Fernando Hurtado Hueramo

Expediente 58/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
58/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • Fernando Hurtado Hueramo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de abril de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se sobreseyó el juicio de amparo, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase por alto que no se haya realizado el cómputo a la autoridad responsable para recurrir la resolución de mérito, pues en términos del párrafo segundo del artículo 871 de la Ley de 1 Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; tratándose de amparo contra normas generales podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación. 09/05/23 13:08:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e2.e5 MAIRA FLOR LÓPEZ VALENCIA Amparo, carece de legitimación para impugnar la sentencia constitucional. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a),2 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 4. Incidente de suspensión. Consecuentemente, de conformidad con el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, se determina que el original del incidente de suspensión es DESTRUIBLE. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del mencionada Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional. 2 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General." 09/05/23 13:08:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e2.e5 MAIRA FLOR LÓPEZ VALENCIA ??????????????? 5. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase3 . 6. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 7. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 58/2023, promovido por Fernando Hurtado Huéramo, por alegada violación de los artículos 1o., 14 y 16, de la Constitución Federal, atribuida al juez y actuaria del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama: I. Al juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. La falta de llamamiento al juicio ordinario civil 495/2018. La orden de desalojo o lanzamiento de la casa habitación ubicada en calle Constitución, número cincuenta y ocho, de la colonia Morelos, de Morelia, Michoacán, en su calidad de tercero extraño al juicio ordinario civil 495/2018, que sobre prescripción positiva, promovió Patricia Hurtado Huéramo frente a Rafael Hurtado Huéramo. II. A la actuaria del Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. La omisión de emplazarlo al juicio de origen. La ejecución de la orden de lanzamiento. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el acto reclamado debe tener ejecución en un inmueble ubicado en Morelia, Michoacán, circunscripción territorial en que éste órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. El juez y actuaria del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, en su informe justificado aceptaron la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora, respecto del juez responsable, con los proveídos emitidos el uno de diciembre de dos mil veintidós y trece de enero de dos mil veintitrés, que obran en las constancias originales del juicio ordinario civil 495/2018, que remitió en apoyo al mismo; en el primer acuerdo concedió a la parte actora Patricia Hurtado Huéramo, el término de tres días para que entregara de manera voluntaria el inmueble materia de la litis, bajo apercibimiento de lanzamiento a su costa y en el segundo auto, al fenecer el término concedido para ello, ordenó su desocupación forzosa, para lo cual comisionó a personal a su cargo procedieran a su ejecución. Respecto del acto atribuido a la actuaria adscrita al órgano de primera instancia, se advierte su certeza, pues en los autos del sumario subyacente obra la razón de imposibilidad de veintitrés de enero del año en curso, en que pretendió dar cumplimiento al acuerdo dictado el trece anterior. Tampoco, se advierte que el quejoso haya sido llamado y emplazado al juicio de origen. Constancias que adquieren valor probatorio pleno al ser auténticas y emitidas por funcionarios públicos en ejercicio de su competencia legal, por tanto, tienen la calidad de documento público de acuerdo a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2o. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que el quejoso no justificó su interés jurídico. Conforme a los citados preceptos, el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus prerrogativas; sin embargo, el agraviado tiene a su cargo justificar que es titular de un derecho subjetivo que se encuentra afectado de manera personal y directa con tal suceso. Por ello, para que sea procedente el juicio de amparo no basta que la parte quejosa funde sus pretensiones en un simple interés, para ello se requiere que acredite la titularidad de un derecho subjetivo que se vea afectado con el acto que en la vía constitucional reclama. La afectación a dicho derecho subjetivo debe acreditarse de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones, entonces, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, de forma genérica debe demostrarse: La existencia de un derecho legítimamente tutelado, respecto del cual el gobernado es titular; y La transgresión de dicha prerrogativa por los actos de autoridad tildados de inconstitucionalidad, lo cual faculta al gobernado a solicitar la protección constitucional en su favor. En la especie, el quejoso reclama que se pretende ejecutar en su detrimento una orden de desalojo o lanzamiento, respecto de la casa habitación ubicada en calle Constitución, número cincuenta y ocho, colonia Morelos, de Morelia, Michoacán, inmueble sobre el cual manifestó en la demanda de amparo, ejercer derecho de posesión. Empero, no aportó elemento de juicio alguno que ampare de forma legal el derecho de posesión que refiere, en consecuencia, no justificó su interés jurídico para acudir a este juicio biistancial, prerrogativa de la que es garante la persona que acredita la titularidad del derecho afectado, no así terceras personas, aunque resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, pues ello no otorga una garantía autónoma para defender esa afectación, al no encontrarse protegida por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que obste que Fernando Hurtado Huéramo, manifestó en el capítulo denominado IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, de su líbelo inicial, que es posesionario del inmueble en boga, pues es del conocimiento de Rafael Hurtado Huéramo -persona de quien refirió ser hermano-, que habita dicha casa, pues indicó que así lo confesó expresamente al momento de constatar la demanda en el juicio subyacente. Expresó además que al margen de acreditar la propiedad, debe ser oído y vencido en juicio, antes de ser lanzado. Sin embargo, dichas manifestaciones no pueden considerarse como medio de prueba para acreditar el derecho que la parte quejosa dice tener sobre el inmueble que defiende, porque debió acreditar su interés para acudir en esta vía constitucional con justo título que haga latente de forma legal su interés jurídico. Robustece lo anterior, en sentido contrario, la jurisprudencia 1a./J. 62/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 72, noviembre de 2019, Tomo I, página 329, de literalidad: INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 5o., fracción I, interpretados en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación. Lo que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a la actuaria adscrita al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, al no reclamárseles por vicios propios, sino en virtud de la ilegalidad atribuida al juez ordenador. Sirve de sustento legal la tesis de registro digital 253622, emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 91-96, Sexta Parte, página 286, de rubro y texto: AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. En consecuencia, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues al actualizarse una causa de improcedencia y decretarse el sobreseimiento total del juicio, impide estudiar las cuestiones de fondo planteadas. Fundamenta dicho razonamiento la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 24, tercera parte, página 49, de registro 239006, de epígrafe y contenido: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Finalmente, no se inadvierten los alegatos formulados por la agente del Ministerio Público de la adscripción; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar los argumentos plasmados, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Fernando Hurtado Huéramo, respecto de los actos reclamados al juez y actuaria del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo, quien da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. 1. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, así como su actuaria adscrita, rindiendo sus informes justificados; mismos con los que se ordena dar vista a las partes para los efectos legales conducentes. 1.1. Prueba. Se tiene a la citada autoridad remitiendo como complemento de su informe justificado, copias certificadas de las constancias que integran el juicio ordinario civil 495/2018, de donde emana el acto reclamado; por lo tanto, con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón a su propia y especial naturaleza; además, con dichas documentales se ordena dar vista a las partes para que se impongan de su contenido. 1.2 Se forma tomo de pruebas. Con las constancias que acompañó la autoridad responsable, fórmese un cuaderno de prueba por separado para mejor manejo del expediente, identificándose como Tomo I. 2. Diferimiento anticipado de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a que las partes se interpongan del contenido del informe justificado, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del seis de marzo de dos mil veintitrés y, en su lugar, se fijan las diez horas con diez minutos del diez de marzo de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de febrero de dos mil veintitrés. 1. Se difiere la audiencia constitucional. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que aún no transcurre el plazo de quince días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las autoridades responsables Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, así como su actuario adscrito, rindan el informe que a su parte corresponde. Para dar margen a lo anterior, se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano