Fernando Alejandro Trujillo Rico
Expediente 6/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 6/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/04/2022
Partes del expediente
- Fernando Alejandro Trujillo Rico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo veintiuno, inciso b), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la impresión del correo electrónico del oficio que remite el Director del Centro de Reinserción Social El Hongo I, con residencia en Tecate, Baja California, mediante el cual remite copia certificada de la boleta de libertad relativa al interno Fernando Alejandro Trujillo Rico, de la que se advierte que desde el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, el aquí quejoso quedó en "libertad por haberse acogido al beneficio de la remisión parcial de la pena." Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del oficio que se examina, así como de la certificación secretarial de cuenta, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. Ahora bien, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que en su escrito de demanda la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en: "[.] la renuencia de proporcionar al suscrito quejoso el medicamento, el tratamiento y la alimentación de dieta para el padecimiento que padesco (sic) de gastritis, ulsera (sic) gástrica, por la negligencia médica de la autoridad responsable requiero unos análisis respectivos de gastritis, ulsera (sic) gástrica, para que se me proporcione el medicamento, tratamiento y la alimentación de dieta, para efecto de que recobre la salud de que se trata, lo que se considera que el actuar de dicha autoridad responsable trasgrede la garantía del derecho de acceso a la salud [.]" Luego, en proveído de ocho de marzo de dos mil veintidós, se agregó constancia actuarial suscrita por el actuario de la adscripción en la que manifestó la imposibilidad que tuvo para notificar al directo quejoso Fernando Alejandro Trujillo Rico, el proveído de veintiocho de febrero del año en curso, en virtud que al comunicarse vía telefónica al Centro de Reinserción Social el Hongo I, con sede en Tecate, Baja California, fue atendido por María Eleonor Preciado Espinoza, quien dijo ser Auxiliar Jurídico del referido Centro de reinserción Social, fue informado que el quejoso fue puesto en libertad el veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Lo que se corroboró con el oficio que remitió el Director del Centro de Reinserción Social El Hongo I, con residencia en Tecate, Baja California, mediante el cual remite copia certificada de la boleta de libertad relativa al interno Fernando Alejandro Trujillo Rico, de la que se advierte que desde el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, el aquí quejoso quedó en "libertad por haberse acogido al beneficio de la remisión parcial de la pena." Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados, toda vez que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -cuatro de enero de dos mil veintidós, subsistían los actos reclamados que guardan relación directa con la privación de la libertad del quejoso; cierto es también, que con posterioridad; es decir, el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, el aquí quejoso fue puesto en libertad, lo que quedó corroborado con el oficio que remitió el Director del Centro de Reinserción Social El Hongo I, con residencia en Tecate, Baja California, al que adjuntó copia certificada de la boleta de libertad relativa al interno Fernando Alejandro Trujillo Rico, de la que se advierte que desde el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, el aquí quejoso quedó en "libertad por haberse acogido al beneficio de la remisión parcial de la pena." De ahí que -como se anticipó-, cesaron los efectos de los actos que en esta instancia constitucional se reclaman, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la justicia federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, puesto que el acto reclamado, dejó de existir. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (No. Registro: 193,758, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38) De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la integran la tesis P. CL/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 197367 de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la tesis I.3o.C.769 C sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro digital 165869 de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Amparo en relación con la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal, por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional para las once horas con cuarenta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por último, se ordena notificar por lista el presente proveído al aquí quejoso así como las subsecuentes actuaciones de conformidad con la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, personalmente a las demás partes.
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la constancia de imposibilidad suscrita por el Actuario de la adscripción, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial para notificar al quejoso Fernando Alejandro Trujillo Rico, el proveído de veintiocho de febrero del año en curso, en virtud que al entablar comunicación vía telefónica al Centro de Reinserción Social el Hongo, con sede en Tecate, Baja California, se le informó que dicho quejoso fue puesto en libertad el veintiocho de febrero de la presente anualidad. En consecuencia, requiérase al Director del Centro de Reinserción Social el Hongo, con sede en Tecate, Baja California, para que para que dentro del término de tres días legalmente computado, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de la partida jurídica elaborada al quejoso Fernando Alejandro Trujillo Rico, así como de la boleta de libertad respectiva; apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo; en relación con los numerales Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, mediante el cual el Coordinador del Área Médica del Centro Penitenciario "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California, rinde su informe justificado en los términos expuestos y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días hábiles para que se impongan de su contenido; asimismo, informa el acatamiento a la suspensión de plano decretada el veinticinco de febrero del año en curso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Pruebas. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las documentales que anexa la citada responsable, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. No obstante lo anterior, requiérase vía correo electrónico a la autoridad responsable Coordinador del Área Médica del Centro Penitenciario "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita la totalidad de las constancias que integran el expediente médico del quejoso Fernando Alejandro Trujillo Rico, o bien, informe la imposibilidad jurídica que tenga para ello. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, en virtud de que el quejoso, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARS (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 1, fracciones XX, XXV y XXXIII, del Acuerdo General 12/2020, articulo 2, fracciones X y XII, del Acuerdo General 13/2020, ambos Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a la actuaria de este órgano jurisdiccional para que notifiquen personalmente al quejoso mediante la plataforma denominada "webex". En la que deberá de realizar la lectura integra del presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y a sus asesores jurídicos.
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