Fernando Baltierra Tarín y Otros.
Expediente 243/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 05/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Fernando Baltierra Tarín y Otros.
- Maria Socorro Liceaga Guerrero y Otros.
- Fernando Baltierra Tarín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia en que se sobreseyó y se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. Por ende, con fundamento en el arábigo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívense las actuaciones como asunto concluido. Así pues, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa, se negó y se sobreseyó, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de depuración. Además, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo en cita, el cual estatuye que no será objeto de depuración o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial que se hayan determinado como información reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información planteada una vez que en el asunto respectivo haya concluido; en efecto, en el presente expediente no existe información reservada o confidencial en términos de lo previsto en los artículos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del numeral 37 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Atribuciones de los Órganos en Materia de Transparencia, así como los Procedimientos de Acceso a La información Pública y Protección de Datos Personales, de ahí que no tiene aplicación el precepto legal en cuestión. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no hizo manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto, hágase del conocimiento de las partes que la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, con el nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención. Por otro lado, en vista de que en el presente expediente existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo General citado supra líneas, notifíquesele, para que dentro del plazo de noventa días computados a partir del día siguiente al que quede legalmente notificada del presente proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo, éstos documentos podrían ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil dieciséis, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de cinco de agosto de dos mil dieciseis que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia en que se sobreseyó y se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. Por ende, con fundamento en el arábigo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívense las actuaciones como asunto concluido. Así pues, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa, se negó y se sobreseyó, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de depuración. Además, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo en cita, el cual estatuye que no será objeto de depuración o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial que se hayan determinado como información reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información planteada una vez que en el asunto respectivo haya concluido; en efecto, en el presente expediente no existe información reservada o confidencial en términos de lo previsto en los artículos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del numeral 37 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Atribuciones de los Órganos en Materia de Transparencia, así como los Procedimientos de Acceso a La información Pública y Protección de Datos Personales, de ahí que no tiene aplicación el precepto legal en cuestión. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no hizo manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto, hágase del conocimiento de las partes que la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, con el nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención. Por otro lado, en vista de que en el presente expediente existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo General citado supra líneas, notifíquesele, para que dentro del plazo de noventa días computados a partir del día siguiente al que quede legalmente notificada del presente proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo, éstos documentos podrían ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil dieciséis, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de julio de dos mil dieciséis. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 243/2016-IV, promovido por **********. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, que por razón de turno fue remitida el mismo día a este juzgado, los quejosos promovieron demanda de amparo, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades, de quienes reclamaron el proceso por el que se expidió el Decreto Legislativo número 1223/2015 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil dieciséis, específicamente su artículo primero, apartado 4, así como la Tarifa de Derechos relativa, en su fracción IX, numeral 4. SEGUNDO. Derechos humanos que se estimaron transgredidos. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite al escrito de demanda. En proveído de veintinueve de marzo del año en curso, se admitió a trámite la demanda respecto de todos los quejosos; se pidió informe justificado a las autoridades responsables; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en los términos precisados en el acta que antecede y concluye con el dictado de esta resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se trata de un asunto contra normas generales que, con motivo del primer acto de su aplicación, causen perjuicio al quejoso, cuya ejecución tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados. A efecto de dar cumplimiento a lo anterior, es menester precisar que el análisis integral de los antecedentes del acto reclamado, de los conceptos de violación, de las pruebas ofrecidas por los quejosos y de los informes justificados, se deduce que la parte quejosa reclama los actos siguientes: La aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del Decreto 1223/2015 I P.O., mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil dieciséis, específicamente su artículo primero, apartado 4, así como la Tarifa de Derechos relativa, en su fracción IX, numeral 4. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, del tenor: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, el Secretario de Hacienda y el Recaudador de Rentas, ambos del Gobierno del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia del acto que quedó precisado en líneas precedentes, al indicar que fue una autoridad dependiente de esa Secretaría la que se encargó de la recepción del cobro por concepto de derechos de control vehicular con placas para el ejercicio dos mil dieciséis, contenido en los certificados de pago que se exhibieron adjuntos a la demanda, razón por la que debería tenerse por cierto. No obstante, la certeza del acto que le fue atribuido a dichas autoridades se encuentra desvirtuada, pues en el caso, la impugnación de la ley se lleva a cabo por la actualización del primer acto de aplicación, al haber realizado la parte quejosa el pago correspondiente al Derecho de Control Vehicular, que como se advierte de la demanda y anexos que se exhibieron, fueron los quejosos quienes voluntariamente realizaron dicho entero, sin que las autoridades responsables los conminaran para tal efecto. En esta tesitura, aun cuando aquéllas hubieren reconocido como cierta la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, vía recepción del pago de los derechos combatidos, debe concluirse en la inexistencia de dicho acto, pues el pago de manera voluntaria de un tributo, no puede considerarse como un acto de aplicación imputable a la autoridad ejecutora, aunque sí como acto de aplicación de la ley, pero como una autoaplicación que realiza la parte quejosa. En consecuencia, al no existir un acto de autoridad imputable a las autoridades precisadas, en el presente considerando, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento por lo que a esta autoridad se refiere. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2007-SS, consultable en la página 367, Tomo XXVI, de Agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las diversas autoridades responsables, Congreso del Estado y Gobernador Constitucional, ambas del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del decreto impugnado. De manera que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se tiene por acreditada la existencia del proceso legislativo reclamado por la parte quejosa. Es aplicable la jurisprudencia 749, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 1, Común, Primera parte, Sexta Sección, página 830, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Además, la certeza deriva no sólo del hecho de que así lo hayan reconocido las autoridades responsables que rindieron sus informes justificados, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del ordenamiento relativo, por tratarse de una normativa general, abstracta e impersonal que no está sujeta a prueba, sino que es presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por el artículo 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, conforme a los cuales las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no son objeto de prueba, pues basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo. Es aplicable al caso la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de dos mil, página 260, que estatuye: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo respecto del acto reclamado al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua (publicación). Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no; por tanto, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, que se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, respecto de uno de los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua (publicación), se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.] De los preceptos reproducidos se deduce, en primer término, que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo; en segundo término, que en el caso de que se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando impugnen sus actos por vicios propios. En la especie, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable aquí identificada, la orden de publicación del Decreto 1223/2015 I P.O., mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil dieciséis, específicamente su artículo primero, apartado 4, así como la Tarifa de Derechos relativa, en su fracción IX, numeral 4, que entró en vigor el uno de enero de este año; pero sin impugnar, por vicios propios, la publicación del Decreto que contiene las normas tildadas de inconstitucionales; de ahí que, se surta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. En esta guisa, al quedar patentizada la actualización de la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, se impone sobreseer en el juicio respecto de la publicación de la norma identificada en líneas previas. Al no existir causa diversa de improcedencia que hayan hecho valer las partes, o alguna cuyo estudio se estime necesario en forma oficiosa, se procede enseguida a analizar la constitucionalidad de los artículos impugnados, al tenor de los motivos de inconformidad hechos valer en la demanda de amparo. SEXTO. Conceptos de violación. A continuación se procede al examen de los argumentos vertidos en el escrito de demanda de amparo, siendo innecesaria su transcripción en esta sentencia, lo cual encuentra sustento en la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SÉPTIMO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa son infundados. Como cuestión previa, resulta pertinente señalar que la norma tildada de inconstitucional por la parte quejosa, lo constituye la contenida en el Decreto 1223/2015 I P.O., mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil dieciséis, específicamente su artículo primero, apartado 4, así como la Tarifa de Derechos relativa, en su fracción IX, numeral 4 que promueve con motivo de su primer acto de aplicación, contenido en los certificados de pago expedidos por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, por concepto de derecho de control vehicular con placas, que a continuación se detalla: Nombre del contribuyente Número de operación Monto del pago *** 1384083 $900.00 ****** 1361333 $900.00 ****** 1180397 $900.00 ******* 1360038 $900.00 ******** 1399477 $900.00 ******** 1244726 $900.00 ********* 1374934 $900.00 ******** 1375034 $900.00 ******* 1316472 1316435 $900.00 $900.00 ******* 1288752 $900.00 ************ 1238310 1233461 $900.00 $900.00 ******* 1409087 1409161 $900.00 $900.00 **** 1305432 $900.00 ********* 1322110 $900.00 ******** 1427222 $900.00 ********** 1368169 $900.00 ********* 1368189 $900.00 ******** 1295262 $900.00 ******** 1437779 Folio 12308019487 $900.00 $900.00 ********* 1453500 $900.00 ********** 1417604 1417706 $900.00 $900.00 ********** 1350638 $900.00 *********** 1215130 $900.00 ********* 1384025 1383969 $900.00 $900.00 ******* 1428066 1428024 $900.00 $900.00 ********* 1360439 1360549 1360491 1360594 $900.00 $900.00 $900.00 $900.00 ********** 1255822 $900.00 ********* 1236598 1422693 1236643 $900.00 $900.00 $900.00 ********** 1205709 $900.00 ********** 1371778 1371759 $900.00 $900.00 ********** 1285298 $900.00 ********** 1256397 $900.00 ******* 1256606 $900.00 *********** 1280748 $900.00 ********** 1308546 1308509 $900.00 $900.00 ********** 1345090 1345064 $900.00 $900.00 ******* 1452500 $900.00 ******** 1337460 1337492 $900.00 $900.00 ********** 1319449 $900.00 ******** 1111904 $900.00 A tales documentales se les reconoce valor probatorio en términos de dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, por tratarse de documentos originales, emitidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Por su parte, la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, relativa a los Servicios prestados por la Dirección de la División de Vialidad y Tránsito, específicamente los derechos de control vehicular, en su Tarifa señala lo siguiente: TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. La presente Tarifa esta expresada en base en lo señalado en cada uno de los rubros que la integran y expedida con fundamento en el artículo 64, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación con los artículos 12, 27, 30 y 31, segundo párrafo, 308 y 308 A, todos del Código Fiscal del Estado y demás leyes fiscales en vigor, para el cobro de los derechos que debe percibir la Hacienda Pública Estatal por los Servicios Públicos que prestan las Dependencias del Gobierno del Estado a los usuarios de los mismos. Las cifras señaladas en la presente Tarifa se expresan en pesos [.] IX. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE VIALIDAD Y TRÁNSITO SE COBRARAN LAS SIGUIENTES CUOTAS [.] 4 Derecho de control vehicular con placas. 1,700.00 [.] En esta tesitura, de los certificados de pago que exhibieron cada uno de los quejosos anexos a su demanda de amparo, se advierte que la Tarifa aplicada a los quejosos fue por la cantidad de $1,700.00 (un mil setecientos pesos 00/100 m.n.), a la cual le fue aplicado un descuento, por lo que sólo erogaron la cifra de $900.00 (novecientos pesos 00/100 m.n.) por concepto de derecho de control vehicular con placas, por cada uno de los automotores ahí mencionados, entonces se concluye en la existencia del acto de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, en específico el apartado IX, numeral 4 referido en la Tarifa de Derechos anexa a la citada ley de ingresos. Precisado lo anterior, tenemos que la parte quejosa en su demanda de amparo, formuló a guisa de conceptos de violación, los siguientes argumentos: 1. El derecho de control vehicular de servicio particular y verificación es un elemento determinado por el propio Estado, sin que para ello intervengan situaciones de tipo objetivo imputables al contribuyente; por lo que no revela la capacidad contributiva de los sujetos obligados al pago de este tributo y al no existir una relación directa entre las condiciones de los contribuyentes con la base utilizada para este impuesto (sic), se viola el principio de proporcionalidad que contempla nuestra Carta Magna. 2. En adición al principio de proporcionalidad tributaria, el artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna establece el principio de equidad corno una garantía de los gobernados que debe ser respetada plenamente por el legislador establecer en las leyes cualquier contribución; por ende, la condición del impuesto (sic) en estudio resulta evidentemente inconstitucional y claramente un acto de la autoridad viciado procediendo el otorgamiento del amparo y protección de la justicia federal a favor de los contribuyentes afectados por este gravamen. Como se adelantó, los reseñados conceptos de violación resultan infundados y, dada su estrecha vinculación, su análisis se realizará de manera conjunta, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. Para evidenciar el anterior aserto, es necesario establecer que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye: 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. La satisfacción de los principios de proporcionalidad y equidad de las cargas fiscales establecidas por el reseñado artículo, a través de una escala de mínimos a máximos en función del capital del causante de los derechos correspondientes, únicamente es aplicable a los impuestos. Pues tratándose de derechos, de acuerdo con la doctrina jurídico fiscal y la legislación tributaria, éstos son las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo o sus dependencias a personas determinadas que los soliciten, de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos debe tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Sobre este tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que el pago del derecho por la prestación de un servicio, transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, si para ello no se toma en cuenta el costo global del servicio que presta, sino que se atiende a un elemento ajeno, en el caso, el valor automotor, el tipo de servicio que presta (público y/o privado), ya sea común o de lujo, o bien, por el tipo de vehículo (motocicletas, remolques, sedan, pick up, camión), pues ello conduce a que por un mismo servicio los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad, pues se fija en términos de la capacidad contributiva del destinatario del servicio, siendo esto aplicable exclusivamente a los impuestos, no así a los derechos cuya naturaleza es distinta, por lo cual, si para el cobro del derecho de control vehicular, no se atiende al costo global del servicio prestado, que si bien no puede ser con una exactitud matemática en relación con el costo del servicio, éste resultará violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, puesto que sí debe existir una vinculación entre el costo del servicio y su cobro. Conforme a lo expuesto, el que resuelve estima que la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis contenida en el folleto anexo al Periódico Oficial del Estado, y las tablas inmersas en dicha ley, relativas al cobro de derechos, en específico en lo referente al derecho de control vehicular, no se aparta del principio de proporcionalidad que debe regir en los derechos fiscales por servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, ya que para fijar el monto del referido derecho, el legislador establece una tarifa única para todos los usuarios, sin atender a un factor ajeno al servicio prestado, como sí resultaría si se llegaran a considerar otros aspectos como el tipo de vehículo, valor económico, tipo de automotor y de servicio que presta. En efecto, tratándose de los derechos fiscales -no impuestos-, los reseñados principios de proporcionalidad y equidad previstas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, operan con un sistema distinto al de los impuestos, ya que -como se indicó- los derechos deben entenderse las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo en sus funciones de derecho público y, en su caso, por organismos descentralizados o desconcentrados, así como por concepto del uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público; en contraste, los impuestos se entienden como las contribuciones establecidas en la ley a cargo a las personas que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas en aquéllas, derivando de tal diferencia distintos modos de apreciar y aplicar los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad. Lo anterior, fue encuentra sustento en el criterio jurisprudencia sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que se localiza en la página 23, Volumen 169-174 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS ESTA REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. La satisfacción de las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas fiscales establecidas por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que las leyes tributarias tratan de llevar a cabo en materia de derechos a través de una escala de mínimos a máximos en función del capital del causante de los derechos correspondientes, traduce un sistema de relación de proporcionalidad y equidad que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo o sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Así, el principio de proporcionalidad que rige a los derechos fiscales se funda, generalmente, en que el monto de las cuotas o tarifas deben guardar una correspondencia razonable con el costo del servicio que presta el Estado, de manera tal que se respeta el principio de proporcionalidad tributaria en la medida en que exista congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud, función esta última que le corresponde al elemento tributario conocido como base imponible, así como la congruencia entre hecho imponible y base, porque aparte de ser un requisito de proporcionalidad, es también cuestión de lógica interna de los tributos, porque de lo contrario existiría imprecisión en torno a cuál es el aspecto objetivo efectivamente gravado y cuál es la categoría tributaria que realmente se regula. Además, para la fijación de la cuota o tasa aplicable sobre la base del derecho, debe tomarse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre este costo y el monto de la cuota no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio necesariamente tenga que corresponder exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se otorgan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. Ahora, con el propósito de analizar la naturaleza jurídica de un derecho, conforme a la Legislación Estatal, es oportuno precisar que los artículos 12, 27, 30, 31, 308 y 308 A, del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, establecen: 12. La Hacienda Pública del Estado de Chihuahua, para hacer frente a los egresos percibirá en cada ejercicio fiscal los impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos, aprovechamientos, participaciones y demás ingresos que señalen las leyes. CAPITULO II FUENTES DE INGRESOS 27. Los ingresos del Estado son ordinarios y extraordinarios. 30. Los ingresos ordinarios se dividen en: impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos, aprovechamientos y participaciones. 31. Son impuestos las prestaciones en dinero o en especie que fija la Ley con carácter general y obligatorio, a cargo de personas físicas, morales y unidades económicas, para cubrir los gastos públicos. Son derechos las contraprestaciones establecidas por el Poder Público, conforme a la Ley, en pago de un servicio. También son derechos las contribuciones aprobadas anualmente por la Junta Central de Agua y Saneamiento a sus organismos operadores, publicadas en el Periódico Oficial del Estado, con motivo de la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y disposición final de lodos. Son contribuciones especiales las prestaciones legalmente obligatorias que se establecen a cargo de las personas que se benefician de manera especial con alguna obra o servicio público, destinadas a cubrir los gastos que requiera la propia obra o servicio. En consecuencia la contribución estará en relación con el monto del beneficio obtenido y el costo de la obra. Son productos los ingresos que percibe el Estado por actividades que no corresponden al desarrollo de sus funciones propias de derecho público o por la explotación de sus bienes patrimoniales. Son aprovechamientos: Los recargos, las multas, los gastos de ejecución y los demás ingresos de derecho público no clasificables como impuestos, derechos, contribuciones especiales o participaciones". CAPITULO XIV DERECHOS 308. Los derechos por la prestación de los servicios públicos que realizan las dependencias de Gobierno del Estado, se causarán en el momento en que el particular reciba la prestación del servicio o en el momento que provoquen por parte del Estado el gasto que deba ser remunerado por aquél. 308 A. Los derechos que señale la Ley de Ingresos del Estado, deberán ser cubiertos en la recaudación de rentas de la jurisdicción donde se preste el servicio o en el lugar que al efecto señale la Secretaría de Hacienda. De lo anterior, se deduce que la Hacienda Pública del Estado de Chihuahua para hacer frente a los egresos percibirá en cada ejercicio fiscal, entre otros, los derechos que señalen las leyes; asimismo, los ingresos del Estado serán ordinarios y extraordinarios, dividiéndose los primeros en impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos, aprovechamientos y participaciones; para ello, serán derechos las contraprestaciones establecidas por el Poder Público conforme a la Ley, en pago de un servicio, así como las contribuciones aprobadas anualmente por la Junta Central de Agua y Saneamiento; así, los derechos por la prestación de los servicios públicos que realizan las dependencias de Gobierno del Estado se causarán en el momento en que el particular reciba la prestación del servicio, o en el momento que provoquen por parte del Estado el gasto que deba ser remunerado por aquél; por último, los derechos que señale la Ley de Ingresos del Estado deberán ser cubiertos en la recaudación de rentas de la jurisdicción donde se preste el servicio o en el lugar que al efecto señale la Secretaría de Hacienda. En el caso que origina la demanda de amparo, el Decreto tildado de inconstitucional señala, en lo conducente, lo siguiente: LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. ARTÍCULO PRIMERO.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2016, la Hacienda Pública Estatal percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas, expresadas en pesos, que a continuación se enumeran: DERECHOS Los Ingresos que se perciban como contraprestación por los servicios que otorgan las dependencias del Gobierno del Estado, se causarán en la forma y montos que establece la Tarifa anexa, expedida conforme a los artículos 12, 27, 30; 31, segundo párrafo; 308 y 308a del Código Fiscal del Estado. 2. Derechos 4,343,500,000 4.3.4.2) De la División de Vialidad y Tránsito 1,520,000,000 . 4.3.4.2.1 Derecho Vehicular 1,350,000,000 IX POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE VIALIDAD Y TRÁNSITO, SE COBRARÁN LAS SIGUIENTES CUOTAS: 4 Derecho de control vehicular con placas. 1,700.00. De lo expuesto, se colige que para para identificar el elemento sujeto, acorde a la redacción anterior, deben ser causantes de derechos todos los usuarios que reciban servicios públicos prestados por las dependencias del Gobierno del Estado y sean usuarios de los mismos, en el caso, por los derechos de control vehicular por los servicios prestados por la Dirección de Vialidad y Tránsito. En cuanto al Objeto, se establece que consistirá en el control de la flota vehicular con placas, que los contribuyentes soliciten al Gobierno del Estado. Por lo que hace al elemento Base, resulta conveniente señalar que se ha entendido como base gravable o imponible, la cantidad neta en relación con la cual se aplican las tarifas del derecho; es decir, la cuantía real o específica que sirve para determinar la tarifa correspondiente, la cual debe estar determinada en la ley. Por tratarse de un derecho, corresponde a cada una revisiones o revalidación del servicio se realicen en la Dirección de Vialidad y Tránsito. La Tasa o tarifa, corresponde en todos los casos a una cuota fija de $1,700.00 (mil setecientos pesos moneda nacional). Por último, lo atinente a la época de pago, el artículo 308 del Código Fiscal del Estado señala que los derechos se causarán en el momento en que el particular reciba la prestación del servicio, o en el momento que provoquen por parte del Estado el gasto que deba ser remunerado por aquél. Desde esta perspectiva, la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, específicamente en el Artículo primero, punto de derechos y la tarifa para el cobro de derechos fiscales en su apartado IX, numeral 4, se establece un cobro único por el Derecho Control Vehicular por la cantidad de $1,700.00 (mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional), cumple con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, porque se aplica por igual a todos aquellos gobernados que soliciten el servicio de control vehicular, a quienes se les aplica la misma tarifa contenida en el numeral 4 antes indicado, lo que debe considerarse como apegado a la Constitución General de la República; por ende, dado que a todos los contribuyentes se les cobra la misma tarifa por el referido derecho, con ello se respeta el principio de equidad tributaria. Ahora, en lo relativo al principio de proporcionalidad tributaria de los derechos por servicio, como ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la proporcionalidad de los derechos tiene una connotación diversa que la relativa a las demás contribuciones, pues si bien en principio debe existir una relación entre el costo del servicio y el monto del derecho a pagar, lo cierto es que no siempre debe existir una correspondencia exacta de dichos elementos para sostener que el derecho es proporcional, pues bastará con que el costo sea el aproximado y no necesariamente el exacto, pues ya el Pleno de la Corte estableció que la palabra contraprestación referida a los derechos por servicio, no debe ser entendida como en derecho privado, de manera tal que el precio corresponda exactamente al valor del servicio, porque basta con que el costo se considere aproximado, en atención a que los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función de un interés general, que tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene en el trabajo, la salud pública y la organización, más cuando el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial atendiendo exclusivamente a los costos de producción, distribución, venta y lucro debido, de ahí que el pago correspondiente como contraprestación del servicio puede variar en cuanto al costo real que representó para el Estado la realización del servicio solicitado, porque se reitera que el Estado se organiza en función del interés general y secundariamente en el de los particulares. Acorde con lo anterior, si en la Ley de Ingresos combatida, el Legislador local consideró el costo de $1,700.00 (mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional) como contraprestación que debe pagar el gobernado por la prestación del servicio de control vehicular, y dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio, entonces se concluye que ello no resulta violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria en materia de derechos, porque -se insiste- el costo fijado por la prestación del servicio, no necesariamente debe corresponder de manera exacta con lo que cuesta al Estado la prestación del servicio. Las anteriores consideraciones tienen apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/4 (10a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Constitucional, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, página 1611, en la que se estableció que tratándose de los derechos por servicios de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, el artículo decimoséptimo de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil trece, reformado mediante decreto 1197/2013 X P.E., no transgredía los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, al establecer una cuota fija e igual para todos aquellos que los soliciten. Tal criterio jurisprudencial, es del siguiente tenor: DERECHOS POR SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO. EL ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 1197/2013 X P.E., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 9 DE FEBRERO DE 2013, AL ESTABLECER UN ESTÍMULO FISCAL RESPECTO DE LA TARIFA RELATIVA ANEXA A DICHO ORDENAMIENTO, ESPECÍFICAMENTE EN SU APARTADO IV, NUMERALES 13 A 18, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. El precepto citado establece un estímulo fiscal en relación con la tarifa de quince mil pesos fijada para los derechos por las inscripciones relativas a la adquisición o actos traslativos de dominio de inmuebles, por el cual el contribuyente puede pagar, por el mismo servicio, el noventa, ochenta, sesenta o treinta por ciento de dicha cantidad. Ahora bien, si el legislador consideró el costo de quince mil pesos como contraprestación por los servicios indicados del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, y dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que los soliciten, el precepto referido no viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad en materia de derechos, toda vez que si con posterioridad el contribuyente obtiene una disminución en su cobro, en función del estímulo aplicado, ello no implica que se pierda la naturaleza del derecho por servicio, pues el estímulo no incide o repercute en alguno de los elementos esenciales de esa contribución, como son el sujeto, el objeto, la base y su tasa o tarifa, ya que no forma parte de la mecánica para su determinación. Asimismo, el Alto Tribunal ha sentado criterio en el sentido de que los principios de proporcionalidad y equidad en las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador debe observar en materia de derechos, se satisface atendiendo en todo momento a la capacidad contributiva del causante; no obstante, se itera, esos principios no pueden invocarse o aplicarse cuando se trata de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta a los impuestos. En esa medida, para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos, ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos, porque para cumplir con el principio constitucional de proporcionalidad, no debe interesar la capacidad económica del usuario, sino el costo que para el Estado representó esa prestación, y para cumplir con el principio de equidad, el cobro por los servicios prestados debe ser fijo y análogo para todos aquellos que reciben el mismo servicio, pues todas las personas que se encuentran en el supuesto, reciben del Estado el mismo servicio, pues -como sucede en el caso que se analiza- la cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio; por lo que, contrario a lo que argumentan los quejosos, con la fijación de esa tarifa única de $1,700.00 (mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional) no se mide la capacidad contributiva de los causantes, sino que se establece el costo que como contraprestación por el servicio otorgado debe pagar el gobernado que solicitó el servicio correspondiente. Además, no debe soslayarse en materia tributaria la Suprema Corte consideró en la jurisprudencia 1a./J. 84/2006, que la intensidad del escrutinio constitucional, a la luz de los principios democrático y de división de poderes, no es de carácter estricto, sino flexible o laxo, en razón de que el legislador cuenta con una amplia libertad en la configuración normativa del sistema tributario sustantivo y adjetivo, de modo que a fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el mencionado, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. En efecto, acorde con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXXXIII/2004, de rubro: igualdad. casos en los que el juez constitucional debe hacer un escrutinio estricto de las clasificaciones legislativas (interpretación del artículo 1°. de la constitución política de los estados unidos mexicanos), la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -entre ellos el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. De esta manera, resulta evidente que la Constitución Federal exige una modulación en el análisis sobre el respeto al principio de igualdad (que en materia tributaria se traduce en equidad y proporcionalidad), sin que ello implique renuncia al estricto ejercicio de sus competencias de control; antes bien, en el caso de normatividad con efectos económicos o tributarios, por regla general, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Sostener lo contrario, esto es, de ejercer un control muy estricto llevaría al Juez de amparo a sustituir la competencia legislativa del Congreso, pues no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias; de ahí que si el legislador local estableció que el costo del servicio por concepto de derechos de control vehicular con placas, debe ascender -por igual a todos los usuarios- a la cantidad de $1,700.00 (un mil setecientos pesos 00/100 m.n.) y en su proceder no se transgredieron los principios de proporcionalidad y equidad reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, consecuentemente, este Juzgado Federal considera que no existe justificación legal analizar, de manera adicional, si el costo determinado por el legislador es excesivo, atendiendo a la naturaleza del servicio y el valor de las placas metálicas otorgadas, pues ello implicaría sustituir la competencia legislativa del Congreso, lo que no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos del Estado. Apoya esta última consideración la jurisprudencia 1a./J. 84/2006, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIV, de Noviembre de 2006, materia constitucional, página 29, del siguiente tenor: ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES. Acorde con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXXXIII/2004, de rubro: "IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", siempre que la acción clasificadora del legislador incida en los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación. De igual manera, en aquellos asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Congreso o del Ejecutivo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. Para este Alto Tribunal es claro que la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. De esta manera, resulta evidente que la Constitución Federal exige una modulación del juicio de igualdad, sin que eso implique ninguna renuncia de la Corte al estricto ejercicio de sus competencias de control. Por el contrario, en el caso de normatividad con efectos económicos o tributarios, por regla general, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. En tales esferas, un control muy estricto llevaría al Juez constitucional a sustituir la competencia legislativa del Congreso -o la extraordinaria que puede corresponder al Ejecutivo-, pues no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, dado que no resulta inconstitucional la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, en la parte que aquí se reclama, se impone negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitadas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, fracción VI, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, respecto de los actos, autoridades y por los motivos mencionados en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado **********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ************, hasta el día de hoy, catorce de julio de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HECE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS, MISMA QUE EN LO CONDUCENTE DICE:PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMAPRO. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO APARA NI PROTEGE A LOS QUEJOSOS DE MERITO.
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