Felipe Galvez Lopez
Expediente 1412/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1412/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/10/2023
Partes del expediente
- Felipe Galvez Lopez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de octubre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de seis de septiembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio del dos mil veintitrés, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó (artículo 20, fracción IV, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa de conformidad en el artículo 20 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
MESA IV RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1412/2023-IV. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La omisión de la autoridad responsable Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, de dictar sentencia en el recurso de revisión 1125/2023. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." DESECHAMIENTO. Acorde a lo establecido en el ordinal 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. El ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, antes transcrito, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre tales premisas, debe considerarse que el acto que por esta vía se reclama, consiste en la omisión de la autoridad responsable Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, de dictar sentencia en el recurso de revisión 1125/2023; no constituye una afectación de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de la dilación procesal aludida no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa, al no constituir una dilación procesal presuntamente excesiva; lo anterior considerando que la dilación reclamada, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en la parte quejosa en para el dictado de la sentencia, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto, dado que sus efectos y consecuencias únicamente se traducen en el caso, en un retardo menor en el juicio de origen; sin embargo, ese término no es excesivo en los términos precisados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción 294/2018, el nueve de enero de dos mil diecinueve de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 48/2016 con registro 2011580, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la página 1086 del Tomo II, Mayo de 2016, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.". Ahora, bien el artículo 286 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece lo siguiente: "Artículo 286.- El recurso de revisión podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes, con expresión de agravios, dentro del plazo de ocho días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que se impugne. El recurso se presentará ante la sección de la sala superior correspondiente a la adscripción de la sala regional que haya emitido la resolución recurrida. El presidente de la sección, al admitir el recurso, designará a un magistrado ponente y mandará correr traslado del mismo a las demás partes por el término de tres días posteriores al en que surta efectos la notificación, para que expongan lo que a sus derechos convenga. Vencido este término, el magistrado ponente formulará el proyecto de resolución y dará cuenta del mismo a la sección de la sala superior en un plazo de cinco días. ..." Del citado precepto legal se advierte que las resoluciones de se dictarán dentro de los cinco días contados a partir de que se designa magistrado ponente y se haya trascurrido el término de tres días que se otorgó a las partes una vez que se les corrió traslado de dicho recurso, para que expongan lo que a sus derechos convenga. Ahora bien, en el caso, el tribunal responsable contaba con un término de cinco días siguientes, posteriores a los tres días otorgados a las partes, para dictar la resolución respectiva. En se sentido, si como lo precisó el quejoso, el tribunal responsable notificó el auto de admisión y turno del recurso de revisión a las partes el once de julio de dos mil veintitrés, entonces los tres días de vista transcurrieron del doce de julio al siete de agosto de dos mil veintitrés (descontando los días correspondientes al periodo vacacional), entonces, el tribunal responsable tenía del ocho al catorce de agosto de ese mismo año para dictar la resolución respectiva, como se ilustra a continuación: Julio Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 inhábil 2 Inhábil 3 4 5 6 7 8 Inhábil 9 Inhábil 10 11 Notificación a partes 12 Primer día 13 Vacaciones autoridad 14 Vacaciones autoridad 15 inhábil 16 inhábil 17 Vacaciones autoridad 18 Vacaciones autoridad 19 Vacaciones Autoridad 20 Vacaciones autoridad 21 Vacaciones autoridad 22 inhábil 23 inhábil 24 Vacaciones autoridad 25 Vacaciones autoridad 26 Vacaciones autoridad 27 Vacaciones autoridad 28 Vacaciones autoridad 29 inhábil 30 inhábil 31 Vacaciones autoridad Agosto Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 Vacaciones Autoridad 2 Vacaciones autoridad 3 Vacaciones autoridad 4 Segundo día 5 Inhábil 6 Inhábil 7 Tercer día 8 Primer día de los cinco días para resolver 9 Segundo día de los cinco días para resolver 10 Tercer día de los cinco días para resolver 11 Cuarto día de los cinco días para resolver 12 Inhábil 13 Inhábil 14 Quinto día de los cinco días para resolver 15 1 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 22 8 23 9 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 30 16 31 17 Septiembre Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 18 2 19 3 20 4 21 5 22 6 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 12 29 13 30 14 31 15 32 16 33 17 34 18 35 19 36 20 37 21 38 22 39 23 40 24 41 25 42 26 43 27 44 28 45 29 30 Ahora bien, tal y como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 294/2018 en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, en donde en esencia determinó lo siguiente: "Que el plazo genérico para que las partes en un juicio en materia laboral, puedan promover un amparo en la vía indirecta en contra de las dilaciones procesales que se pudieran traducir en una paralización total del procedimiento, las cuales pueden ser la omisión de la autoridad laboral de acordar promociones, proseguir en tiempo con el juicio, falta de pronunciación del laudo, entre otras. En ese sentido, para proporcionar seguridad jurídica a las partes, y para efecto de la procedencia del juicio de amparo contra las presuntas dilaciones excesivas en el dictado de proveídos y laudos; la demanda de garantías debe promoverse cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos". Es decir, el juicio de amparo indirecto será procedente contra las dilaciones de las juntas o tribunales, únicamente cuando hayan transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales respectivos; criterio que se considera aplicable al presente asunto. Por ende, si la demanda de amparo se presentó en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, turnado en la propia fecha a este órgano jurisdiccional, es evidente que del quince de agosto a la fecha de presentación de la demanda (veintiuno de agosto), transcurrieron dieciséis días, por tanto no constituye una dilación prolongada, tal que exceda el término de cuarenta y cinco días que precisó la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XXIII en el artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, ambos interpretados en sentido contrario; por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo, promovida por ********************, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por notoriamente improcedente; con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Conforme a lo establecido en el artículo 27, fracción III, de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en este órgano jurisdiccional. Ahora, por lo que hace al correo electrónico que proporciona, el mismo no puede tenerse como sitio para oír y recibir notificaciones, toda vez que no se encuentra establecido en la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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