Fernando Espinosa Guajardo y Otros.

Expediente 762/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
762/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
31/01/2022

Partes del expediente

  • Fernando Espinosa Guajardo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2°. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se sobreseyó en el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de enero de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 762/2021-I, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en esta ciudad, la demanda de Amparo promovida por *******, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales *******, la cual fue turnada al día siguiente a este juzgado, misma que se promovió contra actos reclamados al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de la Mujer, Zona Norte, y otras autoridades. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos violentados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Previa aclaración, en proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó radicada bajo el número de expediente *******, se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se emplazó a la tercero interesada *******, y se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, por los motivos asentados en el mismo, se ordenó la separación de autos; en la inteligencia que, en el juicio de amparo *******, se ventilaría la omisión de la ejecución del acuerdo dictado el dos de julio de dos mil veintiuno, en el expediente *******, relativo al juicio ordinario familiar en el que el Juez Familiar responsable determinó lo relativo a la guarda y custodia provisional, así como pensión alimenticia que solicita respecto de su hijo de iniciales *******. Mientras que, respecto de las órdenes de protección de emergencia que se deduce de una resolución dictada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de la Mujer Zona Norte, dentro de la carpeta de investigación *******, se ventilaría en este juicio de amparo 762/2021, igualmente, del índice de este órgano jurisdiccional, a efecto de garantizar a la parte quejosa una pronta impartición de justicia, debido a que ya se tiene conocimiento del mismo. Atento a lo anterior, mediante auto de veintiocho de octubre del año en curso, se admitió a trámite, se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esa forma se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama las órdenes de protección de emergencia deducidas de la resolución dictada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de la Mujer Zona Norte, dentro de la carpeta de investigación *******. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente de los cuales se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Existencia de acto reclamado. La agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Violencia Familiar y Contra el Cumplimiento Pensión Alimentaria, con residencia en esta ciudad, convino en la existencia del acto reclamado consistente en las órdenes de protección emitidas a favor de la víctima *******, en la carpeta de investigación *******, ello en virtud de la denuncia interpuesta contra el aquí quejoso. De modo que, se tiene por existente dicho acto. Cuarto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo, es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para que el juzgador determine si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional, o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman tal figura, hipótesis normativas debidamente descritas en la Ley de Amparo, que deben analizarse de acuerdo con el texto del artículo 62 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, respecto al acto reclamado por el quejoso a la agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Violencia Familiar y Contra el Cumplimiento Pensión Alimentaria, con residencia en esta ciudad, consistente en las órdenes de protección emitidas a favor de la víctima *******, en la carpeta de investigación *******, ello en virtud de la denuncia interpuesta contra el aquí quejoso, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de la materia, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Conforme a dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando, las violaciones alegadas, cometidas en la emisión del acto reclamado emanado de un procedimiento judicial, por virtud de un cambio de situación jurídica, queden irreparablemente consumadas, por no poder decidirse respecto de dicho acto, sin afectar la nueva situación jurídica. Lo anterior, se corrobora con lo manifestado por la agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Violencia Familiar y Contra el Cumplimiento Pensión Alimentaria, con residencia en esta ciudad, esto es que en virtud de la denuncia interpuesta por *******, el catorce de julio del año en curso, contra *******, por hechos que constituyen el delito de Violencia Familiar, se inició la carpeta de investigación *******, donde se dictaron las órdenes de protección a favor de la víctima, esto de conformidad a lo que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece, que se notificaron al aquí quejoso, el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, por medios de los agentes de la Policía Ministerial, quienes en su parte informativo refirieron que el quejoso se negó a firmar las órdenes de protección, ya que únicamente firmó la entrevista en donde proporcionó domicilio de su abogado para oír y recibir notificaciones; la carpeta de investigación posteriormente fue integrada y judicializada, recayendo el número de causa penal *******, y el seis de octubre del año que transcurre, el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio, vinculó a proceso al quejoso *******, por el delito de violencia familiar en dos hechos diversos que se le atribuyen haber cometido en perjuicio de la víctima ya referida, para posteriormente y una vez colmados los requisitos que establecen los artículos 154 y 155, fracciones VII y VII, imponer la medida cautelar de no acercarse al domicilio de la víctima *******, con vigencia de veinticuatro meses. Por su parte, el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en Funciones de Juez de Control, hizo del conocimiento de este juzgado que el seis de octubre de dos mil veintiuno, dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso *******, en la causa penal *******, por el delito de violencia familiar en dos hechos diversos que se le atribuyen haber cometido en perjuicio de la víctima ya referida, para posteriormente y una vez colmados los requisitos que establecen los artículos 154 y 155, fracciones VII y VII, imponer la medida cautelar de no acercarse al domicilio de la víctima *******, con vigencia de veinticuatro meses, asimismo, el quince de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la suspensión condicional del proceso a petición del abogado del aquí quejoso, ello en términos del numeral 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el plazo de doce meses, contados a partir de esa fecha, feneciendo el quince de diciembre de dos mil veintidós, lo anterior, bajo las condiciones a las que se refieren las fracciones I, II, VII y IX del citado artículo, quedando aprobado también el plan de reparación del daño propuesto, en términos del numeral 194 de dicho Código, lo que se corrobora con el contenido de los discos ópticos enviados por dicho juzgador. Con lo que se actualiza la causal de improcedencia precisada en párrafos precedentes, ya que en lo que interesa, el seis de octubre de dos mil veintiuno, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso *******, en la causa penal *******, por el delito de violencia familiar en dos hechos diversos que se le atribuyen haber cometido en perjuicio de la víctima *******, para posteriormente y una vez colmados los requisitos que establecen los artículos 154 y 155, fracciones VII y VII, imponer la medida cautelar de no acercarse al domicilio de la víctima; asimismo, el quince de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la suspensión condicional del proceso a petición del abogado del aquí quejoso, ello en términos del numeral 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el plazo de doce meses, contados a partir de esa fecha, feneciendo el quince de diciembre de dos mil veintidós, lo anterior, bajo las condiciones a las que se refieren las fracciones I, II, VII y IX del citado artículo, quedando aprobado también el plan de reparación del daño propuesto, en términos del numeral 194 de dicho Código, condiciones que han quedado precisadas en supralíneas. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los citados artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las cuales son aptas para demostrar que la situación jurídica, en el ámbito penal, del quejoso, dejó de regularse conforme las órdenes de protección de emergencia emitidas por agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Violencia Familiar y Contra el Cumplimiento Pensión Alimentaria que reclamó el quejoso ******* en este juicio de amparo, quedando sustituidas por la medida cautelar impuesta por el Juez de Control y las posteriores condiciones que motivaron la suspensión condicional del proceso. De manera que, en este asunto, no puede ya analizarse la constitucionalidad y convencionalidad de las órdenes de protección de emergencia y las posibles violaciones cometidas, ya que de analizarlas se afectaría la nueva situación jurídica, regulada, como ya se dijo, por las mencionadas resoluciones de seis de octubre y quince de diciembre de dos mil veintiuno. Así pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo y lo procedente es sobreseer en este asunto, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 762/2021-I, promovido por *******, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese y cúmplase. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de autos Visto el estado de autos, del informe justificado rendido por la Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada Delitos Violencias Familiar y contra el Cumplimiento Pensión Alimentaria residente en esta ciudad (en su denominación correcta), se desprende que el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio, vinculó a proceso a **, por el delito de violencia familiar en dos hechos diversos que se le atribuyen haber cometido en perjuicio de la aquí tercero interesada, esto en la causa penal 6113/2021, y posteriormente, una vez colmados los requisitos que establece el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le impuso como medidas cautelares las contempladas en el artículo 155 del mismo ordenamiento, consistentes en la fracción VII, esto es la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares así como la fracción VIII, consistente en la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las victimas u ofendidos o testigos, siempre y cuando no se afecte el derecho de defensa, teniendo que en específico ** no puede acercarse al domicilio de la víctima así como a la víctima ** medida cautelar que está vigente por veinticuatro meses. Requerimiento En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, solicítese de la manera más atenta al Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio, residente en esta ciudad, a fin de que, en el plazo de tres días, computado legalmente, remita a este juzgado copia certificada de las constancias que integran la causa penal 6113/2021, de su índice. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo o no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, valiosa cada una por $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos moneda nacional), equivalentes a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y uno pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, así como ordinales 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Diferimiento de audiencia Atento a lo antes expuesto, con el objeto de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos Visto el estado de autos y de la certificación que antecede, se advierte que existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, programada para las diez horas con diez minutos de la fecha en que se actúa, en virtud de que, el informe justificado rendido por la autoridad responsable, la Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada Delitos Violencias Familiar y contra el Cumplimiento Pensión Alimentaria residente en esta ciudad, se tuvo por recibido en auto de doce del mes y año en curso, por notificado al quejoso el doce de los mismos, esto es, no se presentó con los ocho días de anticipación a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del quince de diciembre de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, dadas las razones expresadas la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, Materia Común, que se consulta en la página 151, con registro 170081, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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