Felipe Gálvez López

Expediente 1321/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1321/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • Felipe Gálvez López

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. ANOTACIONES Y ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción al tratarse de un desechamiento (artículo 20, fracción IV, del acuerdo en cita). 2) A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en lo establecido en el párrafo primero del artículo 20 del Acuerdo en comento, serán destruidos. Asimismo, una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará físicamente al archivo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. DESAHOGA PREVENCIÓN. Se tiene por recibido el escrito firmado por Felipe Gálvez López, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de veintitrés de agosto del año en curso, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes. En consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento respectivo. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La omisión de la autoridad responsable Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, de dictar sentencia en el recurso de revisión 1125/2023. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." DESECHAMIENTO. Acorde a lo establecido en el ordinal 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. El ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, antes transcrito, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre tales premisas, debe considerarse que el acto que por esta vía se reclama, consiste en la omisión de la autoridad responsable Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, de dictar sentencia en el recurso de revisión 1125/2023; no constituye una afectación de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de la dilación procesal aludida no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa, al no constituir una dilación procesal presuntamente excesiva; lo anterior considerando que la dilación reclamada, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en la parte quejosa en para el dictado de la sentencia, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto, dado que sus efectos y consecuencias únicamente se traducen en el caso, en un retardo menor en el juicio de origen; sin embargo, ese término no es excesivo en los términos precisados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción 294/2018, el nueve de enero de dos mil diecinueve de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 48/2016 con registro 2011580, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la página 1086 del Tomo II, Mayo de 2016, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.". Ahora, bien el artículo 286 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece lo siguiente: "Artículo 286.- El recurso de revisión podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes, con expresión de agravios, dentro del plazo de ocho días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que se impugne. El recurso se presentará ante la sección de la sala superior correspondiente a la adscripción de la sala regional que haya emitido la resolución recurrida. El presidente de la sección, al admitir el recurso, designará a un magistrado ponente y mandará correr traslado del mismo a las demás partes por el término de tres días posteriores al en que surta efectos la notificación, para que expongan lo que a sus derechos convenga. Vencido este término, el magistrado ponente formulará el proyecto de resolución y dará cuenta del mismo a la sección de la sala superior en un plazo de cinco días. ..." Del citado precepto legal se advierte que las resoluciones de se dictarán dentro de los cinco días contados a partir de que se designa magistrado ponente y se haya trascurrido el término de tres días que se otorgó a las partes una vez que se les corrió traslado de dicho recurso, para que expongan lo que a sus derechos convenga. Ahora bien, en el caso, el tribunal responsable contaba con un término de cinco días siguientes, posteriores a los tres días otorgados a las partes, para dictar la resolución respectiva. En se sentido, si como lo precisó el quejoso, el tribunal responsable notificó el auto de admisión y turno del recurso de revisión a las partes el once de julio de dos mil veintitrés, entonces los tres días de vista transcurrieron del doce de julio al siete de agosto de dos mil veintitrés(descontando los días correspondientes al periodo vacacional), entonces, el tribunal responsable tenía del ocho al catorce de agosto de ese mismo año para dictar la resolución respectiva, como se ilustra a continuación: Julio Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 inhábil 2 Inhábil 3 4 5 6 7 8 Inhábil 9 Inhábil 10 11 Notificación a partes 12 Primer día 13 Vacaciones autoridad 14 Vacaciones autoridad 15 inhábil 16 inhábil 17 Vacaciones autoridad 18 Vacaciones autoridad 19 Vacaciones Autoridad 20 Vacaciones autoridad 21 Vacaciones autoridad 22 inhábil 23 inhábil 24 Vacaciones autoridad 25 Vacaciones autoridad 26 Vacaciones autoridad 27 Vacaciones autoridad 28 Vacaciones autoridad 29 inhábil 30 inhábil 31 Vacaciones autoridad Agosto Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 Vacaciones Autoridad 2 Vacaciones autoridad 3 Vacaciones autoridad 4 Segundo día 5 Inhábil 6 Inhábil 7 Tercer día 8 Primer día de los cinco días para resolver 9 Segundo día de los cinco días para resolver 10 Tercer día de los cinco días para resolver 11 Cuarto día de los cinco días para resolver 12 Inhábil 13 Inhábil 14 Quinto día de los cinco días para resolver 15 1 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 22 8 23 9 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 30 16 31 17 Septiembre Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 18 2 19 3 20 4 21 5 22 6 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 12 29 13 30 14 31 15 32 16 33 17 34 18 35 19 36 20 37 21 38 22 39 23 40 24 41 25 42 26 43 27 44 28 45 29 30 Ahora bien, tal y como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 294/2018 en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, en donde en esencia determinó lo siguiente: "Que el plazo genérico para que las partes en un juicio en materia laboral, puedan promover un amparo en la vía indirecta en contra de las dilaciones procesales que se pudieran traducir en una paralización total del procedimiento, las cuales pueden ser la omisión de la autoridad laboral de acordar promociones, proseguir en tiempo con el juicio, falta de pronunciación del laudo, entre otras. En ese sentido, para proporcionar seguridad jurídica a las partes, y para efecto de la procedencia del juicio de amparo contra las presuntas dilaciones excesivas en el dictado de proveídos y laudos; la demanda de garantías debe promoverse cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos". Es decir, el juicio de amparo indirecto será procedente contra las dilaciones de las juntas o tribunales, únicamente cuando hayan transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales respectivos; criterio que se considera aplicable al presente asunto. Por ende, si la demanda de amparo se presentó en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, turnado en la propia fecha a este órgano jurisdiccional, es evidente que del quince de agosto a la fecha de presentación de la demanda (veintiuno de agosto), transcurrieron seis días, por tanto no constituye una dilación prolongada, tal que exceda el término de cuarenta y cinco días que precisó la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XXIII en el artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, ambos interpretados en sentido contrario; por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo, promovida por Felipe Gálvez López, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por notoriamente improcedente; con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1321/2023-IV, en esas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 108, fracciones IV y V, en relación con el precepto 114, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, procede requerir a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente auto, por escrito realice lo siguiente: PREVENCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción II, en relación con el 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir al promovente para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad, entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio, realice lo siguiente: PRIMERO. Deberá cumplir con el requisito del artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, es decir deberá manifestar si los hechos narrados en su demanda de amparo, son, bajo protesta de decir verdad, toda vez que éste es un requisito indispensable conforme al numeral citado y en la demanda de amparo de que se trata, no realizó dicha manifestación. Tiene sustento a lo anterior, en lo que interesa, la jurisprudencia de la Novena Época número 2a./J. 88/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 348 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXIV, Julio de 2006 que reza lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." SEGUNDO. Una vez precisado el acto, en términos de la fracción V del ordinal 108 de la Ley de Amparo, "bajo protesta de decir verdad", deberá formular de manera sucinta y cronológica, el capítulo de hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, desde la radicación del juicio o procedimiento natural, hasta el estado procesal que actualmente guarda; lo anterior, en virtud de que fue omiso al respecto, y es un requisito de formalidad que debe contener el escrito de demanda, debiendo precisar: La fecha en la que fue admitido el recurso de revisión, en que se designó magistrado ponente y se mandó correr traslado a las partes del auto de admisión de dicho recurso, La fecha en que se notificó a cada una de las partes el auto de admisión, y Deberá manifestar si formuló excitativa de justicia ante la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Ello, a fin de que este juzgado de Distrito se allegue de datos para apreciar con claridad el acto que por esta vía constitucional pretende controvertir, pues al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen al alcance más datos que los proporcionados por la parte agraviada con el fin de conocer provisionalmente el acto combatido; aunado a que sólo realizando dichas aclaraciones, se podrá determinar la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo. Sirve de apoyo la tesis I.7o.A.100 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, Tomo XXIII, Abril de 2006, Materia Común, registro 175345, página 990, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Importa destacar que los requerimientos que anteceden únicamente podrán ser desahogados por el promovente de la demanda, no así por las personas que estén autorizas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, dada la responsabilidad penal que, de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Al respecto, se hace del conocimiento a la parte quejosa las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: - - - I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y - - -II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." APERCIBIMIENTO. Se le apercibe al promovente que de no cumplir con lo solicitado se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Conforme a lo establecido en el artículo 27, fracción III, de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en este órgano jurisdiccional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero, de la legislación en cita, se ordena habilitar horas y días inhábiles, para realizar las notificaciones relacionadas con este juicio de amparo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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