Fernando Pérez Zapotitla

Expediente 1054/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1054/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Fernando Pérez Zapotitla

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1054/2023-IV Puebla, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Asunto concluido. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (en adelante sólo Acuerdo General), el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda causó estado (quedó firme). Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12 del citado Acuerdo General, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General, se determina que el sumario constitucional es destruible, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Inexistencia de documentos. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de cuadernos auxiliares. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpeta, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Sin cuaderno incidental. No ha lugar a emitir pronunciamiento sobre el cuaderno incidental, porque la demanda de amparo se desechó y por tal motivo no se abrió el incidente. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que se asista de los oficiales judiciales correspondientes y realice las anotaciones en la carátula del expediente; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que si el quejoso deseara conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet, donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada en forma autógrafa por el quejoso xxxx, por derecho propio, contra omisiones del agente del Ministerio Público adscrito a la Especializada en Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (sic). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el presente caso, se advierte que la demanda presentada por el quejoso, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causal de improcedencia, con las características de notoria y manifiesta. Como puede verse, el quejoso pretende combatir una aparente inactividad del fiscal a quien señala como responsable, en particular que no solicita la colaboración a una procuraduría de otra entidad federativa, para la realización de un cateo en el inmueble donde fue informado (el quejoso) que se encuentra su camioneta, tampoco libra el oficio donde pida esa colaboración y que ha sido omiso (el fiscal) en el trámite general de la indagatoria, porque tiene poco interés en procurar la integración. Ello permite considerar que el reclamo está dirigido a las omisiones en que parece incurrir el agente responsable, tanto para solicitar la colaboración de otra procuraduría como para disponer las medidas que lleven a localizar el vehículo materia de la investigación, el cual fue objeto de un robo y cuya propiedad ha acreditado el quejoso, como víctima. Sin embargo, las omisiones de marras deben ser impugnadas con un recurso ordinario, antes de promover el juicio de amparo indirecto, razón por la cual es válido imponer desde este momento una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. En efecto, las omisiones reclamadas al agente del Ministerio Público señalado como responsable y que atañen al trámite de una carpeta de investigación -iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio-, tienen prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar el quejoso, antes de solicitar el control de legalidad extraordinario, en la vía de amparo indirecto. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales,1 porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público, contra las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la ruta de control extraordinario -el juicio de amparo-. Por ello se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, están obligados a acudir a la ruta ordinaria contra algunas determinaciones u omisiones del Ministerio Público, desde el inicio de la carpeta de investigación y hasta la eventual conclusión de la misma. En particular impugnarlas ante un juez de control para que este revise la legalidad de esas resoluciones u omisiones -entre las cuales deben subsumirse las omisiones reclamadas por el quejoso-. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede ordenar a la autoridad ministerial que realice todos los actos de investigación solicitados, o los que sean necesarios para respetar el derecho que tiene la víctima (el quejoso), de esclarecer los hechos con apariencia de delito por los cuales inició la carpeta ministerial. Todo ello se obtuvo de la contradicción de tesis 233/2017, que generó el criterio invocado en párrafos anteriores, pues la ejecutoria de la referida contradicción, determinó la obligación de las víctimas u ofendidos de impugnar las omisiones en que incurran las autoridades ministeriales, a través de la ruta ordinaria establecida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consiguiente, se afirma que el reclamo planteado en la demanda, debe llevarse primero a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258, a fin de cumplir el principio de definitividad. Cierto, el quejoso debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra las omisiones reclamadas en la demanda de amparo; y si la decisión que emitiera el juez de control al examinar la conducta de la autoridad ministerial responsable,fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa decisión (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que las omisiones reclamadas a la autoridad ministerial señalada como responsable, encuentran una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda, reflejan las condiciones del quejoso para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: es la víctima en la carpeta de investigación, esta se tramita con las reglas del sistema penal acusatorio y de la misma derivan las omisiones que pretende combatir como actos independientes y autónomos. Entonces, lo conducente es desechar la demanda de protección constitucional, pues las omisiones que reclama el quejoso al agente ministerial señalado como responsable, encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos, porque las omisiones que pretende combatir el quejoso, encontraron una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues los actos reclamados deben impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación.

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