Fernando Ernesto Flores Arreola

Expediente 557/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
557/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Fernando Ernesto Flores Arreola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia emitida en el presente asunto, en que por un lado se sobreseyó y por otro se negó el amparo y protección federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que en el presente asunto por un lado se sobreseyó en el juicio y por otro se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Ahora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General Conjunto en cita, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva. Por su parte, el duplicado del incidente, es susceptible de destrucción, por tanto, transcurridos seis meses destrúyase de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo en mención. Una vez cumplido el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del citado artículo, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir dicho expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como antecedente el enviado por la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos en funciones de Juez de Control, en razón de lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Visto el escrito presentado por la tercera interesada *******. Ahora, vista la certificación de cuenta, se tiene a *******, como autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo primero, de la ley de la materia, toda vez que se encontró inscrito en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de enero de dos mil veintidós.V I S T O S, para dictar sentencia dentro de los autos del juicio de amparo 557/2021-III, promovido por *******, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en el Estado de Chihuahua; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado de Distrito ese mismo día, el quejoso *******, promovió demanda de amparo contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en el Estado de Chihuahua, de quien reclamó lo siguiente: -IV. ACTO RECLAMADO.- LA RESOLUCION de VINCULACION A PROCESO dictada en Fecha 28 de Junio de 2021, que se llevó a cabo en la misma audiencia inicial al renunciar al plazo de 72 horas que establece el artículo 19 Constitucional en la causa penal *******, del índice del Centro de Justicia Penal Estatal o Ciudad Judicial de esta ciudad, mediante la cual el Juez de Control dicto AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra de mi representado *******, por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR cometido en perjuicio de *******, previsto y sancionado por el numeral 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua, consistiendo el acto reclamado en el AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO ya referido SIN ENCONTRARSE DEBIDAMENTE FUNDADO NI MOTIVADO.- SEGUNDO.- Derechos que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 14, 16, 20, 21 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO.- De la tramitación del juicio constitucional. En proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se registró con el número 557/2021-III, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, vía exhorto, se llevó a cabo el emplazamiento de la tercero interesada y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con base en la constancia que antecede. CUARTO.- De la tercero interesada. Mediante acuerdo de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo como tercero interesada en el presente asunto, a la víctima *******, por lo cual, con el fin de emplazarla a juicio, se abrió cuaderno de sigilo, y vía exhorto, fue emplazada al presente Juicio. QUINTO.- Acreditación de credenciales como licenciado en Derecho del defensor particular del imputado. Mediante proveído de cinco de agosto de dos mil veintiuno, se recibió por parte de la responsable, copia certificada de la cédula profesional del licenciado *******, defensor particular del aquí quejoso. De manera que, quedó evidenciado que el profesional en comento, sí cuenta con las credenciales atinentes que lo avalan como perito en Derecho; entonces, la prerrogativa constitucional del aquí quejoso, de contar con una defensa técnica adecuada, por parte de un licenciado en Derecho, está colmada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Del análisis de la competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, modificado por el 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO.- De la precisión del acto reclamado. Antes de entrar al estudio de la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el arábigo 74, fracción I de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: -ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.- Asimismo, la diversa tesis emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que a la letra dice: -ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgador de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resuelto congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen a oscuridad o confusión. Este es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto-. Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y de resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que la parte impetrante en esencia reclama: El auto de vinculación a proceso, dictado por el Juez de Control responsable, en audiencia celebrada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal *******. TERCERO.- De la existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, consistente en el auto de vinculación a proceso, de fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal *******, en contra del aquí quejoso, pues así lo expresó al rendir su informe con justificación en fecha doce de agosto del dos mil veintiuno, certeza que se corrobora con los discos ópticos que al mismo acompañó, así como con la copia certificada de la transcripción de dicha resolución, a los cuales se confiere pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°. Al respecto, cabe citar la tesis sustentada por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: -DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.- (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 226.). Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: -VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del -expediente electrónico-, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.- CUARTO.- Del análisis de las causales de improcedencia. En razón de que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todos los supuestos de inejercitabilidad que hipotéticamente prevé tal precepto. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: -IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento.- QUINTO.- Justificación para no transcribir los conceptos de violación. Cabe señalar, que no se transcriben los conceptos de violación hechos valer por el accionante de la tutela constitucional, toda vez que no existe precepto legal alguno que obligue a ello. Sirve de apoyo a lo anteriormente considerado, la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, que a la letra dice: -CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X -De las sentencias-, del título primero -Reglas generales-, del libro primero -Del amparo en general-, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.- SEXTO.- Estudio oficioso. Previo a dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante de amparo, esta Juzgadora Federal procederá, de oficio, al estudio de la declaración de legalidad del auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control responsable en contra del aquí quejoso, dentro de los autos de la causa penal *******. En tal virtud, de la reproducción en tiempo real de los discos ópticos que acompañó a su informe con justificación la autoridad responsable, se desprende lo siguiente: En veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Licenciado *******, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, aperturó la audiencia inicial dentro de la causa penal *******, y pidió a las partes que se identificaran ante el Tribunal, entre ellos: el Representante Social licenciado *******; así mismo el asesor jurídico de la víctima Licenciado *******; la victima de nombre *******, quien designó al asesor previamente identificado, el cual aceptó y protestó el cargo conferido; el defensor particular del imputado, licenciado *******, identificado con cedula profesional registrada bajo el número *******, cédulas registradas ante el sistema de registro de Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Así mismo identificó a la persona que se encontraba presente en la audiencia, quien manifestó ser el indiciado, el cual dijo llamarse *******, quien a pregunta expresa del juez de control, manifestó que deseaba nombrar como su defensor particular, al licenciado *******, en el mismo acto el profesionista en comento aceptó y protestó el cargo conferido. (minuto 2:30). Posteriormente, el Juez de Control, cuestionó al imputado respecto a sus datos generales, así como si conocía sus derechos como imputado, a lo cual se manifestó que era sabedor de los mismos. Previa autorización del Juez de Control, la Representación Social formuló imputación a *******, haciéndole saber los hechos por los cuales se seguía una investigación en su contra, indicándole lo siguiente: (minuto 3:30): -que el día nueve de enero del dos mil veintiuno, aproximadamente a las veinte horas con cuarenta y seis minutos, en el domicilio ubicado en *******, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, usted *******, ejerció actos abusivos de poder, tendientes a agredir de manera psicológica a la víctima *******, con quien tenía una relación de matrimonio, ya que en dicho lugar y momento, en el interior del domicilio, la víctima recibió un mensaje en su teléfono celular el cual es *******, del número de teléfono propiedad de usted *******, correspondiente al número *******, en el cual la insulta y amenaza a la victima al decirle -ni creas que tendrás el tiempo suficiente para disfrutar el dinero que me lograste sacar, así que guárdalo para tu caja y la de tus hijos, mugrosa- con lo cual dañó al estabilidad emocional de la víctima, encuadrándose estos hechos en el delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el arábigo 193, del nuestro Código Penal del Estado de Chihuahua, este cometido en perjuicio de la víctima *******, atribuyéndose a usted el grado de participación como autor material, de conformidad con lo que dispone el artículo 21, en su fracción I, así mismo el referido ilícito fue cometido de manera dolosa, de conformidad a lo que dispone el artículo 18, en su fracción I, este delito es de consumación instantánea, de acuerdo al artículo 17 en su fracción I, estos artículos mencionados de nuestro Código Penal del Estado de Chihuahua. Finalmente le informo que en cumplimiento a lo que dispone el artículo 20, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las personas que declaran en su contra son las siguientes: la propia víctima *******; en calidad de testigo con facultad de abstención *******; la Agente Ministerial, *******, adscrita a la fiscalía especializada de la mujer, así mismo, el licenciado *******, ministerial adscrito también a la fiscalía especializada de la mujer, y por último la licenciada en materia de psicología adscrita a la fiscalía especializada de la mujer, la licenciada *******-. (minuto 06:34). Clasificación jurídica. Los hechos que se le atribuyen al imputado constituyen el delito de Violencia Familiar, previsto y sancionado en el arábigo 193, del Código Penal del Estado de Chihuahua. 5.- Posteriormente, el Juez natural, una vez cerciorado que *******, comprendió los hechos que se le imputaron, le obsequió oportunidad para declarar, quien, una vez consultado con su defensor, se reservó su derecho, posteriormente, otorgó el uso de la voz a la representación social, quien solicitó vincular a proceso al aquí quejoso, por lo que la responsable la conminó a que narrara los antecedentes obrantes en la carpeta de investigación a fin de cuestionar al imputado respecto cuándo era su deseo resolver su situación jurídica. (minuto 07:20). 6. Acto seguido, la Representación Social narró los antecedentes de investigación que obran en la carpeta de investigación. (minuto 07:25 al 08:05). 7. Se preguntó al imputado, respecto al término para resolver su situación jurídica, a lo cual previa consulta con su defensor, renunció al término constitucional, y solicitó que se resolviera en esa misma audiencia. 8. Así, en audiencia de fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Juez de Control Resolvió vincular a proceso a *******, por el delito de Violencia Familiar. 9.- Previa solicitud de la representación social, se fijó el plazo de dos meses para investigación complementaria. 10.- Se impuso al imputado la medida cautelar, consistente en la contemplada por el artículo 155, fracciones VII y VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el término que dure el proceso, que no podrá ser mayor a los doce meses. Reseñados los antecedentes, y con el objeto de dar mayor ilustración a la decisión asumida en este juicio de control constitucional, es indispensable fijar la litis radicada en este asunto, la que, a la luz de la pretensión perseguida por la parte quejosa, en función de los actos reclamados, es dable determinar la legalidad del auto de vinculación a proceso. Así, se destaca que el auto de vinculación a proceso emitido por la autoridad responsable dentro de la causa penal *******, se ajusta a las directrices jurídicas exigidas por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre tal punto conviene traer a cita el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte conducente, establece lo siguiente: -Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión (.)- Así como el referido arábigo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que indica: -Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente.- De lo transcrito, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso se deben expresar, como elementos de forma, los siguientes: a. Se haya verificado imputación (formalización o judicialización del procedimiento) y escuchado la declaración del imputado o que éste haya manifestado su deseo de abstenerse a declarar. b. Precisión del delito que se imputa. c. Las circunstancias de ejecución, tiempo y lugar. d. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de incriminación. Asimismo, deben considerarse como elementos de fondo, los siguientes: Que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. La ley señale como delito a ese hecho. Exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por lo anterior, el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple o no con los lineamientos del arábigo 19 Constitucional, no exige analizar los elementos normativos y subjetivos del tipo penal, es decir, el doctrinalmente denominado cuerpo del delito, sino, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo el hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado, lo cometió o participó en su comisión. De ello se colige, que el Juzgador debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad de los factores expuestos por las partes, para concluir si se justifican o no las consecuencias que aducen, teniendo siempre como factor principal la duda razonable. Expuesto lo anterior, conviene señalar que de la reproducción de los discos ópticos remitidos por la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que se cumplió con los requisitos formales aludidos, ya que de manera previa a la emisión del auto de vinculación a proceso, en audiencia de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el agente del Ministerio Público formuló imputación al quejoso, por su probable participación en la comisión del ilícito de Violencia Familiar, previsto y sancionado en el arábigo 193, del Código Penal del Estado de Chihuahua. De igual modo, se constató por parte del Juez de Control, que el imputado conociera los derechos que establece a su favor el artículo 20 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se constató que contara con defensa técnica por parte de un profesional licenciado en derecho, el cual se identificó con copia certificada de su cedula profesional, se le dio a conocer los hechos que se le imputaron y se le dio oportunidad de rendir su declaración, asimismo, previo conocimiento de los datos de prueba que obran agregados en la carpeta de investigación, el Agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso. En cuanto a los requisitos de fondo, se estima que existen datos que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, concretamente el delito de Violencia Familiar, previsto y sancionado en el arábigo 193, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Porción normativa que en lo conducente establece: -Artículo 193. A quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté, o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y el tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia familiar. Los actos de violencia a que se refiere el presente artículo se entenderán en los términos de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La educación o formación del menor no será en ningún caso considerada justificación como forma de maltrato. Cuando, a sabiendas de que la mujer se encuentra embarazada, el agente ejecute la conducta descrita en el primer párrafo, la pena se incrementará en una mitad. Este delito se perseguirá de oficio.- En efecto, los datos de prueba aportados por la fiscalía en la audiencia de vinculación a proceso, arrojaron una evidencia razonable de que aconteció un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el imputado participó en su comisión, conducta cuya descripción típica se encuentra en los numerales anteriormente reproducidos. Así mismo, en la audiencia de vinculación a proceso, el defensor particular del hoy quejoso, solicitó la no vinculación a proceso de su defenso. Ahora bien, los datos de prueba existentes en la carpeta de investigación, que fueron todos tomados en cuenta por el Juez de Control para dictar el auto de vinculación a proceso que se analiza, son específicamente los siguientes: Denuncia de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, en la cual comparece *******, la cual refiere que presenta denuncia por violencia familiar en contra de *******, con base a los siguientes hechos: estoy casada con *******, no procreamos hijos en común, pero yo tengo dos hijos de mi matrimonio anterior, cuando comenzamos la relación nos llevábamos bien, con el tiempo, ******* comenzó a tomar y comenzó a comportarse de manera violenta, en específico con mi hijo *******, porque le tenía celos, también se tornó violento con mi hija, amenazando con armas de fuego que ******* tenía en la casa, en una ocasión sí detonó el arma de fuego en el interior del domicilio, en esa ocasión no lograba darnos pues se encontraba drogado, le dio a una barda, ese día un vecino les ayudó a pedir apoyo y se llamó a seguridad pública. ******* maneja mucho dinero por su trabajo, por lo cual salía rápido de seguridad pública, esa ocasión fue gente en la madrugada a amenazarla para que retirara cargos, incluso resguardaron el arma de fuego. Las amenazas y abusos fueron aumentando, por lo cual en el año dos mil dieciocho nos divorciamos, derivado de ese divorcio, se le impuso el pago por pensión alimenticia por la cantidad de $*******, (*******), sigue diciendo que el día sábado nueve de enero de dos mil veintiuno, a las ocho cuarenta y seis de la noche, se encontraba en su domicilio *******, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, estaba en la cocina, sus hijos ******* y ******* estaban en la casa cuando recibió un mensaje del teléfono *******, el cual no tenía registrado en sus contactos, el cual dice -ni creas que tendrás el tiempo suficiente para disfrutar el dinero que me lograste sacar, así que guárdalo para tu caja y la de tus hijos, mugrosa-, el cual asoció con su exesposo *******, por la cuestión del dinero que le dio por la pensión alimenticia, además, por el hecho de que cuando la insultaba, utilizaba la palabra -mugrosa-. Comentó el hecho con su hijo *******, y se puso muy nerviosa, ante el temor que les hiciera algún daño, pues ya los había amenazado con matarlos, también en el mes de febrero del año dos mil veinte, ******* le disparó a su hija, por lo cual fue detenido por haberle disparado a su hija de nombre *******. También dice que ******* estuvo detenido en la Fiscalía del Estado la ocasión que les disparó a la declarante y a su hijo *******. Acta de divorcio, que obra al libro *******, foja *******, acta *******, folio *******, entre *******, y *******, divorcio cuya sentencia fue dicada en fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, por el juzgado noveno civil por audiencias, signada por la Licenciada *******, Directora del Registro Civil del Estado de Chihuahua. Declaración de testigo, con facultad de abstención, de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, a cargo de *******, el cual refiere tener un vínculo con el quejoso, ya que fue esposo de su madre, el cual es conocedor del contenido del artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales, manifiesta su deseo de rendir su declaración, por lo cual, en lo conducente, refiere que es hijo de *******, que sabe que se casó con *******, y que no tuvieron hijos, y que se separaron en el dos mil diecisiete por la violencia, discusiones y el alcoholismo de él, de esas situaciones la presenció el declarante ya que vivieron juntos en esta Ciudad Juárez, Chihuahua, en la *******, el imputado comenzaba a tomar desde las diez de la mañana, lo que comenzó a generar las discusiones entre ellos. El declarante manifestó que observó en varias ocasiones las agresiones físicas de ******* hacia su madre, incluso en una ocasión al intentar defenderla, ******* golpeó al declarante, agresiones que fueron constantes en esa relación. En el año dos mil dieciocho, por el mes de junio, se van a vivir a la ciudad de Chihuahua, ya que los intentó matar con arma de fuego, lugar en el cual recibieron amenazas por parte de *******, el día nueve de enero de dos mil veintiuno, aproximadamente a las ocho de la noche, el declarante se encontraba en el domicilio antes señalado, en Chihuahua, con su madre y su hermana, cuando vio a la madre nerviosa, con un ataque de ansiedad, al preguntarle que tenía, le comentó que ******* los Amenazó por el dinero que les tuvo que pagar, por las pensiones alimenticias, le mostró el mensaje de texto, que reconoció como su número personal de *******, mensaje cuyo texto era -ni creas que tendrás el tiempo suficiente para disfrutar el dinero que me lograste sacar, así que guárdalo para tu caja y la de tus hijos, mugrosa-, reconociendo de inmediato que el destinatario era *******. Parte informativo de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, por parte del Agente Ministerial Licenciado *******, adscrito a la Fiscalía Especializada de la Mujer, en el cual, refiere que a las once horas del día once de febrero de dos mil veinte, entrevistó a *******, quien tiene el carácter de victima en esa carpeta de investigación, la cual manifestó ante ese agente, que el día sábado nueve de enero de dos mil veintiuno recibió en su celular, *******, un mensaje del teléfono *******, el cual decía -ni creas que tendrás el tiempo suficiente para disfrutar el dinero que me lograste sacar, así que guárdalo para tu caja y la de tus hijos, mugrosa-, dicho mensaje dijo estar segura que se lo envió su ex marido *******, a quien demandó el divorcio y pago de pensión y alimentos, el día diecisiete de diciembre de dos mil veinte, por lo que se le ejecuto orden de embargo, el cual no se llevó a cabo ya que llegaron a un acuerdo económico, por la cantidad de $******* (*******), misma que fue cubierta ese mismo día, mediante transferencia bancaria. Agregó que *******, no estuvo presente en esa diligencia, por lo que, a los veintitrés días recibió el mensaje a que se hizo referencia, el cual, en esa diligencia, se exhibió impreso en una hoja de tamaño carta. (el Agente del Ministerio Público se hace el saneamiento y se aclara que, a la fecha de la entrevista realizada por el Agente Ministerial a la víctima, fue llevada a cabo el día tres de febrero de ese año dos mil veintiuno) Acta de inventario y aseguramiento de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, elaborada por el Agente Ministerial, Licenciado *******, en al cual se aseguró una hoja de tamaño carta, color blanco, en la cual aparece el mensaje de texto que refiere la victima haber recibido del teléfono *******. Cadena de custodia, respecto a la hoja que fue asegurada a *******, la cual contiene el mensaje descrito, elaborada por el Agente Ministerial, Licenciado *******. Dictamen pericial en materia de psicología, de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, emitido por la licenciada *******, perito en materia de Psicología, adscrito a servicios periciales y ciencias forenses, hizo evaluación psicológica sobre la victima *******, cuya conclusión fue en el sentido de que refiere, una vez llevada a cabo la entrevista, que ésta presenta lo siguiente: un riesgo alto en la ocurrencia de comportamiento violento, debido a situación de relación de pareja violenta, así mismo, que la vulnerabilidad de la víctima deriva de la percepción de peligro de muerte en el último mes, por lo cual concluye la perito, que la víctima presenta problemas que son motivo de atención clínica, como lo es violencia física por parte de la ex pareja, maltrato psicológico, así como estrés postraumático, con indicadores de estrés y ansiedad, y que le ha provocado malestar clínicamente significativo, que le genera malestar emocional en el desempeño derivado de la victimización sufrida. Los cuales encuentran congruencia con los datos proporcionados en la entrevista realizada a la víctima. Recomienda tratamiento especializado consistente en terapia con perspectiva de género, de cincuenta y dos sesiones. Siendo dichos medios de convicción, la totalidad de los datos de prueba ofrecidos por parte de la representación social, por parte de la defensa no fueron ofrecidos. En esa tesitura, debe decirse que como bien lo consideró el Juez responsable, de los datos de prueba referidos se obtiene un grado de razonabilidad suficiente, al menos para la etapa procesal que se estudia, en el sentido que los hechos hayan acontecido en la manera en que fueron narrados y la probabilidad de que el imputado los cometió. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el estándar de prueba para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema penal acusatorio, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es: El esclarecimiento de los hechos; Proteger al inocente; Procurar que el culpable no quede impune; y, Asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. Al respecto es aplicable la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: -AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones -comprobar- por -establecer- y -cuerpo del delito- por -hecho que la ley señala como delito-, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de -pruebas- ni se exige -comprobar- que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado -cuerpo del delito-, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.- Por ello -en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte- lo que se busca es dar cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Así, de los datos narrados por la fiscalía, se estiman suficientes, para considerar que se cometieron los hechos que se atribuyen a la parte quejosa y la probabilidad de que cometió el ilícito o participó en su comisión. Es así, toda vez que contrario a lo vertido por el quejoso, esta Resolutora Federal considera que el auto de vinculación a proceso emitido en veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se encuentra ajustado a derecho, toda vez que satisface los requisitos de fondo que derivan del arábigo 19 constitucional, pues se advierte que el Juez responsable, al evaluar los datos reseñados en la audiencia de vinculación a proceso, se ajustó a lo dispuesto en los artículos 356 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: -Artículo 356. Libertad probatoria. Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio, podrán ser probados por cualquier medio pertinente producido e incorporado de conformidad con este Código.- -Artículo 359. Valoración de la prueba. El Tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica, deberá hacer referencia en la motivación que realice, de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado.- Dispositivos legales que norman el arbitrio judicial y la observancia de las reglas fundamentales de la lógica, y de esa valoración expuso los razonamientos correctos que lo condujeron a estimar que los datos expuestos, son eficaces y suficientes para tener por demostrado en términos del artículo 316, del ordenamiento procesal aludido, la existencia del hecho delictivo tipificado por las leyes ordinarias como Violencia Familiar, imputado al hoy quejoso *******, así como la probable participación de éste en su comisión. Lo anterior, aunado a la circunstancia que ciertamente los hechos por los que se decretó su vinculación a proceso, se adecuan a esa figura delictiva, pues, como se dijo, hasta este momento procesal está acreditado, que de manera probable el quejoso participó en su comisión, desplegando la conducta típica y antijurídica que se le reprocha. Ello es así, dado que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, valoró en su conjunto y adminiculó entre sí, en su enlace lógico y natural concatenado, los datos reseñados por la agente del Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso, en específico el contenido en la declaración en sede ministerial, por la víctima *******, quien señaló que el día nueve de enero de dos mil veintiuno, recibió un mensaje de texto a su celular, el cual decía -ni creas que tendrás el tiempo suficiente para disfrutar el dinero que me lograste sacar, así que guárdalo para tu caja y la de tus hijos, mugrosa-. Así, en un primer lugar, el Juez de Control, atendió las manifestaciones vertidas por el Defensor Particular, en las que argumentó lo siguiente: Solicitó auto de no vinculación a proceso, toda vez que consideró que en la formulación de imputación, el agente del Ministerio Público, se centró en hechos ocurridos en fecha nueve de enero de dos mil veintiuno, aproximadamente a las veinte horas con cuarenta y seis minutos, en virtud de haber recibido un mensaje de texto, en el interior de su domicilio, en el que supuestamente lo envía su representado en el cual se lee -ni creas que tendrás el tiempo suficiente para disfrutar el dinero que me lograste sacar, así que guárdalo para tu caja y la de tus hijos, mugrosa-. Así, manifestó el defensor que la representación social no acreditó a pesar de haber tenido el tiempo suficiente, que el mensaje haya salido de un teléfono propiedad de su representado, ni mucho menos que haya sido enviado por su representado, ya que pudo haber solicitado a las empresas telefónicas, si estaba a su nombre dicho número, ni recabó vía geolocalización la ubicación de ese número telefónico. Así mismo, la victima hizo relación de hechos relativos a fechas anteriores a los actos y circunstancias que originaron la causa en estudio, como adicciones del imputado y diversos delitos, los cuales no fueron comprobadas por la representación social y no son relevantes a esta cusa penal. A más de lo anterior, manifestó el defensor que el testigo, hijo de la probable víctima, manifestó en su declaración que -cree- que el teléfono del cual fue enviado el mensaje es del hoy imputado, lo cual denota su desconocimiento de esa circunstancia. Con respecto a la hoja que hace referencia la representación social, en la cual consta el mensaje de texto aludido, dijo el defensor que no se advierte si fue enviado mediante un aparato de teléfono celular, o bien, hubiese sido extraída de algún teléfono celular, sino únicamente obra esa hoja con el mensaje impreso en ella, pues tanto en el original como la copia entregada al defensor, son copia simple sin haber sido certificada por autoridad alguna. En virtud de lo anterior, solicita la no vinculación a proceso de su defenso. El Juez de Control, corrió traslado al agente del Ministerio Público, el cual, manifestó en esencia que en esa audiencia de vinculación a proceso, expuso los antecedentes de investigación que obran en la carpeta de investigación, los cuales consideró suficientes para acreditar la existencia del hecho considerado como delito de violencia familiar, así como la probabilidad de la participación del imputado en su comisión, y bajo esa facultad, propia de esa representación social, es que decidió no hacer más investigación tendiente a acreditar las circunstancias a que hacer alusión del defensor particular y reitera su solicitud de vinculación a proceso del imputado. Una vez que corrió traslado a la defensa por segunda ocasión, el Juez de Control declaró cerrado el debate respectivo, y pasó a resolver respecto a la solicitud de vinculación a proceso solicitada por la representación social. Manifestó el Juez responsable, que el litigio en esa audiencia, debía de centrarse en los hechos materia de la formulación de imputación, pues menciona que la víctima recibió un mensaje de texto en el domicilio señalado ubicado en la ciudad capital según la formulación de imputación y mencionó también la defensa, que supuestamente el quejoso es quien le envía ese mensaje de texto a la víctima, de cuya constancia se le entregó en copia simple en esa misma audiencia, por lo que consideró el juez responsable, que la defensa, tuvo la posibilidad de refutar ese medio o dato de prueba en los términos correspondientes. Consideró el responsable, que le asiste la razón al defensor, en cuanto a que el Ministerio Público tiene la carga de la prueba, de igual forma le asiste la razón en cuanto a que le asiste a su representado el derecho a la presunción de inocencia, al mencionar los dos extremos o aspectos fundamentales del dictado de la vinculación a proceso que se deben de acreditar, como son el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de responsabilidad. Mencionó el defensor, lo que a su criterio fueron deficiencias en la investigación, ya que dentro de seis meses de investigación por parte de la representación social, no se acreditó, según su apreciación, que el mensaje de texto haya salido de un número telefónico de su representado, esta cuestión considera el de la voz. También mencionó, que no se recabó la geolocalización del aparato celular y que no obran las solicitudes por parte de la Fiscalía de que se hayan ordenado la práctica de estas geolocalizaciones. A lo anterior, resaltó la responsable que los datos de prueba, a diferencia de lo que opina la defensa, sí acreditaron un indicio de que fue el imputado quién envió ese mensaje, la principal razón que adujo ese juzgador, tiene que ver con el hecho de la relación sentimental que sostuvieron *******, y *******, el posterior divorcio, la entrega de una cantidad de dinero, que quedó manifiesta en los antecedentes, y en el contenido del mensaje de texto, resaltó esa cuestión del dinero, pues el mensaje de texto hace referencia expresamente a la situación económica, producto de una pensión alimenticia. Indicó la responsable, que esa es la principal razón por la que consideró la existencia de una probabilidad muy racional, de que haya sido el imputado, quién envió ese mensaje de texto, dadas estas razones también se resalta que la víctima, no tiene o ha tenido ningún conflicto con diversa persona, el único evento en que ella se ha visto inmersa fue esa cuestión del divorcio, de esa relación de matrimonio en la que menciona todos los antecedentes que no forman parte de la imputación pero son hechos que sitúa en el contexto en el cual deriva la formulación de imputación. Así, de acuerdo al principio de congruencia, ese juzgador indicó centrarse únicamente en el lugar y los hechos materia de la imputación, sin embargo, consideró que la exposición que hizo el señor fiscal de la denuncia de la víctima, narrando todos los antecedentes, si bien no forman parte de la formulación de imputación, si son únicamente el camino histórico de la relación sentimental, que es necesaria invocar porque obra en la denuncia por una parte, y se agrega en la entrevista ante la psicóloga por parte de la víctima. Por lo que hace a las diversas manifestaciones, como la cuestión que resaltó la defensa, en cuanto a la existencia de los escoltas de su representado, indicó la responsable, que si bien fueron mencionados por la víctima en la denuncia, el fiscal únicamente lo que hizo fue dar lectura íntegra a esas narrativas, pues el representante social, ejercitó la acción penal únicamente por los hechos materia de la imputación, por lo cual, consideró que con ello no se dejó en estado de indefensión al imputado, ya que en esa misma audiencia se le corrió el traslado adecuado de los mismos. Ahora bien, esas cuestiones, únicamente consisten en indicios de que el imputado fue quién envió ese mensaje de texto, por lo cual, las cuestiones que mencionó la defensa, en cuanto a los hechos que narró la víctima diversos a los de la imputación, en cuanto que no se tienen por acreditados, consideró correcta tal manifestación, pues no se tuvieron por acreditados, si no que únicamente se traducen en indicios racionales de antecedentes que sitúan el contexto de la relación sentimental. De igual forma todas las cuestiones que tienen que ver con la prueba toxicología, que señaló la defensa que se pudo haber hecho a su representado, consideró la responsable que no es un requisito sine qua Non, que se realice ese dictamen toxicológico al imputado, el cual podría realizarse durante la etapa de investigación una vez que haya sido judicializado el asunto. Por lo que hace a la declaración testimonial del hijo de la víctima, quien adujo que -cree- que ese número telefónico, del cual se envió el mensaje, es un número que le pertenece al imputado, mencionó la responsable que consistió en un dato de prueba, de lo que este testigo consideró y declaró ante la autoridad ministerial, como cuestión que tiene conocimiento de manera directa, por lo que si él mencionó que considera que este número telefónico es personal del indiciado, menciona que tiene algunos, y consideró ese juez de control, que más que nada, la cuestión referente al contenido del mensaje de texto, en cuanto a la mención de la transferencia de una suma de dinero, es lo que generó convicción en ese juzgador, de que fue el imputado quién lo envió, toda vez que la teoría del caso la defensa se centró en que no se acredita la probabilidad de la responsabilidad de su representado. Por lo anterior, es que el Juez de control, manifestó que por esa razón, se hizo cargo en un primer momento, del segundo requisito para decretar la vinculación a proceso, el cual consiste en la probabilidad de participación del iniciado en la comisión del hecho en estudio. De igual forma, respecto de que no se tiene la certeza de dónde vino la hoja con la impresión del mensaje de texto, consideró la responsable que sí existe la certeza, o al menos existe el indicio racional, en términos del 19 constitucional, de que esa hoja fue recabada por un agente investigador en un parte Informativo en el cual la víctima, de manera directa le entrega ese documento, si bien, como mencionó la defensa, es una copia simple del mensaje de texto lo cierto es de que fue documentada esa actuación por el oficial investigador, agregada al parte informativo, asegurada mediante las cadenas de custodia cumpliendo las formalidades esenciales del proceso para el aseguramiento de dichos datos de prueba. Mencionó también la responsable que todas las cuestiones que tengan que ver con los exámenes de toxicología, con la geolocalización del teléfono celular y las cuestiones que tengan que ver con las demás argumentaciones de la defensa, podrían quedar esclarecidas en la etapa de investigación complementaria. Por último, mencionó el abogado defensor que por lo que hace a la entrega de una suma de dinero por concepto de pensión alimenticia que se ha referido, el agente Ministerio Público no se hizo cargo de acreditar, con las copias respectivas, el trámite familiar que derivó esa pensión alimenticia, a lo cual, la responsable, consideró que esa circunstancia se podrá alegar en la etapa de la investigación, durante el plazo complementario en términos del código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que hace a la consideración de la defensa, en cuanto a que no ha quedado satisfecha la obligación de fundar y motivar la petición del señor fiscal para la vinculación a proceso, el Juez de Control responsable, consideró que el representante social realizó una fundamentación y motivación adecuada, de acuerdo al estándar probatorio establecido en el artículo 19 constitucional, en cuanto a los datos de prueba que acreditan por un lado el hecho que la ley señala como delito, y la probabilidad racional de que fue el imputado quien cometió este hecho, lo anterior, dentro de un contexto en el que se tuvo una relación sentimental y en el que se han advertido amenazas y actos abusivos de poder, de control, de dominio que han generado una coacción anímica en la víctima, lo cual fue expresado por la psicólogo que la valoró. Con lo anterior, la responsable consideró, que con las diligencias invocadas o con los datos de prueba señalados por el representante social, no se generó un estado de indefensión para el hoy quejoso *******, y que sí se acreditó esa probabilidad de participación del imputado en el hecho que la ley señala como delito. Así, la responsable se hizo cargo de los datos de prueba que expuso el representante social, como lo fue la denuncia de la fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, en la cual, como se analizó en párrafos precedentes, la víctima relató las circunstancias correspondientes a los antecedentes familiares con el imputado hoy quejoso, el divorcio, la pensión alimenticia que derivado del juicio familiar se le condenó a entregarle, así como lo concerniente al mensaje de texto recibido y las amenazas que en el mismo se desprendieron. De lo anterior, la responsable enfatizó en que la palabra utilizada en el mensaje, -mugrosa-, generó en él convicción de que el mensaje fue enviado por el imputado hoy quejoso, pues, consideró el hecho de que la víctima refirió que esa palabra acostumbraba utilizar su exesposo de manera despectiva para insultarla, que son propiamente cuestiones verbales, que generan una afectación psicológica, ya que dañan la dignidad, tienden a humillar, aunado al hecho de que refiriera en dicho mensaje a una suma de dinero, lo cual relacionó con el dinero que, con motivo de la pensión alimenticia, el hoy quejoso tuvo que entregar a la víctima. Con respecto al acta de divorcio, emitida por el Juzgado Noveno Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, el Juez responsable tuvo por acreditado uno de los elementos del tipo penal de violencia familiar, como lo es la relación de matrimonio que resaltó, actualizó o acreditó ese elemento del tipo penal que tiene que ver con el contexto de la relación sentimental que hayan sostenido el imputado y la víctima. Así mismo, resaltó el dictamen psicológico en el cual, advirtió un malestar clínicamente significativo en la víctima, según la pericial psicológica de la licenciada Lizeth Amelia Arredondo Serna, en la cual, después de que la víctima narrara los antecedentes antes transcritos, mencionó el no poder vivir tranquila, que no come, no duerme, que siente ansiedad y miedo; en la escala de proyección dicha psicóloga, según el relato de la víctima, mencionó un aumento de la violencia en los últimos meses, amenazas y conductas controladoras por parte del imputado, vínculos con delincuencia organizada y uso de armas, como uso de drogas. Estas cuestiones, el Juez de Control, indicó que no se haría cargo, pues consideró que le asiste la razón a la defensa en cuanto a que no se acreditó ningún vínculo del imputado con delincuencia organizada, ni tampoco quedó acreditado ningún uso de armas, ni uso de drogas, sin embargo, lo que sí tuvo fehacientemente demostrado ese juzgador, es la relación sentimental que sostuvieron el imputado y la víctima, la afectación emocional en la pasivo, directamente relacionada como nexo causal con los actos abusivos de poder, de control, de amenazas hacia ella por parte del imputado y, como consecuencia, considera creíble que ese mensaje de texto, en el cual se generan humillaciones a la víctima al llamarle -mugrosa-, del cual se advierte también una amenaza al mencionarle que el dinero ojalá y lo aproveché en la caja, esto como una amenaza, lo cual genera ese efecto anímico negativo en la psique de la sujeto pasivo. La responsable, valoró de igual manera el parte informativo de fecha cuatro de Febrero de dos mil veintiuno, en el que se recabó la entrevista del tres de febrero de ese mismo año, en la cual, la victima narró el hecho acontecido en fecha sábado nueve de enero de ese dos mil veintiuno, que consiste en la materia de la imputación, y mencionó desde esa entrevista, que reconoció que ese mensaje fue enviado por el imputado por las razones que han sido expresadas, y le proporcionó al oficial investigador la copia de ese mensaje, así como copia de su credencial de elector y firmó la diligencia; ese juzgador responsable, consideró que la manera en que se aseguró esa constancia, o esa copia simple del mensaje de texto, cumple con las formalidades del proceso, ya que el agente que realizó el parte informativo, recabó esa documentación, le pidió a la víctima que entregara copia de su credencial de elector y que firmara la diligencia, por lo que consideró que esa diligencia cumplió precisamente con las formalidades que para el aseguramiento de objetos y documentos marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, en ese sentido, consideró ese juzgador que se superó el agravio del que se duele la defensa, en cuanto a que no hay certeza de donde aconteció ese documento. Por lo anterior, consideró la responsable, que esos datos de prueba, aunados a la declaración testimonial con facultad de abstención rendida por *******, quién es hijo de la sujeto pasivo, a quien también le consta el vínculo que sostuvo el imputado y su madre, acreditado fehacientemente para aquel juzgador responsable, con el acta de divorcio, cuyos intervinientes en ese divorcio eran el señor ******* y la víctima *******, de igual forma el testigo con facultad de abstención, enterado de su facultad para abstenerse de rendir alguna declaración narró ser hijo de la pasivo, tener una hermana, mencionó la fecha en que su madre se unió en matrimonio con el imputado y la fecha en la que se separaron, mencionó que vivieron juntos, de ahí que conoce la relación de manera directa y le constan las cuestiones que él observó directamente, como agresiones a su madre, tanto físicas como emocionales por parte del indiciado, ese señalamiento de ese testigo con facultad de abstención, situó esa relación sentimental y las agresiones físicas y emocionales, que él percibió de manera directa a través de sus sentidos por haber vivido en el domicilio donde radicaban el imputado y la víctima, en esta Ciudad Juárez. Así, para la responsable, ese señalamiento realizado por el testigo, abona a tener por acreditado la existencia del hecho que la ley señala como delito, esto es, los hechos materia de la imputación, que acontecieron en esta Ciudad Juárez, y abona a lo que tiene que ver con las agresiones físicas y emocionales de que la víctima ha sido sujeta, los cuales el testigo ha presenciado de manera directa. Mencionó el testigo, las situaciones que tienen que ver con el cambio de residencia de la víctima a la ciudad de Chihuahua y que se derivan directamente de esas amenazas, ya que mencionó que observaron camionetas circulando por su domicilio de manera sospechosa y narró el hecho materia de la imputación, mencionó que el día nueve de enero de dos mil veintiuno, aproximadamente a las veinte horas con cuarenta y seis minutos, narró este testigo, que observó de manera directa a su madre, quien es la víctima, un poco temblorosa y nerviosa, que es cuando su hijo la aborda, para mencionarle la víctima las cuestiones que tienen que ver con el mensaje, mencionó literalmente que al observar a su madre temblando, ésta le mostró el mensaje de texto recibido, y también mencionó finalmente que el indiciado o imputado radica en Ciudad Juárez, en el Fraccionamiento *******. Consideró la responsable, que la valoración de estos datos de prueba, sí actualizan los elementos del tipo penal de violencia familiar porque, como lo mencionó, de ellos se desprende esa relación sentimental que sostuvieron de matrimonio el imputado y la víctima, los actos abusivos de poder y que incluso fueron documentados en el mensaje y sí se le atribuyen al imputado directamente por la víctima así como por parte del testigo, hijo de la víctima y directamente por el representante social, por las razones que han quedado mencionadas con anterioridad, el contenido del mensaje tiene que ver con la suma de dinero entregado y con los actos vejatorios, las ofensas que el imputado, se dijo, utilizaba para con la víctima, como se mencionó, una palabra en específico, que es lo que la víctima asocia con el imputado. En conclusión, con la valoración de esos datos de prueba de acuerdo a los artículos 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, advirtió el Juez de Control responsable, para él quedó demostrado, la existencia del hecho que la ley señala como delito de Violencia Familiar y por las razones antes expresadas, también consideró indicios racionales, de que el imputado probablemente participó en la comisión de ese hecho que la ley señala como delito; la probabilidad de responsabilidad del señor *******. Así, por las razones expresadas, la responsable encontró fehacientemente demostrado, en términos del estándar probatorio que marca el artículo 19 Constitucional, que los actos de violencia que han sido imputados al Señor *******, son, en términos del artículo 193 del Código Penal y en términos de la Ley Estatal de Derechos a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en sus artículos 5 y 6, así como de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, tuvo efectivamente acreditada, la intención del imputado de dominio, de ubicarse en un plano de superioridad y ejercer un control o una regulación en la conducta de la pasivo, aunado a las agresiones, o a los actos ejecutivos violentos, cómo serían esas ofensas y esas amenazas y de igual forma, esos actos han influido en la estabilidad emocional de la pasivo en los términos del dictamen pericial psicológico que ha sido recabado. Toda vez que hasta ese momento, en términos de las fracciones I, II y III del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a criterio del Juez de Control responsable, encontró colmados los requisitos para la vinculación a proceso y desde la opinión jurídica de esa autoridad, hasta ese momento, no advirtió una causa de extinción de la acción penal, una causa de incompetencia o una causa que justifique el proceder del señor ******* y que los datos de prueba acreditan los dos aspectos fundamentales para el dictado de un auto de vinculación a proceso. OCTAVO.- Del análisis de los conceptos de violación. Culminado el estudio oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, procede dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de amparo. Ahora, por técnica jurídica, en el examen de los conceptos de violación, no se respetará el orden en el que fueron propuestos, sino en el que permitan la lógica y el método judicial que rigen en el juicio de amparo. Razonamientos relacionados con diversos derechos aplicables en materia penal. Como cuestión previa al examen del fondo del asunto, esta juzgadora considera pertinente establecer que, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte inconforme inserta razonamientos relacionados con diversos derechos aplicables en materia penal. Sin embargo, debe destacarse que esos aspectos no serán objeto de un pronunciamiento específico por parte de este tribunal federal, en la medida en que no constituyen razonamientos en los que se haga valer un auténtico concepto de violación o que, por sí solos, puedan llevar a la convicción de que el acto reclamado es inconstitucional. En efecto, el examen de los actos reclamados en el juicio de amparo debe ceñirse a los razonamientos jurídicos que, a título de conceptos de violación, se hagan valer en su contra, sea que para ello se destine un apartado específico o se advierta del análisis integral del escrito de demanda, por lo cual si tales planteamientos no reflejan, por sí, la inconstitucionalidad aseverada mediante la expresión de un agravio o perjuicio causado en la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que sólo sirven como un complemento o marco de referencia para ilustrar la postura que asume en torno a un tópico o tema, es patente que no ameritan una calificación, ni un análisis sobre ese particular. En tal virtud, si a partir de esas consideraciones la hoy parte impetrante expone razonamientos jurídicos que, en concreto, haga valer en calidad de conceptos de violación, respecto de los cuales esta resolutora está obligada a emitir un pronunciamiento particular, tales manifestaciones sólo serán tomadas en cuenta para el efecto de clarificar la causa de pedir y, a la postre, para que este tribunal adopte un criterio sobre las cuestiones propuestas por la parte quejosa. Al efecto, cabe citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así: -CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro -CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.-, en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.- (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN, Décima Primera Sección. Tesis: 1341. Página: 1503.) -GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente.- (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXV, Mayo de 2007. Tesis: 1a. CVIII/2007. Página: 793.) Al respecto, conviene señalar que la parte quejosa aduce que se viola en su perjuicio lo dispuesto en los arábigos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 todos de la Carta Magna, mediante conceptos de violación que van dirigidos a la resolución en que se resolvió su situación jurídica, los cuales son los siguientes: 1.- En esencia la parte quejosa manifiesta que se viola el derecho humano al debido proceso, debido a que el Juez de Control consideró acreditado el hecho señalado por la ley como delito de Violencia Familiar, así como la probabilidad de que el hoy quejoso lo cometió, únicamente basado en el dicho de la supuesta víctima, sin tomar en cuenta los argumentos defensivos que fueran aportado por la defensa, así como que la representación social no acreditó tales extremos. Asimismo, aduce el quejoso, que la responsable violó el derecho humano al debido proceso, contemplado en el artículo 16 Constitucional, toda vez que esa determinación no fue debidamente fundada, puesto que existe una inexacta valoración de los datos de prueba. Se estima infundado el motivo de disenso esgrimido por el quejoso, toda vez que a criterio de quien resuelve el auto de vinculación a proceso satisface dicha prerrogativa pues, contrariamente a lo que sostiene la parte quejosa, la autoridad responsable, ciñó su resolución a los parámetros procesales correspondientes. En efecto, para fundar dicho acto el juez responsable en el auto de vinculación a proceso, citó el artículo 19, de nuestra carta magna, así como los artículos 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 193 del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Igualmente, para motivar los propios actos, el Juez de Control expuso que, en el caso, los datos en la causa resultan aptos y suficientes para estimar que se cometió el hecho ilícito de Violencia Familiar y que existe la probabilidad de que la parte quejosa participó en su comisión en el caso concreto. En último orden, debe decirse que entre las normas citadas y las consideraciones expresadas por la responsable para sustentar la decisión asumida en los actos que nos ocupan, existe la adecuación necesaria para afirmar que, en el caso, se configuraron las hipótesis jurídicas, que es en lo que consiste la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener en términos del artículo 16 de la carta magna. Por tanto, contra lo estimado por la parte quejosa, se precisa que la responsable, al momento de analizar la probable responsabilidad del quejoso en la realización de los hechos que originaron la causa penal, y valorar los datos y antecedentes derivados de la causa penal, no sólo se basó en la sana crítica y observó las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sino que también tomó en cuenta todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, le condujeron a determinar la eficacia y alcance probatorio de los antecedentes y datos de que se trata, para lo cual basta imponerse de la propia resolución reclamada en esta vía. De dicha resolución se advierte que la responsable, consideró que los datos de prueba reseñados en audiencia, al ser unidos de manera armoniosa y natural entre sí, y valorados bajo las reglas de la lógica, resultaron aptos y bastantes para tener por demostrada en términos del artículo 21 fracción I, del Código Penal del Estado, la probable responsabilidad de *******, en la comisión del delito de Violencia Familiar. Pues consideró que los actos de violencia que han sido imputados al Señor *******, son en términos del artículo 193 del Código Penal y en términos de la Ley Estatal de Derechos a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en sus artículos 5 y 6, así como de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, tienen por acreditada la intención del imputado de dominio, de ubicarse en un plano de superioridad y ejercer un control o una regulación en la conducta de la pasivo, aunado a las agresiones o a los actos ejecutivos violentos, cómo son las ofensas y las amenazas y de igual forma, esos actos influyen en la estabilidad emocional de la pasivo en los términos del dictamen pericial psicológico recabado. Así, consideró que en términos de las fracciones I, II y III del artículo 316 del código Nacional de Procedimientos Penales, encontró colmados estos requisitos para la vinculación a proceso y que hasta ese momento no advirtió una causa de extinción de la acción penal, una causa de incompetencia o una causa que justifique el proceder del señor ******* y que los datos de prueba se acreditaron los dos aspectos fundamentales para el dictado de un auto de vinculación a proceso Por lo anterior, esta resolutora considera que la responsable valoró correctamente los datos de prueba aportados por las partes, pues, adverso a lo sostenido por la parte quejosa en el sentido de que la autoridad responsable omitió valorar correctamente los datos de prueba expuestos en el juicio, el juez responsable no sólo valoró los datos existentes en la causa penal, sino también los valoró correctamente, según lo expuesto ya, en líneas superiores. Esto se debe a que el Juez responsable, al valorar los datos y antecedentes de la causa penal no sólo se basó en la sana crítica y observó las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sino que también tomó en cuenta todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, le condujeron a determinar la eficacia y alcance probatorio de los antecedentes y datos de que se trata, para lo cual basta imponerse de la propia resolución reclamada en esta vía. En tal virtud, no tiene razón jurídica la parte quejosa, pues, contra lo que sostiene, al valorar los propios datos y antecedentes la juez del conocimiento se ajustó a los lineamientos que para ello contempla el artículo 20, en su apartado A, fracción II, constitucional y el diverso 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual carece de sustento jurídico lo alegado sobre ese particular, de ahí que lo conducente es desestimar, por infundados, los conceptos de violación analizados. Ahora bien, debe decirse que es verdad que la reforma al artículo 1o. de la carta magna de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el principio pro persona o pro homine, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, de ese principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por el propio gobernado deben resolverse favorablemente a sus pretensiones, ni siquiera con intención de establecer la interpretación más amplia o extensiva, a final de cuentas porque en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de los derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, pues es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias relativas. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos, rubro y texto son: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro: XXV, octubre de 2013, Tomo 2. Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.). Página: 906.), del tenor literal que siguen: -PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: -PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.-, reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de -derechos- alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.- (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro: XXV, Octubre de 2013, Tomo 2. Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.). Página: 906.) En las relatadas condiciones, al no resultar violatorio el auto de vinculación a proceso, reclamado en esta vía de control constitucional al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, de que se ha dado noticia, e infundado el único concepto de violación esgrimido, como se puntualizó en párrafos precedentes, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, bajo el texto y rubro siguientes: -AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos.-.Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio, de la Ley de Amparo, algunas tesis y jurisprudencias, resultan aplicables en el presente asunto, pues si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, sin embargo, contienen los mismos principios de la ley de la materia vigente. Por lo expuesto y fundado, y se, R E S U E L V E: PRIMERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, contra el acto que reclamó del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con domicilio en esta ciudad, consistentes en el auto de vinculación a proceso, dictado el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal *******. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hasta el día de hoy treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de enero de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, remitidos por por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, mediante los cuales remite debidamente diligenciado el exhorto 182/2021, librado dentro del presente asunto, enviado a efecto de realizar el emplazamiento a la parte tercero interesada *******. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; sin necesidad de emitir el acuse de recibo, virtud a que éste se generó de manera automática, al recibirse dicho exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, toda vez que no señalaron domicilio en esta ciudad, se hace efectivo el apercibimiento inserto en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, por lo que de conformidad con el artículo 27 fracción III, las siguientes notificaciones, aún las personales, se practicarán por lista. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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