FELIPE FERNANDO ALTAMIRANO MÉNDEZ y Otros.

Expediente 171/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
171/2020
Año
2020
Actuaciones
25
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • Felipe Fernando Altamirano Méndez
  • FELIPE FERNANDO ALTAMIRANO MÉNDEZ y Otros.
  • GLORIA MUCIÑO GONZÁLEZ y Otros.
  • Miguel Eduardo Zuñiga Millán
  • Gloria Muciño González
  • EVA MEDINA RUBIO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veinte de abril de dos mil veintidós. SE RECIBEN ANEXOS. Visto el oficio signado por la Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el cual devuelve los nueve tomos de copias certificadas que le fueron remitidos con motivo del recurso de revisión interpuesto por el Apoderado Legal del Instituto de Seguridad del Estado de México y Municipios, en contra de la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, registrado con el número de amparo en revisión 94/2021, de su índice; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, y expídase el acuse de recibo de estilo, vía interconexión. SE DEVUELVEN CONSTANCIAS A AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que el juicio de amparo en que se actúa se encuentra concluido y se ordenó su archivo en acuerdo de cinco de abril del año en curso, por tanto, devuélvanse a la autoridad responsable Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, las copias certificadas constantes en nueve tomos, que remitió a este órgano jurisdiccional a través de su oficio sin número de dieciséis de octubre de dos mil veinte, sin que se requiera acuse de recibo en atención a la razón que se asentará al momento de la recepción del oficio por el que se entreguen dichas constancias. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; cinco de abril de dos mil veintidós. SE TIENE POR CONSENTIDA. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectiva (artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo en cita). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración pues se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva de los actos reclamados (artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General). 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención). 4. Asimismo a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. e comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la depuración del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, toda vez que en auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, acusó recibo del oficio 18571/2021 por el que se le remitieron constancias en una caja cerrada consistentes en nueve tomos de pruebas en copias certificadas, y en esa misma fecha se solicitó atentamente la devolviera a este órgano jurisdiccional en virtud de que el tres de septiembre de ese mismo año se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria emitida en los autos del amparo en revisión 94/2021, de su índice. En tales condiciones, solicítese atentamente a la superioridad, que de no tener inconveniente alguno, remita a este juzgado dichas constancias para que puedan ser devueltas a la autoridad responsable. Una vez que ocurra lo anterior, y se provea respecto del destino de las constancias señaladas, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Asimismo, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de cuatro de febrero de la presente anualidad, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: ~ El artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios por virtud de su aplicación, consistente en el descuento del 6% de su pensión. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y la protección de la justifica federal para el efecto de que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, realizara lo siguiente: "a) No aplique a los quejosos Felipe Fernando Altamirano Méndez, Gloria Muciño González, Miguel Eduardo Zúñiga Millán, Sonia Rivera Robles, José Roberto Uribe Jiménez, Rosario Cañete Pineda, Raúl Archundia Arriaga, Luisa Doroteo Hernández y Ana María de Jesús Coyote Cuate, el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, con motivo de la pensión otorgada a su favor, hasta en tanto no sea reformado. b) Dicha protección constitucional se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro de la tarifa por concepto de servicios de salud, por ende, deberá devolver las cantidades que se descontaron a los quejosos por tal rubro, únicamente a partir del ocho de enero de dos mil veinte, que fue la fecha que se tuvo como primer acto de aplicación de la norma, pues la concesión del amparo contra la ley por considerarla inconstitucional, debe comprender también el acto de su aplicación y los futuros hasta en tanto no sea reformada." Mediante proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, el Apoderado Legal del Instituto de Seguridad del Estado de México Y Municipios (ISSEMYM) interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil veinte. En consecuencia, como se ordenó en auto de diecisiete de diciembre del año dos mil veinte, se remitió el presente expediente, así como el original y copia del escrito donde el quejoso expresó sus agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del aludido medio de impugnación. En auto tres de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por medio del cual remitió el original del juicio de amparo indirecto 171/2020, y el testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión ordinaria virtual de treinta de julio de dos mil veintiuno en los autos del amparo en revisión 94/2021, en la que se determinó: "PRIMERO. En la materia del recurso, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Felipe Fernando Altamirano Méndez, Gloria Muciño González, Miguel Eduardo Zúñiga Millán, Sonia Rivera Robles, José Roberto Uribe Jiménez, Rosario Cañete Pineda, Raúl Archundia Arriaga, Luisa Doroteo Hernández y Ana María de Jesús Coyote Cuate, respecto de la norma y su aplicación reclamada." Consecuentemente, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable, para que, dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias que así lo acreditaran. Atento a lo anterior, mediante, proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio registrado con el número de promoción 10998, mediante el cual la representante legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, informa las gestiones realizadas a fin de lograr el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, el seis y ocho de octubre, así como dos y diez de diciembre todos de dos mil veintiuno las responsables informaron las gestiones realizadas a fin de lograr el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, en proveído de once de enero del presente año el Representante Legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), hizo del conocimiento la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y remitió copias certificadas del acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintiuno en el que precisó lo siguiente: ". adjunto al presente el oficio número 207C0401520101L/dp/8371/021, suscrito por la Jefa del Departamento de Pensiones del ISSEMYM, mediante el cual remite la notificación personal realizada al representante legal de los quejosos, en la que se les hace saber los efectos del fallo protector marcados con los incisos a) y b). Asimismo, remite los comprobantes de pago de la segunda quincena de noviembre de 2021, de la nómina de pensionistas de este Instituto, de los quejosos Felipe Fernando Altamirano Méndez, Gloria Muciño González, Miguel Eduardo Zúñiga Millán, Sonia Rivera Robles, José Roberto Urbe Jiménez, Rosario Cañete Pineda, Raúl Archundia Arriaga, Luisa Doroteo Hernández y Ana María de Jesús Coyote Cuate; de las que se desprende la deducción por concepto del pago de servicios de salud, de acuerdo a la cuota establecida por el artículo 32 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios." Ahora bien, de dichas constancias se advirtió que confrontadas las exigencias contenidas en la ejecutoria de amparo, con las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que la autoridad responsable, como se ordenó en la sentencia de amparo, no aplicó a los quejosos Felipe Fernando Altamirano Méndez, Gloria Muciño González, Miguel Eduardo Zúñiga Millán, Sonia Rivera Robles, José Roberto Uribe Jiménez, Rosario Cañete Pineda, Raúl Archundia Arriaga, Luisa Doroteo Hernández y Ana María de Jesús Coyote Cuate, el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; sin embargo, en dicha ejecutoria también se ordenó a la responsable que devolviera las cantidades que se descontaron a los quejosos por tal rubro, únicamente a partir del ocho de enero de dos mil veinte, circunstancia que cumplió posteriormente, pues mediante, proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio registrado con el número de promoción 1541, por el cual la representante legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, comunicó la forma en que dio cumplimiento al fallo y remitió acuse de recibo del oficio número 207C0401520101L/dP/2618/2022 suscrito por la Jefa del Departamento de Pensiones del ISSEMyM mediante el cual informó que el pago retroactivo de la devolución de servicio médico, se realizó en la primera quincena de noviembre del dos mil veintiuno a los quejosos Felipe Fernando Altamirano Méndez, Gloria Muciño González, Miguel Eduardo Zúñiga Millán, Sonia Rivera Robles, José Roberto Uribe Jiménez, Rosario Cañete Pineda, Raúl Archundia Arriaga, Luisa Doroteo Hernández, Ana María de Jesús Coyote Cuate. Cabe señalar, que las constancias remitidas por la citada responsable, por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo, se concluye que en el caso se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, pues la responsable remitió copia certificada del acuse de recibo del oficio número 207C0401520101L/dP/2618/2022 suscrito por la Jefa del Departamento de Pensiones del ISSEMyM mediante el cual informó el pago retroactivo de la devolución de servicio médico, se realizó en la primera quincena de noviembre del dos mil veintiuno a los quejosos Felipe Fernando Altamirano Méndez, Gloria Muciño González, Miguel Eduardo Zúñiga Millán, Sonia Rivera Robles, José Roberto Uribe Jiménez, Rosario Cañete Pineda, Raúl Archundia Arriaga, Luisa Doroteo Hernández, Ana María de Jesús Coyote Cuate. Consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, la autoridad vinculada al cumplimiento no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA EMITIDA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por la representante legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por medio del cual comunica el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y remite el acuse de recibo del oficio número 207C0401520101L/dP/2618/2022 suscrito por la Jefa del Departamento de Pensiones del ISSEMyM documental con la cual acredita su dicho; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y al físico una vez que las labores del juzgado lo permitan. Por tanto, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días legalmente computados, manifieste lo que a su derecho convenga, en el entendido de que desahogue o no dicha vista, se pronunciará sobre si la ejecutoria está cumplida o no, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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