Félix Margarito Beatriz Varela
Expediente 392/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 392/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 15/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Félix Margarito Beatriz Varela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Córdoba, Veracruz, quince de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el telegrama remitido por el Analista Jurídico de la Dirección General Jurídica del 1. Gobernador del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 29708/2022, del índice de este órgano de control constitucional, por medio del cual se hizo de su conocimiento la resolución emitida el veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio firmado electrónicamente por la Jefa de Departamento de Amparos y en representación del 2. Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz, con residencia en Xalapa; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del diverso misivo 29709/2022, del índice de este órgano de control constitucional, por medio del cual se hizo de su conocimiento la resolución emitida el veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y el estado procesal que guardan las actuaciones, se desprende que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la ley de amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Finalmente, toda vez que de la certificación secretarial de esta fecha se advierte que obran en autos documentos exhibidos por el promovente, por tanto, con fundamento en lo dispuesto los artículos 20, párrafo segundo, y 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el plazo de NOVENTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, dichas constancias, correrán la misma suerte que este expediente. Notifíquese; y por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Juzgado al promovente, por así estar ordenado en autos.
- Principal
SEGUNDO. PREVENCIÓN, ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba radicó la demanda, bajo el número 392/2022, y previno a la parte quejosa para que indicara si también señalaba como acto reclamado*** a qué autoridad atribuía dicho acto; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se tramitaría el juicio únicamente por los actos destacados en la demanda; lo que así realizó mediante escrito de veintisiete de mayo siguiente. En consecuencia, en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, 4 se admitió la demanda de que se trata, por lo que, entre otras cosa, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede*** PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos*** de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que se reclaman actos que no requieren ejecución material, por lo cual la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, en términos del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda y su aclaración, así como de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa reclama: TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado del. Presidente del Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán Veracruz, consistente en d) la omisión de dar contestación a los escritos presentados por el inconforme el siete de enero, veinticinco de marzo y cuatro de mayo de dos mil veintidós, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Si bien le correspondía demostrar la inexistencia de la omisión de que se trata, del análisis que se realiza de las peticiones formuladas por el aquí quejoso, se advierte que éstas no fueron dirigidas ni recibidas por la autoridad en cita, sino por una diversa, tal y como más adelante se evidenciará; por lo que en esa medida, no puede considerarse como cierta la omisión de dar respuesta a las peticiones contenidas en los escritos de referencia. De ahí la inexistencia del acto reclamado. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto al acto de que se trata en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado del 1. Gobernador del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, consistente en a) la promulgación de la Ley Orgánica del Municipio libre aplicable en el Estado de Veracruz, así lo manifestó al rendir su informe justificado. Es pertinente señalar que tal aserto se sostiene, además, al considerar que la existencia de los actos de naturaleza legislativa no está sujeta a prueba, pues constituyen hechos públicos y notorios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. También son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables denominadas, 2. Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, con residencia en Xalapa; y 3. Presidente del Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán Veracruz, consistentes en b) y c) la omisión de aplicar lo dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre, del Estado de Veracruz, particularmente lo dispuesto por los artículos 22, 26, 115, fracción I, 124 y 125, así como la d) la omisión de dar contestación a los escritos presentados por el inconforme el siete de enero, veinticinco de marzo y cuatro de mayo de dos mil veintidós, este último acto atribuido exclusivamente a la primera de las autoridades nombradas; pues con independencia de que en sus informes justificados lo negaron, efectuaron diversas manifestaciones de las cuales se evidencia la existencia de los mismos; por tanto, se tiene por desvirtuadas dichas negativas. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Actos que versan sobre derechos políticos. En el asunto que nos ocupa, este Juzgado de Distrito estima de oficio que en relación con los actos atribuidos al Gobernador del Estado de Veracruz, Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, y Presidente del Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán Veracruz, precisados en los incisos a), b) y c), del considerando segundo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 99, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen lo siguiente*** La disposición imperativa de la fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el propio numeral. Por su parte, la interpretación sistemática de los numerales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos transcritos, lleva a concluir que las controversias que surjan entre autoridades y gobernados pueden ser impugnados mediante el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta, pero cuando la litis verse sobre la materia política electoral, serán los tribunales especializados quienes diriman mediante los juicios que prevé la ley de la materia. En ese contexto, es evidente que el constituyente externó su voluntad para que las controversias en materia político electoral se ventilen precisamente ante un Tribunal electoral, con lo que excluyó el juicio de amparo. En este punto, es pertinente indicar que si bien el juicio de amparo tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas para su protección por la constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; la causa de improcedencia de trato no sólo surge por el hecho de que el acto reclamado derive de un ordenamiento cuya denominación sea electoral, y mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material del mismo, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos-electorales, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución no son reclamables en amparo indirecto, sino, como se dijo, a través de los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal especializado en materia electoral. Concomitante con lo anterior, los artículos 401, fracción II, y 404, del Código Electoral para el Estado de Veracruz disponen*** De los numerales transcritos se advierte que en el Estado de Veracruz, el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano procede en contra de actos o resoluciones que afecten su derecho a ocupar y desempeñar el cargo de elección popular encomendado por la ciudadanía; y quien conoce del mismo es el Tribunal Electoral de la Entidad. En el caso, como se anticipó, el impetrante de amparo reclama en el presente controvertido constitucional*** Ello, sobre la base de que el dos de diciembre de dos mil veintiuno, fue electo como "regidor suplente" del Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán, Veracruz, cuyo titular es Alejandro de los Santos Rosas; sin embargo, a pesar de que este último ha faltado a más de tres sesiones dentro del plazo de tres meses a dicho cuerpo edilicio, ya que se encuentra vinculado a proceso, las autoridades responsables han sido omisas en "llamarlo" a tomar la protesta de "regidor suplente a titular", tal y como lo prevé el procedimiento establecido en los artículos 22, 26, 115, fracción I, 124, y 125, Ley Orgánica del Municipio Libre, del Estado de Veracruz. Sin embargo conforme a lo expuesto contra los actos reclamados el juicio de amparo resulta improcedente, en la medida que su naturaleza es de carácter electoral, ya que se encuentran vinculados con el ejercicio de un cargo (regidor) obtenido mediante un proceso electivo que el impetrante pretende hacer valer, es decir, tiene vinculación con el ejercicio de un derecho político-electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. II. Cesación de efectos Por otra parte, este Tribunal federal advierte también de oficio que respecto del acto reclamado del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, precisado en el inciso d) del considerando segundo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece*** De acuerdo con el citado artículo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (fracción I); y, cuando sea de carácter negativo (fracción II), el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. En el caso, se reitera, el inconforme*** reclama del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, la omisión de dar contestación a los escritos que presentó el siete de enero, veinticinco de marzo y cuatro de mayo de dos mil veintidós, mediante los cuales solicitó esencialmente que .se le tomara protesta para asumir el cargo conferido por el pueblo, esto en razón de que el regidor titular, a la fecha ha acumulado tres faltas consecutivas sin justificación alguna para el desempeño de sus funciones.. Sin embargo, de las constancias que obran en autos se desprende en lo que trasciende que en atención a los referidos ocursos, el veintinueve de junio de dos mil veintidós, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, emitió un punto de acuerdo en el que autorizó al Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán Veracruz, para que entre otras cosas, llamara al impetrante*** en su carácter de regidor primero suplente de dicho cuerpo edilicio, para que . previa protesta de ley ante el cabildo, asuma el cargo de referencia.. Determinación que además fue notificada personalmente al impetrante el once de agosto del referido año, según se advierte la firma que obra en el cuerpo de dicho documento. En ese entendido, resulta evidente que la conducta reclamada de la responsable cesó, pues ya se actuó para el efecto pretendido por la parte quejosa, es decir, los efectos del acto reclamado desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada; máxime si se toma en cuenta que los efectos de una posible concesión de amparo, se constreñirían a que la autoridad responsable diera contestación a la petición que el solicitante del amparo formuló en los escritos de referencia; lo que, como se evidenció, ya aconteció. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, lo que impide analizar el fondo del asunto. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe señalar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 392/2022, promovido por*** contra los actos reclamados del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, Gobernador del Estado de Veracruz, y Presidente del Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán Veracruz, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
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