Felipe Cruz Miguel

Expediente 442/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
442/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
21/11/2017

Partes del expediente

  • Felipe Cruz Miguel

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de ocho de este propio mes de noviembre (fojas 19 a 23), mediante el cual se desechó su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el primer párrafo, del artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción 1, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por FELIPE CRUZ MIGUEL, contra actos del Juez Vigésimo Tercero de lo Familiar, con residencia en la ciudad de México, y de otras autoridades. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 442/2017, que le corresponde. Ahora, vista la demanda de garantías, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Así, para determinar si el juicio de amparo es procedente o no, hay que acudir a lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 107, fracción V, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, los cuales en su orden disponen: . Los primeros preceptos transcritos, interpretados a contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/20141, sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, de que debían recaer, sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese orden, se concluye que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposibles de restituir incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. Por lo cual, teniendo en cuenta esas directrices, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre y cuando aquéllas afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto, por lo que cuando los actos en el juicio no sean de imposible reparación, no puede sostenerse que afecten de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte afectada. Con esas bases, como se anticipó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que el quejoso señala como acto reclamado, lo siguiente: ... De la transcripción anterior, se advierte que los actos reclamados, en el caso, no producen un perjuicio de imposible reparación al quejoso, para el efecto de la procedencia del juicio de amparo biinstancial, sino que, en su caso, sólo constituye una violación intraprocesal que afecta sus derechos adjetivos que, por ahora, no es posible determinar si trascenderá al resultado del fallo definitivo que llegare a dictar el Juez Vigésimo Tercero de lo Familiar, con residencia en la ciudad de México, en el incidente que se instruye en su contra, pues ello dependerá del sentido favorable o desfavorable de este. En el entendido que los preponderados actos reclamados en el escrito de demanda, son precisamente la orden de notificación y emplazamiento al incidente de modificación de convenio y aumento de pensión alimenticia, promovida por CECILIA PALOMAR CORONADO, dictada en proveído de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, por el Juez Vigésimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, en el juicio de controversias del orden familiar 524/2008 de su índice, misma que fue desahogada atención al exhorto 271/2017, del cual correspondió conocer al Juez Primero Civil de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, notificación que afirma se realizó el doce de octubre de esta propia anualidad, en un domicilio diverso al que él habita, y que bajo protesta de decir verdad, refiere tuvo conocimiento el veinte de octubre siguiente, que como consecuencia de ello, en esa propia fecha se impuso de los autos del exhorto motivo de su emplazamiento. Como se puede establecer, en el caso, no se están afectando derechos sustantivos, más bien se trata de derechos de naturaleza formal o adjetiva, los cuales dependen de que trascienda o no al resultado del fallo, y es en esos momentos en que se tienen como de consumación efectiva, y de ser así, estará en aptitud de promover en su contra el medio de impugnación que proceda, en el que le será factible también impugnar los actos que aquí reclama. Criterios jurisprudenciales aplicables de conformidad con artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente. Por tanto, el juicio de amparo indirecto contra la orden de emplazamiento y su consecuente ejecución, es improcedente, puesto que no se está ante actos de naturaleza irreparable, sino que, ante una violación procesal en el incidente de modificación de convenio y aumento de pensión alimenticia, tramitado dentro del juicio familiar 524/2008 del índice del juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar con sede en la Ciudad de México; máxime que se advierte los conceptos de violación que esgrimió en su contra, están encaminados a desvirtuar la legalidad del acto de notificación y emplazamiento, sin que ello se traduzca en un acto de imposible reparación, puesto que ahora está en posibilidad de constituirse dentro del incidente citado a fin de poder sus derechos para que estos no sean violentados. Consecuentemente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Como lo pide la quejosa, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta; asimismo, se tiene a ARACELI MOTA BAUTISTA y JAVIER JACOB JIMÉNEZ ORTEGA, por autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, toda vez que el primero no tiene registrada su cédula profesional que lo acredite como licenciado en derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, tal como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo, de acuerdo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis.

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