Fernando García Patiño y Otros.
Expediente 748/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 748/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Abel Ocampo Zavala
- Fernando García Patiño y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por **************, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Lo anterior, sin que pase inadvertido el hecho de que el término de diez días para interponer recurso de revisión no haya transcurrido para autoridad responsable, toda vez que esta carece de legitimación para interponer recurso de revisión, dado el sobreseimiento decretado. Notifíquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, fracción a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Únicamente agréguese en autos sin mayor proveído, el oficio signado por la Subdirectora Ejecutivo de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), en representación del Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, mediante el cual refiere rendir su informe justificado; lo anterior, en virtud de que el diecisiete de los actuales, se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia. Finalmente, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad radicada en este juzgado con el número 1/2022-I, la cual se trae a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque: 1) Los quejosos ****************, señalaron como acto reclamado: IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME; Respuesta negativa a nuestras solicitudes de autorización para autoconsumo de cannabis, contenidas en los oficios de número y letras **************, respectivamente, emitidos por la titular de la Dirección Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la COFEPRIS." 2) De la denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad radicada en este juzgado con el número 1/2022-I, se advierte que: De manera simultánea al presente juicio de amparo, los quejosos **************, promovieron la denuncia por el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la autoridad y actos siguientes: AUTORIDAD: Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. ACTO: Los oficios *****************, mediante los cuales se determinó la improcedencia de la solicitud realizada por los denunciantes para que se emitiera a su favor una autorización sanitaria para poder practicar el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Que, seguidos sus trámites procesales, este juzgado federal dictó sentencia el doce de septiembre de dos mil veintidós, en la cual declaró procedente y fundada la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, para los siguientes efectos: SÉPTIMO. Efectos. En consecuencia ante lo fundado de la denuncia interpuesta, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 210, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, realice lo siguiente: a. Deje sin efectos los oficios ****************, en los que se resolvió la imposibilidad para otorgar la autorización solicitada por los ahora denunciantes; y b. En su lugar emita cuatro oficios nuevos en los que atienda a cabalidad la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno y otorgue la autorización solicitada. Para lo cual, debe tener presente que las autorizaciones solo se otorgan a personas adultas, para la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, suresina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a(10a), ?6a(7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Esto es, la declaratoria no tiene como efectos permitir que se autorice el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a lo que se conocen como marihuana. De la misma forma, que para emitir las autorizaciones deberá precisar que: 1. El ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros. 2. Ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización. 3. No está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. En el entendido que el total cumplimiento debe efectuarse dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que cause ejecutoria la presente resolución." Que, una vez que transcurrió el término para su impugnación -sin que las partes lo hubiesen hecho-, la sentencia de la denuncia citada causó ejecutoria el trece de octubre del año en curso, declarándose a sí su firmeza. En relatadas condiciones, es evidente que la afectación reclamada por los quejosos en el presente juicio, cesó en sus efectos, en virtud de lo fundado y procedente de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, puesto que, en la resolución de su denuncia se conmina a la autoridad responsable a dejar sin efectos los oficios *************** -actos reclamados en el juicio de amparo en que se actúa-, y por consiguiente, a emitir otros nuevos en donde se atienda a cabalidad de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. Razones por las cuales, ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, dado que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a los solicitantes del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la sentencia ejecutoriada de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, dejó sin efectos los actos reclamados en el presente juicio, lo que trae como consecuencia que se le repusiera a los quejosos en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.
- Principal
VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, SE DESPRENDEN LAS RAZONES POR LAS QUE NO ES POSIBLE CELEBRAR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SEÑALADA PARA ESTA FECHA; SE DIFIERE LA MISMA Y SE SEÑALAN LAS ONCE HORAS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA SU CELEBRACIÓN.
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