Fernando Chávez Jaramillo

Expediente 453/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
453/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
13/07/2016

Partes del expediente

  • Fernando Chávez Jaramillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de tres de junio del año en curso, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción I del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las constancias relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ****, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ****. Doy fe.

  2. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de junio de dos mil dieciséis. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 453/2016-II. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintisiete de mayo del año en curso, *************** solicitó la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Juez Sexto de Distrito del Estado de Chihuahua, y otras autoridades, a quien atribuyo la emisión de la orden de aprehensión, así como su ejecución. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Por auto de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Declaratoria de inexistencia de autoridad. Mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo por inexistente al Coordinador de la Policía Ministerial Federal, para los efectos del presente juicio de amparo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Delegado Estatal en Chihuahua de la Procuraduría General de la Republica y Subdelegado de Procedimientos Penales "A" de la Delegación Chihuahua de la Procuraduría General de la Republica, al rendir sus informes previos, negaron la existencia del acto que se les reclamó, sin que la parte quejosa haya aportado prueba tendente a desvirtuar tal negativa, por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitó Luis Eduardo Rodarte Flores, respecto de tales autoridades. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otra parte, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo, aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión y/o detención; por lo que deben tenerse por cierta la existencia de los acto que se les atribuyeron. QUINTO. Suspensión sin materia. El Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua al rendir su informe previo, aceptó la existencia del acto reclamado, y afirmó que el diecisiete de mayo del año en curso, giró orden de aprehensión en contra del quejoso, la cual fue solicitada por el Agente del Ministerio Publico de la Federación; asimismo, refirió que el veintiséis de mayo del dos mil dieciséis se dio cumplimiento a dicha orden, y que el veintisiete del mismo mes y año se resolvió la situación jurídica del quejoso, dentro del término constitucional. Lo anterior revela que, en la especie, la suspensión incidental ha quedado sin materia, pues al haberse decretado la absoluta libertad del quejoso, no hay materia sobre la cual suspender el acto reclamado, al desaparecer la causa que le dio origen. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta innecesario diferir la audiencia incidental respecto de la autoridad ejecutora que no ha rendido su informe previo, esto decir, respecto del Jefe de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la Republica, toda vez que de la información proporcionada por el Juez que dictó la orden de aprehensión se aprecia que dicho acto quedó sin efectos, por ende, la responsable ejecutora no estaría en condiciones de cumplir un acto que cesó en sus efectos y que, por la misma razón, no existe materia sobre la que pudiera decretarse la medida cautelar solicitada; de ahí que resulta innecesario el diferimiento de la audiencia incidental respecto de tal autoridad. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE: UNICO. Se decreta sin materia el incidente de suspensión. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Armando Guadarrama Bautista. Doy fe.*namm

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de junio de dos mil dieciséis. Glósese a los autos, para que obre como legalmente corresponde el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, mediante el cual remite copia certificada de las constancias que integran la causa penal **************, de su índice, en el que al resolver la situación jurídica del quejoso, decretó su inmediata y absoluta libertad, con motivo de sobreseimiento de dicha causa; atento a lo anterior, en el caso, el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el veintisiete de mayo de dos mil quince, y turnado a este órgano, ************** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra actos del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, y otras autoridades, de quienes reclamó la orden de aprehensión y su ejecución. Asimismo, por acuerdo de veintisiete de mayo del año en curso, se admitió a trámite y se ordenó formar expediente bajo el consecutivo 453/2016-II; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se le dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En el oficio que se recibe en esta data, el Juez responsable hizo del conocimiento de este Juzgado que el mismo veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, resolvió la situación jurídica del quejoso, dentro del término constitucional, y decretó su inmediata y absoluta libertad, al haber prescrito la acción penal ejercida en su contra, cuya resolución remitió en copia certificada. Lo anterior revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, la copia certificada del auto de término constitucional de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, revela los siguientes puntos resolutivos: [.] Segundo. Se decreta la inmediata y absoluta libertad de **************, en su carácter de Administrador Único y **************, como Apoderado General, ambos del patrón ************** y **************, única y exclusivamente por lo que hace a la presente causa penal y delitos antes precisados, sin que sea el caso ordenar se girare el oficio de libertad correspondiente a la autoridad penitenciaria, por virtud de que los indiciados de referencia se encuentran en libertad provisional bajo caución. Tercero. Se decreta el sobreseimiento en la presente causa penal, la cual una vez que cause estado, tendrá efectos de sentencia absolutoria, en los términos precisados en el considerando primero de esta resolución. [.] Esa documental adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; la cual resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la orden de aprehensión atribuida a la autoridad responsable, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues con la resolución de sobreseimiento de la causa penal, con efectos de sentencia absolutoria, destruye de manera absoluta los efectos jurídicos de la orden de aprehensión señalada como acto reclamado; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues el actuar de la responsable implica una revocación tácita de los actos reclamados. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia, por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas con veinte minutos del veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Armando Guadarrama Bautista. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Delegado Estatal en Chihuahua de la Procuraduría General de la República; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Armando Guadarrama Bautista. Doy fe. *namm

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