Felipe Paz Ramirez
Expediente 189/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 189/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Felipe Paz Ramirez
Actuaciones
- Principal
IV. En seis de junio de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con lo siguiente: Un oficio con anexo, registrado en el libro de correspondencia con el consecutivo 9187. Un cuaderno de antecedentes. Asimismo, el suscrito Secretario certifica que de una revisión exhaustiva del juicio en que se actúa, se advierte que: La parte quejosa no exhibió documentos originales. No existen cuadernos de prueba cuya devolución se encuentre pendiente de proveer. Conste. Uruapan, Michoacán, seis de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, por medio del cual, remite el original del juicio de amparo en que se actúa, así como el testimonio de la ejecutoria dictada en sesión de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, en la que textualmente se resuelve: "ÚNICO. Es infundada la queja a que se contrae el presente cuaderno". Acúsese recibo. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno, glósense únicamente las actuaciones originales que existen en el cuaderno de antecedentes y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación.
- Principal
IV. Agréguese el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, residente en Morelia, Michoacán; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo de los autos del juicio de amparo 189/2018-IV, del original y copia del escrito de expresión de agravios, enviados para la substanciación del recurso de queja hecho valer en autos, en contra del proveído de dieciocho de abril del año en curso, dictado en el juicio de garantías del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes. Asimismo, se advierte que el referido medio de defensa, fue admitido y radicado como queja civil 72/2018. Circunstancia de la que este Juzgado de Distrito toma conocimiento, para los efectos legales conducentes.
- Principal
IV. Agréguese al expediente copia certificada del escrito de cuenta, signado por Francisco Javier Flores Ramírez, autorizado del quejoso Felipe Paz Ramírez, con amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la ley de la materia; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja, hecho valer en contra del proveído de dieciocho de abril del año en curso, en el que se determinó desechar la demanda de garantías. Consecuentemente, con apoyo en el invocado artículo 101 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja; hágase saber al Tribunal de Alzada, que este juzgado emitió el referido acuerdo impugnado. Remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en Morelia, Michoacán, el original y copia del escrito de expresión de agravios respectivo, así como los autos que integran el expediente en que se actúa, para los efectos legales conducentes; fórmese cuaderno de antecedentes correspondiente.
- Principal
IV. En dieciocho de abril de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con lo siguiente: La demanda de amparo promovida por Felipe Paz Ramírez, por su propio derecho, registrada en esta fecha, en el libro de correspondencia con el progresivo 6120 y en el diverso libro de gobierno con el consecutivo 189/2018-IV. Asimismo, Carlos Rafael Barrios Solís, secretario adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, CERTIFICA y hace constar que una vez revisado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", de este juzgado, se advierte que el quejoso promovió el diverso juicio de amparo 626/2015-I del índice de este órgano jurisdiccional, el cual tiene estrecha relación con el presente sumario constitucional, tal como se desprende de la constancia que al efecto se anexa. Conste. Uruapan, Michoacán, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a Felipe Paz Ramírez, promoviendo demanda de amparo, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Los Reyes, Michoacán y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 189/2018-IV. Ahora, apreciado íntegramente el libelo de garantías, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con la fracción XIII, del precepto legal 61, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) Tomo X, Septiembre de 1999 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)." De la lectura del artículo anterior, se desprende que son dos los supuestos para que opere la causal de improcedencia relativa, a saber: a) Que la ley o acto que se reclamen sean consentidos de manera expresa; o b) Que exista alguna manifestación de la voluntad que entrañe ese consentimiento. Ahora bien, el quejoso reclama por esta vía la pretensión de ejecutar la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Los Reyes, Michoacán, dentro del expediente 365/2001. Sin embargo, el peticionario de la tutela federal, consintió expresamente el acto que reclama, como se explicara a continuación. En efecto, resulta un hecho notorio para este juzgado, la existencia del juicio de amparo 626/2015-I, del índice de este órgano jurisdiccional, del que se desprende que el aquí quejoso Felipe Paz Ramírez, en ese juicio señaló como autoridades y acto reclamado los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez de Primera Instancia en Materia Civil. Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil. Actuario Ejecutor del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil. Con residencia en Los Reyes, Michoacán. Policía Federal, División de Seguridad Regional, perteneciente a la Comisión Nacional de Seguridad. Policía Federal, División Gendarmería, perteneciente a la Comisión Nacional de Seguridad. Ambos con sede en la Ciudad de México. ACTO RECLAMADO: La pretensión de ejecutar la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Los Reyes, Michoacán, dentro del expediente 365/2001. En el citado juicio de amparo, en proveído de dos de diciembre de dos mil dieciséis, se sobreseyó fuera de audiencia, por desistimiento del peticionario de garantías Felipe Paz Ramírez de la acción constitucional que originó el juicio de amparo. Determinación que se declaró firme, en acuerdo de cinco de enero de dos mil diecisiete, ordenándose el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Tal juicio de amparo se conoce ampliamente por razón de la actividad jurisdiccional que es propia de este Tribunal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto segundo. Sustentan lo expuesto, los criterios siguientes: Tesis: VI.1o.P. J/25 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 187526 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Marzo de 2002 Pag. 1199 Jurisprudencia(Común) Tomo XV, Marzo de 2002 HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento. Tesis: 2a./J. 103/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 172215 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXV, Junio de 2007 Pag. 285 Jurisprudencia(Común) Tomo XXV, Junio de 2007 HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Asimismo, en la presente demanda el quejoso Felipe Paz Ramírez, señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez de Primera Instancia en Materia Civil. Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil. Actuario Ejecutor del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil. Con sede en Los Reyes, Michoacán. Policía Federal, División de Seguridad Regional, perteneciente a la Comisión Nacional de Seguridad. Policía Federal, División Gendarmería, perteneciente a la Comisión Nacional de Seguridad. Residentes en la Ciudad de México. ACTO RECLAMADO: La pretensión de ejecutar la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Los Reyes, Michoacán, dentro del expediente 365/2001. En suma, de lo anterior se advierte que tanto el presente juicio como en el diverso 626/2015-I, del índice de éste órgano jurisdiccional, fueron promovidos por el mismo quejoso, en contra del mismo acto reclamado y contra las mismas autoridades responsables. Sin embargo, debe decirse que el desistimiento ha sido considerado como la abdicación al ejercicio de una acción, el abandono de una instancia o de la reclamación de un derecho. Uno de los principios fundamentales en que se sustenta el juicio de amparo, es el contenido del artículo 107 constitucional y en el artículo 6 de su ley reglamentaria, en el sentido de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y que, generalmente, sólo puede ser promovido por la persona física o moral a quien perjudique la norma general o el acto que se reclame. Por tanto, si el juicio de amparo, por disposición constitucional, sólo puede seguirse a instancia de parte agraviada, es lógico que quien considere resentir ese perjuicio por un acto de autoridad, pueda abdicar de su pretensión para que el órgano de control constitucional proceda al análisis de la juridicidad de dicho acto. Entonces, el desistimiento constituye una abdicación o renuncia a la potestad o derecho del sujeto, para que el órgano de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; implica, por tanto, un desistimiento de la acción. Por ende, la manifestación de voluntad del quejoso externada de modo fehaciente, como aconteció en el diverso juicio de amparo 626/2015-I, del índice de este Juzgado de Distrito, constituye la renuncia o abdicación del derecho a que el órgano de control despliegue su actividad para, eventualmente, proceder al examen de la juridicidad del acto reclamado, lo que para los efectos del presente juicio de amparo constituye un consentimiento expreso de dicho acto que ahora tilda de inconstitucional, lo que conlleva dejar a la autoridad responsable en aptitud de obrar en el sentido dado al acto reclamado, independientemente de que esto sea o no conforme con sus atribuciones, esto último porque precisamente la renuncia que el quejoso formuló en su momento, en el citado juicio de garantías, impide en el caso concreto, el análisis de si la actividad desarrollada por la autoridad es o no acorde con sus facultades y obligaciones. Por ende, si como ya quedó indicado el quejoso promovió un juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado, y luego desistió del mismo, su manifestación de voluntad entraña el consentimiento expreso del acto que tilda de inconstitucional en el presente sumario de garantías. Circunstancia por la que es indudable, que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con independencia de las razones que en su momento, haya tenido en cuenta para el desistimiento del diverso juicio de amparo 626/2015-I, de la estadística de este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 3/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 22, registro 200197, que señala: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados." En el entendido de que el criterio antes reproducido resulta aplicable al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". Máxime que el artículo analizado en dicho criterio jurisprudencial (artículo 73, fracción XI, de la abrogada Ley de Amparo), contiene idéntica redacción que el aplicable en la especie (artículo 61, fracción XIII, de la vigente Ley de Amparo, como se ilustra en el siguiente recuadro: LEY DE AMPARO ABROGADA NUEVA LEY DE AMPARO "Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento". De ahí, que a fin de respetar los principios de seguridad y certeza jurídica rectores de los fallos constitucionales, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, es indudable que lo procedente es desechar de plano y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por Felipe Paz Ramírez, por su propio derecho, por las razones anteriormente expuestas. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Por otra parte, toda vez que el impetrante de garantías precisó como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, los cuales no pueden tenerse como tal, dígasele que hasta en tanto señale uno en esta ciudad, las notificaciones que deban hacérsele, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de la lista, de acuerdo con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Apoya esta consideración la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, identificada con la clave XXII.1º.22K, visible en la página 1067, del tomo VIII, diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ESTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía , se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público". Asimismo, se tiene como persona autorizada de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Javier Flores Ramírez, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que la cédula profesional 1793071, que lo acredita como licenciado en derecho, se encuentra registrada bajo el número 28581. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.11o.A.4 A, publicada en la página 1188, tomo XXIII, Abril 2006, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado". Se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Se faculta al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes
- Felipe de Jesús Gallardo Coronado521/2023
- Felipe de Jesús Michel Ruiz117/2022
- Felipe García Romero503/2023
- Felipe García Romero709/2023
- Felipe Martínez Badillo502/2022
- Felipe Paz Ramírez626/2015
- Felix Armas Valencia421/2018
- Félix Armas Valencia566/2017
- Felix Armas Valencia344/2017
- Felix Ernesto Guerra Vargas57/2023
- Felix Reyes Gutiérrez800/2023
- Ferman Vargas Patiño541/2019