Fernando Portada Semita
Expediente 426/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 426/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Fernando Portada Semita
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 426/2021-VI. Puebla, Puebla, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que el quejoso no recurrió el acuerdo de treinta de abril de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años1. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. DEVOLUCIÓN DE CUADERNOS AUXILIARES Al no haberse ordenado formar cuaderno auxiliar de pruebas, es innecesario proveer al respecto. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar por conducto del personal a su cargo que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. JUICIO DE AMPARO 426/2021-VI. Puebla, Puebla, treinta de abril de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por , por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Delegación Oriente, Puebla ..., una vez recibida la demanda de amparo sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo...., se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano....Ahora, la lectura integral que se hizo a la demanda de amparo permitió detectar que el reclamo planteado por el quejoso comprende una orden de aprehensión y una orden de presentación, ambas librada en su contra por una autoridad ministerial (agente del ministerio público) en una carpeta de investigación, donde al parecer aquél tiene el carácter de imputado. Lo anterior se desprende de las siguientes partes de la demanda que en lo conducente se citan enseguida: .AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA.- C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA DELEGACION ORIENTE, PUEBLA. Le reclamo la emisión de orden de aprehensión de manera obligatoria girada en contra del suscrito... .AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA.- DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. Le reclamo el pretender concretar la ejecución y/o consumación de una orden de aprehensión de manera obligatoria en contra de la voluntad del quejoso V. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.- De establecido en lineamiento establecidos en el artículo 108 fracción V de la ley de amparo en vigor lo es que el suscrito no he interpuesto con anterioridad demanda de amparo indirecto alguno, con relación a los presentes actos reclamado así mismo manifiesto que son ciertos los antecedes que se emiten en LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SON LOS SIGUIENTES. Con fecha 23 de Abril del 2021, siendo aproximadamente a las 11:15 de la mañana fui visitado en mi domicilio particular que se ubica en el poblado ***, por una persona, del sexo femenino, quien dijo ser de la policía ministerial y/o agente de la agencia estatal de investigación de la fiscalía general del estado, sin identificarse y me comento de forma verbal que me andaba buscando, por una orden de presentación obligatoria que traían de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que era urgente localizarme para llévame ante el C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA DELEGACION ORIENTE, PUEBLA,...... De modo que el reclamo planteado por el quejoso, está circunscrito a una orden de aprehensión y una orden de presentación emitidas por un representante social en una carpeta de investigación, así como su ejecución, lo cual por la fecha en que se dieron los hechos -abril de dos mil veintiuno- hace evidente que esas órdenes se regirían (en su caso) bajo las reglas del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial. En efecto, esa hipótesis normativa (el desechamiento por una causa de improcedencia) se actualiza frente a los actos que se reclama de las autoridades responsables (agente del ministerio público y ejecutoras) consistentes en la orden de aprehensión y orden de presentación, así como su ejecución. Es así, pues debe tenerse en cuenta que una orden de aprehensión y una orden de presentación como las que reclama el quejoso, no pueden ser emitidas por una autoridad ministerial (agente del ministerio público) o de la fiscalía, como la que señala en la demanda de amparo en su carácter de autoridad responsable ordenadora, porque ésta no tiene facultades jurídicas en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio para librar tales órdenes. De tal manera que con independencia de la denominación que se le dé a esa orden de aprehensión o presentación, debe destacarse que la restricción de la libertad de la parte quejosa únicamente se da con la diversa orden de aprehensión librada por una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, o inclusive, con la detención ordenada por un agente del ministerio público en tratándose de caso urgente, pero los anteriores constituyen sucesos distintos a los actos reclamados de las autoridades en mención. Habida cuenta que dicha autoridad ministerial carece de facultades jurídicas para emitir una orden de aprehensión y una orden de presentación, como tales (es decir, en sí mismas consideradas), contra un gobernado en el aludido nuevo sistema de justicia penal acusatorio. De ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, vinculado al diverso 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu y 21, de la constitución federal. Luego, la autoridad ministerial no librarían como tal una orden de aprehensión o de presentación, sino en su caso serían las diversas autoridades judiciales las que emitirían una orden privativa de la libertad, como alguna de las que prevé el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, con motivo de una orden de aprehensión o una orden de presentación no podría obligársele a declarar al quejoso, pues por el contrario, su comparecencia ante el procedimiento más bien se vería encomendada a la autoridad judicial. Así, el gobernado (verbigracia mediante un acto diverso, no mediante una orden de aprehensión u orden de presentación dictadas por un agente del ministerio público) puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo; además, con motivo de ello lejos de coartarle algún derecho, la autoridad satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo (en su caso) se apersone, aquél se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aunado a que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. Luego, se insiste, en el caso, el agente del Ministerio Público no tiene facultades para emitir orden de tal naturaleza (aprehensión o presentación). Así, de considerar que la orden aprehensión o la orden de presentación a las que alude el quejoso y que reclama de manera destacada o en los hechos de su demanda, se traten en su caso, de un diverso acto, como lo es el consistente en la citación (prevista por los artículos 90, párrafo primero y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales3) para recabar entrevista; debe considerarse -por una parte- que éste no es un acto susceptible de combatirse en esta vía de amparo, porque ello contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el agente del ministerio público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Así, cuando se cita a una persona en la investigación inicial en calidad de imputado, a diferencia del anterior sistema, su declaración no es una prueba o testimonio, sino una entrevista realizada con fines de investigación. Por esa razón, la citación para ser entrevistado, no guarda las mismas formalidades que una citación para rendir una declaración en el sistema escrito, ya que no se trata de una prueba que permanecerá en el proceso ni adquiere pleno valor probatorio. Incluso, el artículo 113, fracción V, del código invocado, prevé como el momento oportuno para hacerle del conocimiento al imputado los hechos que se le atribuyen y los derechos que le asisten, no en el citatorio, sino cuando es detenido, o bien, una vez que comparece ante el Ministerio Público. Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. ...Por tanto, en caso de que se trate de un acto efectuado en la integración de la investigación como tal, éste se escapa al control constitucional. Es así, pues dicho acto de investigación (la citación girada conforme a los artículos 90 y 91 del código adjetivo penal nacional), por regla general, implica una facultad constitucional por parte del agente del ministerio público para la investigación de hechos con apariencia de delito, y como consecuencia, de existir suficientes datos de prueba, ejercer acción penal ante autoridad judicial -si así lo considera la autoridad competente-. Estimar lo contrario, y llevar un estudio de dicho acto reclamado, implicaría entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al ministerio público....De ahí que se actualizaría sobre ese específico acto, una causal de improcedencia en el presente asunto, aunado a que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las mismas es de oficio por parte del órgano jurisdiccional de amparo. Lo mismo ocurriría en tratándose con la citación prevista en las fracciones I (citatorio) y II (orden de comparecencia) del precepto legal 141 antes mencionado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada mediante una diversa citación ante un juez, en donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del ministerio público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Lo anterior se obtiene de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden de dictada afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del ministerio público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, en ese supuesto, se trataría de un acto fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Por tanto, de conformidad con el numeral 61, fracción XXIII, vinculado al diverso 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu y 21, de la constitución, se desecha de plano la demanda de amparo del quejoso *********, porque los actos que reclama -orden de aprehensión y orden de presentación, y su ejecución-, actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Anotaciones internas. Domicilio físico y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio físico de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda. Asimismo, quedan autorizadas sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las personas nombradas por el promovente en la demanda de amparo, porque no les otorgó en forma expresa las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la ley de la materia. Comunicación de las partes. Se tiene como medios para establecer contacto con la parte quejosa, el correo electrónico u número telefónico señalados en la demanda. Hágase saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.
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