Fernando Guadarrama Peralta

Expediente 1012/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1012/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Fernando Guadarrama Peralta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como correspondan el oficio y anexo de cuenta, presentados por el tercero interesado Director de Servicios de Protección Comercial y de Vigilancia Auxiliar de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Ayuntamiento de Tijuana, Baja California -en su denominación correcta-, atento a su contenido, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción II, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que menciona y señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa en auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al informe justificado remitido por la autoridad responsable Juzgado Segundo del Tribunal Superior de Justicia Administrativa de Baja California, con sede en esta ciudad, al cual adjuntó copia certificada de sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en la cual resolvió confirmar la validez de las negativas fictas configuradas en relación con los escritos presentados el quince de junio de dos mil veinte ante las autoridades Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana y Dirección de Policía Comercial y Vigilancia Auxiliar de dicha Secretaría, ambas con sede en esta ciudad, dictada en el expediente ********************, de su índice; así como constancia de notificación a la parte actora ******************** (aquí quejoso). En consecuencia, al advertirse la actualización de una causal de improcedencia, que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Apoya la consideración anterior la jurisprudencia II. 1º. J/5, que se publica en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, se actualiza la causa de improcedencia con relación al acto reclamado, quien esto resuelve, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Tiene aplicación al efecto por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo VII, Febrero de 1998, visible a página 210, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: "La omisión de la Segunda Sala (hoy Juzgado Segundo) del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, de emitir sentencia dentro del expediente ********************, en el término previsto en el artículo 80 fracción VI de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California." Por su parte, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se obtiene que han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de la Segunda Sala (hoy Juzgado Segundo) del Tribunal Estatal de Justicia del Estado de Baja California, de emitir sentencia en el expediente ********************, de su índice, ya que al respecto informó que el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés emitió dicha determinación judicial, la cual le fue notificada personalmente al quejoso en esa misma data. Circunstancia que se corrobora con las documentales que obran en copia certificada remitida por la propia autoridad responsable, misma que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés-, el acto reclamado subsistía, también lo es que, con posterioridad, es decir, el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, la autoridad responsable emitió sentencia definitiva en el expediente ********************, de su índice. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, como se anticipó, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla, es decir, las diez horas del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. En apoyo a la conclusión anterior, se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDEDECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio de quien resuelve la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En otro sentido, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta remitido por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, con sede en esta ciudad, en su carácter de tercero interesado, atento a su contenido, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción II, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que menciona y señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encontraba señalada para el día veintitrés de octubre del año en curso, la audiencia constitucional; sin embargo, con motivo del paro nacional convocado por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación a fin de ejercer el derecho a la protesta que les asiste a los servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales, se suspendieron labores, términos y plazos procesales en la precitada fecha. Aunado a lo anterior, y dado que del estado que guardan los presentes autos se advierte que en el auto admisorio se reconoció como terceros interesados a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana y a la Dirección de Policía Comercial y Vigilancia Auxiliar de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, notifíqueseles mediante oficio, conforme a lo establecido por el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, el auto admisorio, y el presente proveído (debiendo adjuntarles copia de la demanda). En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el veintitrés de octubre de dos mil veintitrés y en su lugar se fijan las diez horas del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrada Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con sede en esta ciudad, en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por un término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se le tiene anunciando como pruebas de su intención las documentales que anexa, sin perjuicio de hacer nueva relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese.

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