Félix Romero de los Santos

Expediente 464/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 42 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
464/2020
Año
2020
Actuaciones
42
Última actuación
21/12/2022

Partes del expediente

  • Félix Romero de los Santos
  • Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de esta fecha, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de quince de noviembre de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió y negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió la 1. Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas de la Unidad de Procuración de Justicia, con sede en Orizaba, Veracruz, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de esta fecha, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de quince de noviembre de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió y negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió la 1. Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas de la Unidad de Procuración de Justicia, con sede en Orizaba, Veracruz, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 464/2020, promovido por Félix Romero de los Santos, contra actos de la Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas, de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Orizaba, Veracruz, del XV Distrito Judicial y otras autoridades, los que consideró violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite de la demanda de amparo. Por auto de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se previno a la parte quejosa para que manifestara, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados. Previo cumplimiento al anterior requerimiento, en auto de seis de octubre de dos mil veinte, este Juzgado Décimo Segunda de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, admitió la demanda, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. El treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por emplazada a la tercero interesada, víctima de identidad reservada como*** CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos*** de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda, así como del informe justificado rendido por la ordenadora, se advierte que se reclama*** TERCERO. Negativa de actos. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables 1. Fiscal Primera Especializada En La Investigación De Delitos De Violencia Contra La Familia, Mujeres, Niñas Y Niños Y De Trata De Personas En La Unidad Integral De Procuración De Justicia Del XV Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz; 2. Fiscal Segunda Especializada En La Investigación De Delitos De Violencia Contra La Familia, Mujeres, Niñas Y Niños Y De Trata De Personas En La Unidad Integral De Procuración De Justicia Del XV Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz; 3. Fiscal Tercera Especializada En La Investigación De Delitos De Violencia Contra La Familia, Mujeres, Niñas Y Niños Y De Trata De Personas En La Unidad Integral De Procuración De Justicia Del XV Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz; 4. Fiscal Investigador de la Sub Unidad de Atención Temprana en la Ciudad de Nogales, Veracruz; 5. Fiscal Investigador de la Sub Unidad De Atención Temprana en la Ciudad De Camerino Z. Mendoza, Veracruz, con sede en Nogales, Veracruz; 6. Licenciada Norma Landa Villalba, Juez de Control, de Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal De Primera Instancia de Orizaba, Veracruz; 7. Licenciado Juan Alberto Alba Pérez, Juez De Control, De Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento Del Juzgado Penal De Primera Instancia de Orizaba, Veracruz; 8. Licenciado Urbino Alcaraz García, Juez De Control, De Procedimiento Penal Oral Y Enjuiciamiento Del Juzgado Penal De Primera Instancia de Orizaba, Veracruz; 9. Comandante Encargado De La Coordinación De Unidades De Detectives Del Distrito Judicial XV, con residencia en Orizaba, Veracruz; 10. Encargado De La Jefatura De Detectives de Ciudad Mendoza, Veracruz, con residencia en Nogales, Veracruz, ya que los negaron, tal y como se advierte de sus respectivos informes justificados. La parte quejosa no ofreció prueba alguna tendente a desvirtuar esa negativa; además, de la carpeta de investigación, de donde deriva la cita reclamada se observa que sólo participó la Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas, de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Orizaba, Veracruz, del XV Distrito Judicial. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables de que se trata este considerando. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados atribuidos a la 1. Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas, de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Orizaba, Veracruz, del XV Distrito Judicial, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe con justificación. La certeza del acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, se corrobora con la copia certificada de las constancias de la carpeta de investigación*** dentro de las que obra la referida cita la cual cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido autentificada por funcionario público en ejercicio de sus funciones. QUINTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual establece*** Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado, la ley, el tratado internacional o el reglamento; y que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Esto es, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, por lo que la procedencia de la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación; derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo que es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Por tanto, si la impetrante reclama la integración de la carpeta de investigación*** así como la segunda y última cita para que compareciera el siete de julio de dos mil veinte, a las trece horas, ante la Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas, de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Orizaba, Veracruz, del XV Distrito Judicial, para que en calidad de imputado se le hiciera del conocimiento que fue denunciado por la víctima identificada como*** por el delito de violencia familiar y los derechos que le asisten, y requerirlo para saber si es su deseo ser entrevistado; dichas actuaciones de la función persecutoria que posee el fiscal, no constituyen un derecho privativo de derecho alguno en perjuicio de la esfera jurídica del quejoso, sino un derecho social, en términos del artículo 21 constitucional, pues interesa a la colectividad que se investiguen los hechos probablemente constitutivos de ilícitos y que el fiscal desahogue datos de pruebas para acreditar su teoría del caso, con el fin de proteger los derechos de las víctimas, y se consiga la reparación del daño. En ese entendido, al no existir un derecho tutelado del peticionario de amparo para impugnar actos como el que ahora nos ocupa, vinculados con la integración de la carpeta de investigación, la segunda y última cita para hacerlo comparecer a la fiscalía a declarar, ya que los actos del ministerio público indispensables para acreditar su teoría del caso son de orden público e interés social, y no pueden considerarse como generadores de afectación al interés jurídico del quejoso; en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. En consecuencia, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII de la Ley de Amparo, por lo que se impone sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal citado. El sobreseimiento decretado en este considerando, impide entrar al análisis de los conceptos de violación vertidos, y emitir mayor pronunciamiento sobre el material probatorio que no guarda relación con las causales de improcedencia, sino con el fondo del asunto. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se*** ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por*** contra los actos reclamados de la autoridad responsable Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas, de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Orizaba, Veracruz, del XV Distrito Judicial, precisada en el resultando primero, por los motivos expuestos en los considerados tercero y quinto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones y la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días para que la tercero interesada víctima de identidad reservada identificada como VM-176, señalara domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones, sin que lo hiciera, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, ordenándose notificarle el presente auto por lista de acuerdos; así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.

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