conforme a las disposiciones respectivas del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. De modo que el plazo de quince días que tenía el quejoso para ejercer la acción de tutela constitucional, respecto de la ejecutoria reclamada, inició el veintitrés de enero de dos mil veintitrés (día siguiente hábil de cuando surtió efectos la notificación), y terminó el trece de febrero de dos mil veintitrés. A pesar de lo anterior, el quejoso presentó su demanda de amparo hasta el tres de marzo de dos mil veintitrés, como se observa en el sello de la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla -pues la demanda de amparo fue presentada en la vía directa por medio de la autoridad responsable-. Situación que implica una presentación extemporánea de la demanda, porque se hizo después de terminado el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la legislación, respecto del único acto combatido en el presente juicio: Ejecutoria de dos de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 35/2011, que ordenó la reposición del procedimiento en la causa penal 30/2004, instruida contra el quejoso por los delitos de secuestro y asociación delictuosa. Luego, se actualiza en el caso la improcedencia derivada de la causal de extemporaneidad, motivo por el cual debe estimarse consentido el acto de marras, porque la demanda de amparo fue presentada después de terminado el plazo de quince días. Por tanto, se concluye que el único acto combatido por el quejoso en la demanda de este juicio, debe subsumirse en la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la legislación, porque el juicio de control extraordinario se promovió después de terminado el plazo establecido en el diverso 17, aun cuando aquél no se ubica en los supuestos de excepción relatados. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso Fernando Rojo Izunza, porque el acto delimitado en esta lo combatió después de haber terminado el plazo de quince días, previsto en el artículo 17 de la legislación. Desechamiento que se apoya en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la encargada de los libros de gobierno y a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el inmueble que citó en su demanda (ubicado en el Municipio de XXXXXXXXXXX). Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios al profesionista de nombre XXXXXXXX, porque así lo solicitó aquél y éste tiene registrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En tanto los restantes solo quedan autorizados en términos restringidos, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, pues no tienen registrada su cédula profesional en el referido sistema. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por otro lado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Anexo. Se ordena formar el cuaderno auxiliar respectivo, para evitar el deterioro de las copias aportadas por la sala responsable, así como para facilitar el manejo frecuente de este juicio de amparo. Constancias no se digitalizarán. Con fundamento en los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, se deja establecido que las referidas copias no se digitalizarán y tampoco obrarán en el expediente electrónico. De ahí que únicamente quedarán glosadas en el cuaderno auxiliar que se formará por separado, y que en su momento oportuno habrá de devolverse a la autoridad que lo ofreció. Notifíquese; de forma personal al quejoso (en el domicilio procesal señalado para tal efecto); y cúmplase (todo lo indicado).

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