Felipe de Jesús Gallardo Coronado

Expediente 521/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
521/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
31/07/2023

Partes del expediente

  • Felipe de Jesús Gallardo Coronado

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, por medio del cual, en atención a lo requerido el veinte de julio de dos mil veintitrés, remite la lista de acuerdos del once del presente mes y año; en esas condiciones, se desprende que el defensor particular del quejoso fue notificado en esa fecha; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, al estar debidamente diligenciada la comunicación oficial 798/2023 exhorto 215/2023, dése de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo; sin que sea necesario acusar el recibo correspondiente, toda vez que el mismo se genera una vez enviada la comunicación por vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFICACIONES POR LISTA. Ahora bien, vista la certificación de cuenta, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le previno en el mencionado acuerdo; por lo que, las subsecuentes notificaciones personales que le resulten a dicha parte procesal, practíquense por medio de lista, de conformidad con los artículos 26 y 29 de la Ley de Amparo. CAUSA ESTADO. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que la parte quejosa, no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se DESECHÓ la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de julio de dos mil veintitrés. DEVOLUCIÓN EXHORTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, a través del cual, devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 215/2023, orden 798/2023, enviado con la finalidad de notificar al quejoso ********************en el lugar de su reclusión y a Marcelo Contreras Zavala defensor particular de éste, el auto de treinta de junio de dos mil veintitrés y los requiriera en los términos ahí descritos, circunstancia que aconteció únicamente por lo que ve al referido quejoso el seis de julio de la presente anualidad. Ahora bien, revisadas las constancias que la autoridad oficiante remite, se advierte que por lo hace a ******************** se dejó citatorio el seis de julio de la presente anualidad, a efecto de que acudiera al órgano jurisdiccional exhortado y se notificara del mencionado auto; sin embargo, al no comparecer éste en el término previsto, se ordenó notificar por lista. En ese sentido, se anexa al comunicado que se acuerda, la lista de acuerdos publicada de doce de julio de dos mil veintitrés; no obstante esa circunstancia, en dicha lista no se desprende la publicación inherente al juicio de amparo en que se actúa. Tomando en consideración lo antes expuesto, mediante oficio que derive del presente acuerdo, solicítese al órgano jurisdiccional de referencia, para que de no tener inconveniente legal alguno, remita a éste juzgado, las constancias de la lista de acuerdos, en la que obre la publicación relativa al presente asunto; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Una vez que acontezca lo anterior, acuérdese lo conducente, respecto de las constancias relativas al despacho que remita la autoridad oficiante. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de julio de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Revisado el estado procesal de autos, se advierte que el treinta de junio de dos mil veintitrés, se ordenó girar el exhorto 798/2023 orden 215/2023, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en turno, con la finalidad de notificar a la parte quejosa el auto de referencia, sin que a la fecha se cuente con la recepción de las constancias que acrediten su diligenciación. En ese contexto y en atención a la certificación de cuenta, mediante oficio que derive del presente auto, solicítese al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, informe el estado procesal que guarda el exhorto de referencia, radicado con el consecutivo 160/2023, de su índice o bien remita las constancias que acrediten su diligenciación; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de junio de dos mil veintitrés. INCOMPETENCIA. Téngase por recibido el oficio 19853/2023, signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, por el que remite el expediente de incompetencia ********************/2023, de su estadística, formando con la demanda de amparo promovida por ********************, defensor particular del quejoso ********************, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, residente en Morelia. Lo anterior, toda vez que mediante proveído de veintitrés de junio del presente año, dicho órgano jurisdiccional, por las razones en él expuestas, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de garantías en cuestión; criterio que es compartido por este Tribunal. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 y segundo párrafo del artículo 48, ambos de la Ley de Amparo, se acepta el conocimiento del asunto en el estado procesal en que se encuentra. Comuníquese esta determinación al Juzgado de Distrito remitente, para los efectos legales conducentes. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número ********************/2023-VI; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera, con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales judiciales de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Como premisa, se precisa que el promovente del amparo señala como autoridad responsable y acto reclamado destacado, lo siguiente: Autoridad responsable: Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. Acto reclamado: La resolución de ********************, dictada dentro del toca penal ******************** que revocó la sentencia condenatoria de primer grado, dictada en la causa penal ********************, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, con sede en esta ciudad, instruida en contra del quejoso ******************** y otros, por la comisión del delito de secuestro, en agravio de ******************** y ordenó la emisión de una nueva resolución, en lugar de haberse ordenado la absoluta libertad del imputado. Asimismo, el promovente del amparo, en el escrito de desahogo de la prevención de la demanda, ordenada por el juzgado de Distrito remitente, expuso: ".BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el suscrito soy defensor del quejoso, dentro de la causa penal ********************, y en cuanto al segundo requerimiento, se precisa que el Magistrado responsable, revocó la sentencia y ordenó se emitiera una nueva, siguiente los lineamientos de la resolución emitida por la autoridad responsable, y actualmente bajo protesta de decir verdad, se volvió a dictar una nueva sentencia condenatoria." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito, analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda, tal como lo establece el precepto 113 de la Ley de la materia, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Sustenta lo anterior la tesis siguiente: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." DESECHAMIENTO. Apreciada íntegramente la demanda de garantías promovida por ********************, en su carácter de defensor particular del quejoso ********************, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el invocado artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXII, ambos de la Ley de Amparo; ello es así, toda vez que el acto tildado de inconstitucional, no afecta la esfera jurídica del quejoso. En efecto, el dispositivo legal precisado en segundo lugar, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.]". De la lectura del citado precepto legal, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en el supuesto de que aún ante la subsistencia del acto reclamado, éste no puede surtir efectos por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; lo que lógicamente impide que sus efectos lleguen a concretarse. Ahora, en el caso, el acto reclamado que el promovente sostiene le agravia al quejoso, consiste en la resolución de ********************, pronunciada por el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, dentro del toca penal ******************** que revocó la sentencia condenatoria de primer grado, dictada en la causa penal ********************, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, con sede en esta ciudad, seguida en contra del quejoso ******************** y otros, por la comisión del delito de secuestro, en agravio de ******************** y ordenó la emisión de una nueva resolución, con apego a las directrices establecidas en dicha resolución de alzada; siendo que, a juicio del defensor particular del quejoso, el ad quen debió haber ordenado la absoluta liberta del imputado. Sin embargo, de las constancias que integran el expediente de incompetencia recepcionado, específicamente del escrito por el que el promovente desahogó la prevención del libelo constitucional, ordenada por el juzgado de Distrito remitente, se advierte que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, con residencia en esta ciudad, que conoce de la aludida causa penal ********************, en acatamiento a la resolución de alzada, dictó en contra del quejoso nueva sentencia condenatoria. De lo reseñado, se advierte con meridiana claridad, que en el presente asunto, se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Ello es así, habida cuenta que, si bien es cierto que subsiste formalmente la resolución reclamada que revocó la sentencia de primer grado; también lo es que ya no existe su objeto o materia, en virtud de que con posterioridad a su emisión, el Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, en la causa penal ********************, con base en el cumplimiento dado a la misma, dictó nueva sentencia condenatoria; por tanto, es evidente que la situación jurídica creada con motivo de la resolución tildada de inconstitucional, se modificó. Sirve de apoyo a lo anterior, por los antecedentes jurídicos que la conforman, la tesis 2ª XCVIII/2000, con registro 191327, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Materia Común, que aparece publicada en la página 3******************** del Tomo XII, Agosto de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor literal: "ACTO RECLAMADO QUE SUBSISTE, PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. SI SE DEMUESTRA QUE EL TERCERO PERJUDICADO DECLARÓ ANTE EL JUEZ NATURAL QUE LAS PRERROGATIVAS CUYA TUTELA JURISDICCIONAL SOLICITÓ Y LE FUERON RECONOCIDAS, HAN SIDO CUMPLIDAS POR LA QUEJOSA EN VIRTUD DE UN CONVENIO, OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Al tenor de lo establecido en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, si estando pendiente de resolver un juicio de garantías promovido en contra de una sentencia judicial, cuyo objeto se traduce en que un gobernado deba cumplir en favor de otro, con quien previamente había celebrado un determinado acto jurídico, determinadas prestaciones consecuencia de ese vínculo, debe estimarse que el objeto o la materia de aquélla habrá dejado de existir, aun cuando tal sentencia subsista, si las partes dentro del juicio natural llegan a un convenio y en virtud de éste, el tercero perjudicado acude ante el Juez que conoció del litigio declarando que el demandado, promovente del juicio de amparo, ha cumplido a su entera satisfacción con las prerrogativas cuya tutela judicial solicitó y le fueron reconocidas, ya que si la materia de la resolución en comento se traduce en la incorporación a la esfera jurídica del tercero perjudicado de las referidas prerrogativas, mediante el respectivo procedimiento de ejecución, al declarar éste ante la autoridad judicial competente que la totalidad de los derechos que le asistían, en razón del acto jurídico subyacente al fallo correspondiente, le fueron restituidos por el quejoso, al tenor de un convenio celebrado entre ellos, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista la sentencia de mérito. Debiendo señalarse que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto jurídico que dio lugar al juicio, cuando acontece en virtud de un convenio celebrado entre las partes no constituye, en manera alguna, un efecto jurídico de la sentencia impugnada, sino, en todo caso, de la relación jurídica que con anterioridad habían entablado, por lo que el pago correspondiente no puede considerarse como un efecto de la resolución judicial, que haya dejado una huella en la esfera jurídica de la quejosa, susceptible de repararse mediante la sentencia de amparo que, en su caso, llegare a emitirse." Asimismo, cobra aplicación, por analogía jurídica, la tesis XXIII.1o.4 P (10a), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página ********************89, Undécima Época, Materia Común y Penal, registro digital 2023987, del epígrafe: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE REVOCA EL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO Y ORDENA LA REPOSICIÓN DE LA AUDIENCIA INICIAL, Y EN SU CUMPLIMIENTO EL JUEZ DE CONTROL DICTA UNA NUEVA RESOLUCIÓN QUE VINCULA A PROCESO AL QUEJOSO. Conforme al párrafo segundo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuando se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones cometidas en las etapas previas del proceso penal; sin embargo, esa cuestión se refiere a las resoluciones que atienden a las diversas etapas o fases del procedimiento y no cuando se trata de aquellas que resuelven la situación jurídica del inculpado, caso en el cual, la nueva resolución sustituye procesalmente a la anterior. Así, la emisión del auto de vinculación a proceso origina un cambio de situación jurídica en relación con la resolución del Tribunal de Alzada que revoca el auto de no vinculación a proceso y ordena la reposición de la audiencia inicial, pues la circunstancia de que el imputado sea vinculado a proceso lo posibilita para que impugne las violaciones que tal acto le generó. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la resolución del Tribunal de Alzada que revoca el auto de no vinculación a proceso y ordena la reposición de la audiencia inicial, y en cumplimiento a esa ejecutoria de apelación, el Juez de Control dicta una nueva resolución que vincula a proceso al quejoso, se actualiza un cambio de situación jurídica respecto de aquella resolución, pues su análisis mediante el juicio de amparo indirecto no permitirá el estudio de alguna violación en esa misma etapa de la investigación, además de que los efectos de la sentencia del recurso de apelación contra la resolución de no vinculación a proceso se anulan en su totalidad con el dictado del auto de vinculación a proceso, por lo que no subsiste la posibilidad de examinar la constitucionalidad del acto reclamado." En ese orden de ideas, en términos del artículos 61, fracción XXII, en relación con el diverso 113, de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por ********************, en su carácter de defensor particular del quejoso ********************. Es dable precisar, que esta determinación atiende a lo previsto en el artículo 17 Constitucional, toda vez que admitir y dar trámite a la demanda que se plantea, a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado del análisis preliminar de la demanda y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, pues desde este momento puede acudir a los medios ordinarios para defender sus derechos, no esperando así, el dictado de una resolución en la que se reiteren, sustancialmente, los argumentos contenidos en este acuerdo y, por ende, que se le obligue durante todo el tiempo que dure la tramitación del juicio, a tolerar los actos que estima lesivos de sus derechos humanos, sin que exista solución para ellos en esta vía. Razón por la cual, es de mayor beneficio para la parte quejosa que, desde ahora, tenga conocimiento del resultado de la procedencia de su pretensión, y así, evitarle la práctica de un trámite innecesario en atención al derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, prevista en el artículo 17 Constitucional. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las parte y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. AUTORIZADOS. Ténganse como personas autorizadas del promovente para efectos de oír y recibir notificaciones personales, con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** y ********************, toda vez que realizada una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se constató que obran registradas sus cédulas profesionales que los facultan para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Y únicamente para efectos de oír y recibir notificaciones e imponerse de constancias de autos, con base en el invocado precepto, párrafo segundo, última parte, a ********************, habida cuenta que no se cumple con dicho requisito. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.11o.A.4 A, publicada en la página 1188, tomo XXIII, Abril 2006, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado". DOMICILIO. Tomando en consideración que el domicilio procesal señalado por el promovente del amparo para oír y recibir notificaciones personales, no corresponde a esta ciudad; dígasele que hasta en tanto lo haga, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el diverso ********************, ambos de la Ley de Amparo, le serán realizadas por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado; con excepción de aquellas que por su trascendencia procesal deban notificarse personalmente al quejoso en el centro preventivo donde guarda reclusión, en términos del invocado precepto 26, fracción I, inciso a). HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). EXHORTO PARA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral ********************8 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, envíese atento exhorto, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en la ciudad de Morelia, para que ordene a quien corresponda notifique al defensor particular del quejoso, personalmente o a través de sus autorizados, la presente determinación, en el domicilio procesal ubicado en calle ********************, número ********************, colonia ********************, de esa ciudad. Asimismo, lo prevenga para que dentro del término de tres días, computado legalmente, designe domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, donde oír y recibir notificaciones personales; bajo apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes le serán realizadas por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el diverso ********************, ambos de la Ley de Amparo. De igual manera, se notifique personalmente el presente proveído al quejoso ********************, en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1, ubicado en Charo, Michoacán, donde guarda reclusión, según lo refiere el promovente. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; personalmente al promovente del amparo, así como al quejoso donde guarda reclusión, por medio de exhorto.

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