Fernando Gasca Almanza
Expediente 671/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 671/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Fernando Gasca Almanza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese en autos únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso ********************, mediante el cual desiste del presente juicio, toda vez que el cinco de octubre hogaño, se declaró firme el auto por el cual se desechó la demanda de amparo que promovió y se ordenó el archivo como asunto completamente concluido.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso ************; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le tiene cumplimiento con el requerimiento de diez de septiembre hogaño. Ahora bien, para una mejor comprensión de lo que se proveerá conviene establecer que el quejoso, acude a esta instancia constitucional reclamando: Del Presidente, Ayuntamiento y su Secretario, del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, la aprobación, expedición, promulgación y autenticación del artículo 7, fracción III, del Reglamento para la designación de la Comisión de Contraloría y Combate a la corrupción de Santa Cruz de Juventino Rosas, publicado el veinte de julio de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; sin la existencia de un dictamen por parte de la "Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas", ni haber sido presentado ante dicha comisión. Del Presidente, Ayuntamiento y la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, la aprobación y expedición de la convocatoria para la integración de la de la Comisión de Contraloría y Combate a la corrupción de Santa Cruz de Juventino Rosas. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Pues bien, en el caso concreto el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que a juicio de este órgano jurisdiccional, no se advierte que los actos reclamados, que el quejoso pretende impugnar, afecten su interés jurídico o legítimo; para ello, es necesario traer a contexto el citado numeral en comento es del tenor siguiente: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra las normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (.)". -lo resaltado en propio- Conforme a la reforma del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se amplió el concepto de interés de parte agraviada bajo lo que se definía como interés jurídico para promover el juicio de amparo, el cual era el único bajo el cual podía promoverse la instancia constitucional Es así como se incorpora -en lo que interesa- el concepto de interés legítimo, cuando se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la ley suprema y con ello se afecte la esfera jurídica del ciudadano, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, sumando este supuesto al de interés jurídico para efectos de procedencia, quedando estos dos, como los únicos. La disposición normativa de mérito es del tenor literal siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" Como se observa en la transcripción, la norma constitucional establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico) o de un interés legítimo individual o colectivo. Es así que, por interés legítimo se entiende aquel interés -individual o colectivo-, de cualquier persona, pública o privada, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico, es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra, resultando intrascendente que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo. Al respecto, es relevante mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la distinción entre el interés simple y el interés legítimo, precisando que el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Apoya tales consideraciones, la tesis aislada 1a. XLIII/2013 (10a.)[3], emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido expresan: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Entonces, se advierte que se prevén tres clases de intereses que puede tener una persona frente a un acto de autoridad: Interés jurídico. Estriba en un derecho subjetivo, el cual supone una facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, es decir, el accionante del amparo debe ser titular del derecho que se aduce violado con el acto reclamado y que éste produzca una afectación a su esfera jurídica. Interés legítimo. se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone una afectación a su esfera jurídica. Se concluye entonces, que el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple y siempre ha de vincularse con el siguiente binomio: 1.- La exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y, 2.- Resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico. Se cita para mayor claridad, la tesis aislada 2a. XVIII/2013 (10a.)[4], de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella". Planteado lo anterior, el cuestionamiento emergente será como identificar al interés legítimo en un acto concreto de autoridad, así, al resolver la contradicción de tesis 69/2002-SS la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo referencia a las características que permiten identificar el interés legítimo y que son las siguientes: Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Es particularmente relevante lo anterior, en virtud de que de la interpretación armónica y sistemática entre la Constitución Federal y la Ley de Amparo, se colige que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma, que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso. Se resalta como requisito indispensable del interés legítimo la existencia de una afectación indirecta en la esfera jurídica del individuo, por lo cual, el legislador empleó la frase "especial situación frente al orden jurídico" con un sentido de racionalidad, esto es, refiriéndose a situaciones concretas o excepcionales que guarden características diferentes a las generales en que pueden encontrarse los gobernados frente al orden jurídico, por lo cual es esa circunstancia la que debe apreciarse en cada caso concreto para determinar si existe o no un interés legítimo, el cual exige, como requisito mínimo, que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le dé un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia señalada respecto de los actos en comento, toda vez que de la lectura de la demanda y su escrito aclaratorio se desprende que el quejoso carece de interés jurídico y legítimo, pues no reúne ninguna de las características que ya fueron señaladas y que son necesarias para que se actualice alguno de los dos. En efecto, el promovente guarda una situación genérica no especial frente a los actos en cuestión, es decir, su situación es igual a la de los habitantes del poblado al que pertenece, de manera que no existe un interés particularmente distinto o diferenciado entre el entorno personal del quejoso y el resto de la población de aquella comunidad. Requisito indispensable para que este tipo de interés se actualice. Pues debe tomarse en cuenta que el impetrante se duele de la afectación que le causa la convocatoria que se realizó para acceder al a la "Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas" argumentando que le perjudica la aplicación del artículo III, del Reglamento para la designación de la Comisión de Contraloría y Combate a la corrupción de Santa Cruz de Juventino Rosas. Sin embargo, del escrito de cuenta, se advierte que manifestó bajo protesta de decir verdad que no presentó su postulación; de ahí que pueda afirmarse que, no se advierte que el peticionario del amparo resienta alguna afectación a su esfera de derechos, por la especial situación que guarde frente al ordenamiento jurídico, Aunado a lo anterior, el hecho de que fuera su intención inscribirse para contender por el cargo en mención, tampoco coloca al quejoso en una situación especial, sino en la misma que tienen todos los habitantes de la comunidad, quienes al igual que él, no forman parte de los aspirantes que se inscribieron para tal efecto. Por ello, el interés informado en la demanda constituye únicamente un interés simple similar al que tiene todo gobernado residente en el territorio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato; sin embargo, los actos objeto de reclamó no son susceptibles de generar un perjuicio real y actual en los derechos del quejoso; tampoco se observa que de prosperar esta instancia constitucional, se traduciría en un beneficio jurídico propio del accionante; por lo que la anulación de los actos no produciría ningún efecto directo o indirecto en la esfera jurídica del promovente de amparo. Por ello, tomando en consideración que al no haberse inscrito para obtener dicho cargo, se ubica en el mismo plano que todos los habitantes de la comunidad, y por tal motivo esa sola intención de querer concursar por ese cargo público es insuficiente por sí misma para acudir al juicio de amparo, porque al ser global se traduce en un interés simple que la ley reconoce a todo ciudadano o residente en el aquel poblado, pero no puede asimilarse al interés legítimo previsto en el precepto constitucional inicialmente citado, necesario para acudir al juicio de amparo. Además, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que de suyo puede llevar a una declaratoria de inconstitucionalidad pues, de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto y se llegaría al extremo de permitir que se reclamen derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos. En conclusión, la parte quejosa no tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, de ahí la determinación de improcedencia de la demanda de amparo. lustra a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[6], que a la letra dice: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". También tiene aplicación, la tesis aislada[8] del rubro y texto siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO. EL RECLAMO DE UNA OMISIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE OBLIGA AL QUEJOSO A EXPRESAR EL BENEFICIO QUE PUDIERA OBTENER DE RESULTAR BENEFICIADO DE CONCEDERSE EL AMPARO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió el interés legítimo, como aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Asimismo, precisó que dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Por tanto, si el quejoso plantea a título individual, la omisión del Ayuntamiento de efectuar una consulta pública previa la aprobación del Reglamento del Tribunal de Arbitraje del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, el que aún no ha sido publicado, sin expresar cuál es el beneficio que deja de obtener o cómo podría resultar beneficiado de concederse a su favor el amparo y la protección de la Justicia Federal, para entenderse que es objetivo su reclamo, es claro que únicamente existe un interés simple que no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido y, por tanto, resulta insuficiente para considerar que cuenta con un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que pudiera traducirse en un beneficio jurídico a su favor".. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia antes aludida, lo procedente es DESECHAR PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por **********; en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad con su petición en virtud de que no es parte en el presente juicio.
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