Fernando Amador Carrillo

Expediente 70/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
70/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
08/07/2022

Partes del expediente

  • Fernando Amador Carrillo
  • Blanca Estrella Hernández Solis, Juez de Control Especializado En Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California. Tecate, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    El ocho de julio de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, ocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el dos de mayo de dos mil veintidós; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir nueve de julio de dos mil veinticinco. Ahora, ya que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARSCoV-2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al Actuario de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso a través de los medios electrónicos establecidos en el Acuerdo General 12/2020. En la que deberá de realizar la lectura integra del mencionado proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello; de igual manera, a efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar la diligencia encomendada, deberá cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales ya tiene conocimiento.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 70/2022-B, promovido por Fernando Amador Carrillo, por su propio derecho, contra actos de la Juez de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y turnado a este Juzgado el mismo día, Fernando Amador Carrillo, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, que hizo consistir en: "IV): Acto Reclamado.- Reclamo de H. Autoridad ya señalado como responsable (LA OMICION) (sic) de dar respuesta y resolución a mi solicitud del otorgamiento del beneficio de la remisión parcial de la pena o libertad anticipada o preliberación promovido por el suscrito en la fecha de [ ] y relativo de la causa penal número (2017-53) y (2017-39) Instruida en contra del que suscribe y por cual se solicita el Amparo y la Protección de la Justicia Federal. [.]." Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. El quejoso estimó que con el actuar de la autoridad responsable, fueron violados los derechos fundamentales que a su favor consagran los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción, lo cual tiene sustento en la jurisprudencia 1340 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, visible en la página mil quinientos dos, tomo II, procesal constitucional 1. Común, primera parte-SCJN décima primera sección-sentencias de amparo y sus efectos, apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Novena Época, registro 1003219, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Tercero. Admisión de demanda y trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, registrándola con el número de expediente 70/2022-B; mediante auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diversos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. Cuarto. Mediante Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; y, en su artículo 1°, se estableció como nueva fecha límite para reanudación total de las actividades jurisdiccionales el treinta de junio de dos mil veintiuno; sin embargo, mediante diverso Acuerdo General 5/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudada en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 16 de agosto de 2021 a las 8:00 am, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." Luego, en el diverso Acuerdo General 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo que a continuación se transcribe: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudada en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 31 de octubre de 2021, a las 8:00 am, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." Posteriormente, en el Acuerdo General 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de 2020 al 16 de enero de 2022, la actividad jurisdicción se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. [.]" Después, en Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudada en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 1º de mayo de 2022, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." Y, por último, en Acuerdo General 7/2022, del pleno del citado Consejo, se reformó el aludido artículo para quedar como sigue: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 5 de junio de 2022, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados podrían tener ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Por lo anterior, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia, la cuestión efectivamente planteada en esta instancia lo constituye: La omisión de dar respuesta al escrito presentado por el quejoso, ante la Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial de Baja California, residente en Tecate, mediante el cual solicitó el otorgamiento del beneficio de la remisión parcial de la pena o libertad anticipada o preliberación. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de derechos fundamentales sea procedente. Sirve de apoyo la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Ahora bien, en el particular, la autoridad responsable Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate ?en su denominación correcta?, refirió que no eran ciertos los actos reclamados, sin embargo, a continuación hizo manifestaciones que evidencian su certeza; motivo por el cual, se tiene por desvirtuada dicha negativa y se tienen por ciertos los actos materia de reclamo, para los efectos legales a que haya lugar. Apoya lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, página 391, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo que se corrobora con las documentales que allegó la Juez responsable durante la tramitación del presente juicio de amparo, consistente en fotocopia certificada de las constancias que integran el cuaderno de ejecución 150/2019, de su índice, y copia auténtica del disco compacto que contiene el registro de audio y video de la audiencia celebrada el veintiocho de marzo de dos mil veintiuno, ante esa potestad judicial, en la que se determinó tener a la defensora pública y al aquí quejoso por desistidos de las solicitudes que plantearon, entre ellas, la que este último denominó como "remisión parcial de la pena o preliberación o libertad anticipada", y a su vez, resolvió la solicitud formulada por el impetrante del amparo y su defensora pública, respecto al abono y descuento del quantum de la prisión preventiva. Documentales que adquieren pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, ya que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, hayan sido objetadas en su autenticidad. Valoración que se robustece con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De igual manera, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2004362, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, Décima Época, con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. No obstante la certeza de los actos atribuidos a la autoridad de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 62 de la Ley de Amparo, se impone analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa. En la especie, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados. El artículo y la fracción aludidos prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción que antecede, se colige que el juicio de amparo es improcedente en relación con aquellos actos cuyos efectos hayan cesado, para lo cual no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal actuación, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si la autoridad no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del actuar de la responsable, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, invocada con anterioridad en esta sentencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, cabe señalar que dicha causa de improcedencia, necesariamente tiene el carácter de superveniente, pues cuando el juicio de amparo se promueve en contra de un acto existente hasta ese momento, evidentemente todavía no se ha dejado insubsistente sino que, en todo caso, ocurrirá durante la tramitación del juicio de amparo. Sentado lo anterior, conviene recordar que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la omisión atribuida a la autoridad responsable Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, de pronunciarse sobre el escrito exhibido por el aquí quejoso, mediante el cual solicitó el otorgamiento del beneficio de la remisión parcial de la pena o libertad anticipada o preliberación. Sobre lo cual, precisa destacar que durante el trámite del presente juicio, la aludida Juez responsable remitió su informe justificado al que adjuntó copia certificada del cuaderno de ejecución 150/2019, de su índice; constancias de las que se advierte que en uno de marzo de dos mil veintidós, se dictó un acuerdo en el cual se pronunció respecto al escrito presentado por el aquí quejoso el doce de noviembre del año próximo pasado ?origen del acto reclamado?, esto es, posterior a la presentación de la demanda de amparo. Además, mediante diverso oficio agregado a los autos del presente juicio de amparo, en proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, la Juez natural allegó copia auténtica del disco compacto que contiene el registro de audio y video de la audiencia celebrada ante esa autoridad, el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en la que se determinó tener a la defensora pública y al aquí quejoso por desistidos de las solicitudes que plantearon, entre ellas, la que este último denominó como "remisión parcial de la pena o preliberación o libertad anticipada", y a su vez, resolvió la solicitud formulada por el impetrante del amparo y su defensora pública, respecto al abono y descuento del quantum de la prisión preventiva; ello, derivado del ocurso materia de la litis constitucional, lo que se notificó al quejoso en el mismo acto. Documentos a los que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Así las cosas, si bien el peticionario del amparo en su momento reclamó la omisión por parte de la Juez responsable de pronunciarse sobre el escrito que exhibió ante esa autoridad, mediante el cual dijo haber solicitado el otorgamiento del beneficio de la remisión parcial de la pena o libertad anticipada o preliberación; lo cierto es que, como se vio, con las documentales que allegó la citada responsable, se advierte que en fecha uno de marzo de dos mil veintidós, se dictó un acuerdo en el cual se pronunció en relación con dicho ocurso. Además, se tiene que en audiencia celebrada el veintiocho de marzo siguiente, la Juez de Ejecución responsable determinó tener a la defensora pública y al aquí quejoso por desistidos de las solicitudes que plantearon, entre ellas, la que este último denominó como "remisión parcial de la pena o preliberación o libertad anticipada", y a su vez, resolvió la solicitud formulada por el impetrante del amparo y su defensora pública, respecto al abono y descuento del quantum de la prisión preventiva; ello derivado del ocurso materia de este juicio constitucional, lo que se notificó al quejoso en el mismo acto. Por tanto, dejaron de materializarse los actos tildados de inconstitucionales, pues sus efectos desaparecieron o se destruyeron en forma inmediata, total, incondicional y material, por lo que el quejoso fue restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica. Es aplicable al caso concreto, la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro digital 197367, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales condiciones, resulta inconcuso que operó la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; de este modo, con motivo de su actualización, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la legislación en cita, se impone sobreseer el presente juicio de amparo. En ese contexto, ante la actualización de la causa de improcedencia antes indicada, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el quejoso, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. Notificación personal del quejoso interno y sus asesores jurídicos. En atención a que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso mediante los medios electrónicos establecidos en el acuerdo general 12/2020. En la que deberá de realizar la lectura íntegra de la presente sentencia, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello; de igual manera, a efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar la diligencia encomendada, deberá cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales ya tiene conocimiento. En ese mismo sentido, a fin de tutelar los derechos fundamentales del quejoso de acceso a la justicia y defensa adecuada, también se comisiona al fedatario público de la adscripción, para que notifique personalmente esta ejecutoria a sus asesores jurídicos. SEXTO. Transparencia. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75 y 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Fernando Amador Carrillo, contra actos de la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese; y, personalmente al quejoso interno y a sus asesores jurídicos.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por la autoridad responsable Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial de Estado de Baja California, con residencia en Tecate, mediante el cual informa el resultado de la audiencia celebrada el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en la que se emitieron diversas determinaciones dentro del cuaderno de ejecución 150/2019, de su índice, respecto a la solicitud planteada por el aquí quejoso, origen del presente juicio de amparo. Asimismo, se le tiene remitiendo copia autentificada del registro audiovisual (disco compacto) de la respectiva audiencia. En consecuencia, tomando en consideración que la información proporcionada por la autoridad responsable, se considera complementaria a su informe con justificación previamente rendido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese dicho oficio a la vista de las partes por un término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. En mérito de lo anterior, el disco compacto que se recibe queda bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en el entendido de que podrá ser consultado por cualquiera de las partes que así lo deseen. Ahora, ya que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al Actuario de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso a través de los medios electrónicos establecidos en el Acuerdo General 12/2020. En la que deberá de realizar la lectura integra del mencionado proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello; de igual manera, a efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar la diligencia encomendada, deberá cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales ya tiene conocimiento Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y a sus asesores jurídicos.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la audiencia constitucional está señalada para el día de hoy; sin embargo, se encuentra transcurriendo el término de ocho días otorgado a las partes en proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós, a fin de que se impongan del contenido del oficio remitido por la autoridad responsable, y manifiesten lo que a su interés legal convenga. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las once horas con veinte minutos del dos de mayo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Ahora, ya que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al Actuario de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso a través de los medios electrónicos establecidos en el Acuerdo General 12/2020. En la que deberá de realizar la lectura integra del mencionado proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello; de igual manera, a efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar la diligencia encomendada, deberá cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales ya tiene conocimiento Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.Así lo acordó y firma electrónicamente, el licenciado Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por el licenciado Gerardo Castillo Riedel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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