Fernando Isaías Baltazar Soto

Expediente 295/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
295/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
07/05/2015

Partes del expediente

  • Fernando Isaías Baltazar Soto

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintitrés de abril de dos mil quince, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido en proveído de ocho de abril de dos mil quince a la parte quejosa para que cumpliera con la prevención ahí efectuada, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho auto, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Fernando Isaías Baltazar Soto; en atención a su contenido dígasele que no ha lugar a tenerlo dando cumplimiento al requerimiento efectuado el ocho de abril de dos mil quince. Lo anterior es así ya que en dicho auto se requirió, entre otras cosas, para que: I. Aclarara el acto reclamado, así como la autoridad a la que se lo atribuyó, es decir si se dolía de: -La negativa a otorgarle un beneficio de libertad emitida por el Juez Primero Penal de Partido de Salamanca, Guanajuato; o bien, -La falta de resolución a las peticiones que "en repetidas ocasiones" ha solicitado a las responsables, Juez de Ejecución y Director del Centro de Readaptación Social, de Acámbaro, Guanajuato. Asimismo, para que aclarara si el beneficio lo solicitó conforme al artículo 5° del Código Penal de Guanajuato, por haberse dejado de considerar un determinado hecho como delictuoso, en cuyo caso, debería precisar el delito por el que fue sentenciado, su fundamento legal y la fecha de la reforma legislativa correspondiente; o bien, si lo que solicitó fue la celebración de un convenio como mecanismo de Justicia Alternativa para obtener algún beneficio. II. Manifestara bajo protesta de decir verdad la totalidad de los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado. En cualquier caso, debería precisar al menos: -Cuándo hizo dichas peticiones de obtención del beneficio de libertad y ante qué autoridad. -En su caso, las fechas en que tuvo conocimiento de las determinaciones recaídas a esas solicitudes. -Asimismo, deberá aclarar si en su contra, interpuso algún medio de impugnación ordinaria. No obstante ello, el escrito de cuenta sigue siendo obscuro, pues del mismo se desprende que el promovente únicamente precisó el delito por el que fue condenado y la pena de prisión que le fue impuesta; así como la fecha en que realizó una petición por escrito ante el Juzgado de ejecución. Sin embargo, respecto del acto reclamado y la autoridad a la que se lo atribuyó, se le requirió para que precisara cuándo realizó las peticiones de obtención del beneficio de libertad; y en el desahogo únicamente refiere que el veintisiete de febrero realizó una petición ante el Juzgado de ejecución; lo que no revela cuáles son los actos que reclama a las diversas autoridades que señala como responsables, esto es al Juez Primero Penal de Partido de Salamanca, Guanajuato y al Director del Departamento Jurídico del Centro de Readaptación Social de Acámbaro, Guanajuato. Tampoco manifiesta la fecha en que le fue notificada la determinación recaída a la petición que formuló el veintisiete de febrero, ni narró si en su contra promovió algún medio de impugnación ordinaria. De igual manera, no aclara si la petición de libertad la basó en el artículo 5° del Código Penal de Guanajuato, por haberse dejado de considerar un determinado hecho como delictuoso; o en la eventual celebración de un convenio como mecanismo de Justicia Alternativa para obtener algún beneficio. A más de que únicamente exhibe cinco copias del referido cumplimiento, debiendo ser seis. Consecuentemente, no se tiene por desahogada la prevención de referencia, por lo que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de ocho de abril pasado. En la inteligencia que al haber atendido la prevención de que se trata el tercer día de los cinco que le fueron otorgados, le restan dos más para dar cumplimiento a lo solicitado, mismo que se computará a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que de este auto se le practique.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por Fernando Isaías Baltazar Soto, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero Penal de Partido, con residencia en Salamanca, Guanajuato y de otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 295/2015-II. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones II y IV del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. A) La fracción IV del aludido numeral 108 de la ley de la materia estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame". Como se advierte de la transcripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo actio el acto que reclama a las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa señaló como acto reclamado: ".La supuesta orden de que no he compurgado el tiempo suficiente para obtener un beneficio de libertad.", reclamación que atribuye al Juez Primero Penal de Partido de Salamanca, Guanajuato. Sin embargo, también refiere que en repetidas ocasiones ha solicitado tanto al Juez de Ejecución de Sanciones Penales como al Jurídico del Centro de Readaptación Social, ambos de Acámbaro, Guanajuato, un beneficio de libertad conforme al artículo 5° del Código Penal de Guanajuato. Por tanto, de lo antes expuesto no es posible deducir con claridad de lo que en realidad se duele el quejoso, si es: La negativa a otorgarle un beneficio de libertad emitida por el Juez Primero Penal de Partido de Salamanca, Guanajuato; o bien, La falta de resolución a las peticiones que "en repetidas ocasiones" ha solicitado a las responsables, Juez de Ejecución y Director del Centro de Readaptación Social, de Acámbaro, Guanajuato. Consecuentemente, este Juzgador estima que no es posible establecer cuál es el acto o los actos de los que se duele el quejoso en esta instancia constitucional, ni la autoridad a la que se los atribuye, entonces, es necesario que lo precise con toda exactitud. Del mismo modo, es necesario aclarar si el beneficio lo solicitó conforme al artículo 5° del Código Penal de Guanajuato, por haberse dejado de considerar un determinado hecho como delictuoso, en cuyo caso, deberá precisar el delito por el que fue sentenciado, su fundamento legal y la fecha de la reforma legislativa correspondiente; o bien, si lo que solicitó fue la celebración de un convenio como mecanismo de Justicia Alternativa para obtener algún beneficio. B) La fracción V del aludido numeral 108 de la ley de la materia estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En el caso concreto el suscrito estima que la parte quejosa no cumplió con el requisito establecido anteriormente, ya que en el capítulo correspondiente, únicamente hace referencia a la omisión por parte de las autoridades responsables de otorgarle un beneficio de libertad, omitiendo precisar todos aquellos acontecimientos ocurridos con antelación al acto reclamado, datos que resultan determinantes para la substanciación del presente juicio de amparo. En cualquier caso, deberá precisar al menos: -Cuándo hizo dichas peticiones de obtención del beneficio de libertad y ante qué autoridad. -En su caso, las fechas en que tuvo conocimiento de las determinaciones recaídas a esas solicitudes. -Asimismo, deberá aclarar si en su contra, interpuso algún medio de impugnación ordinaria. Ante las irregularidades advertidas, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, en relación con el 114, fracciones II y IV, ambos de la Ley de Amparo, se determina prevenir al aquí quejoso para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con seis copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: -Señale con precisión cuál es el acto u omisión que reclama, así como la autoridad a la que se lo atribuye. -Manifieste bajo protesta de decir verdad la totalidad de los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los cuales deberán precisarse en términos claros. -En ambos casos, atendiendo a los lineamientos establecidos en la presente resolución. Lo anterior, en la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Además que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Los requerimientos que al efecto se emiten conllevan el apercibimiento que de no ser exactamente observados dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Por otro lado, tomando en consideración que el quejoso, manifestó su deseo de señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que, al no ser técnicamente posible, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado federal. Asimismo, téngasele designado como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, por tratarse de un asunto en materia penal. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará presumir su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, las sentencias ejecutoriadas y las demás resoluciones públicas dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el juzgador. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización en los términos ordenados por el titular de este Juzgado en las circulares 1/2010 y 2/2010, de quince y veintiuno de enero de dos mil diez, respectivamente.

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