Fernando Jimenez Urrutia

Expediente 642/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
642/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
06/11/2020

Partes del expediente

  • Fernando Jimenez Urrutia

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de noviembre de dos mil veinte. Vista la constancia de comparecencia que antecede se obtiene que el quejoso Fernando Jiménez Urrutia, ratificó el escrito registrado con el folio 9398. Por tanto, téngase a la parte quejosa subsanando la prevención que le fue realizada en auto de veintidós de octubre del año en curso; de ahí que se su escrito aclaratorio manifiesta lo siguiente: "En virtud de lo anterior, el suscrito desahogamos la prevención ordenada en el proveído indicado BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD en los términos siguientes: PRIMERO: Por lo que hace a la prevención señalada con el número 1. De la transcripción señalamos que el número correcto del medidor del cual emana el acto reclamado es el T512KA, pues BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD el medidor 2X09W7 fue cambiado por el T513KA, como se puede apreciar en los comprobantes de pago de fecha 29 de junio del 2020, 25 de Julio del 2020, y 08 de Octubre del 2020, donde aparece el número de medidor T513KA número de servicio 004041002226 y la referencia es la misma 004041002226 (se acompañan los originales de pago). SEGUNDO: En cuanto a la prevención identificada con el número 2. Señalamos que SI promovimos un medio de defensa, demandamos en la Vía Ordinario Mercantil, la nulidad de diverso actos y Diligenciar realizadas por la CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, el cual se encuentra radicado ante el Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, de este partido judicial de Tijuana, Baja California, bajo EXPEDIENTE 459/2020, RESPECTO DEL NÚMERO DE SERVICIO correcto es 004041002226 y no el número 00404002226. TERCERO: En atención a la solicitud de copias realizada por ese Juzgado de Distrito, las mismas se anexan al presenta escrito." En este contexto, conviene precisar que en los artículos 62, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene quien suscribe de examinar en su integridad la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. DESECHAMIENTO Los artículos precisados son del tenor siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. ACTOS RECLAMADOS Así, el quejoso hizo consistir esencialmente como actos reclamados: "A LAS ORDENADORAS La probable ORDEN DE CORTE del suministro de energía eléctrica fuera de un procedimiento judicial y/o administrativo, sin fundamentación ni motivación, del corte de energía eléctrica que tengo conectado dicho servicio en el domicilio ubicado en AVENIDA ARCO 26-2 del FRACCIONAMIENTO EL RUBI DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. Donde se encuentra el medido No. 2X09W7 de donde me proveo del fluido eléctrico para las necesidades propias de la casa habitación. Ya que La CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, por conducto de su empleado Rafael Gutierrez el día 06 de febrero de 2020, realizó una revisión del Sistema de Medición y la Instalación de este medidor y cortó el servicio, el suscrito celebré UN CONVENIO de PAGOS, que hasta el mes de septiembre de este año, he estado pagando, pero en este mes precisamente el día 16 de Octubre acudí a las oficinas de la CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS PARA DECIRLES QUE NO TENGO EL DINERO PARA PAGAR ESTE MES PORQUE NO PUEDO TRABAJAR Y ESTOR (SIC) MAL DE SALUD, A LO QUE ME DIJERON QUE SI NO PAGO LA MENSUALIDAD ME VAN A CORTAR EL SERVICIO. A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS.- Les reclamo LES RECLAMO EL POSIBLE CORTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN MI DOMICILIO ubicado en AVENIDA ARCO 26-2 del FRACCIONAMIENTO EL RUBI DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. Donde se encuentra el medidor No. 2X09W7 de donde me proveo del fluido eléctrico para las necesidades propias de mi casa habitación." Asimismo, del capítulo de antecedentes del acto reclamado la parte quejosa, manifestó lo siguiente: "[.] En fecha 26 de Febrero del 2020, el suscrito firmé un convenio ante la CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, el cual se firmó a efecto de cubrir la suma de $225,873.13 pesos Moneda Nacional, y que se estarían cubriendo mediante pagos mensuales y consecutivos, el primero por la suma de $64,250.00 pesos Moneda Nacional, que fueron cubiertos el mismo día a la firma del convenio, sin que para el efecto se me haya otorgado copia fehaciente del mismo [.]" De igual manera, menciona en su escrito de demanda, lo siguiente: "Capítulo de pruebas [.] CONTRTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA en BAJA TENSIÓN, firmado (sic) el Representante Legal de la CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS y por el Consumidor el Procurador de la Procuraduría General del Consumidor, quien firmó a nombre del pueblo de México, que fue publicado en el Diario oficial de la Federación de fecha 28 de Noviembre del 2013, que se denomina Modelo de Contrato de suministro de energía eléctrica en Baja Tensión y que no requiere exhibirse su original por el solo hecho de haberse publicado en dicho órgano de gobierno, adquiere la calidad de "Hecho Notorio" como fue establecido por los Tribunales Federales de Garantías, y que tiene como finalidad demostrar la relación jurídica con la Autoridad Responsable." Precisado lo anterior, quien suscribe estima que respecto de dicho acto reclamado se actualiza de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, precepto que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; [.]". El juicio de amparo, en lo que interesa destacar, es un medio extraordinario y autónomo de defensa que permite a los gobernados impugnar normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos o las garantías previstas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales de que México es parte, atribuibles a autoridades de los poderes públicos, y excepcionalmente a particulares, cuando éstos actúan en forma equivalente a la autoridad, conforme a funciones determinadas en una norma general. La procedencia del juicio de amparo está sujeta a ciertas restricciones o limitaciones, pues deben cumplirse los presupuestos exigidos por la ley, como requisitos de procedibilidad que hagan viable el examen de la constitucionalidad o convencionalidad del acto reclamado; por ello, la procedencia del juicio de amparo se considera de orden público y de estudio oficioso, aun cuando las causas de improcedencia han de analizarse bajo un criterio de interpretación y aplicación estricta. Ahora bien, la fracción XIX del precepto legal invocado se actualiza cuando se promueve juicio de amparo, no obstante que se encuentra en trámite el recurso o medio de defensa y, por lo mismo, no ha sido resuelto, aun cuando podría tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que la quejosa estuviese o no obligada a agotar dicho recurso. Consecuentemente, en términos de esta fracción, no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio legal de defensa que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación del acto de autoridad respectivo, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de amparo que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto por ser materia de un recurso ordinario o medio legal de defensa, con efectos semejantes a los que se pretenden y pudieran obtenerse o derivar de la acción constitucional. Sobre el tema, se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 31/96, sosteniendo que el recurso a que se refería la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (idéntica a la diversa XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor), debe tener por objeto que la promovente del mismo pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, de modo tal que no cualquier medio de impugnación puede dar lugar a la actualización de la causa de improcedencia en examen, sino sólo aquellos que están establecidos por la ley correspondiente y que tengan los efectos precisados, requisito éste que debe examinar el juzgador federal. Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional, en cuanto a que el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, se impuso al juzgador de amparo el deber de analizar si la actualización de la causa de improcedencia que se examina, deja al promovente de amparo en estado de indefensión, esto es, si está en posibilidad o no de ser oída en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es necesaria la demostración fehaciente de que el recurso haya sido admitido, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchada en defensa de sus derechos. En el mismo orden de ideas, se ha determinado que al término utilizado en el precepto referido, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por la quejosa "se esté tramitando", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la procedencia de la causa de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el cual se interpuso el recurso, sino que en concordancia con el aludido principio y atendiendo al estado de indefensión en que pudiera quedar el promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación o defensa hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que implica su admisión por la autoridad respectiva. Consideraciones de las que derivó la jurisprudencia P./J. 144/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, tomo XII, diciembre de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo". Dicho criterio pone de manifiesto que, si bien conforme al precepto en estudio no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de amparo que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, solo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Establecido lo anterior, conviene retomar que el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en: El posible corte de suministro de energía eléctrica respecto al número de medidor T513KA, y número de servicio 004041002226, en relación con el inmueble ubicado en Avenida Arco, número 26-2 del fraccionamiento El Rubí, de esta ciudad; lo anterior, con motivo del convenio celebrado por el quejoso y CFE Suministrador de Servicios Básicos. Ahora bien, en atención a la prevención realizada por este órgano jurisdiccional en auto de veintidós de octubre del año en curso, la parte quejosa manifestó que promovió un medio de defensa, toda vez que tramitó en la vía ordinaria mercantil la nulidad de "diversos actos y diligencias realizadas" por la autoridad responsables CFE Suministrador de Servicios Básicos, el cual se encuentra radicado ante el Juzgado Décimo Primero de lo Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, bajo expediente 459/2020, respecto al número del "servicio correcto"; lo que constituye una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, el primer requisito señalado en el inciso a) se acredita plenamente, ya que la quejosa promovió en la vía ordinaria mercantil la nulidad de "diversos actos y diligencias realizadas" por la autoridad responsables CFE Suministrador de Servicios Básicos. En lo relativo al requisito identificado con el inciso b), se considera también acreditado, pues la demanda promovida por la parte quejosa en la que planteó en la vía ordinaria mercantil la nulidad de "diversos actos y diligencias realizadas" por la autoridad responsables CFE Suministrador de Servicios Básicos, fue radicada con el número 459/2020 la cual por razón de turno conoció el Juzgado Décimo Primero de lo Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad. Finalmente, el requisito señalado con el inciso c), se estima actualizado, en virtud de que el juicio de nulidad promovido por la parte quejosa, en atención a los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." En las relatadas condiciones, deviene inconcuso que en el caso concreto se surten las exigencias de la causa de improcedencia en estudio, pues como se ha destacado en párrafos que anteceden, la quejosa tramitó en la vía ordinaria mercantil la nulidad de "diversos actos y diligencias realizadas" por la autoridad responsables CFE Suministrador de Servicios Básicos, el cual se encuentra radicado ante el Juzgado Décimo Primero de lo Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, bajo expediente 459/2020, respecto al número del "servicio correcto", mismo que aún no ha sido resuelto en definitiva, pero de declararse procedente traería consigo que el acto reclamado sea modificado o revocado, y en caso de esto último, quede sin efectos. Así, queda evidenciado que el medio ordinario de defensa intentado por la parte quejosa, se está tramitando simultáneamente al juicio de amparo en que se actúa, a pesar de ser aquél la vía idónea para lograr la insubsistencia del acto reclamado, se considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia a que alude el recurso pendiente, cuya finalidad es la de evitar que una situación jurídica sea examinada al mismo tiempo en dos instancias que podrían concluir en resoluciones contradictorias. Sirve como criterio orientador la tesis aislada (I Región) 4o.11 A (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Décima Época, julio dos mil catorce, tomo II, Materia (s); Común-Administrativa, con número de registro 2006919, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL QUEJOSO, EN EL JUICIO DE NULIDAD, OPTÓ POR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL Y ÉSTE AÚN NO CONCLUYE. De la naturaleza jurídica y de las facultades del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal establecidas, en términos generales, en los artículos 122, base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y 1o. de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que tiene plena autonomía para dictar sus fallos, así como para hacer efectivas sus determinaciones, con las atribuciones que la ley establece, a fin de dar cumplimiento al artículo 17 constitucional. En estas condiciones, el artículo 133 de la ley orgánica mencionada regula el procedimiento para cuando se considere que una resolución no ha quedado debidamente cumplida, en los casos de exceso o defecto, repetición de la resolución anulada, o bien, omisión en su cumplimiento, a lo cual, una vez sustanciado el recurso de queja, la Sala resolverá si la autoridad cumplió o no la sentencia y, si no lo hizo, la requerirá nuevamente para que la acate en un plazo de cinco días, también la amonestará y prevendrá y, en el supuesto de incumplimiento, le impondrá una multa. Por tanto, es improcedente el juicio de amparo que se promueva cuando el quejoso, en el juicio de nulidad, haya optado por el procedimiento anterior y éste aún no concluya, en términos del artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, ya que será hasta el momento en que se dicte la resolución en la cual se determine cumplida la resolución del juicio contencioso administrativo, o bien la imposibilidad jurídica o material para ello, que podrá promoverse la acción constitucional, pues el recurso ordinario establecido en el citado artículo 133 puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 en relación con la fracción XIX del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Vista la constancia actuarial de veintiséis de octubre de dos mil veinte, relativa a la notificación personal efectuada al quejoso Esteban Leonel Castillo Rodríguez, de la cual se advierte que el revoca toda designación hecha con anterioridad y designa como "su defensor particular" al licenciado Omar Jesús López Félix. En consecuencia, como lo solicita el quejoso, se revocan las designaciones hechas con anterioridad y se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Omar Jesús López Félix, ya que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Acceso expediente electrónico. De igual forma, se solicita el acceso al expediente electrónico y para tal efecto proporciona el nombre de usuario "omar117", en ese contexto, con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a dicho profesionista el acceso al expediente electrónico en el presente asunto. Por otra parte, como lo solicitó el promovente, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, realícense las subsecuentes notificaciones personales a dicho profesionista por la vía electrónica. Por tanto, se comisiona a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita, realice la autorización respectiva en el expediente electrónico del usuario "omar117". En diverso contexto, agréguese a los autos la diversa constancia actuarial de veintisiete del mes y año en curso, por la cual la fedataria de la adscripción hace del conocimiento la imposibilidad que tuvo para notificar al autorizado del quejoso Esteban Leonel Castillo Rodríguez, el auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, ya que al constituirse en el domicilio procesal señalado para tal efecto, fue informada que dicho despacho ya no lleva la representación jurídica de los quejosos Esteban Leonel Castillo Rodríguez y Francisco Javier Aguilar Torres, en virtud de que fueron revocados en el cargo de defensores en la causa penal de origen y por consecuencia ya no los representan en este juicio de amparo. En atención a lo anterior, por lo que respecta a la notificación de los autorizados del proveído de veintiséis de octubre pasado, no se considera necesario hacer pronunciamiento alguno, pues como se advierte de párrafos que anteceden, Esteban Leonel Castillo Rodríguez revocó toda designación de autorizados hecha con anterioridad y respecto a Francisco Javier Aguilar Torres, no se ordenó la notificación de personal de ese auto a tal quejoso porque el contenido de éste alude a los testimonios ofrecidos por el promovente Castillo Rodríguez, en el incidente de insolvencia promovido a su favor. Con independencia de ello, en atención a lo asentado en la constancia actuarial de mérito requiérase a Francisco Javier Aguilar Torres, para que al momento de la notificación de este proveído manifieste si aún es su deseo que sigan fungiendo como autorizados en términos amplios conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo los licenciados Pedro Valente Cabo Flores y Zulema Méndez González en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a Esteban Leonel Castillo Rodríguez y Francisco Javier Aguilar Torres.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de octubre de dos mil veinte. Radicación. Vista la demanda y anexos de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 642/2020-A. Prevención. Por otra parte, en atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional que al examinarla en su integridad, si advierte que en ésta existiere alguna irregularidad o deficiencia, mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Ahora, previo de acordar lo que en derecho proceda en relación con la admisión de la demanda de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 110 y 114, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente Fernando Jiménez Urrutia, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad, subsane su demanda de amparo por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las partes, realice lo siguiente: 1. Precise el número correcto de medidor del cual emana el acto reclamado consistente en el "posible corte de suministro de energía eléctrica" por parte de las autoridades señaladas como responsables, en virtud de que, si bien del escrito de demanda refiere el número 2X09W7, también lo es que de la documental que exhibió a su escrito de demanda (recibo de luz del periodo facturado de veintinueve de julio al veintinueve de septiembre de dos mil veinte) se advierte un número distinto; a saber: T513KA. 2. Manifieste si con motivo del "posible" corte de energía eléctrica con motivo del convenio celebrado ante la responsable al parecer el veintiséis de febrero del año en curso y respecto al número de servicio 00404002226, promovió algún medio ordinario de defensa. 3. Exhiba una fotocopia del escrito original de demanda, ya que no exhibió las copias suficientes para correr traslado a las partes, precisando que para tal efecto resultan necesarios un total de seis copias, que serán distribuidas de la siguiente manera: cinco (5) para las autoridades responsables y una (1) para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Lo anterior, bajo apercibimiento que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Aunado a que de no cumplir en el plazo que se fija, se tendrá por no presentada dicha demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Señalamientos de domicilio y autorizados. En atención a lo dispuesto en términos del artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para recibir notificaciones del promovente el que indica; asimismo, se autoriza en términos amplios del articulo 12 de la Ley de Amparo a Lucía Juana Cervantes Bazán y Calypso Jazmín Belmonte Torres, y únicamente para oir y recibir notificaciones a Viviana Lozoya Rodríguez y Juan Francisco Reyes González, dado que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas señaladas por la parte quejosa para tal efecto en su demanda de amparo, que son las personas de nombre Bárbara Lozoya Rodríguez, Abigail Gracia Linos y Ulises Avilés Rodríguez. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdic cionalesn dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que a partir del diez de agosto de dos mil veinte podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Ho me/Ayuda. Consulta vía internet. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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