Felipe Xicalhua Tlaxcala

Expediente 588/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
588/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
28/10/2021

Partes del expediente

  • Felipe Xicalhua Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, dictada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...Vistos para dictar sentencia.... Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, en su denominación correcta, 1. Miriam Lagunes Calixto, Síndica y 2. Primer Comandante de la Policía Preventiva Municipal, ambos del municipio de Atlahuilco, Veracruz y 3. Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Zongolica, Veracruz, precisado en el inciso a), del considerando anterior, consistente en la incomunicación que, sostiene, sufrió el quejoso, pues así se advierte del contenido de sus informes justificados, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa. Máxime si se toma en consideración que en diligencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, el propio quejoso indicó, entre otras cosas, que se encontraba bien en su integridad corporal; además refirió que no estaba incomunicado toda vez que tuvo contacto con sus familiares y ya se encontraba libre, lo cual fue corroborado por el actuario judicial de la adscripción. Asimismo, no es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, 3. Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Zongolica, Veracruz, precisado en el inciso b), del considerando anterior, consistente en la detención de la que fue objeto el citado quejoso, así lo manifestó al rendir su informe justificado; sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades de que se trata en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia: Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También es aplicable la jurisprudencia número I.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de las autoridades responsables, en su denominación correcta, 1. Miriam Lagunes Calixto, Síndica y 2. Primer Comandante de la Policía Preventiva Municipal, ambos del municipio de Atlahuilco, Veracruz, precisado en el inciso b), consistente en la detención de la que fue objeto el impetrante de amparo, pues de sus informes justificados se advierten diversas manifestaciones de las cuales se evidencia la existencia del mismo. QUINTO. Improcedencia del acto reclamado. Por cuestión de técnica jurídica, se procede a analizar las causas de improcedencia, por ser un tópico de orden público y de estudio preferente, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgado de Distrito -de oficio- advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" De acuerdo con la hipótesis normativa citada, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose como tales, aquellos que una vez emitidos o ejecutados, resulta materialmente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, aun cuando se concediera la protección constitucional (irreparables físicamente), al no ser factible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo ordena el artículo 77, fracción I, de ese ordenamiento. A ese respecto, es pertinente destacar que los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias materiales y jurídicas. Para la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en consumados de modo reparable, y consumados de modo irreparable. Los primeros son los que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden repararse por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo); de ahí que proceda el juicio de amparo en contra de actos de tal naturaleza. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son los que al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de la violación cometida; razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo en términos de la citada fracción de la Ley de Amparo. Por tanto, para determinar si un acto puede consumarse de modo reparable o irreparable, es menester atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que ahí se exponen, la tesis I. 3o. A. 150 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 325, Tomo XIV, Diciembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." En el asunto que nos ocupa, como se anticipó, el quejoso, Felipe Xicalhua Tlaxcala reclama la detención de la que fue objeto por parte de las autoridades denominadas 1. Miriam Lagunes Calixto, Síndica y 2. Primer Comandante de la Policía Preventiva Municipal, ambos del municipio de Atlahuilco, Veracruz. Sin embargo, de las constancias que remitieron las responsables en vía de informe, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, se advierte en lo que trasciende- que si bien el citado quejoso fue detenido el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, debido a que cometió una falta administrativa, también lo es que una vez cumplida la amonestación correspondiente fue puesto en libertad el veinticuatro de noviembre siguiente. Luego, la restricción de la libertad de la que fue objeto el quejoso, resulta ser un acto consumado de modo irreparable, pues aun concediendo la protección de la Justicia Federal resultaría imposible retrotraer los efectos de dicha detención. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. En lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 171/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 423, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. Por lo expuesto, y con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto del acto reclamado, al actualizarse la causa de improcedencia en mención, lo que impide analizar el fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se consulta en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 588/2020, promovido por **********, respecto de los actos y autoridades precisadas en el resultando primero del presente fallo, por los fundamentos y motivos expuestos en los diversos considerandos tercero y quinto.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Agréguense el informe justificado rendido por el Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Zongolica, Veracruz, y dese vista a las partes por el término de ocho días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, cinco de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por el Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial del XVI de Zongolica, Veracruz; por tanto, dese vista a las partes por el plazo de ocho días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Ampar

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