Félix Armas Valencia

Expediente 566/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
566/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
06/04/2018

Partes del expediente

  • Félix Armas Valencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    III. Del estado procesal de autos se desprende que, el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte legitimada hubiese recurrido la resolución dictada en el presente juicio de garantías, tal como se advierte del inciso a) de la cuenta secretarial. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la invocada legislación, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, de la que existió oposición por la parte quejosa para la publicación de sus datos personales al no haber realizado manifestación alguna sobre el requerimiento que le fue formulado en el auto admisorio de la demanda, en el sentido de si se encontraba de acuerdo en que se publicaran sus datos personales y que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, HA QUEDADO FIRME; sin que en el caso, por su naturaleza, amerite actos de ejecución; lo anterior, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diciembre 2012, se estima que el expediente en que se actúa es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en razón de que la respectiva sentencia únicamente sobreseyó en el juicio, cuyo expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE; por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    III. Con fundamento en el artículo 27, inciso c), de la Ley de Amparo y en cumplimiento al apercibimiento decretado en el aviso de siete de marzo de dos mil dieciocho, notifico a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional la sentencia de seis del citado mes y año, que en lo conducente dice: SENTENCIA CONSTITUCIONAL. Vistos; para dictar sentencia definitiva en los autos del juicio de amparo indirecto 566/2017-III, que promovió Félix Armas Valencia, por conducto de su apoderado jurídico José Luis Martínez Guzmán, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito que se presentó el uno de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, turnado en la propia fecha a este Juzgado, Félix Armas Valencia, por conducto de su apoderado jurídico José Luis Martínez Guzmán, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: ". Señalo como autoridad responsable: a) Al Ciudadano Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán . b) Al Jefe del Departamento del Archivo Judicial del Poder Judicial del Estado de Michoacán." ACTOS RECLAMADOS: ". respecto de la autoridad responsable señalada como a), la falta de contestación y notificación al acuerdo recaído a los escritos presentados ante esa autoridad en fechas 16 del mes de junio del año 2017, 16 del mes de junio del año de 2017 y 28 del mes de junio del año 2017, mediante los cuales, respectivamente, se le solicita la devolución de las constancias originales de los expedientes número 964/2010, 329/1975 y 945/2000. De la autoridad responsable señalada como inciso b) reclamo la falta de remisión a la diversa autoridad responsable de las constancias originales de los expedientes número 964/2010, 329/1975 y 945/2000, tramitados ante el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán." El promovente señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 8°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y relató los antecedentes del caso que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En nueve de agosto de dos mil diecisiete, previa su aclaración, se admitió la demanda de amparo, la cual, se registró con el número 344/2017-IV, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; posteriormente dado que en el acto reclamado se encontraban inmersos tres expedientes judiciales que no guardan relación entre sí, en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, se ordenó la separación de autos para distribuirlos en la forma siguiente: Promoción que presentó el quejoso ante la autoridad responsable. Expediente de origen Juicio de Amparo 16/Junio/2017 964/2010 344/2017-IV 16/Junio/2017 329/1975 Demanda de amparo nueva. 28/junio/2017 945/2000 Demanda de amparo nueva. Por lo que, mediante oficio 16803 se remitió al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Michoacán, con sede en Uruapan, copia certificada de las constancias que integraban hasta ese momento el juicio de amparo 344/2017-IV, a efecto de darlos de alta como nuevos juicio de amparo. En consecuencia, mediante oficio OCC/C11/JDM/250/2017 de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, remitió la boleta de turno y anexos. A lo anterior, recayó el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se tuvieron por recibidas tales constancias y se admitió a trámite el nuevo juicio de amparo, el cual, se radicó bajo el número 566/2017-III; en el que únicamente se analizara lo relativo al juicio de origen 329/1975; por lo que, se pidió informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que le compete al representante social federal adscrito y se citó a audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento tuvo verificativo a las once horas con cincuenta minutos del veintidós de febrero de dos mil dieciocho, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, ejerce jurisdicción y es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción II, de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'; por tratarse de un amparo en el que se reclaman omisiones atribuidas al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, de la que se reclama la violación al artículo 8° Constitucional, cuyos efectos recaen en la esfera jurídica de la parte quejosa, como lo es el derecho de petición a su solicitud y en la que ejerce competencia por territorio este juzgado de Distrito (Uruapan, Michoacán). SEGUNDO. Precisión de actos. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese contexto, se tienen como actos reclamados: Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad: - La falta de contestación y notificación al acuerdo recaído al escrito que presentó el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, por el que le fue solicitada la devolución de las constancias originales del expediente 329/1975. Del Jefe del Departamento del Archivo Judicial del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia: - La falta de remisión de las constancias originales del expediente 329/1975, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad. TERCERO. Certeza de actos. Las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y Jefe del Departamento del Archivo Judicial del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, al rendir su informe justificado (fojas 142 y 216) aceptaron la existencia de los actos reclamados; lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil 329/1975, que en apoyo a su informe justificado remitieron documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, en atención a su naturaleza pública. Tiene aplicación la tesis 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 206, tomo VI, parte SCJN, apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, y atento a la jurisprudencia 940, página 1538, de la Segunda Parte, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que refiere: "Articulo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De lo anterior, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la "cesación de efectos del acto reclamado" significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En ese orden, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Con el propósito de verificar la postura adoptada es menester traer a colación lo siguiente: El quejoso se duele de la falta de contestación a su escrito que presentó ante el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, donde solicitó la devolución de las constancias del expediente 329/1975; y su notificación. Sin embargo a tal petición recayó el acuerdo de treinta de junio de dos mil diecisiete, donde el juez natural solicitó al Archivo Judicial del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, la devolución del expediente 329/1975; lo que se le hizo de su conocimiento al quejoso mediante lista de esa misma fecha (foja 189). De igual forma, el quejoso reclama la falta de remisión por parte del Jefe del Departamento del Archivo Judicial del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, del expediente 329/1975 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, pese a sus alegatos existe acuerdo en donde el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, el juez del proceso civil tuvo por recibido el expediente 329/1975, que remitió el Jefe del Departamento del Archivo Judicial del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con sede en Morelia (foja 190). Incluso el quejoso ya realizó diversas gestiones en el citado expediente lo que se corrobora con el acuerdo de once de octubre de dos mil diecisiete (foja 203). Luego, si posterior a la presentación de la demanda que acaeció el uno de agosto de dos mil diecisiete, las autoridades responsables acordaron de conformidad las peticiones que les planteó el quejoso, es inminente que los actos reclamados han cesado en torno a sus efectos. Por ende se actualiza la causal de improcedencia que prevé la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y por ende, lo que procede es sobreseer el presente juicio de garantías en términos de la fracción V del artículo 63 del propio ordenamiento legal invocado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 210, Tomo: VII, Febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que versa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, y en razón de la causa de sobreseimiento decretada, ello impide el examen de los conceptos de violación planteados; ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 539, visible en la página 335, Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, Segunda Sala, del Apéndice de 1995, bajo el texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Con fundamento en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 566/2017-III, que promovió Félix Armas Valencia. SEGUNDO. En términos del último considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Rubén Olvera Arreola, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, hasta hoy seis de marzo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este juzgado, quien actúa con José Martín Narciso Pérez, secretario que da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta; con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado del Jefe del Archivo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, así como por ofrecidas las documentales que remite en su apoyo, vinculadas con los actos reclamados. Con el informe y documentales de referencia, dése vista a las partes por el término de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga; sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    III. En veinticinco de enero de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con el estado de autos que guarda el presente juicio y la circunstancia de que se encuentra señalada esta fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Conste.Uruapan, Michoacán, a veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Del estado procesal de autos, se advierte que en proveído de diecinueve de los corrientes se ordenó reenviar el oficio 17156, de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, a la autoridad responsable Jefe del Departamento del Archivo Judicial del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, donde le fue requerido su informe justificado; lo anterior, toda vez que el mismo había sido enviado por error al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México; sin que a la fecha se cuente con el referido informe de ley, ni con el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para esta data, y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, para su verificativo.

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