Fernando Urbano Castillo Pacheco
Expediente 175/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 175/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Fernando Urbano Castillo Pacheco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
CUADERNO DE ANTECEDENTES DEL JUICIO DE AMPARO 175/2022-V. Puebla, Puebla, cuatro de abril de dos mil veintidós. Fue aceptada la competencia declinada. Se agrega al presente cuaderno de antecedentes, el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, por el cual informa que la titular de ese órgano aceptó la competencia legal declinada por esta juzgadora, y acusa recibo del expediente original del juicio de amparo promovido por el quejoso Fernando Urbano Castillo Pacheco. Además, informa que el juicio de amparo fue radicado bajo el número 575/2022 de su índice. De lo cual se toma nota para los efectos legales correspondientes; y se ordena remitir a la autoridad oficiante, el cuaderno original y el duplicado del incidente de suspensión, en el cual ya se dictó la resolución interlocutoria correspondiente, previa copia certificada que se recabe y se glose a este expediente para constancia. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se declaró la incompetencia legal por la hipótesis de territorio. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes mencionado, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Una vez que transcurra el lapso de conservación, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, y girar oficio a las autoridades responsables, porque ningún derecho procesal tienen por ejercer dado que la incompetencia declinada ha sido aceptada por el juez que se estimó competente, y éste continuará la sustanciación del asunto. Aunado a que si desearan conocer el estado del presente asunto, puede solicitarlo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 175/2022-V. Puebla, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Estado procesal Visto el estado procesal de las actuaciones, resalta el proveído de once de los cursantes, en el cual se declaró que se carece de competencia legal para conocer del presente asunto, razón por la cual, se ordenó remitir este juicio de amparo 175/2022, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, a fin de que sea enviado al Juzgado de Distrito en turno, por los motivos expuestos en el citado acuerdo. Se deja sin efectos la audiencia constitucional En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional en este juicio, que hubieran sido las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Anotaciones internas Por último, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 175/2022-V. Puebla, Puebla, once de marzo de dos mil veintidós. Informe con justificación. Se agregan al expediente los oficios de cuenta de idéntico contenido, signado por la siguiente autoridad: Subsecretario de Centro Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla. En éste, rinde su informe justificado aceptando los actos reclamados por el quejoso; y remite algunas constancias para apoyar su informe. Actos reclamados. Ahora, los actos que reclama el quejoso son los siguientes: Al Subsecretario de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla: "Reclamo a la responsable la omisión de dar respuesta a mi escrito presentado en dos del actual, así como la omisión de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, por cuanto hace a las condiciones de reclusión del aquí tercero Interesado, puesto que no se han implementado las que los ordenamientos señalados refieren para una persona sentenciada por los delitos de Secuestro y Delincuencia Organizada, como lo es aquel, permitiendo con ello que dicho tercero Interesado siga cometiendo delitos desde su sitio de reclusión, en particular aquel del que este quejoso ha sido víctima". Incompetencia. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en el capítulo II, del Título Cuarto, denominado "De sus Atribuciones" establece la competencia especial de los juzgados de Distrito atendiendo a la materia que conozcan, y los agrupa, en lo que aquí interesa, en jueces de distrito de amparo en materia penal (artículo 56) y de amparo en materia administrativa (artículo 57). En efecto, los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". "Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Conforme a los preceptos legales transcritos, se concluye que, la competencia de un juez de Distrito, deriva sustancialmente de la naturaleza del acto reclamado; de ahí que si éste se ubica dentro de la "materia penal", la competencia se decidirá en favor del juez de Distrito en materia penal; pero si es de naturaleza eminentemente administrativa, se surtirán las hipótesis de la competencia genérica que el artículo 57, fracción IV, de la referida Ley Orgánica reserva al juzgado de Distrito en materia administrativa. Cabe indicar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para determinar la competencia por materia de un juicio de amparo, no solo debe tomarse en cuenta la naturaleza del acto reclamado, sino también la de la autoridad responsable, dejando a un lado los motivos de inconformidad expresados, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, sino que únicamente evidencian cuestiones subjetivas. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. ." En ese orden de ideas, se advierte que los actos reclamados en el presente juicio de amparo en realidad son de naturaleza administrativa, y la única autoridad es también de la misma naturaleza: Subsecretario de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla. Se afirma lo anterior porque de la lectura de los actos reclamados por el quejoso precisados en párrafos anteriores, se desprende que impugna de la autoridad responsable la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintidós, en el que menciona le solicitó por escrito la intervención del subsecretario responsable, como ejecutor de la facultad del titular de la Secretaría para dirigir los mecanismos, sistemas y procedimientos de funcionamiento de los centros penitenciarios del Estado, a fin de que en el Centro Penitenciario de Puebla se diera debido cumplimiento a lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y la diversa Federal Contra la Delincuencia Organizada y se impusieran las condiciones de reclusión en ellas establecidas respecto del aquí tercero interesado, haciéndole notar que la excesiva permisividad, tolerancia y corrupción de anteriores administraciones, le habían permitido a ***, eludir la aplicación de las condiciones de reclusión que la Ley establece y con ello pudo cometer ilícitos desde su sitio de reclusión, incluyendo uno del cual refiere que fue y sigue siendo víctima. Así como la omisión de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, por cuanto hace a las condiciones de reclusión de ****, a quien señaló como tercero interesado y dice que se encuentra recluido en el Centro de Penitenciario de Puebla, porque no se han implementado las que los ordenamientos señalados refieren para una persona sentenciada por los delitos de Secuestro y Delincuencia Organizada, como lo es aquel, permitiendo con ello que dicho tercero Interesado siga cometiendo delitos desde su sitio de reclusión, en particular aquel del que el quejoso refiere que ha sido víctima. En ese sentido al tomar que consideración que los actos reclamados en este juicio de amparo tienen que ver con las medidas de carácter disciplinario y de seguridad que deben regir dentro del Centro Penitenciario de Puebla, no pueden considerarse de naturaleza penal, porque no provienen del proceso que se instruyó al sentenciado , ni del juez penal ante el cual se siguió la causa instaurada en su contra, pues de acuerdo a lo indicado por el quejoso bajo protesta de decir verdad en el capítulo de antecedentes de los actos reclamados de su demanda de amparo provienen de la omisión de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, por cuanto hace a las condiciones de reclusión de ****, en el Centro Penitenciario de Puebla, lo cual únicamente es atribuible a la directora de dicho centro de reinserción social o al Subsecretario de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, autoridad administrativa a quien señaló como responsable. En esas circunstancias, es innegable que la competencia para conocer de este juicio de amparo en el que se reclama la omisión de dar cumplimiento a las medidas inherentes a la organización y/o control de dicho centro respecto del sentenciado ****, se surte a favor de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, porque los actos y autoridad por los cuales se limitó este juicio, son de naturaleza administrativa. Lo anterior encuentra apoyo en lo conducente : "COMPETENCIA EN EL AMPARO. SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIENEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIÓN Y/O CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO, AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTÉ RECLUIDO EN ÉL" Por tanto, esta operadora jurídica cuenta con los elementos suficientes para estimar que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, razón por la cual, remítase el juicio de amparo 175/2022, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, a fin de que sea enviado al Juzgado de Distrito en turno, para que de no haber inconveniente legal alguno, se avoque a su conocimiento, solicitándole acuse el recibo correspondiente. En mérito de lo anterior, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo....; y en su oportunidad deberá archivarse este juicio como definitivamente concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Notifíquese; de forma personal al quejoso.
- Incidental
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 175/2022-V. R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva al quejoso *****, contra el acto señalado en el considerando primero de esta interlocutoria, por las razones referidas en el diverso considerando segundo y tercero. SEGUNDO. Se acusa recibo del oficio III-94/2022 y los anexos remitidos por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, relativo al recurso de queja 28/2022. Notifíquese y cúmplase
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