Felicitas Valencia Enríquez
Expediente 130/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 130/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Felicitas Valencia Enríquez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de veintisiete de marzo del año en curso (fojas 22 a 25), mediante el cual se desechó su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el primer párrafo, del artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la «Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo que promueve FELICITAS VALENCIA ENRÍQUEZ, contra actos del Juez de Ejecución de Penas del Sistema Acusatorio en la Región del Istmo. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 130/2017, que le corresponde. Ahora, vista la demanda de garantías, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede examinar SI existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza, la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, que establecen: .. Ahora, si bien se advierte que el quejoso señala como autoridad responsable al Juez de Ejecución de Penas del Sistema Acusatorio en la Región del Istmo, a quien le reclama: La falta de contestación a su escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes del Juzgado de Ejecución de Penas del Sistema Acusatorio en la Región del Istmo, en el expediente 33/2013. .. De lo anterior, tal como se establece en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando así resulta de disposición legal alguna, además de las veintidós fracciones previstas en dicho numeral; asimismo, que la jurisprudencia que establezcan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Plenos o en Salas, además de los Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria para los Juzgados de Distrito, entre otros órganos. Por ello, cuando un particular promueva un juicio de amparo, por una afectación al derecho de petición, dentro de un procedimiento jurisdiccional, éste es improcedente, ya que se trata de una violación de carácter adjetivo, por lo cual, en el caso, es aplicable la jurisprudencia transcrita con antelación, aunado a que su contenido no contraviene la Ley de Amparo vigente. De las manifestaciones vertidas por el promovente, bajo protesta de decir verdad, en su escrito de demanda, y documental que anexa, a la cual se le confiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, donde se advierte lo siguiente: 1. Que en el Juzgado de Control de Juchitán, Oaxaca, se integró la causa penal 33/2013, en contra de Evelia López Guzmán, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de equiparado a la retención, en perjuicio patrimonial de Felicitas Valencia Enríquez. 2. Una vez seguido el juicio en todos sus etapas, el cinco de diciembre de dos mil catorce, se dictó sentencia condenatoria en contra de Evelia López Guzmán, donde se le condenó a la pena de cinco años de prisión y al pago de la reparación del daño consistente en la cantidad de $220,410.33/100 M.N. (doscientos veinte mil cuatrocientos diez pesos, treinta y tres centavos, moneda nacional), misma que al ser recurrida por la ocursante, el quince de mayo de dos mil quince, fue confirmada por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Oaxaca. 3. Enseguida por auto de nueve de junio de dos mil quince, el Juez de Ejecución de Penas del Sistema Acusatorio en la Región del Istmo, inició el proceso de ejecución en contra de la sentenciada Evelia López Guzmán, donde requirió que la misma, dentro del plazo de cinco días, cumpliera con el pago de la reparación del daño, lo cual le fue notificado el diez de noviembre de dos mil quince. 4. Toda vez que el pagó requerido a la sentenciada no fue cubierto dentro del plazo que le fue concedido, el Juez de Ejecución señalado con antelación, mediante oficio dirigido al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, Coordinación Operativa del Departamento de Control y Ejecución de Crédito, recepcionado por dicha dependencia el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, le comunicó la existencia de la condena de la reparación del daño; en atención a ello, el diecisiete de febrero siguiente el Jefe de Departamento del Registro y Control de Créditos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, devolvió al Juzgado de ejecución, la documentación que le fue remitida para el inicio del Procedimientos Administrativo de Ejecución, por falta de datos. 5. En atención a ello, mediante escritos de veinte de octubre y doce de diciembre de dos mil dieciséis, la promovente del amparo solicitó a la autoridad de ejecución de sentencias competente, girara los oficios correspondientes a las instancias correspondientes a fin de que le fuera reparado el daño cometido en su perjuicio patrimonial, lo que no se realizo, ya que después. de la devolución de la documentación por parte del Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, Coordinación Operativa del Departamento de Control y Ejecución de Créditos, no se continuó con el trámite correspondiente. 6. Así, la aquí quejosa presentó ante el Juez de Ejecución de Penas del Sistema Acusatorio en la Región del Istmo, el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, el escrito que ahora se duele no le ha sido contestado en sus términos, aun cuando en el mismo le solicita el pago de la reparación del daño, como víctima del delito en dicho sumario, sin que la fecha haya acordada su petición. La precisión previa, así como las transcripciones anteriores, tanto de los artículos de la Ley de Amparo, como de la jurisprudencia por contradicción de tesis, revelan que el juicio de amparo promovido por la quejosa, es improcedente. Lo anterior es así, toda vez que el acto controvertido en este juicio de amparo es una violación al artículo 8° Constitucional, dentro de un procedimiento jurisdiccional, ya que reclama: La falta de contestación al escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes del Juzgado de Ejecución de Penas del Sistema Acusatorio en la Región del Istmo, en el expediente 33/2013. Por lo cual, se reitera, que el juicio de amparo es improcedente, ya que se trata de una violación de carácter adjetiva, que no es de imposible reparación y tampoco se demuestra que con ello, la promovente haya quedado sin defensa o privada de los derechos que la ley de la materia le concede, toda vez que al tratarse de una petición realizada dentro de un juicio debidamente constituido, se considera que dicha petición no puede verse de forma autónoma, sino que en su caso, es una violación de carácter adjetivo, respecto de la cual deben de seguirse las reglas establecidas en la legislación ordinaria, para que se obligue a la autoridad a dar la respuesta que le fue solicitada. Por las razones expuestas, se actualiza la causa de improcedencia analizada, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, y 113 de la Ley de Amparo, por ello, resulta notoriamente improcedente, y DE PLANO SE DESECHA, la presente demanda de garantías. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir las notificaciones personales que le correspondan en el presente asunto, el que señala en su escrito de demanda; y con fundamento en el artículo 24, fracción II, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados para tales efectos y para imponerse de autos a las personas que nombra, porque en esos términos lo pide. Hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, Si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional..."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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