Felipa Velasco Carmona

Expediente 359/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
359/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
06/09/2017

Partes del expediente

  • Felipa Velasco Carmona

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio 1483 enviado vía electrónica por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el que acusa recibó del diverso oficio 3056-11, por el que se le remitió la demanda de amparo promovida por Felipa Velasco Carmona, contra actos del Agente Municipal de Santa Lucía Teotepec, Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca, y otras autoridades; asimismo, informa que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo de que se trata. Ahora, atendiendo a la certificación que antecede, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destruqción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Asimismo, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve; se destaca que en el presente expediente no existen documentos originales, y que este Juzgado se declaró incompetente para conocer del asunto, como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción por ubicarse en el supuesto de la fracción I, del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo que promueve Felipa Velasco Carmona, contra actos del Agente Municipal de Santa Lucía Teotepec, Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca, y otras autoridades; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la quejosa hace consistir el acto reclamado en: .. Ahora, toda vez que la competencia legal es de orden público y por tanto, no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, se procede a analizar si en el caso se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de garantías presentada por el promovente. .. Del análisis de este precepto, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que se puntualizan en el orden siguiente: A) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. B) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa constituye más bien un matiz de la hipótesis precedente, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se hizo alusión en el inciso que antecede, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. C) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución. Como se observa, en este supuesto, es necesario que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora de acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de garantías. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que en la especie el acto que reclama la parte quejosa, es la orden verbal o escrita que dieron las responsables para la privación de su bien inmueble ubicado en la población de San José Atotonilco, perteneciente a los Bienes Comunales de Santa Lucía Teotepec, Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca. Luego, como la orden verbal o escrita reclamada trata de ejecutarse en Santa Lucía Teotepec, Santos Reyes Noapala, Juquila, Oaxaca, pues la quejosa indica que las autoridades responsables que señaló, quieren quitarle su casa habitación, la cual se encuentra ubicada en la población de San José Atotonilco, perteneciente a los Bienes Comunales de Santa Lucía Teotepec, Municipio de Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca; ante ello, es evidente que en la especie se surte la hipótesis señalada en el inciso a), que se refiere a la regla contenida en el primer párrafo, del artículo 37 de la ley de la materia, consistente en que el Juez de Distrito competente para conocer del asunto es aquél que ejerza jurisdicción en el lugar donde trate de ejecutarse el acto reclamado, en este caso, la orden verbal o escrita dictada en contra de la quejosa para privarla de la posesión del bien inmueble que defiende en esta instancia constitucional. Por tanto, es incuestionable que la competencia para conocer de la presente demanda de amparo, por razón de territorio, corresponde al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, toda vez que el municipio de Santos Reyes Nopala, Oaxaca, al que pertenece la localidad de Santa Lucía Teotepec, en que tendrá ejecución el acto reclamado, no se encuentra dentro de los municipios en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción territorial, como lo establece el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que dispone: .. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta autoridad declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuestión, declinándola a favor del Juez de Distrito en turno en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; por consiguiente, previa copia certificada que se deje en autos, remítasele el original de la demanda de amparo y seis copias de la misma, así como el original de la papeleta de turno, para que proceda conforme a sus facultades legales, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. .. Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Por otro lado, se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda; asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Arturo Domingo Vega Guzmán y Gabriela Valencia Ramírez; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Álvaro Cuevas Martínez, sin las amplias facultades que confiere el citado artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no acredita contar con cédula profesional de la Licenciatura en Derecho, circunstancia a la cual estaba obligado en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia administrativa, aunado a que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no se encontró registro alguno a su nombre en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, como tampoco en los libros de registros de cédulas profesionales que se llevan en este Juzgado; así también se tienen por autorizados únicamente para imponerse de autos y recibir notificaciones a las restantes personas que refiere, toda vez que en esos términos lo pide. Hágase saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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