Fernando Flores García

Expediente 919/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
919/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
08/02/2023

Partes del expediente

  • Fernando Flores García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Glósese a los autos el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, mediante el cual adjunta el diverso enviado por la Juez Primero Menor Mixto, con sede en esta misma ciudad, en atención a su contenido se acuerda: Únicamente agréguese el oficio 264/2023 del índice del Juzgado Primero Menor Mixto, toda vez que en proveído de tres de febrero del año en curso, se acordó lo conducente.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que suscribe la Jueza Primero Menor Mixto con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, infórmesele: -Que en auto de siete de diciembre de dos mi veintiuno, se desechó la demanda de amparo que promovió *************, por conducto de *************, en su carácter de endosatario en procuración. - Por ello, en acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se declaró que dicho proveído quedaba firme y se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Lo anterior, se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa *************, en su carácter de endosatario en procuración, no interpuso recurso de queja en contra del auto de siete de diciembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que presentó; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso d) del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ****************, por conducto de ***************, en su carácter de endosatario en procuración, calidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con la copia certificada enviada por la secretaria del Juzgado Primero Menor Mixto de Partido Judicial de Celaya, Guanajuato, del que se advierte que se le tiene reconocida dicha personalidad ante la responsable, contra actos del Juez Primero Menor Mixto de Partido Judicial de Celaya, Guanajuato; con apoyo en el punto 5 de la Circular SECNO/13/2021 suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 919/2021-VII. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien del estudio integral de la demanda, se desprende que el quejoso acude a esta instancia constitucional, reclamando: La resolución del recurso de revocación, emitida el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dentro del juicio **************, misma que fue notificada mediante lista en fecha tres de noviembre del mismo año. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De lo anterior se sigue que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para presentar la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es necesario apuntar que de las manifestaciones vertidas por el propio quejoso en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se desprende que: 1. El quejoso se duele de la resolución dictada el veintinueve de octubre del año en curso, por el Juez Primero Menor Mixto de Partido Judicial en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, dentro del juicio ************ de su índice. 2. Que dicha determinación le fue notificada por lista el tres de noviembre de dos mil veintiuno. 3. Que el veintiséis de noviembre del año en curso, presentó ante la Secretaria Habilitada por Ministerio de Ley del Juzgado Primero Menor Mixto en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, la demanda de amparo indirecto que se acuerda. 4. Que mediante oficio 2208/2021 de dos de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez Primero Menor Mixto de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, remitió el escrito original de la demanda de amparo, un tanto de la misma, un tomo de prueba, consistente en copia certificada del expediente *************, así como un cuadernillo a través del cual rinde el informe justificado. 5. Que el tres de diciembre de dos mil veintiuno, fue recibida dicha demanda y anexos en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad. De lo anterior se advierte que en el caso concreto, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, comenzó para el quejoso a partir del día siguiente al en que le surtió efectos la notificación de la resolución reclamada, esto es, a partir del cinco de noviembre de dos mil veintiuno y feneció el veintiséis de ese mismo mes y año, dado que según la propia manifestación del quejoso la determinación recurrida le fue notificada por la responsable el tres de noviembre del año que corre. Lo anterior, sin que obste el hecho de que el quejoso haya presentado su demanda de amparo indirecto ante el Juez responsable el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dado que no se está en ninguna de las excepciones que establece el artículo 159 de la Ley de Amparo, ni tampoco se advierte que el promovente haya incurrido en equivocación en la vía de impugnación, lo cual se puede corroborar con el propio escrito inicial, en cuyo rubro se advierte como asunto "SE PRESENTA AMPARO INDIRECTO", además de que inicialmente se encontraba dirigido al Juez de Distrito Civil en turno, con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, habiéndose testado esa determinación para dirigirlo al C. Juez Primero Menor Mixto de Celaya, Guanajuato, lo que pone en evidencia que el promovente sabía y estaba consciente de la vía de impugnación que pretendía (amparo indirecto), por lo que la presentación de su demanda de amparo resulta extemporánea. Consecuentemente, se reitera que el término de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso, ello tomando en consideración que el aludido plazo se computó a partir del día hábil siguiente al en que le surtió efectos la notificación de la resolución reclamada, esto es, el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, y le feneció el veintiséis de ese mes y año. De ahí que si la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el tres diciembre de dos mil veintiuno, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado por el quejoso fue consentido tácitamente por la recurrente. Es aplicable, lo dispuesto por la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, página 202, que a la letra reza: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA.- Es correcto el actuar del Juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el Juez de Amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el Juez Federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el Juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda". Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, al no contar con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.

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