Fermín García Paez

Expediente 19/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
19/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Fermín García Paez
  • Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, catorce de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, autorizada el dieciséis de mayo de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso a), de dicho ordenamiento, pues se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, al ser innecesaria la conservación de las constancias derivadas del expediente 1341/2015, remitidas por la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Córdoba, Veracruz, remítase a su lugar de origen solicitando acuse recibo del mismo.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, catorce de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, autorizada el dieciséis de mayo de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso a), de dicho ordenamiento, pues se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, al ser innecesaria la conservación de las constancias derivadas del expediente 1341/2015, remitidas por la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Córdoba, Veracruz, remítase a su lugar de origen solicitando acuse recibo del mismo.

  3. Principal

    SEXTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Por razón de técnica procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto al acto reclamado que se hizo consistir en la dilación por parte del Juez Cuarto de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, con sede en Córdoba, Veracruz, en los autos del juicio 1341/2015, de su índice, que deriva de la omisión a resolver la oposición al inventario de bienes, de oficio de advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De conformidad con la disposición normativa en cita, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (fracción I); y, cuando sea de carácter negativo (fracción II), el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama del Juez Cuarto de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, con sede en Córdoba, Veracruz, la dilación en el trámite del expediente 1341/2015, de su índice, esto, por no haber resuelto sobre la oposición al inventario de bienes de la liquidación de la sociedad conyugal propuesta por *********el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (doce de enero de dos mil veintidós). Sin embargo, de las constancias anexas al oficio 5103, firmado por el Juez Cuarto de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, con sede en Córdoba, Veracruz, se advierte que el veinticinco de abril de dos mil veintidós aprobó el inventario de bienes que forman parte de la sociedad conyugal, formulado por *************. Luego, al aprobar el Juez Cuarto de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, con sede en Córdoba, Veracruz, en todas y cada una de sus partes el inventario de bienes que forman la sociedad conyugal, presentado por Reyna Murguía Campos, este órgano de control constitucional estima que los efectos del acto reclamado consistente en la dilación procesal en el expediente 1341/2015, al no haber resuelto la oposición al inventario de bienes, desaparecieron, pues ya no afecta la esfera jurídica de derechos del peticionario del amparo, tal y como si se hubiera otorgado la protección constitucional a la parte quejosa. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. En lo conducente, se invoca como apoyo la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, consultable en la página 38, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En cuanto al diverso acto reclamado, consistente en la omisión de resolver sobre la oposición del quejoso, Fermín García Páez, al inventario de bienes formulado por la aquí tercero interesada, Reyna Murguía Campos, en el expediente 1341/2015, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, del de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo, indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." El precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. La citada fracción contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restitución de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. Es así, pues en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquél se concediera bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aun invalidarla; pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieran un fundamento y una motivación que, al no formar parte de la litis constitucional, no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que posiblemente fueran justificados. A lo que debe agregarse que el cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un procedimiento seguido en forma de juicio, compuesto por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí. Esto es, el cambio de situación jurídica se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. En ese entendido, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula el precepto y fracción innovados son los siguientes: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda por sus propios fundamentos y motivos. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el asunto que nos ocupa, se reitera, el peticionario de amparo reclama del Juez Cuarto de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, con sede en Córdoba, Veracruz, la omisión de resolver sobre la oposición al inventario de bienes formulado por la aquí tercero interesada Reyna Murguía Campos, en la liquidación de la sociedad conyugal, en los autos del expediente 1341/2015. Sin embargo, aun cuando no consta en autos que a ese escrito hubiere recaído un acuerdo en relación con la referida oposición, mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el veintisiete de abril de dos mil veintidós, el Juez Cuarto de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, con sede en Córdoba, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de veinticinco de abril de dos mil veintidós, en la que -si bien no dio respuesta a la oposición del quejoso, *********, al inventario de los bienes formulado por ********- aprobó en todas y cada una de sus partes el inventario de bienes que conforman la sociedad conyugal. Documental que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, al haber sido certificada por un servidor público en ejercicio de sus funciones. En estas condiciones, cambió la situación jurídica en que se encontraba el impetrante con motivo del acto reclamado, que hace que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones atribuidas a la omisión reclamada, toda vez que, si bien el juez responsable no dio contestación a la oposición planteada, la constitucionalidad de la misma no podría analizarse sin afectar la nueva situación jurídica emanada de la resolución de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada por el el Juez Cuarto de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, con sede en Córdoba, Veracruz, dentro del expediente 1341/2015, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad la omisión reclamada para el efecto que el Juez responsable dé respuesta al planteamiento del quejoso, se soslayaría la resolución de veinticinco de abril de dos mil veintidós, en que se aprobó el inventario de liquidación propuesto, que rige la situación jurídica de las partes en el mencionado controvertido. En consecuencia, al actualizarse las causales en estudio, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Ante el sobreseimiento decretado, resulta improcedente realizar el estudio de los conceptos de violación, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de la República, consultable en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN; Materia Común, página 335, con registro número 394465, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SÉPTIMO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que por auto de catorce de enero de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *********, por propio derecho, contra los actos reclamados del Juez Cuarto de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, con sede en Córdoba, Veracruz, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la tercera interesada por así estar ordenado en autos.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que en el presente juicio de amparo 19/2022, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, por lo que se encuentra pendiente el dictado de la sentencia correspondiente. En consecuencia, fórmese cuadernillo y agréguese el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia, especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, con un anexo de cuenta; atento a su contenido, se le tiene remitiendo copia certificada de la audiencia de veinticinco de febrero de dos mil veintidós y la resolución de veinticinco del mes y año en curso, dictadas en el expediente 1341/2015, de su índice. Notifíquese.

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