Félix Rodríguez Montes

Expediente 213/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
213/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
04/12/2020

Partes del expediente

  • Félix Rodríguez Montes

Actuaciones

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el doce de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió, y por la otra se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, tomando en consideración que de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa exhibió el original de una orden de pago por la cantidad de mil pesos ($1000.00 M.N); por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérase a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquel en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, la referida constancia correrá la misma suerte que este expediente

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el doce de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió, y por la otra se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, tomando en consideración que de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa exhibió el original de una orden de pago por la cantidad de mil pesos ($1000.00 M.N); por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérase a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquel en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, la referida constancia correrá la misma suerte que este expediente

  3. Principal

    SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1. Presidente Municipal, 2. Primer Comandante de la Policía Municipal, y Sindico Único, por ausencia del 3. Director de Comercio Municipal, todos del Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de los Reyes, Veracruz, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos que se les reclaman, consistentes en la clausura permanente y allanamiento del establecimiento ubicado en la localidad de Ojo de Agua Grande, del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Asimismo, las citadas autoridades responsables negaron la existencia de la ilegal detención, retención o arresto que reclama la quejosa, ****************. Los peticionarios de amparo exhibieron como pruebas: 1) Copia simple del certificado parcelario número 000001071274 expedido por el Delegado del Servicio Agrario Nacional. 2) Impresiones de siete fotografías. 3) Copia simple de la declaratoria de emergencia emitida por el Presidente municipal de Amatlán de los Reyes, Veracruz. 4) Copia simple del Folleto de la Jurisdicción Sanitaria VI Córdoba. 5) Copia simple de las recomendaciones contra Covid-19 de la Jurisdicción Sanitaria VI Córdoba, Veracruz. 6) Original de una orden de pago número 041, por la cantidad de $1000.00 (mil pesos 00/100 moneda nacional). Medios probatorios que ni aún adminiculados desvirtúan la negativa de las autoridades responsables. Es así, toda vez que las copias simples exhibidas por los quejosos si bien constituyen un indicio, no guardan relación con alguna orden de clausura o allanamiento del establecimiento de los quejosos, o bien, la ilegal detención, retención o arresto de la peticionaria de amparo, pues ello no se advierte de su contenido. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 32/2000, sustentada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 127, del tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. En cuanto a las impresiones de las fotografías, carecen de validez probatoria alguna, dado que no reúnen los requisitos previstos en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en términos de su artículo 2º, pues no contienen la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancia en que fueron tomadas. Se invoca como apoyo a lo anterior, la tesis número XIV.2o.21, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 284, del Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto, siguientes: FOTOGRAFÍAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las fotografías para acreditar el hecho de la posesión aducido en la demanda de amparo. Por su parte, la orden de pago número 041 por la cantidad de mil pesos ($1000.00 M.N), pone en evidencia que se le requirió dicha cantidad por el desacato de una orden municipal y federal, pero no acredita la existencia de la orden de clausura o allanamiento reclamada, y tampoco la existencia de la detención, retención o arresto que la peticionaria de amparo, **************, impugna. No pasa inadvertido que el Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en su informe justificado, precisó que los Policías Municipales se constituyeron en el establecimiento del quejoso, derivado del reporte generado como consecuencia de que en ese lugar se encontraban concentrados un grupo de bañistas, y que ello contravenía las disposiciones emitidas por las autoridades de salud, federales, estatales y municipales; motivo por el cual se impuso una multa de carácter administrativo al quejoso. Sin embargo, de dichas manifestaciones no se advierte la existencia de los actos reclamados a que ha hecho referencia en este considerando. En tales condiciones, si los peticionarios de amparo no desvirtuaron la negativa de autoridades responsables en torno a los actos reclamados a que se refiere el presente considerando; en consecuencia, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio en relación con éstos.. Por razón de técnica jurídica, se procede a analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto al acto reclamado consistente en la ilegal detención, retención o arresto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)" Esta causa de improcedencia obedece a la esencia misma del amparo, que es destruir los efectos perjudiciales del acto, omisión o norma reclamados, por lo que si desaparece el objeto o materia de estudio del acto reclamado no existirá objeto sobre el cual puedan recaer los efectos de la sentencia. En otras palabras, el amparo será improcedente contra actos materializados respecto de los cuales sea imposible restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado por la autoridad responsable, conforme lo que dispone el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En el caso, la ilegal detención, retención o arresto reclamada, ya se ejecutó, según se advierte de la razón actuarial asentada por la fedataria adscrita a este juzgado, quien al constituirse en las instalaciones que ocupa la Comandancia Municipal de Amatlán de los Reyes, Veracruz, fue informada el quejoso no se encontraba detenido, pero al imponerse del "Registro de Detención" observó que el impetrante de amparo *******************, ingresó a dicho lugar el cinco de abril de dos mil veinte, a las dieciocho horas con treinta y un minutos, y egresó a las diecinueve horas con veintisiete minutos de esa propia fecha; y que el motivo de su detención fue por no acatar una orden federal y municipal ante la emergencia de COVID-19 y por negarse a cerrar el acceso a la playa, estando ya notificado; por tanto, resulta evidente que el acto reclamado en estudio se consumó irreparablemente, pues aún en el caso de conceder el amparo y protección solicitados, no se le podría restituir de modo alguno en el goce de su derecho a la libertad personal, por lo que no existe materia sobre la cual puedan recaer los efectos de la eventual sentencia favorable al quejoso. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en mención. Sirve de apoyo, por sus consideraciones, la jurisprudencia 2a./J. 171/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la página 423, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. Por otra parte, en relación con la omisión del Presidente Municipal de Amatlán de los Reyes, Veracruz, de emitir una declaratoria en la que incluya un beneficio a través del fondo de emergencia, para los establecimientos que permanezcan cerrados con motivo de la contingencia, pese a la presunción de certeza del citado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, al no haber acreditado los quejosos, contar con interés jurídico para acudir a esta vía constitucional. Los referidos numerales disponen: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.). De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo (interés legítimo); en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. Para la mejor comprensión de dichas figuras es pertinente precisar los elementos constitutivos de cada una, a saber: El interés jurídico consiste en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otra parte, para probar el interés legítimo debe acreditarse: a) la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y c) que el promovente pertenezca a esa colectividad. La anterior distinción fue establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019, publicada el ocho de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Sentado lo anterior, se precisa que el análisis de procedencia de este juicio se efectuará desde la perspectiva del interés jurídico. Ello, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que lo que controvierten los quejosos es la omisión de las autoridades responsables de emitir una declaración en donde incluya un fondo para apoyo de la economía de los establecimientos que deben permanecer cerrados de manera permanente, como consecuencia de la contingencia sanitaria; lo cual reclaman en su carácter de propietarios del establecimiento ubicado en la localidad de Ojo de Agua Grande, del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Elementos que, conforme a lo previamente expuesto, corresponden a la figura del interés jurídico para efectos del juicio de amparo, y no a la de interés legítimo. En esta tesitura, el juicio de amparo procede para proteger cualquier derecho, entre ellos los de propiedad o posesión, que resulte afectado sin respetar sus derechos humanos de audiencia y defensa que se consagran en el aludido precepto constitucional; sin embargo, como se dijo, esa afectación debe ser comprobada de forma fehaciente, sin que pueda inferirse tan sólo por presunciones; consecuentemente, la parte quejosa tiene la carga procesal de demostrar que los actos que reclaman afectan su interés jurídico, pues es un presupuesto para la procedencia de la acción constitucional. En el caso, como ya se señaló, los quejosos acuden a esta instancia constitucional a combatir el acto reclamado consistente en la omisión de las autoridades responsables de emitir una declaración en donde incluya un fondo para apoyo de la economía de los establecimientos que deben permanecer cerrados de manera permanente, como consecuencia de la contingencia sanitaria; lo que reclaman en su carácter de propietarios del establecimiento ubicado en la localidad de Ojo de Agua Grande, del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Por tanto, dado que se trata de personas físicas que se dedican a una actividad comercial, para acreditar su interés jurídico deben demostrar que cuentan con licencia, permiso o autorización de funcionamiento expedido por la autoridad competente para el ejercicio de dicha actividad, pues con ello demuestran la existencia del derecho que se busca proteger en el juicio de amparo. Ello, de conformidad con lo previsto en el Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que en lo que conducente, establece: Artículo 195.- Es objeto de este derecho el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, permiso o autorización, registro o refrendo a negociaciones, giros o actividades económicas, cuya reglamentación y vigilancia corresponda a la autoridad municipal. Artículo 196.- Los propietarios de negociaciones comerciales, industriales, de prestación de servicios, de comisión y, en general, de toda actividad económica, deberán empadronarse en la Tesorería y obtener la cédula respectiva y, en su caso, la licencia o autorización de funcionamiento que corresponda, ya sea que sus actividades las realicen en tiendas abiertas al público, en despachos, almacenes, bodegas, interior de casas o edificios o en cualquier otro lugar. Dicha cédula de empadronamiento se mantendrá vigente, hasta en tanto no se realice baja, cambio de giro o de domicilio, excepto para los giros que implican la enajenación o expendio de bebidas alcohólicas, en cuyo caso la vigencia de la cédula de empadronamiento de la licencia será de un año. Artículo 197.- El inicio de actividades, la ampliación o el cambio de giro de los establecimientos o locales a los que se refiere el artículo anterior, serán autorizados por la Tesorería, de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento municipal respectivo o, en su defecto, el Cabildo. Artículo 198.- Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales que soliciten del Ayuntamiento la autorización de funcionamiento, registro o refrendo señalados en el artículo 195 de este Código o la licencia correspondiente." Artículo 199.- El Municipio, en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable, ejercerá facultades operativas de verificación al momento de expedir las licencias a que se refiere este Código y deberá solicitar a los interesados la exhibición de su cédula de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. En términos de la normatividad aludida en el párrafo anterior, la licencia, permiso o autorización de funcionamiento, o el registro o refrendo anual en su caso, no causarán cuota alguna, pero sus propietarios cumplirán los requisitos que para el otorgamiento de aquéllos señalen los reglamentos municipales y cubrirán, en su caso, el pago de las formas valoradas que correspondan, que no podrá exceder de una Unidad de Medida y Actualización. Se exceptúan de la no causación los giros comerciales que enajenen o expendan bebidas alcohólicas en forma total o parcial al público en general, en cuyo caso deberán cubrir la cuota o tarifa establecida en el presente Código por el otorgamiento o refrendo de cada licencia, pero la omisión a dicha obligación se sancionará con multa equivalente a la cuota o tarifa señalada para el refrendo, según el caso y, de persistir la omisión dentro del término de quince días, se procederá a la clausura." De los dispositivos citados deriva que para realizar operaciones en los giros comerciales, los interesados deben empadronarse en la Tesorería y obtener la cédula respectiva y, en su caso, la licencia o autorización de funcionamiento que corresponda, ya sea que sus actividades las realicen en tiendas abiertas al público, en despachos, almacenes, bodegas, interior de casas o edificios o en cualquier otro lugar; asimismo, que dicha licencia, permiso o autorización de funcionamiento, o el registro o refrendo anual en su caso, no causarán cuota alguna, pero sus propietarios cumplirán los requisitos que para el otorgamiento de aquéllos señalen los reglamentos municipales y cubrirán, en su caso, el pago de las formas valoradas que correspondan, que no podrá exceder de una Unidad de Medida y Actualización. Ahora, para acreditar su legitimación para acudir a esta vía constitucional los impetrantes ofrecieron los medios de prueba siguientes: 1) Copia simple del certificado parcelario número 000001071274 expedido por el Delegado del Servicio Agrario Nacional. 2) Impresiones de siete fotografías. 3) Copia simple de la declaratoria de emergencia emitida por el Presidente municipal de Amatlán de los Reyes, Veracruz. 4) Copia simple del Folleto de la Jurisdicción Sanitaria VI Córdoba. 5) Copia simple de las recomendaciones contra Covid-19 de la Jurisdicción Sanitaria VI Córdoba, Veracruz, y 6) Original de una orden de pago número 041, por la cantidad de $1000.00 (mil pesos 00/100 moneda nacional). Medios probatorios que adminiculados no demuestran la titularidad de los derechos que defienden los quejosos, toda vez que las copias simples exhibidas si bien constituyen un indicio, resultan insuficientes para acreditar los hechos que con ellas se pretende probar, esto es, la posesión del bien inmueble y la autorización o permiso para desarrollar una actividad comercial en dicho lugar; ya que aún adminiculadas con los demás elementos probatorios que obran en autos, no bastan para acreditar fehacientemente el interés jurídico de la parte quejosa, pues no demuestran el derecho que le asiste para realizar la actividad comercial que defiende a través de este juicio de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 32/2000, sustentada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 127, del tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. Asimismo, resulta aplicable a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 21/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 213, Tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196457, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. En cuanto a las impresiones de las fotografías, carecen de validez probatoria alguna, dado que no reúnen los requisitos previstos en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en términos de su artículo 2º, pues no contienen la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancia en que fueron tomadas. Al respecto, se invoca como apoyo la tesis número XIV.2o.21, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 284, del Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto, siguientes: FOTOGRAFÍAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las fotografías para acreditar el hecho de la posesión aducido en la demanda de amparo. Por su parte, la orden de pago número 041 por la cantidad de mil pesos ($1000.00 M.N), únicamente evidencia que se le requirió dicha cantidad por el desacato de una orden municipal y federal; empero, por sí mismo no demuestra el registro del quejoso ante la Tesorería Municipal, ni que cuente con licencia, permiso o autorización para desarrollar la actividad comercial que indica en su demanda. Por tanto, tales medios probatorios son insuficientes para acreditar la titularidad de los derechos que pretenden defender con motivo de la actividad comercial que desarrollan, y por ende, no acreditan su interés jurídico en el presente asunto. Sirve de apoyo, por sus argumentos, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Volumen CXXXVIII, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Sexta Época, que literalmente expresa: CLAUSURA DE GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. LA LICENCIA CORRESPONDIENTE ES REQUISITO NECESARIO PARA EL INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. Ante la falta de licencia, la orden de clausura y su ejecución, de un negocio comercial que se encuentra reglamentado y requiere de licencia que autorice su funcionamiento, no son actos que afecten intereses jurídicos del reclamante, aun cuando demuestre su propiedad sobre el mismo establecimiento, ya que la clausura no debe considerarse como un acto conculcatorio del derecho de propiedad, sino del de mantener abierto al público, en franco funcionamiento, el giro; facultad que sólo se tiene con la licencia correspondiente, que es la que engendra la titularidad de ese derecho y, por ende, un interés jurídico legalmente protegido. En consecuencia, al no demostrarse que la omisión reclamada afecte el interés jurídico de los quejosos, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de la materia. Por consiguiente, se impone sobreseer en el presente juicio, acorde con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados de que se trata este considerando. R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por ******************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, por los motivos que se exponen en los mismos.

  4. Incidental

    Vistos los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 213/2020, promovido por ******, contra actos del 1. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y otras autoridades, para resolver sobre la suspensión definitiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Los quejosos, ******, reclaman de las autoridades responsables, lo siguiente: - La clausura permanente del establecimiento ubicado en la localidad de ******, del municipio de ******. - Las órdenes de detención, retención o arresto. - El allanamiento al establecimiento ubicado en la localidad de Ojo de Agua Grande, del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. - La omisión del Presiente Municipal de Amatlán de los Reyes, Veracruz, de emitir una declaratoria en la que incluya un beneficio a través del fondo de emergencia, para los establecimientos que permanezcan cerrados con motivo de la contingencia. SEGUNDO. Las autoridades responsables Presidente Municipal, Primer Comandante de la Policía Municipal, y Titular de la Dirección de Comercio Municipal, todos del Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de los Reyes, Veracruz, al rendir sus respectivos informes previos, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, consistentes en la clausura permanente del establecimiento ubicado en la localidad de ******, del municipio de ******; las órdenes de detención, retención o arresto; y el allanamiento al establecimiento ubicado en la localidad de Ojo de Agua Grande, del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz La parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtúe la negativa de dichas autoridades responsables, razón por la cual se niega la suspensión definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia número VI.2º.J-19, visible en la página 133, del Tomo II, Julio-1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyo rubro y texto expresan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consiguientemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Sin que pase inadvertido que el Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de los Reyes, Veracruz, haya manifestado que Policías Municipales se constituyeron en el establecimiento del quejoso, derivado del reporte generado, como consecuencia de que en ese lugar se encontraban concentrados un grupo de bañistas, lo que contravenía las disposición emitidas por las autoridades de salud, tanto federales, estatales y municipales; motivo por el cual se impuso una multa de carácter administrativo al quejoso; toda vez que de dichas manifestaciones no se advierte la existencia de los actos reclamados a que hace referencia este considerando. TERCERO. Las autoridades responsables Presidente Municipal, Primer Comandante de la Policía Municipal, y Titular de la Dirección de Comercio Municipal, todos del Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de los Reyes, Veracruz, fueron omisas en pronunciarse respecto al diverso acto reclamado consistente en la omisión de emitir una declaratoria en la que incluya un beneficio a través del fondo de emergencia, para los establecimientos que permanezcan cerrados con motivo de la contingencia; por tanto con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierta la referida omisión. Sin embargo, resulta improcedente conceder la medida cautelar solicitada, al tratarse de actos en que presumiblemente la responsable se rehúsa a obrar en favor de la pretensión del gobernado, por lo que el análisis de su constitucionalidad o inconstitucionalidad constituye la materia de estudio en el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia; por tanto, se niega la suspensión definitiva del acto reclamado. Por lo expuesto, fundado y además con apoyo en los artículos 128, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se NIEGA a ******, la suspensión definitiva que solicitó, en contra de los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables precisadas en el considerando segundo y tercero de esta resolución, y por los motivos expuestos en los mismos.

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