Felipe García Romero

Expediente 709/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
709/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Felipe García Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, reguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Ahora bien, por cuanto hace al expediente original del incidente de suspensión, toda vez que se negó y concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 17, fracción III, inciso b) de la normativa invocada, procede su CONSERVACIÓN. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conversación, devuélvase a la autoridad responsable: Juez de Control, y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en Sahuayo, Michoacán de Ocampo, un disco compacto. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de septiembre de dos mil veintitrés. CARGAS DE TRABAJO. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Jefe de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; a través del cual acusa recibo del diverso 18756/2023, derivado del proveído de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, e informa que se realizó el cambio respectivo, del registro ********************, del rubro de amparo Indirecto, tipo penal, normal y por lo que ve a la compensación ésta se efectuará de manera automática por el sistema de cómputo, dándose de alta en la carga de trabajo de este Juzgado Quinto de Distrito y de baja del diverso Juzgado Sexto; asimismo, remite la boleta de turno correspondiente. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducente NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Acuerdo: Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. SE RECIBE OFICIO CON DEMANDA. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, al que anexa el juicio de amparo 462/2023 del índice del Juzgado de su adscripción, en el que obra glosada la demanda de amparo indirecto presentada por Felipe García Romero, contra de actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán de Ocampo y otras autoridades. Lo anterior, toda vez que mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintitrés, el titular del órgano de su adscripción, estimó actualizada la hipótesis prevista en el artículo 46, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil veintidós; por lo tanto, estimó que quien debe conocer y resolver del asunto -462/2023, actualmente 709/2023-V-, es la suscrita, por tener conocimiento previo de actos derivados de la misma causa penal; consecuentemente, ordenó su remisión a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. En ese sentido, tomando en consideración que de la certificación secretarial que antecede precisada en el incido b), se advierte que después de haberse realizado una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se localizó un antecedente de juicio de amparo, promovido con anterioridad por el quejoso Felipe García Romero, juicio que en su momento quedó registrado con el número 503/2023, de la estadística de este juzgado; por tanto, ante la íntima relación que guardan dichos juicios, con sustento en el artículo 46, fracción II, de la citada normativa, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto en el estado procesal en que se encuentra. Acúsese recibo y comuníquese esta determinación al Juez de Distrito remitente, para los efectos legales conducentes. COMPENSACIÓN DE LAS CARGAS DE TRABAJO. Gírese oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, a efecto de que se sirva compensar la demanda de amparo que dio origen al presente juicio y remita la boleta correspondiente. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 709/2023-V; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado; asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Téngase por recibido el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del juicio de amparo 462/2023, del índice del juzgado remitente, el cual de las constancias que lo integran, se advierte que dicha incidencia fue resuelta en definitiva mediante interlocutoria de cinco de septiembre de dos mil veintitrés; por tanto, procédase al cambio de carátula respectivo. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Del análisis sistemático de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y actos reclamados: Autoridades responsables Juez de Control del Distrito Judicial de Sahuayo. Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán. Fiscal Regional de Jiquilpan, Michoacán. Los Agentes del Ministerio Público Investigador Primero y Segundo. Agente de Litigación de la Fiscalía Regional de Jiquilpan. Director de Carpeta de Investigación, perteneciente a la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán. Comandante de la Policía Ministerial, perteneciente a la Fiscalía Regional de Jiquilpan. Policías Ministeriales pertenecientes a la Fiscalía Regional de Jiquilpan. Policía Municipal de Jiquilpan, Michoacán. Policía Municipal de la Ciudad de Los Reyes. Actos reclamados IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada con el número "1" señalamos como acto reclamado la orden de aprehensión librada en contra del suscrito por la supuesta comisión de un delito, sin que icho acto de autoridad cumpla con requisitos constitucionales además que todos los actos de investigación se encuentran viciada de nulidad por los múltiples violaciones a mis derechos humanos. De las demás autoridades responsables, señaladas con los números "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8" y "9, reclamo la inminente ejecución de dicha orden de aprehensión." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito, analiza de oficio la procedencia de la demanda de garantías, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la propia legislación, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito, refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO. En el caso, este Juzgado Federal determina que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en virtud de las siguientes consideraciones. La disposición legal invocada, prevé que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La causa de improcedencia aludida está sustentada en la figura jurídica de la litispendencia, que se actualiza en el procedimiento de amparo. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Los requisitos para que se actualice dicha causal de improcedencia son los siguientes: a) El acto reclamado sea materia de análisis en un juicio de amparo anterior; b) Que tal juicio no haya sido resuelto definitivamente; y, c) Que ambos juicios de amparo hayan sido promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra la misma o mismas autoridades, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Para llegar a la determinación anterior, se destaca que en el amparo 462/2023, actualmente 709/2023 en que se actúa, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa: Felipe García Romero. Acto reclamado: La orden de aprehensión librada en su contra, por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Sahuayo, Michoacán de Ocampo y su ejecución. Trámite del diverso juicio de amparo: Por auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la diversa demanda de amparo promovida por el propio Felipe García Romero, siendo registrada bajo el número 503/2023-II; y se ordenó su admisión parcial a trámite; asunto de referencia del que destacan los datos siguientes: Parte quejosa: Felipe García Romero. Acto reclamado: La orden de aprehensión librada en su contra por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Sahuayo, Michoacán de Ocampo y su ejecución. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia P/.J. 16/2018 (10ª), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Tomo I, página 10, Junio de 2018, registro 2017123 y rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)". Como puede verse, se constata que ante este órgano jurisdiccional se tramita el diverso juicio de amparo 503/2023-II, en el que también se reclama el acto que se tilda de inconstitucional y que se atribuye a la misma autoridad responsable en cuanto autoridad ordenadora, el cual se encuentra en trámite y pendiente de resolución. Luego entonces, si existe un juicio de amparo pendiente de resolver, y en ese tiempo la propia parte quejosa promueve un diverso juicio de garantías reclamando los mismos actos, contra las mismas autoridades, es patente que se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia en estudio, pues la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad del acto reclamado solamente puede analizarse en una sola ocasión, y no como lo pretende la parte quejosa, promoviendo un nuevo juicio de amparo contra el mismo acto y autoridad. En tales condiciones, al existir identidad de la "materia y objeto" de lo pedido en el juicio de amparo que se actúa y lo solicitado en el diverso juicio de garantías 503/2023-II, se llega a la conclusión de que si en el citado juicio de amparo se reclamó el acto que aquí se tilda de inconstitucional, atribuido a las mismas autoridades responsables, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; por lo que se desecha de plano y sin mayor trámite por notoriamente improcedente, la demanda de amparo origen de la tramitación del presente asunto. Es aplicable por identidad jurídica, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Lo marcado es de este Tribunal. También son aplicables por las mismas razones, las tesis III.2o.P.41 K y VII.P. 83 K, sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, respectivamente, de rubro y texto: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN. Si existiendo un juicio de amparo pendiente de resolver, los quejosos promueven un diverso juicio de garantías reclamando los mismos actos, contra las mismas autoridades y otras diversas, cuando estas últimas niegan los actos que se les atribuyen se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión." "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio". No es óbice a lo anterior, que en el juicio de amparo 462/2023, actualmente 709/2023, se haya señalado como autoridad responsable a la Policía Municipal de la Ciudad de Los Reyes, Michoacán (Dirección de Seguridad Pública de los Reyes, Michoacán, en su denominación correcta), quien al rendir su informe, negó la existencia del acto reclamado, y que dicha autoridad no haya sido señalada con tal carácter en el diverso juicio de amparo 503/2023-II, de la estadística de este mismo juzgado. Lo anterior es así, porque como ya quedó de manifiesto en ambos juicios -503/2023 y 709/2023-, se señaló como autoridad responsable ordenadora al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Unidad Sahuayo, Michoacán de Ocampo, quien conoce de la causa penal 71/2023, a la que fueron acumuladas las diversas 72/2023 y 102/2023, de su índice; causas, en las que el citado Juez responsable dictó orden de aprehensión contra la persona del quejoso Felipe García Romero; asimismo, en ambos juicios señaló como autoridades ejecutoras, al Comandante y Policías Ministeriales de la Fiscalía Regional de Jiquilpan del estado de Michoacán de Ocampo, a quienes legalmente les corresponde ejecutar, en su caso, el acto reclamado -orden de aprehensión, y no a elementos policiacos del municipio de los Reyes de Salgado, Michoacán. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. AUTORIZADOS. Asimismo, como lo solicita la parte quejosa, téngase como autorizados con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12, de la Ley de Amparo, a Miguel Ángel Álvarez Cruz, Brasil Cuadra Duarte, Omar Moreno Munguía, Wendy Elena Ávila Vigil, Diana Karely Vargas Sánchez y Joel Munguía Ochoa, toda vez que la cédula profesional que acredita a los tres primeros, como licenciados en derecho sí se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, mientras que respecto de los tres restantes, después de una consulta realizada en la página oficial de la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, se desprende que las cédulas profesionales 11205902, 09075501 y 13477603 fueron expedidas en favor de Wendy Elena Ávila Vigil, Diana Karely Vargas Sánchez y Joel Munguía Ochoa, respectivamente; de ahí que la autorización es en los términos indicados. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis I.11o.A.4 A, del Décimo Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, de rubro y texto: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado." Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que de los referidos Ávila Vigil, Vargas Sánchez y Munguía Ochoa, no se encuentre registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, toda vez que éste es un registro de control interno para dichos juzgados y, el contenido de la aludida página oficial tiene efectos públicos, por lo que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo, por sus consideraciones jurídicas, la jurisprudencia XX.2º. J/24 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." También resulta aplicable por identidad jurídica la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro y texto: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. VALIDEZ DEL RECONOCIMIENTO QUE PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO HACE EL JUEZ DE DISTRITO (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NÚMERO 664, DEL TOMO VI, MATERIA COMÚN, PÁGINA 446, DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995). Una nueva reflexión sobre el tema relativo a la legitimación del autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el no señalamiento del número de registro de cédula profesional en el escrito correspondiente o el reconocimiento tácito por el Juez de Distrito llegue a transgredir el citado dispositivo en su segundo párrafo, el cual es claro en cuanto a que en las materias civil, mercantil y administrativa, es condición que el autorizado acredite ante el Juez que conozca del amparo, encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, tales omisiones no pueden dar lugar a legitimar en las referidas materias al profesionista que no cubra esos requisitos, toda vez que es una obligación del Juez de Distrito constatar tal circunstancia, pues una vez que el a quo reconozca la legitimación necesaria para ofrecer pruebas, éste ya está autorizado para interponer recursos, así como cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, dado que el autorizado en términos amplios del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tiene una diversidad importante de facultades de representación. Por ello, la importancia de que el Juez de Distrito constate la autorización que expida en términos del multicitado artículo, a fin de no estar en contra de la ley, al legitimar a algún profesionista que no cuente con la autorización correspondiente, pues estaría legitimando a quien la ley expresamente prohíbe." Lo enfatizado es de este Tribunal. Por lo que hace a Paulo Ignacio Valdovinos Villa y Gonzalo Ismael Briseño Munguía, se les autoriza de conformidad con la última parte del segundo párrafo del citado ordenamiento -artículo 12 de la Ley de Amparo-, toda vez que no cumplen con dicho requisito. CONSIDERACION. Tomando en consideración que la parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en calle Bolívar número 55 alto, colonia centro en Sahuayo, Michoacán de Ocampo, el cual se encuentra fuera de la circunscripción territorial de este Juzgado de Distrito; asimismo, que precisa como medio de comunicación alterna el correo electrónico angel-alvarezcr@hotmail.com, así como los números telefónicos 3531736410 y 3531050527; por tanto, a efecto de dar celeridad procesal a la notificación de la presente determinación, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por única ocasión notifíquese -el presente proveído- a través del citado correo electrónico, con confirmación a cualquiera de los números telefónicos, lo anterior, a efecto de tenga conocimiento de su contenido, debiendo el Actuario de la adscripción, levantar la constancia respectiva. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la ley de la materia, así como el 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, instrúyase al encargado del área correspondiente para que realice lo concerniente al ingreso al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del usuario "miguelangelalvarezcruz", ÚNICAMENTE CON EFECTOS DE AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR VÍA ELECTRÓNICA EL JUICIO EN QUE SE ACTÚA, no así, para recibir notificaciones, puesto que esto último no lo solicitó expresamente; por tanto, éstas -las notificaciones-, deberán practicarse en el domicilio que señaló para tales efectos. CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO. Téngase a la parte quejosa proporcionando como medios de comunicación alterna, la dirección de correo electrónico angel-alvarezcr@hotmail.com, así como los números telefónicos 3531736410 y 3531050527; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes; sin embargo, no ha lugar a realizar notificación alguna por medio de dicho correo electrónico, en atención a que la Ley de Amparo no lo prevé. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA DE LA FORMA ESTABLECIDA; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, A LA DIVERSA REMITENTE Y AL JEFE DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN ESTA CIUDAD.

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