Felipe Galvez López
Expediente 777/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 777/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/06/2022
Partes del expediente
- Felipe Galvez López
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintisiete de junio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86, de la Ley de Amparo en vigor, el acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no fue recurrido por la parte quejosa; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo en comento conforme a su artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó el presente juicio (artículo 21, inciso a, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y al físico una vez que las labores del juzgado lo permitan, el oficio de cuenta por el que la Magistrada de la Primera Sala de Jurisdicción Ordinaria con sede en Toluca, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, rinde informe justificado y remite copia certificada de la sentencia de uno de junio de dos mil veintidós, emitido en autos del expediente 1/2022 de su índice. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la documental que adjunta la responsable. Sobre el particular se invoca, la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3456 del Tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO, OBLIGACIÓN DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS CONSTANCIAS QUE LAS AUTORIDADES ADJUNTAN A AQUEL." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora, es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el presente asunto, el acto reclamado por el quejoso Felipe Gálvez López, consiste en la omisión de la Magistrada de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria con sede en Toluca, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México de dictar la sentencia dentro del expediente 01/2022 de su índice. Del informe justificado de la Magistrada de la Primera Sala de Jurisdicción Ordinaria con sede, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y constancias que se adjuntaron, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por los motivos y fundamentos que se exponen enseguida. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, se pronunció en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Tomo IX, junio de 1999, visible a folio 38, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse las hipótesis siguientes: 1. Revocación; y 2. Sustitución procesal. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado, desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en supuesto y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso, da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que, para los efectos del juicio constitucional respecto de este último acto el amparo resulta improcedente. En ese sentido, la Magistrada de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria con sede en Toluca, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en su informe justificado refiere que mediante sentencia de uno de junio de dos mil veintidós, se resolvió el Juicio 1/2022, circunstancia que se encuentra corroborada con las constancias que remitió como complemento a su informe justificado. Por ende, el acto reclamado ha quedado sin efectos, esto es, como si no hubiere afectado la esfera jurídica del inconforme, por lo que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efecto alguno ni los surtirá, y que ya no produce afectación alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada ley, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo que se deja sin efectos la hora y día fijados para la audiencia constitucional, misma que fue señalada para las once horas con quince minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós; así como todas las medidas y determinaciones decretadas con motivo de su tramitación. Cobra aplicación en el presente asunto, la tesis V.2o.45 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y, su Gaceta Novena época, con número de registro 176813, de título, subtítulo y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO AL ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, para que válidamente pueda sobreseerse en el juicio, debe invocarse alguna fracción del artículo 73 de la propia ley; sin embargo, no necesariamente toda causa de improcedencia puede considerarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías que dé lugar a decretar el sobreseimiento, fuera de la audiencia constitucional, pues para ello es menester que la causa se manifieste con tal notoriedad que la haga aplicable sin ulterior comprobación de datos o elementos que la integren, porque éstos surgen a la vista y, además, se tenga la certeza absoluta de que no existe, ni puede sobrevenir, elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA VI. AUTORIDAD INFORMA. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio signado por el apoderado legal del Secretario de Salud del Estado de México, por el cual exhibe las constancias que acreditan el cumplimiento al fallo protector; sin que se haga mayor pronunciamiento, toda vez que las mismas ya obraban en autos, e incluso se ha dado vista a la parte quejosa para que se pronunciara al respecto (auto de diez de mayo de dos mil veintidós). CUMPLIDA. En otro orden, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido a la parte quejosa para que realizara las manifestaciones que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Atento a lo anterior, y toda vez que el peticionario de amparo no realizó manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de mayo en curso, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a valorar si el fallo protector se encuentra cumplido. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, materia Común, con número de registro 192174, del rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En efecto, tomando en consideración la naturaleza del presente asunto, no se considera necesario realizar una narración de antecedentes, sin embargo, es insoslayable precisar el efecto protector del fallo constitucional dictado en este sumario, a saber: "1. Dentro del plazo de tres días, computados legalmente, después de que cause ejecutoria la presente resolución, las autoridades responsables incluyan al menor quejoso, en el grupo etario correlativo de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2, para la prevención de la COVID 19 en México", con independencia de que cuente con comorbilidades o no. 2. De acuerdo con lo anterior, y previo otorgamiento de consentimiento informado por parte de la madre, o quien ejerza la patria potestad de éste, realicen las gestiones necesarias para que se le aplique el esquema completo de la vacuna contra la COVID-19, del laboratorio Pfizer-BioNTech, en el caso, la primera y segunda dosis, en la fecha respectiva de acuerdo con el manual de aplicación de la vacuna. Lo anterior, siempre y cuando la responsable dentro de sus facultades considere factible la inoculación respectiva, es decir, que no exista restricción o prescripción médica para hacerlo; en el entendido que de ser procedente la aplicación de la citada vacuna, será bajo las condiciones y las medidas establecidas por las autoridades sanitarias correspondientes; quedando bajo su más estricta responsabilidad la salud y seguridad del menor quejoso; luego, es responsabilidad de las autoridades de salud respectivas seguir los protocolos médicos establecidos. Ahora, en caso de que la responsable conforme a sus atribuciones estime que el menor no es apto para recibir la vacuna y/o no es procedente su inoculación, atendiendo a las restricciones o prescripciones médicas correspondientes, deberá justificar tal circunstancia y remitir las constancias que sustenten su dicho. Precisando que el presente asunto quedará cumplido una vez que se acredite que se aplicaron las dos dosis del biológico Pfizer-BioNTech, al menor quejoso, o bien, de ser el caso, la responsable justifique de manera fundada y motivada, que no es apto para recibir dicha vacuna, ello en atención a las restricciones médicas que en su caso la responsable o autoridad competente determinen; y con las constancias que sustenten su dicho." Dicha resolución quedó firme mediante acuerdo dictado el diez de mayo de dos mil veintidós, en el que se dio vista a la parte quejosa en términos del numeral 196 de la ley de la materia, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de la forma en que se acató la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho. Así las cosas, es inconcuso que se dio cumplimiento al fallo protector, lo anterior, puesto que las autoridades responsables aplicaron al menor quejoso las dos dosis de la vacuna contra el virus SARS-Cov2. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al menor quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo. En tales circunstancias, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Por último, se hace del conocimiento del quejoso que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese, y de forma electrónica al quejoso.
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