Felipe de Jesús Argaez Luna
Expediente 426/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 426/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Felipe de Jesús Argaez Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que el quejoso no impugnó el proveído de dieciocho de enero de dos mil diecisiete (fojas 181 a 186), mediante el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse a este expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se tuvo por desechada la demanda de amparo, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es destruible, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito del quejoso Felipe de Jesús Argaez Luna; en atención a su contenido, .., expídasele a su costa copia simple de las constancias que solicita en su escrito de cuenta; teniéndose por autorizadas para recibirlas, a las personas que menciona en el mismo, previa identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta sus efectos el oficio CJEO/JCP/0061/2017-J, firmado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 332/2016, con número de orden 1749/2016, deducido del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, dése de baja dicha comunicación oficial y acúsese el recibo de estilo. Ahora, toda vez que del escrito firmado por el quejoso Felipe de Jesús Argaez Luna, por el que realiza diversas manifestaciones, da cumplimiento con los requerimientos formulados en proveídos de veintiséis de septiembre, cuatro de octubre y diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 15 y 16, 85 y 86 y 151 a 153), se provee respecto a su demanda. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo , este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese orden, de la lectura y análisis integral de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se advierte que el quejoso, señala como autoridades responsables y actos reclamados, lo siguiente: ? .. En esas circunstancias, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, respecto del auto de vinculación a proceso dictado el diecisiete de octubre de dos mil quince, contra el aquí quejoso como probable responsable en la comisión del delito de violación cometido en agravio de la menor de edad Ana Karen Herrera Cruz, en la causa penal 403/2015, del índice del Juzgado de Garantía del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca; toda vez que la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado, en razón de que no promovió el juicio de amparo dentro del plazo legal de quince días. El artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: . Acorde con lo anterior, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. Ahora bien, el quejoso manifiesta que se encontraba presente en la audiencia de diecisiete de octubre de dos mil quince, celebrada en la causa penal 403/2015, del índice del Juzgado de Garantía, del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, en el que se le dictó auto de vinculación a proceso como probable responsable en la comisión del delito de violación cometido en agravio de la menor de edad Ana Karen Herrera Cruz; lo que se corrobora con el contenido del disco versátil exhibido por la parte quejosa con su escrito de siete de octubre de dos mil dieciséis, lo que se valora en términos de los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2° de este último ordenamiento. Ello, porque tales manifestaciones constituyen una confesión expresa; medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos anteriormente citados. La afirmación anterior se sustenta en que, si bien, el artículo 119 de la Ley de Amparo establece que "son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones", resulta claro que no prohíbe la prueba de confesión, sino sólo una de las modalidades de este medio de convicción, que es la confesión obtenida mediante la absolución de posiciones. De ahí que la confesión expresa que se hace al formular la demanda sí es admisible en el juicio de amparo y debe valorarse en los términos fijados por el código adjetivo civil federal, por ser aplicable supletoriamente, en ese aspecto, a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por consiguiente, lo anterior es apto para demostrar que la parte quejosa conoció plenamente de la existencia del acto que ahora impugna en el presente juicio de amparo, así como la identidad de las autoridades que los emitieron, el número de juicio natural y el nombre de las partes, desde el diecisiete de octubre de dos mil quince. En ese sentido, el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda de amparo, empezó a correr para la parte quejosa al día siguiente hábil en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, esto es, del veinte de octubre de dos mil quince al diez de noviembre de ese año; sin contar los días dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de octubre, siete y ocho de noviembre, todos de esa anualidad, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 del mismo ordenamiento; así como el dos de noviembre de ese año, conforme a la circular 29/2015 de veintiuno de octubre de dos mil quince, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, si la acción constitucional se instó hasta el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, pues con tal fecha se presentó la demanda de amparo origen de este juicio ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca con sede en la ciudad de Salina Cruz, según se desprende del sello impreso en la parte superior del escrito inicial de amparo, entonces, es evidente que la acción constitucional fue instada de manera extemporánea. Resulta de aplicación al caso, la jurisprudencia 13, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 11, que establece lo siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.- Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo." . En el caso, es importante destacar, que con lo determinado en el presente acuerdo, no se viola en perjuicio de la parte quejosa, alguno de los Derechos Humanos protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales en que México es parte, dado que los requisitos de procedencia del juicio de amparo no vulneran el derecho humano de acceso a la justicia, precisamente porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , en el sentido de que el derecho humano de acceso a la justicia también comprende dichas formalidades, previo al estudio del fondo. Ello, dado que las causas de improcedencia no configuran una denegación de justicia; pues no pueden calificarse de irracionales, porque su razonabilidad se justifica en el derecho fundamental a recibir justicia pronta y expedita, tutelada por el artículo 17 Constitucional, en la medida en que evita que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el citado derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos. Asimismo, debe destacarse que la causa de improcedencia en análisis, no es de tal naturaleza que despoje al derecho de su esencia, ni tampoco es discriminatoria, pues no existe ninguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del gobernado de que se trate. . Por otra parte, respecto de la orden de detención dictada contra el aquí quejoso, como probable responsable en la comisión del delito de violación cometido en agravio de la menor de edad Ana Karen Herrera Cruz, en el legajo de investigación 3632/FBSCH/2015, que atribuye al Agente del Ministerio Público Local de Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: . Tratándose de la libertad personal, ésta puede ser restringida por diversas causas, como son: la detención, la orden de aprehensión, la prisión preventiva y la pena; cada una de ellas cuenta con características peculiares, resultando que el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de dicha libertad, se denomina situación jurídica, la cual, al variarse de un supuesto a otro, trae como resultado el considerar irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en la etapa anterior. Apuntado lo anterior, en el caso, se considera se actualiza la citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio emanado de dicha ley, contra actos emanados de un procedimiento judicial o administrativo, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, de la lectura de las constancias que integran el sumario, las que tienen valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en su carácter de instrumental de actuaciones, se advierte lo siguiente: a) .. Lo anterior, permite establecer que la detención del aquí quejoso, por conducto de los elementos de la policía municipal de la localidad en cita, se efectuó con motivo de la comisión en flagrancia de un delito, mismo que fue puesto a disposición del referido agente del ministerio público, quien inició el legajo de investigación 3632/FBSCH/2015, contra el aquí quejoso, como probable responsable en la comisión del delito de violación cometido en agravio de la menor Ana Karen Herrera Cruz, y puso lo a disposición del juez responsable. En las relatadas circunstancias, al haberse puesto al quejoso a disposición del juez de garantía, para continuar con la prosecución de la causa penal que se le instruye en su contra, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la hipótesis prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por las razones expuestas, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la hipótesis de improcedencia previstas en las fracciones XIV y XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento jurídico. Criterios jurisprudenciales aplicables de conformidad con el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio CJEO/JCP/0061/2017-J, firmado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, y anexo, recibidos vía fax, mediante el cual remite la diligencia realizada en relación a la diligenciación del despacho 332/2016 con número de orden 1749/2016 y resérvese acuerdo al respecto hasta en tanto se reciba el original de las constancias relacionadas con la diligenciación del citado despacho.
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